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A poco más de tres años de que el presidente Felipe Calderón Hinojosa declarara la guerra contra la delincuencia organizada, existen víctimas colaterales que quedan en medio del conflicto. Tal es el caso de la familia Ruiz Morales, donde el padre de familia fue detenido por elementos del ejército y acusado de supuestas actividades ilícitas


Silvia Cruz

Reynosa, Tamaulipas

Pero las puertas no se abren para Ciro Ruiz y su compañero de trabajo Martín Mejía Garay, agentes de Tránsito en Reynosa, quienes fueron interceptados por elementos del Ejército Mexicano por “actitud sospechosa” y después de unas horas, remitidos a los separos de la Procuraduría General de Justicia (PGR) acusados de venta de drogas.

Para esta mujer su último recurso son las oficinas del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción a los Derechos Humanos A.C. (Cefprodhac), de esta frontera, donde hizo pública su historia a fin de intentar ayudar a su compañero de vida.

Entrevistada en una vivienda de interés social -propiedad de su madre-, en medio de montones de ropa, muebles y artículos del hogar (que se encuentran a la venta), la esposa de Ciro narra la situación que vive su familia.

Norma de apenas 21 años refleja la preocupación y la angustia de no saber cómo ayudar a su esposo, pero más que nada la impotencia al ver que sus palabras no son escuchadas por las autoridades.

Se cansa de decir que su marido no conocía a nadie en la ciudad, que su vida transcurría entre el trabajo y el tiempo que dedicaba a su familia, además de que no tiene amigos o conocidos en esta ciudad.

Su semblante se suaviza un poco al recordar tiempos mejores, cuando su compañero estaba en libertad disfrutando servir en la comunidad como cuando ayudaba a las personas a ubicar una dirección o a las personas adultas a cruzar las avenidas.

“En su trabajo siempre le motivó servir a la gente, siempre fue muy amable con todo mundo. A mí nunca me gustó que fuera tránsito, porque todo el día y toda la noche trabajaba pero él siempre veía lo positivo de su trabajo”, recordó.

A la vez mencionó que no era la primera vez que su esposo fungía como servidor público; en su natal Boca del Río, Veracruz, se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal, donde incluso le extendieron una carta que avala su buena conducta.

DE MAL EN PEOR

La familia que llegó con muchas expectativas a esta ciudad, al poco tiempo se dio cuenta que la crisis económica había golpeado a esta frontera, así que ya habían planeado regresar a Veracruz, en diciembre de este año. Sin embargo, la detención del padre de familia trastocó los planes y la seguridad de sus integrantes.

Según la versión, el testimonio del detenido recabado por el organismo defensor de los derechos humanos, el pasado 16 de julio aproximadamente a 1:00 horas, los agentes viales Ciro Ruiz Villa y su compañero Martín Mejía Garay fueron interceptados por un grupo de militares y llevados a un sitio donde presuntamente los torturaron.

“Mi esposo les dijo que trabajaban para Seguridad Pública y que era tránsito pero entre más les decían, más los golpeaban y les amenazaban que iban a golpear a su familia”, aseguró Norma Rubí.

En su testimonio, los detenidos aseguraron haber sufrido amenazas de muerte además de que les aplicó una sustancia irritante en el pecho y la cara.

“Desde la una de la mañana hasta las cinco de la tarde los estuvieron golpeado. Ellos estaban vendados, no sabían dónde estaban. Después de toda la golpiza que les dieron los acusaron de venta de droga. Si nosotros vendiéramos droga, ¿usted cree que estaríamos pagando renta o sacando todo fiado?”, pregunta desesperada la mujer que después de la detención de su esposo ha visto como se acumulan las deudas. Irónicamente sus dichos fueron confirmados por un cobrador que interrumpe la entrevista.

SIN ESPOSO, PADRE, NI DINERO

Norma Rubí no olvida la mañana en que su esposo no regresó de trabajar. La espera se convirtió en preocupación porque su marido nunca llegaba tarde de trabajar. Las malas noticias llegaron por boca de la esposa de Martín Mejía que también estaba buscando a su cónyuge y quien se enteró que ambos estaban en las instalaciones de la Procuraduría General de la República.

“Cuando fuimos no nos dejaron pasar, ni nos dijeron porqué estaban allí, no nos dieron información y tampoco pudimos verlos”, denunció.

No fue sino hasta que un médico enviado por el Cefprodhac acudió a las instalaciones federales cuando se abrió paso a las familias para que pudieran encontrarse. Lo que vieron horrorizó a las mujeres.

“Los vimos que estaban bien golpeados, que los habían torturado, psicológicamente estaban muy mal… muy deprimidos”, recordó.

Tras hacer una pausa la entrevistada reflexionó: “Siempre tuvimos como lema ser pobres pero honrados. El me decía ‘tú no te preocupes, yo ando bien, yo soy honrado’ y ahora veo que lo acusan injustamente”.

Y continuó: “Nos destruyeron. Nosotros no tenemos dinero, somos humildes, tenemos dos niños chiquitos y él era el sustento de mi familia. él siempre me decía que no quería que trabajará porque íbamos a gastar más en pasaje y en pagar quién nos cuidara a los niños, mejor lo poquito que teníamos lo hacíamos rendir.

Si mi marido vendiera droga ¿usted cree que viviríamos en casa rentada y con todos los muebles a crédito? – insistió-, dijeron que nosotros teníamos cuentas con dinero y la única cuenta que tenemos es la de débito, donde le depositaban su quincena y ya ni siquiera eso”, precisó.

Y es que en el arresto de su esposo, los documentos que cargaba consigo incluyendo la tarjeta de debito se extraviaron, haciendo imposible para la familia cobrar los dos mil seiscientos pesos del sueldo quincenal.

Y a pesar que los elementos viales fueron detenidos en horas laborales, la familia no ha tenido apoyo del Ayuntamiento.

“Fui varias veces a Tránsito a hablar con el director y estaba ocupado. Fui varios días y no pude encontrarlo y ya no pude seguir insistiendo porque tengo que buscar trabajo”, manifestó.

Entre sollozos ahogados, la mujer se lamenta de su situación, su pequeña hija le dice que no llore pues no alcanza a entender la magnitud de la pena que embarga a su progenitora. Norma hace un recuento de las cosas que ha tenido que hacer luego del arresto de su marido, ahora que no hay quien provea un salario para la casa.

“él era el sustento de mi familia y ahora yo sola con dos hijos… no voy a decir que no se puede, claro que puedo… le prometí que iba a luchar desde acá afuera para que se sepa la injusticia que se cometió”, precisó.

Para esta mujer los anuncios del gobierno federal donde anuncian la guerra contra el narcotráfico son indignantes.

“Cada vez que veo un anuncio me da tristeza. No digo que todos sean malos, pero esos que agarraron a mi esposo sí lo son. Yo le pido a los altos mandos de la milicia que no dejen esto impune que no arruinen nuestra vida y el futuro de mis hijos”, suplicó.

Y finalizó: “Espero que en verdad se les consigne como es porque en verdad (mi esposo) fue torturado y acusado injustamente al decir que vendía droga. Si eso le hicieron a mi esposo que es servidor público, que traía uniforme y estaba trabajando, ¿qué no harán con los demás?”.

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