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En Baja California se registran constantes denuncias por impericias médicas o presuntas arbitrariedades cometidas en clínicas y hospitales tanto del sector público como privado, pero estas evidencias de una mala práctica profesional y la constante violación al derecho a la salud que atenta contra la vida o que redunda en casos de negligencia médica, enfrentan un nuevo filtro burocrático: La recién creada Comisión de Arbitraje Médico del Estado, CAME, instancia que no tiene la facultad de vigilar los servicios médicos, ni cuenta con las atribuciones legales para investigar y, en su caso, castigar a los responsables

Para atender las denuncias de posibles irregularidades o negligencias médicas, y evitar que los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados, tengan que ser llevados a los tribunales, el Congreso de Baja California aprobó en febrero de este año una nueva Comisión de Arbitraje Médico, y derogó la ley que diera origen en el 2001 a la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico para la Prestación de Servicios de Salud, organismo autónomo formado por representantes de diversos Colegios médicos.

Tanto el sector salud como representantes de instancias jurídicas, al actualizar este órgano de arbitraje, coinciden en la importancia de acudir a métodos alternativos acordes al nuevo sistema de justicia penal que se implementará en la entidad el próximo año, para agilizar la solución de los problemas de salud por posibles malas prácticas médicas.

Incomoda a los colegios de médicos que según el reciente decreto qure crea la CAME lo encabece una junta directiva que preside el secretario de Salud en el estado, José Guadalupe Bustamante, quien será juez y parte por encontrarse de algún modo implicado en las irregularidades que se denuncian como cirugías mal realizadas, inadecuada prestación de servicios, falta de atención, compromiso con el paciente, dilación en citas con especialistas y escasez de medicamentos, la mayoría de médicos y hospitales del sector público: ISSSTE, ISSSTECALI, IMSS y el Instituto Estatal de Servicios de Salud ISESALUD.

Exigen investigación

El profesor Raúl Valles Castro murió a los 27 años de edad a causa de la influenza AH1N1, por lo que sus compañeros de las secciones 2 y 37 del SNTE, jubilados y en activo, iniciaron una lucha por la destitución del doctor Luis Raúl Guzmán Cobo, director en Tijuana del Hospital, Institución para la Seguridad Social de los Trabajadores del Estado y Municipios (ISSSTECALI). Exigen a las autoridades investigar y deslindar responsabilidades, pues consideran que una presunta negligencia acabó con su vida, pues hubo demora en la atención, inadecuado cuidado de los médicos, mala administración de medicamentos, entre otros factores.

Además, se formó una Comisión Coordinadora con profesores y padres de familia para buscar que se logre una investigación adecuada, así como exigir que se realice un análisis del estado en que guardan los servicios médicos del ISSSTECALI, ISSSTE E IMSS.

Sin embargo, para que un asunto prospere en las instancias legales y se castigue una negligencia por al cual se pierde la vida, se requiere un dictamen médico del consejo de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado, autorizado por la junta directiva, que preside el titular del sector salud que agrupa a los hospitales generales y al propio ISSSTECALI.

Previamente, el paciente debe presentar una denuncia ante el ministerio público y en caso de que éste consigne el asunto ante un juzgado, corresponde al juez solicitar el dictamen al CAME, el cual debe estar listo en un máximo de seis meses. Para las autoridades de salud parece difícil determinar un caso de negligencia o cualquier otra falta médica. Por eso, con frecuencia, los dictámenes no son favorables a los denunciados.

La mañana del jueves 27 de agosto el profesor Raúl Valles Castro se presentó a urgencias del Hospital ISSSTECALI El Mirador, e inició, junto con su padre y su esposa, un peregrinar para que lo atendieran, pues no contaban con la prueba rápida para detectar influenza AH1N1. Al tercer día se tuvo que presentar a dar clases ante sus 30 alumnos por la mañana, en la Escuela Primaria “Leyes de Reforma”, en Playas de Tijuana; y esa misma tarde, se presentó ante 30 alumnos más en la primaria “Frida Kahlo”, de la zona residencial Santa Fe, aún sintiéndose mal y respirando con dificultad.

Al día siguiente estaba ante sus alumnos. El sábado se presenta una vez más al Hospital ISSSTECALI y le diagnostican sólo gripe normal, y lo enviaron a su casa sin tomar en cuenta la posibilidad de influenza AH1N1, no obstante que las dificultades para respirar aumentaban, ni tampoco le detectaron neumonía.

Al acudir al consultorio de Miguel Vera Islas, éste le dio una orden para que lo internaran en urgencias del hospital, lo que provocó el reclamo y la molestia de los médicos de ISSSTECALI porque se presentó con una orden de doctor particular; pero de nuevo fue enviado a ISSSTECALI de Palmas a consulta con un médico familiar.

Por fin, ya grave, lo internaron seis días después, conectado a un respirador artificial, pues sus pulmones no surtían oxígeno a su sangre. Lo peor: el medicamento que debieron haberle aplicado no estaba en existencia en la institución médica y ninguno de los doctores tramitó su compra, nadie trató de avisarle a su padre de lo que se necesitaba para salvarle la vida.

“Nunca pensamos que moriría, ya que hemos sabido que en la mayoría de los casos de influenza los enfermos se recuperaban; sin embargo, tampoco reparamos que los fines de semana el ISSSTECALI es tierra de nadie; pero lo más doloroso, no percibimos que el trato negligente desde los médicos hasta directivos de la institución nos lo arrebataría, se fue extinguiendo ante la prepotencia, la negligencia, incapacidad, insensibilidad y el despotismo de los directivos de una institución médica que diariamente acumula quejas y denuncias ” afirma Raúl Valles Aparicio, padre de la víctima.

Testimonio de empleados de ISSSTECALI

Empleados del hospital ISSTECALI Mirador de Tijuana, que pidieron no ser identificados, destacan que la falta de medicamentos, equipo y material de curación provoca que se agraven e incluso mueran algunos pacientes, razón por la que médicos enfrentan unas 15 denuncias penales por presunta negligencia médica, varias de ellas presentadas ante la CAME.

Personal de enfermería del hospital señala que la situación de crisis impera desde hace varios años, por lo que en bitácoras y escritos dirigidos a sus superiores informan sobre el desabasto de medicamentos y equipo. Detallan que existen documentos que dan fe de sus peticiones, en donde plasman reiteradamente que se deslindan de toda responsabilidad ante posibles situaciones que afecten la salud de los pacientes.

“No siempre tenemos material para trabajar, a veces ni siquiera jeringas adecuadas, soluciones, medicamentos. En el área de parto las camas están sin ropa, las sábanas están raídas, percudidas y escasas, no tenemos tiras para revisar el azúcar a diabéticos. Antibióticos sólo hay penicilina y tampoco tenemos sondas, catéteres y vendas”, puntualizan.

Las enfermeras agregan que han tenido que aplicar a los pacientes medicamentos distintos a los recetados por el médico, sobre todo antibióticos, ya que es la única forma de evitar que alguna enfermedad avance.

“Las familias compran gran parte de los medicamentos. Hay meses que casi no tenemos sueros con glucosa para canalizar a los pacientes. Cuando llegan personas sin familia, sobre todo indigentes, pues no les damos medicamentos porque no tenemos. Si llegan pacientes graves les damos la consulta, pero no les hacemos nada porque no tenemos recursos para trabajar, eso lo saben perfectamente los directivos y nuestro sindicato.

Origen del Consejo de Arbitraje Médico

La presencia de médicos no certificados en Baja California, según el diputado Jorge Casillas Arias motivó al Congreso del Estado a conformar el Consejo de Arbitraje Médico para que regule en conjunto con las autoridades sanitarias que los médicoS realmente ejerzan la licencia que les ha permitido y que tengan documentos certificados, y señala que son los colegios de abogados quienes en repetidas ocasiones han denunciado la presencia de “supuestos” médicos.

Comentó que las verificaciones se harán a cualquier tipo de asistencia médica, desde estéticas, laboratorios, clínicas de cirugías plásticas y farmacias que vendan medicamento que cause daño a las personas. Recientemente, dermatólogos de Ensenada denunciaron la proliferación de clínicas de cirugía estética “patito”, que durante los últimos cuatro años han dejando a cientos de personas con daños físicos irreparables.

Un grupo de 15 médicos exigen a las autoridades sanitarias frenar la operación de estas pseudo clínicas, que aplican tratamientos de belleza sin tener entrenamiento. Los especialistas lamentaron que algunos salones de belleza estén aplicando tratamientos sin que el personal tenga capacitación, lo que pone en peligro la salud de las personas, como en el caso de las cirugías con rayos láser y engrosamiento de labios o de alguna parte del cuerpo o cara.

En contraparte, representantes de los diversos colegios médicos de la entidad iniciaron una estrategia de lucha jurídica para impugnar la entrada en vigor de la CAME, pero se tardaron al buscar el amparo de la justicia federal y el nuevo decreto entró en vigencia con inusual rapidez, ignorando a los expertos en medicina y a los colegios de abogados, quienes se dirigieron en un oficio al gobernador José Guadalupe Osuna Millán solicitando la evaluación de la solicitud de abrogación de la Ley que creó la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje en la prestación de Servicios de Salud.

Una ley vigente desde el 23 de noviembre del 2001 y que probó ser de utilidad en la resolución de conflictos médico-pacientes, aunque no pudo crear íntegramente la estructura que el decreto señalaba. Aún así, el año pasado el área de Odontología tuvo 126 acusaciones, Ortopedia, 112, Ginecología 102, Cirugía general 39 y Medicina general 42, y en los últimos seis meses se atendieron a 142 personas en todo el Estado.

Uno de los promoventes de la anterior comisión, el doctor Carlos Maya Quevedo, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del ISSSTECALI, manifiesta su inconformidad: “Es una regresión en el terreno que se había ganado frente a la vigilancia de las instituciones médicas y las personas que laboraban en el sector salud; esta nueva ley eliminó el Consejo de vigilancia de los hospitales que antes poseía la CECAPSS, Comisión Estatal de Conciliación de Arbitraje en la Prestación de Servicios de Salud, Baja California era pionera en arbitraje médico y tenemos que, de la propuesta local, considerada un ejemplo, se fundamentó la Comisión de arbitraje médico que se aplica en el Distrito Federal.

“Es difícil que un doctor actúe con dolo para afectar a un ser humano, pero esto no implica que esté exento de responsabilidades. Antes, cuando alguien se inconformaba o salía afectado, se tenía que utilizar una vía penal para solucionar un problema y la única opción era acudir a la Procuraduría General de Justicia del Estado.

“Los procesos, son lentos, tardan años en resolverlos y no siempre han sido médicos especializados quienes hacen el peritaje para un diagnóstico, por ello se creó el CECAPSS, para contribuir en la solución de conflictos entre pacientes y médicos, garantizando la protección a la salud, como se indica en el artículo Cuarto Constitucional y las especialidades más cuestionadas, fueron oftalmología, odontología, cirugía en general, ortopedia, ginecología y pediatría,” señala el doctor Carlos Maya Quevedo, promoverte del CECAPSS.

Las actividades principales han sido promover la buena práctica de la medicina y poder ser un auxiliar de las autoridades encargadas de procurar justicia en la correcta interpretación del acto médico. Además, prevenir conflictos médicos, canalizando las posibles causas que pudieran surgir para una mala practica, así como contar con una estadística estatal del trabajo de médicos que permitan dignificar la profesión.

“El CECAPSS estaba integrada por cinco médicos propuestos por los colegios médicos del Estado debidamente registrados. Esta comisión era de gran importancia porque su función era recomendar a diferentes instituciones de salud en el Estado, realizar las correcciones más apremiantes en el servicio médico para el mejoramiento de los mismos, y exigir una elevación en la calidad de los servicios que se prestan en los hospitales públicos, ahora el CAME se ha convertido nada más en una ventanilla de quejas”, enfatiza Maya Quevedo.

“Automáticamente esta comisión dejó de ser un organismo autónomo formado por médicos reconocidos de la entidad, para convertirse en un órgano de gobierno. En esta nueva Ley, desaparece la figura del Comisario de Arbitraje Médico, quien encabezaba la Comisión Estatal y se sustituye, de acuerdo a la nueva ley, por una Junta Directiva encabezada por el secretario de Salud como Presidente, la Oficial Mayor de Gobierno, el secretario de Desarrollo Social, y el secretario de Planeación y Finanzas. Así se rompe la estructura de un organismo ciudadanizado y con ello su autonomía; el Gobierno se convierte en juez y parte de sus acciones, y eso no está nada bien, puede provocar impunidad”.

El secretario de salud José Guadalupe Bustamante, presidente de la Junta Directiva del CAME, tiene como facultades y obligaciones: representar a dicha Junta Directiva; presidir, dirigir y moderar las sesiones, convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias, declarar instaladas o clausuradas las sesiones, e invitar a las sesiones de la Junta Directiva, con derecho a voz pero sin voto, a los ciudadanos, técnicos o auxiliares en la materia de salud que estime necesarios; y la CAME contará con un titular que se denominará Comisionado, mismo que será nombrado y removido libremente por el gobernador del Estado.

Cabe resaltar que, según el artículo 80 de la nueva Ley que da vida a la Comisión de Arbitraje del Estado, cuando la CAME deje de cumplir con el objeto para la que fue creada o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía del Estado o del interés público, la Secretaría de Planeación y Finanzas a propuesta, y previa opinión de la Secretaria de Salud, propondrá al Ejecutivo Estatal la disolución, liquidación o extinción de este organismo. Asimismo, podrá proponer su fusión, cuando su actividad combinada redunde en un incremento de eficiencia y productividad.

“Los colegios de abogados quisieron opinar sobre la nueva Ley y no se les debió negar el derecho. Ellos manifiestan que la ley ahora derogada era suficiente si se instrumentaba lo dispuesto para su operación adecuada. ¿Por qué no escucharlos? ¿No vivimos en un régimen de democracia participativa?, argumenta el exmagistrado y experto en Derecho Arnoldo Castilla.

Alvaro De la Chica, expresidente del Colegio de Abogados de Ensenada, recuerda que en la XVI Legislatura, a los diputados que le dieron origen a la CECAPSS se les olvidó de dotarla de recursos económicos. “Desde entonces han pasado tres comisionados, ellos funcionaban prácticamente arrimados en un edificio de la Facultad de Medicina en la UABC en Mexicali con delegaciones en Tijuana y Ensenada, o dentro de instalaciones de la Secretaría de Salud en donde se reciben las quejas, a la misma secretaría que un momento se le debería cuestionar en caso de queja”.

Tampoco se ha creado, como lo ordena la Ley, la Comisión de Peritos por Especialidad Médica para que los conflictos sean evaluados y resueltos por profesionales con la adecuada formación, debiendo estar esta comisión incorporada a la estructura de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico; el comisionado Agustín Escobar Fematt, el secretario técnico, Salvador Alvarado González y el coordinador de Conciliación de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California, Galdino Silva Arroyo son, a la vez, representantes de la CONAMED federal en el estado.

“La actual Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje, -dice el doctor Maya-, sólo debió de renovar su Consejo por convocatoria pública, expedida por la Legislatura, dicha comisión estaba creada para regir por tres años. Aun con todas estas irregularidades y lo escaso de su presupuesto, la Comisión siguió funcionando. Es claro que se hubiera desempeñado mejor si se hubiera integrado la Comisión de Vigilancia de los Hospitales Públicos y Privados que padecen de enormes rezagos”.

El también líder sindical de los trabajadores del Sindicato Unico de los Trabajadores del ISSSTECALI, SUTI, señala que otros obstáculos crónicos que afectan al sector de la salud pública son la falta de infraestructura hospitalaria y los recursos materiales, como la insuficiencia de camas, medicamentos, instrumentos y equipos médicos en general, retrasos en la conducción de estudios clínicos y diagnósticos, mal comportamiento o maltrato, discriminación hacia los pacientes, falta de atención en las unidades de emergencia, negligentes procedimientos quirúrgicos y atención deficiente a las madres y bebés durante los procedimientos de parto y atención a neonatos.

El otro frente de ataque, la Ricketssia

Fernando Daniel Chávez Ruelas, de 12 años de edad, murió de rickettsia, dijo su padre Josué Chávez. Su único hijo era campeón en Kung Fu y fútbol soccer cuando enfermó. Presentó dolor en el cuerpo por lo que decidió llevarlo al Centro de Salud de la colonia Progreso, al día siguiente, sólo le dieron unas pastillas para el dolor y una alergia, debido a manchitas en la piel que presento,


Confiado en que el diagnostico del médico diera resultados, mantenía al niño en casa, pero al empeorar, lo llevo a urgencias del Hospital General. Una vez allí dos médicos le aseguraron que el niño tenía síntomas de rickettsia, alta temperatura, dolor muscular, de cabeza y manchas en la piel, y que debido al estado grave en el que llegó, era poco lo que se podía hacer por él. Los médicos le dijeron que el niño debía haber sido internado días atentes, desde que fue al centro de salud, al identificar los síntomas de la alta temperatura, las manchas y el dolor del cuerpo.

Lamenta Josué Chávez que “los médicos ya tenían la experiencia de las muertes por los casos de Ricketssia en esa zona de Los Santorales a la que pertenece la colonia Progreso, si me hubieran dicho en el centro de salud que esos síntomas eran de rickettsia yo lo hubiera hecho todo por él”, asegura el afligido padre.

Josué asegura que el trato en el hospital general fue bueno, pero es en los Centros de Salud en la atención inicial en donde deben de poner a gente capacitada que identifique los signos de alarma pronto. “Ya nada puedo hacer por mi hijo, ya lo perdí, pero si pido a las autoridades de Salud que apoyen a los pacientes para que nadie vuelva a pasar por eso y que capaciten a los empleados para que sepan dar instrucciones a tiempo”, aconseja entre sollozos.

El Caso de Cinthya

El año pasado emitió la CNDH una nueva recomendación, avalando la que presentó en 2007 la Procuraduría de los Derechos Humanos contra el gobierno estatal y el sector salud, por lo que trascendió nuevamente ante la opinión pública el caso de Cinthia Guzmán, una joven del Valle de Mexicali que acudió en el 2003 al Hospital General debido a problemas derivados de su embarazo. Médicos practicantes le extirparon por error casi en su totalidad el intestino delgado, se lo dejaron de 42 centímetros.

“Durante el legrado uterino se presentó como complicación la perforación del útero y además la lesión del intestino delgado, que tiene un largo promedio de entre 5 y 6 metros. A consecuencia de las lesiones encontradas en el intestino, mi hija tuvo que ser intervenida de emergencia y para remediarlo, decidieron extirparle un importante tramo de casi 5 metros, quedándose para el resto de su vida con 42 centímetros del intestino delgado. Definitivamente hubo una negligencia médica. La operaron médicos residentes, sin la supervisión del responsable de esa área de ginecología”. Dice Margarita Lira, mamá de Cinthya-

Los familiares de Guzmán Lira presentaron la denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, bajo la averiguación previa número 120/02/101, en contra de los médicos Álvaro Soto Lopez, Fidel Velazquez Mendoza, Bertha Vega Trigueros, José Andrés Manríquez Campos y Eduardo Reyes Ibarra por los delitos de lesiones por culpa agravadas por responsabilidad profesional medica. Los médicos ya salieron libres mediante fianza, pero siguen suspendidos de sus funciones durante dos años.

Homicidios culposos ante Conamed

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el IMSS es la institución que acumula más quejas por prestación médica deficiente, casi el 60 por ciento del total de denuncias hacia el sector salud. En la página electrónica de CONAMED, se advierte que no pueden intervenir en cuestiones penales, como podría ser el retiro de la cédula profesional al médico a causa de la comisión de un delito.

En julio pasado en Tijuana, por falta de una atención oportuna y adecuada falleció la pequeña Jacqueline Santillán González de 2 meses. Sus padres, Carmina González y Jesús Enrique Santillán, exponen su calvario desde su llegada a la clínica 20 del IMSS.

“Mi bebé tenía una cardiopatía congénita, la teníamos internada en terapia intensiva, ya había tenido dos paros cardíacos, pero se mantenía estable y no habían hecho nada por ella, porque el médico cardio-pediatra estaba de vacaciones y lo único que nos decían es que nos teníamos que resignar a su enfermedad”. Comenta la madre de Jacqueline que los médicos no les notificaron cuando su hija falleció, ella supo del deceso de la bebé cuatro horas después del momento de su muerte.

La menor Jacqueline sería trasladada a Guadalajara, pues requería urgentemente un cateterismo que le permitiera tolerar una cirugía a corazón abierto, sus padres contaban con la autorización, sello y firma del médico pediatra para el traslado, desde hacía dos meses, pero no pudieron llevarla porque no les asignaron médico alguno que se hiciera cargo de la menor, por lo que acusan al director del IMSS de que hubo negligencia para realizar dicho traslado.

El ISSSTE, denunciado por negligencia

“Sólo hay una verdad: Mi hijo murió de influenza AH1N1”, dice la profesora Carmen Fregoso, madre de Fernando Burciaga Fregoso, de 25 años, chef y estudiante de Ciencias Políticas, quien falleció en el Hospital General de Mexicali. Cuenta que su hijo acudió a Urgencias del Hospital 5 de Diciembre del ISSSTE donde lo internaron cuatro horas, lo medicaron y lo mandaron a su casa porque sólo tenía calentura y alta presión.

El médico, en plena alerta epidemiológica, nunca se imaginó que se trataba de una víctima más del virus AH1N1; Fernando estuvo cinco días con fiebre, y al sentirse muy mal regresó al ISSSTE, en donde lo internaron en terapia intensiva.

Carmen afirma que en esa institución sólo hay un médico intensivista de las 8:00 a las 13:00 horas, por lo que decidió trasladar a Fernando al Hospital General, en una ambulancia especialmente equipada. Aclara que la primera prueba realizada en el laboratorio de la Secretaría de Salud de Mexicali resultó negativa y que tuvieron que esperar varios días para que llegaran los resultados del Instituto de Diagnostico y Referencia Epidemiológicos INDRE en la Ciudad de México.

Con eso, la profesora Carmen contradice lo que informó el secretario de Salud, José Guadalupe Bustamante, quien aseguró que el diagnóstico de influenza de Fernando se realizó en el Laboratorio Estatal de Salud Pública y que ya había que enviar muestras al CDC, el Centro para Control y Prevenciones de Enfermedades en Atlanta E.U., ni al INDRE.

Durante la mayor parte del tiempo que Fernando permaneció en la cama 4 de Cuidados Intensivos del Hospital General, en la pizarra de su cuarto se leía que padecía de neumonía. Fue hasta las últimas horas de agonía cuando se escribió en la pizarra el verdadero padecimiento: Influenza.
El secretario de Salud afirma que se le dio seguimiento a los contactos, amigos y familiares que tuvo Fernando antes y durante su enfermedad y agonía; su madre, la maestra Fregoso, dice que no fue así.

En otro caso, Jesús Pineda Almazán denunció públicamente, con un plantón y una pancarta a las afueras de la clínica del ISSSTE, en la que responsabiliza a los médicos del instituto de la muerte de su madre, Amparo Almazán, por una posible negligencia médica. Afirmó que su madre fue ingresada a cirugía, y sin mediar información alguna, a la noche siguiente la sometieron a cirugía nuevamente, para posteriormente avisar a la familia que había fallecido.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Atención al Derechohabiente y subdelegado médico Ricardo Fernández, destacó que se procederá a abrir una investigación a través del Comité de Quejas Médicas, para analizar las posibles complicaciones que pudo haber presentado la paciente y que derivaron en su fallecimiento; asimismo, se orientó a Jesús Pineda sobre el proceso para investigar si hubo omisión o negligencia de parte del personal del hospital.

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