Los Cinco cubanos

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¿Se acuerdan de Elián?

El caso de Elián González, un niño de seis años forzosamente retenido por desconocidos contra la voluntad de su padre y que en abierto desafío a la ley de Estados Unidos y de la decencia, fue reportado ampliamente por los medios del mundo. El lugar del secuestro, Miami, se convirtió en un tipo de ciudad secesionista, cuando el alcalde, el jefe de la policía, los políticos, todos los periódicos y anunciadores de la radio y la televisión, junto a instituciones religiosas y empresariales, se unieron con algunos de los más notorios terroristas y grupos violentos para oponerse a la orden de los tribunales y del gobierno, que era liberar al niño.

Ricardo Alarcón de Quesada*/ Red Voltaire

Fue necesario enviar un equipo de fuerzas especiales desde Washington DC, que se lanzó en una operación subrepticia y rápida para ocupar varias casas, desarmar a individuos que estaban fuertemente armados y escondidos en el barrio, y salvar al niño y restaurar la ley. Todos siguieron la noticia, día tras día.

Pero casi nadie sabía que, al mismo tiempo, exactamente en el mismo lugar –Miami–, otros cinco jóvenes cubanos fueron arbitrariamente desposeídos de su libertad y sujetos a una gran injusticia.

Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González fueron detenidos en la madrugada del sábado 12 de septiembre de 1998, y encarcelados los próximos 17 meses en celdas de castigo, en solitario. La acusación principal contra ellos, como fue reconocida por los fiscales y el juez desde el acta acusatoria hasta el último día del juicio, fue que ellos habían, pacíficamente, sin armas, penetrado los grupos terroristas anticubanos con el objetivo de informarle a Cuba sobre sus planes criminales.

¿Era concebible que algún revolucionario cubano tuviera un juicio justo en Miami al enfrentarse con este tipo de acusación? ¿Pudiera eso ser posible durante el secuestro de Elián, con el ambiente de violencia, odio y temor que lo rodeaba?

De acuerdo con la Fiscalía, era perfectamente posible. En sus palabras, Miami es una “muy grande, diversa y heterogénea comunidad” capaz de tratar cualquier tema sensible, incluso los que involucran a la Revolución cubana. Los fiscales repitieron esa línea, cuando rechazaron más de 10 mociones presentadas por los abogados defensores para cambiar la sede antes del comienzo del juicio.

El mismo gobierno que se vio obligado a tratar a Miami como una especie de ciudad rebelde y a enviar secretamente fuerzas para restaurar la legalidad, mintió repetidas veces sobre el tema de la sede, negándole a los acusados el derecho tan respetado por los estadunidenses, y se rehusó a mover el proceso a la ciudad vecina de Fort Lauderdale, a media hora de Miami. Irónicamente, unos pocos años después, en 2002, cuando el gobierno fue demandado civilmente en un caso administrativo de mucha menos valía, posteriormente resuelto por un acuerdo fuera de la Corte, y solamente indirectamente relacionado con el caso Elián, el gobierno pidió un cambio de sede a Fort Lauderdale, afirmando que era imposible que cualquier cosa relacionada con Cuba pueda ser juzgada justamente en Miami.

Esta contradicción flagrante, prueba clara de una mala conducta de la Fiscalía, de prevaricación real, fue uno de los factores principales en los cuales se basó la decisión unánime del panel del Tribunal de Apelaciones, en 2005, para anular las condenas de los Cinco y ordenar un nuevo juicio.

Esa histórica decisión fue posteriormente revocada por la mayoría del tribunal bajo presión del fiscal general Alberto Gonzáles en una acción contraria a la práctica normal del derecho en Estados Unidos. La movida exitosa del señor Gonzáles, una manifestación de su filosofía legal peculiar, cerró la posibilidad de una resolución justa para este caso que hubiese honrado a Estados Unidos.

La decisión del panel, un documento sólido de 93 páginas que reseñaba hechos irrefutables sobre la guerra terrorista de medio siglo contra Cuba, sigue siendo un momento sobresaliente en la mejor tradición estadunidense y perdurará como un texto que analizarán con respeto académicos y estudiantes de derecho.

Pero eso es otro capítulo en la larga saga de los Cinco.

En cuanto a Elián González, él está a punto de completar el preuniversitario y continúa atrayendo la atención de los medios extranjeros y los visitantes que van a Cárdenas, el precioso pueblo donde vive. Cuando ellos viajan hacia la casa de Elián, los sorprenden carteles que demandan la libertad de cinco jóvenes que seguramente los visitantes no conocían hasta ese momento.

En las palabras de Leonard Weinglass:

“El juicio fue mantenido en secreto por los medios de prensa estadunidenses. Es inconcebible que el juicio más largo en Estados Unidos hasta el momento en que éste tuvo lugar fuera cubierto solamente por la prensa local de Miami, particularmente cuando fueron llamados a testificar por la defensa generales y un almirante, así como un asesor de la Casa Blanca. ¿Dónde estaban los medios de prensa durante seis meses? No sólo fue éste el juicio más largo, sino también fue un caso que involucraba importantes asuntos de política exterior y terrorismo internacional. La pregunta se le debe hacer a los medios que continúan negándose a cubrir un caso con tales violaciones de los derechos fundamentales, e incluso violaciones de los derechos humanos de los prisioneros.”

A Elián lo salvó el hecho de que los estadunidenses conocieron el caso y se involucraron para que la justicia triunfara. Los Cinco siguen presos –11 años, en septiembre–, víctimas de una terrible injusticia, porque a los estadunidenses no se les permite conocerlos. Los Cinco son castigados cruelmente porque lucharon contra el terrorismo. Son héroes, pero son héroes prohibidos.

Habiéndose perdido el cambio de sede, el resultado del juicio de los Cinco ya estaba predeterminado. Siguió estrictamente la profecía de la Reina.

Los medios estadunidenses jugaron un papel muy importante en dos direcciones. Fuera de Miami un silencio total, como describió de forma muy apropiada el abogado Leonard Weinglass, en contraste con el papel que jugaron en el condado de Dade, ofreciendo ambos, un show de impresionante disciplina.

Los medios locales no sólo cubrieron el caso intensamente, sino que intervinieron activamente en él, como si fueran parte de la Fiscalía. Los Cinco fueron condenados por los medios incluso antes de ser acusados.

La mañana del sábado 12 de septiembre de 1998, cada medio de comunicación en Miami hablaba sin parar acerca de la captura de unos “terribles” agentes cubanos, “dispuestos a destruir Estados Unidos” (la frase que la Fiscalía adoraba y repetiría una y otra vez durante todo el proceso). Al mismo tiempo, a propósito, el jefe de la Federal Bureau of Investigation (FBI) en Miami se encontraba con Lincoln Díaz Balart e Ileana Ros-Lehtinen, representantes de la vieja banda de Batista en el Congreso.

Una campaña de propaganda sin precedentes se lanzó contra cinco individuos que no podían defenderse, porque estaban completamente aislados del mundo exterior, día y noche, durante un año y medio, en lo que se conoce en la jerga de la prisión como “el hueco”.

En el resto de Estados Unidos la dura situación de los Cinco sólo ha recibido silencio. El resto del país no conoce mucho del caso, y se le mantiene en la sombra, como si todo el mundo aceptara que Miami –esa “comunidad muy diversa, y extremadamente heterogénea”, según la descripción del fiscal– perteneciera efectivamente a otro planeta.

Esto podría haber sido una proposición razonable, si no fuera por algunos hechos vergonzosos que se han descubierto recientemente. Algunas de las personas de los medios involucradas en la campaña de Miami –“periodistas” y otros– fueron pagados por el gobierno de Estados Unidos; figuraban en sus nóminas como empleados de la máquina de propaganda anticubana de la radio y la televisión, que ha costado muchos cientos de millones de dólares de los contribuyentes estadunidenses.

Sin saberlo, los estadunidenses se vieron obligados a ser muy generosos, de hecho, hay una larga lista de “periodistas” de Miami que cubrieron el juicio completo de los Cinco, y, al mismo tiempo, recibían jugosos cheques federales.

La decisión de la Corte de Apelaciones en 2005 también brinda un buen resumen de la campaña propagandística, antes y durante el juicio. Ésa fue una de las razones que llevó al panel a “anular los veredictos de culpabilidad y ordenar un nuevo juicio”. Miami no era un lugar para tener siquiera apariencia de justicia. Como dijeron los jueces, “la evidencia presentada [ante el Tribunal de Miami] respaldando las mociones para cambio de sede fue masiva”.

Vamos a aclarar algo. Aquí no estamos hablando acerca de periodistas, en el sentido que pueden estar pensando los estadunidenses fuera de Miami, nos estamos refiriendo a los “periodistas” de Miami, que es algo muy diferente.

Su papel no era publicar las noticias, sino crear un clima que garantizara las condenas. Incluso convocaron manifestaciones públicas fuera de las oficinas donde se reunía la defensa y acosaron a los presuntos miembros del jurado durante la fase anterior al juicio. El tribunal en cuestión mostró preocupación por la “enorme cantidad de solicitudes de preguntas por realizar durante la selección del jurado con antelación al momento de hacerlas, aparentemente con el objetivo de informar a los oyentes, incluidos los posibles miembros del jurado, acerca de las preguntas antes de que el tribunal las hiciera”.

Estamos hablando sobre un grupo de individuos que acosaron a los miembros del jurado, persiguiéndolos con cámaras, por las calles, filmando las chapas de sus autos y mostrándolas en televisión; los rastreaban hasta adentro del edificio de la Corte, hasta la puerta de la sala del jurado, durante los siete meses completos que duró el juicio, desde el primero hasta el último día.

La jueza Leonard más de una vez protestó y suplicó al gobierno que detuviera una mascarada tan deplorable. Lo estuvo haciendo desde el comienzo del juicio, en varias ocasiones, y hasta el final. No fue escuchada.

El gobierno no estaba interesado en celebrar un juicio justo. Durante el proceso de selección del jurado, la Fiscalía se dedicó a excluir a la mayoría de los miembros afroestadunidenses, así como excluyó a los tres individuos que no mostraron tener fuertes sentimientos anticastristas.

Por esa fecha, Elián González había sido rescatado, pero permanecía en las mentes de los miembros del jurado. Uno de ellos dijo durante la vista previa de los testigos: “Me preocuparía por la reacción que podría haber…no quiero que sucedan reyertas ni nada parecido a los sucesos del caso de Elián”. O citando a otro: “Si quieren saber la verdad…yo estaría hecho un manojo de nervios, tendría miedo por mi propia seguridad si no regresara con un veredicto de acuerdo con los intereses de la comunidad cubana”.

En medio de esa atmósfera de miedo, comenzó el mayor juicio hasta el momento en la historia estadunidense, y el que los grandes medios “decidieron” ignorar.

Como reconocieron durante la selección del jurado, el secuestro de Elián González y sus consecuencias para la comunidad estaba muy presente en las mentes de aquellos que serían jurados en el juicio a los Cinco cubanos unos meses después de que el niño de seis años fuera rescatado por los federales.

Como todo el mundo, ellos habían seguido los hechos relacionados con Elián que saturaron las noticias. Las caras de los secuestradores, de sus promotores y seguidores, así como de otros involucrados en el escándalo se habían vuelto muy familiares para los miembros del jurado. Las caras, y dos detalles del drama de Elián con un carácter único y una conexión directa con el proceso de los Cinco cubanos.

Primero, la desconcertante conducta de todos los funcionarios públicos de Miami, desde sus congresistas federales, el alcalde y los comisionados hasta los bomberos y los miembros de la fuerza policial, quienes abiertamente se negaron a obedecer la ley y no hicieron nada para ponerle fin al más publicitado caso de abuso infantil ocurrido alguna vez. Y, en segundo lugar, pero no por eso menos increíble, que nada le ocurrió a un grupo de individuos que de forma tan clara había violado a ley con el secuestro de un niño y la violencia y los disturbios que crearon en toda la ciudad cuando fue rescatado por el gobierno federal. Nadie fue procesado, arrestado ni multado. Ninguna autoridad local fue destituida, sustituida ni invitada a renunciar. El caso Elián demostró que la impunidad anticastrista reina en Miami.

Cuando los jurados se sentaron por primera en la sala del tribunal para realizar su deber de ciudadanos, ellos probablemente se sorprendieron. Ahí, en vivo, estaban las “celebridades de Miami” a las que ellos estaban tan acostumbrados a ver, día y noche, en la televisión local. Y estaban todos juntos, algunas veces sonriendo y abrazándose unos con otros, como viejos compinches. Los secuestradores y los encargados de “hacer cumplir la ley” en contubernio con los fiscales (esas valientes personas que nunca aparecieron cuando un pequeño niño estaba siendo molestado frente a los medios de prensa).

Los jurados pasaron siete meses en esa habitación mirando y siendo observados por las mismas personas tan familiares para ellos y que ahora estaban en el banco de los testigos, en el área del público o en la esquina de la prensa, las mismas personas que ellos van a encontrar frecuentemente en el parqueo, en la entrada del edificio, en los corredores. Algunos de vez en cuando mostrando orgullosamente el atuendo usado en su última incursión militar a Cuba.

Los jurados los escucharon explicar en detalles sus hazañas criminales y decir una y otra vez que ellos no estaban hablando del pasado. Fue un extraño desfile de individuos compareciendo ante una corte judicial y reconociendo sus acciones violentas contra Cuba que fueron planeadas, preparadas y emprendidas desde su propio vecindario.

Ahí, haciendo discursos, exigiendo el peor castigo, difamando y amenazando a los abogados de la defensa.

La jueza hizo lo que pudo para tratar de preservar la calma y la dignidad. Ella realmente le ordenó al jurado, muchas veces, que no considerara ciertos comentarios inapropiados, pero haciendo eso no podían borrarse de las mentes de los jurados sus efectos perjudiciales y aterradores.

Las consecuencias fueron obvias. La decisión del panel de la Corte de Apelaciones lo planteó en términos muy claros: “La evidencia sacó a relucir las actividades clandestinas no sólo de los acusados, sino también de varios grupos de exilados cubanos y de sus campos paramilitares que continúan operando en el área de Miami… La percepción de que estos grupos podían inferir daños a los jurados que emitieran un veredicto desfavorable a sus puntos de vista era palpable”.

Pero hubo más. Después de oír y de ver la abundante evidencia de actos de terrorismo que los acusados habían tratado de evitar, el gobierno tuvo éxito en defender a los terroristas al lograr que la Corte inexplicablemente estuviera de acuerdo en quitarle al jurado el derecho de exonerar a los Cinco sobre la base del derecho de necesidad que era la base de su defensa.

El corazón de la cuestión, en este caso, fue la necesidad de Cuba de proteger a su pueblo de los intentos criminales de los terroristas que gozan de total impunidad en territorio estadunidense. La ley en Estados Unidos es clara: si se actúa para prevenir un daño mayor, incluso si él/ella viola la ley en el proceso, estará exento de cualquier incriminación porque la sociedad reconoce la necesidad, incluso los beneficios, de ejecutar esa acción.

Estados Unidos, única superpotencia mundial, ha interpretado este principio universal para llevar la guerra a tierras lejanas en nombre de la lucha contra el terrorismo. Pero al mismo tiempo, se negó a reconocerlo para cinco hombres desarmados, pacíficos, no violentos que, en nombre de un país pequeño, sin causar daño a nadie, trataron de evitar las acciones ilícitas de delincuentes que han encontrado refugio y apoyo en Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos, a través de los fiscales de Miami, fue aún más lejos, hasta lo último, para ayudar a los terroristas. Lo hicieron muy abiertamente, por escrito y con discursos apasionados que curiosamente no se consideran de interés periodístico.

Eso sucedía en 2001, cuando los fiscales del Sur de la Florida y el FBI local estaban muy ocupados castigando duramente a los Cinco y ofreciendo protección a “sus” terroristas, los criminales que ejecutaron el ataque del 11 de septiembre se estaban entrenando, sin ser molestados y desde hacía bastante tiempo, en Miami. Debieron tener una razón de peso para preferir ese lugar.

Las desproporcionadas condenas impuestas a los Cinco –Gerardo Hernández Nordelo (dos cadenas perpetuas más 15 años), Ramón Labañino Salazar (una cadena perpetua más 18 años), Antonio Guerrero Rodríguez (una cadena perpetua más 10 años), Fernando González Llort (19 años), y René González Seheweret (15 años)– contrastan claramente con las que se han aplicado en años recientes en Estados Unidos a otras personas acusadas por practicar realmente el espionaje, a veces a escalas inusuales, e incluso en algunos casos vinculadas a acciones armadas violentas en contra de Estados Unidos. Ninguno de ellos fue condenado a cadena perpetua; todos recibieron sentencias inferiores a las de los Cinco cubanos, algunos ya incluso cumplieron sus sentencias y se encuentran en libertad, y otros, condenados por espionaje, les han sido retirados los cargos por la administración de Obama y han sido liberados.

La naturaleza excesiva de las sentencias de los Cinco constituye una muestra de la motivación política vengativa de todo el juicio, como también lo son las condiciones de su encarcelamiento, incluyendo los muy severos obstáculos para las visitas familiares, que llegan al extremo de haber negado todo el tiempo las visas a las esposas de René y Gerardo.

Sin embargo, hay un aspecto todavía más revelador que demuestra que el propósito del gobierno estadunidense era dar refugio y proteger a los terroristas anticubanos, para evitar que se descubrieran sus siniestros planes, convirtiéndose así en cómplice y encubridor de sus futuras atrocidades.

Para la administración de Bush, esto era tan importante o más que los desproporcionados años de encarcelamiento. Esto fue lo que la fiscalía dijo, de manera vehemente y en términos bastante gráficos, cuando solicitó al Tribunal un castigo adicional: la “inhabilitación”.

¿Qué significa esto? En sus propias palabras, para el gobierno era esencial asegurar que estos cinco individuos, luego de cumplir sus condenas, nunca más pudieran hacer nada que pudiese afectar las actividades de los terroristas que operan en Miami bajo la protección del gobierno estadunidense. Para garantizar esto, los fiscales solicitaron, y el tribunal les concedió, disposiciones especiales en cada sentencia, asegurándose de que, luego de completar su período de encarcelamiento, incluso una o más cadenas perpetuas, los acusados queden imposibilitados de hacer aquello que los llevó a la cárcel.

Gerardo, Ramón y Fernando nacieron en Cuba, y como extranjeros indeseables, una vez terminado su tiempo en prisión serán expulsados inmediatamente del territorio estadunidense. Esto fue específicamente incorporado en cada una de sus sentencias, incluida la de Gerardo, que luego de pasar en prisión 15 años de su segunda vida será inmediatamente deportado.

René y Antonio planteaban un problema particular. Habiendo nacido en Chicago y Florida, respectivamente, ambos son ciudadanos estadunidenses por nacimiento, y no pueden ser obligados a abandonar el país. Esto requirió de ideas más imaginativas y de una inspirada retórica por parte de los fiscales, que hicieron gala de ambas.

Era necesaria una explicación más franca y precisa de la “inhabilitación”.

Primero vino René, sentenciado “sólo” a 15 años. Los fiscales expresaron sin rodeos su grave preocupación con la posibilidad de que un hombre todavía joven fuera liberado y volviera a intentar hacer de nuevo lo que una vez hizo.

El Tribunal, en atención a la preocupación del gobierno, añadió este peculiar requisito a la sentencia de René: “Como una condición especial adicional a la liberación supervisada se le prohíbe al acusado asociarse con o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos tales como terroristas, miembros de organizaciones que propugnan la violencia o figuras del crimen organizado”.

Entonces llegó el turno de Antonio Guerrero, que ya había recibido una cadena perpetua más 10 años en prisión. Los fiscales tuvieron que emplear todos los recursos de su elocuencia. Para el gobierno, la “inhabilitación” era de vital importancia. No podía correr riesgos, y cuando Antonio se enfrentó al Tribunal el 27 de diciembre de 2001, se le añadió a su sentencia, palabra por palabra, la misma “condición especial” impuesta previamente a René.

Todo esto sucedió en diciembre de 2001, sólo tres meses después del horror del 11 de septiembre. Desde ese fatídico día, George W. Bush se hizo famoso exigiendo una guerra masiva contra los terroristas y contra cualquiera que les diera cualquier tipo de ayuda. Sólo una cita de su reiterativo discurso: “Cualquier gobierno que apoye, proteja o refugie a terroristas será cómplice en el asesinato de inocentes, e igualmente culpable de crímenes terroristas”.

Tenemos que tomarle la palabra a George W. Bush.

En octubre de 2011 René González habrá cumplido su condena si la defensa no logra sacarlo antes. En cualquier caso, él estará bajo libertad supervisada durante la actual administración. ¿Intentará el presidente Obama “inhabilitarlo”? ¿Se le prohibirá a René hacer cualquier cosa que moleste a los terroristas donde “se sabe que están o frecuentan“?

La primera acta acusatoria, en septiembre de 1998, inculpaba a los Cinco cubanos de ser agentes de Cuba no registrados y de otras violaciones menores. El gobierno también acusó a tres de ellos –Gerardo, Ramón y Antonio– de “conspiración para cometer espionaje”.

La Fiscalía no acusó a ninguno de ellos de espionaje en sí por una razón muy simple: no existió nada semejante y por lo tanto nunca pudiera ser probado. Los fiscales fueron aún más lejos. En su declaración inicial advirtieron al jurado que no esperara que ellos revelaran ningún secreto ni nada por el estilo. Lo único que tenía que hacer la Fiscalía era “convencer” a los miembros del jurado que los acusados eran personas realmente malas capaces de concebir un intento de poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos en algún momento de un hipotético futuro. Y, argumentaron, que los acusados tenían que recibir el castigo más severo posible, porque eran unos tipos verdaderamente malos que perturbaban la paz y la tranquilidad de Miami. ¿Recuerdan a Elián?

Para lograr ese objetivo, los fiscales, a pesar de lo que su propia acusación decía, hicieron en el juicio declaraciones del tipo más violento, acusando a los Cinco de nada menos que tratar de “destruir a Estados Unidos” y recordándoles a los atemorizados miembros del jurado que si no los condenaban estarían “traicionando a la comunidad”.

Los medios de comunicación se encargaron del resto. Ellos siempre han presentado a los Cinco cubanos como “espías” o como personas acusadas de ser “espías”. Los medios realmente se excedieron en el cumplimiento de su tarea. Siguieron repitiendo la misma cantinela, incluso después de que la Corte de Apelaciones concluyó unánimemente en septiembre de 2008 que no había pruebas de que los acusados hubieran “obtenido o transmitido información secreta” o de que hubieran dañado la seguridad nacional de Estados Unidos y, por lo tanto, decidió que las sentencias por el cargo dos (conspiración para cometer espionaje) eran erróneas, las anuló y decretó que Ramón y Antonio fueran resentenciados.

Sin embargo, a pesar de reconocer que el mismo procedimiento debía aplicarse a Gerardo, en un increíble acto de discriminación judicial, el Tribunal se negó a hacerlo aduciendo que una cadena perpetua ya estaba pesando en su contra.

De hecho, era muy fácil darse cuenta de que en este caso no estaba involucrada ninguna información secreta o militar, y que la seguridad nacional de Estados Unidos nunca estuvo afectada. Eso fue lo que dijo el Pentágono, en un lenguaje claro y sencillo antes de que comenzara el juicio. Ése fue el testimonio, bajo juramento, del almirante retirado Eugene Carroll, del general de Ejército retirado Edward Breed Atkeson, del general y excomandante del Comando Sur Charles, Elliot Wilhelm, y del teniente general retirado de la Fuerza Aérea, James R. Clapper.

Sus testimonios no fueron secretos, sino que fueron hechos voluntariamente en audiencia pública. Probablemente un desfile como ése, de distinguidos y condecorados jefes militares respaldando la inocencia de unos jóvenes revolucionarios cubanos, no había ocurrido anteriormente ante un tribunal de Estados Unidos. Esto no fue noticia fuera de Miami, pero las transcripciones oficiales del juicio están ahí para el que quiera leerlas.

Desde que los Cinco fueran condenados, han tenido lugar otros casos, cuyos resultados contrastan claramente con el de ellos. Vamos a examinar muy brevemente algunos.

Khaled-abdel-latif-dumeisiKhaled Abdel-Latif Dumeisi, acusado de ser un agente no registrado del gobierno de Saddam Hussein. Fue condenado en abril de 2004, en medio de la guerra de Estados Unidos contra Irak, a tres años y 10 meses de prisión.

Leandro-aragoncilloLeandro Aragoncillo fue hallado culpable en julio de 2007 de transmitir información secreta de defensa nacional de Estados Unidos (alrededor de 800 documentos clasificados), obtenidos desde su oficina en la Casa Blanca donde trabajaba como asistente militar de los vicepresidentes Al Gore y Dick Cheney. El señor Aragoncillo fue condenado a 10 años de prisión, mientras que su co-conspirador, Michael Ray Aquino, recibió una sentencia de seis años y cuatro meses.

Gregg-william-bergersenGregg W. Bergersen, un analista del Departamento de Defensa, fue hallado culpable en julio de 2008 de suministrar información de defensa nacional a personas no autorizadas a cambio de dinero y regalos, y fue sentenciado a cuatro años y nueve meses de prisión.

Lawrence Anthony Franklin, un coronel de la reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que trabajaba en el Departamento de Defensa, fue hallado culpable de entregar información clasificada y de defensa nacional, incluyendo secretos militares, a representantes de un gobierno extranjero y fue sentenciado a 12 años y 7 meses de prisión. Sin embargo, nunca entró a una prisión federal. Estaba en libertad mientras apelaba, y en mayo pasado el Departamento de Justicia retiró los cargos que sustentaban su caso.

Está de más decir que ninguno de los casos referidos anteriormente fue juzgado en el Sur de la Florida ni involucraba ningún intento de frustrar planes criminales.

Los Cinco recibieron, en conjunto, cuatro cadenas perpetuas más 77 años. Ellos no trabajaban en la Casa Blanca ni en el Pentágono, ni en el Departamento de Estado. Nunca tuvieron ni trataron de tener acceso a información secreta alguna. Pero hicieron algo imperdonable: lucharon contra el terrorismo anticubano y lo hicieron en Miami.

Más de siete meses después de arrestar y encausar a los Cinco cubanos, el gobierno de Estados Unidos presentó un nuevo cargo. Otra vez, el cargo era “conspiración”, pero esta vez para cometer homicidio en primer grado y, específicamente, contra uno de los Cinco, Gerardo Hernández Nordelo.

La nueva causa se produjo después de una campaña publicitaria en Miami, impulsada activamente por “periodistas” en la nómina del gobierno de Estados Unidos, incluyendo reportes de reuniones en lugares públicos entre conocidos líderes del exilio cubano, los fiscales, y funcionarios del FBI, durante las cuales discutieron abiertamente sobre la acusación contra Gerardo. Se convirtió en una demanda clara de los grupos más violentos de la ciudad, y los medios noticiosos la convirtieron en un tema medular cotidiano.

El gobierno accedió al reclamo y presentó la nueva causa formalmente, con el nuevo elemento esencial añadido a los “crímenes” de Gerardo.

Ésta fue una concesión política a los terroristas anticubanos, que buscaban vengarse del derribo de dos avionetas (modelo O2 utilizados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, primero en Vietnam y más tarde en las guerras de El Salvador) por la Fuerza Aérea cubana el 24 de febrero de 1996. Las avionetas habían sido utilizadas por miembros de un violento grupo de cubanos. El derribo, en el espacio aéreo cubano, había ocurrido dos años antes de que los Cinco fueran arrestados.

Por cierto, el momento era muy sospechoso. Según la información divulgada por la fiscalía durante el juicio, el FBI había descubierto la verdadera naturaleza de la misión revolucionaria de Gerardo en Miami y ya lo estaba monitoreando y controlando sus comunicaciones con La Habana por lo menos un par de años antes del derribo de las avionetas. Si ese incidente fue el resultado de una “conspiración”, en la que Gerardo era un participante clave, ¿por qué no lo arrestaron en 1996? ¿Por qué ese asunto ni siquiera fue mencionado en septiembre de 1998 cuando detuvieron y encausaron a Gerardo?

Las avionetas le pertenecían a un grupo liderado por José Basulto, un veterano agente de la Central Intellingence Agency involucrado en muchas acciones de los paramilitares desde 1959, incluyendo la invasión de Playa Girón y una serie de atentados contra Fidel Castro. En los 20 meses anteriores al incidente, este grupo había penetrado al espacio aéreo cubano 25 veces, cada vez denunciado por el gobierno cubano.

Finalmente el gobierno de Estados Unidos quería aparentar sensibilidad. Inició una investigación sobre los vuelos, pidió la ayuda de Cuba sobre los detalles de las provocaciones anteriores, reconoció haberlas recibido y se las agradeció a Cuba. El 24 de febrero 1996 los procedimientos administrativos estaban aún pendientes, y posteriormente la Administración Federal de Aviación (FAA) privó a Basulto de su licencia de piloto y ya no volaría más (al menos no legalmente).

Los provocadores habían proclamado abiertamente que seguirían haciendo los vuelos ilegales en el espacio aéreo de Cuba, e incluso declararon que la isla, que en ese momento sufría su peor crisis –peor en términos económicos, que la Gran Depresión, según un informe de Naciones Unidas– no era capaz de responder a sus incursiones ilegales.

En enero, el señor Basulto trajo con él en el avión un equipo de televisión NBC de Miami, quien filmó y difundió cómo sobrevolaron el centro de La Habana, lanzando propaganda y otros materiales. Cuba declaró públicamente que no toleraría tales provocaciones más, e hizo las notificaciones necesarias a todos las partes interesadas, incluyendo al gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado y la FAA, quien a su vez le advirtió a Basulto y a su grupo de abstenerse de tales vuelos.

La supuesta “conspiración” era en sí misma una estupidez monumental, incomprensible para cualquier mente racional. Se supone que el gobierno cubano había decidido provocar una guerra total con Estados Unidos, una confrontación militar que, obviamente, habría dado lugar a un golpe terrible no sólo para el gobierno cubano, sino para toda la nación y su pueblo. En relación a cualquier delito, el móvil es siempre un factor clave. ¿Cuál pudiera haber sido el móvil de Cuba para provocar un evento precisamente en ese momento, el más peligroso para la supervivencia de nuestro país sin aliados o amigos en un mundo y un continente bajo el pleno control de Estados Unidos en 1996?

Cuba hizo exactamente lo contrario. Denunció una por una, cada provocación a la FAA y a la Organización de Aviación Civil Internacional y envió decenas de notas diplomáticas al Departamento de Estado. Pero Cuba fue más allá. Hizo todo lo posible para llegar al más alto nivel del gobierno de Estados Unidos, a la Casa Blanca, tratando de prevenir más incidentes.

The New Yorker, en su edición de enero de 1998 dedicada a Cuba en ocasión de la visita del Papa, incluyó un artículo serio y con un relato bastante objetivo de estos esfuerzos cubanos.

Sí, hubo una conspiración para provocar la tragedia del 24 de febrero de 1996. Pero fue única y exclusivamente los mismos grupos que en Miami han lanzado una campaña terrorista contra Cuba durante medio siglo. La misma pandilla que posteriormente secuestró a Elián González, de seis años de edad. Sucesos delictivos que siempre ejecutaron con impunidad.

El Tribunal Federal de primera instancia del Sur de la Florida no es un tribunal internacional ni tampoco es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas que tenga jurisdicción sobre asuntos que afectan las relaciones entre las naciones. Tiene una tarea muy específica, que consiste en determinar si un acusado en particular es o no culpable de un cargo concreto. Al darle instrucciones al jurado en el caso de Gerardo Hernández, el tribunal recordó el lenguaje de la Causa del Gobierno:

“El cargo 3 alega que el acusado Gerardo Hernández conspiró con otras personas para cometer homicidio, es decir, la matanza ilegal de seres humanos con malicia dolosa y con una intención premeditada en la jurisdicción especial marítima y territorial de Estados Unidos.”

La jueza Lenard señaló que Gerardo:

“Puede determinarse culpable de ese delito sólo si se les prueban todos los de los siguientes hechos sin alguna duda razonable.

“Primero. Que las víctimas mencionadas en la acusación están muertas.

“Segundo. Que el acusado causó la muerte de las víctimas con malicia dolosa.

“Tercera. Que el demandado lo hizo con la intención premeditada.

“Cuarta. De que el asesinato ocurrió dentro de la jurisdicción especial marítima y territorial de Estados Unidos.”

Ella elaboró aún más:

“Matar con malicia dolosa quiere decir matar a otra persona a propósito e intencionalmente… Para establecer un delito de asesinato en primer grado, se requiere además prueba de una intención premeditada. La premeditación se asocia típicamente con el asesinato a sangre fría y requiere de un periodo de tiempo en el que el acusado lo piensa y delibera sobre el asunto antes de actuar.

“Tendría que ser tiempo suficiente para que el asesino esté plenamente consciente de su intención de matar. Se le indica que el lugar del supuesto asesinato (como describe la Causa), si usted está seguro sin duda razonable alguno que el crimen ocurrió ahí, esté dentro de la jurisdicción especial marítima y territorial de Estados Unidos.”

El delito nunca ocurrió. Durante los siete meses del juicio, la fiscalía no presentó prueba alguna que implicara a Gerardo en el trágico suceso del 24 de febrero de 1996, ni tampoco podía demostrar, “más allá de una duda razonable”, el lugar exacto del incidente –algo que los expertos de la Oficina de Aeronáutica Civil Internacional no habían podido determinar.

Cabe señalar, sin embargo, que los radares de Cuba claramente demostraron que el derribo ocurrió muy adentro de nuestro territorio, que los únicos restos que encontraron fueron hallados muy cerca de las orillas de La Habana y que la Guarda Costa de Estados Unidos, al no encontrar nada en el área internacional, pidió el 25 de febrero oficialmente a través del Departamento de Estado permiso a Cuba para hacer una búsqueda dentro del área de nuestras aguas territoriales. Los medios noticiosos locales –los mismos “periodistas” a sueldo del gobierno quienes inventaron la acusación del cargo 3– se pusieron nerviosos y hasta anunciaron inminente derrota.

Unos pocos días anteriormente, en cuanto la jueza le avisó a las partes de sus instrucciones al jurado, los fiscales tomaron lo que ellos mismos describieron como “el paso sin precedentes de peticionarle” –al tribunal de apelaciones– “un writ (orden legal) de prohibición” porque “teniendo en cuenta la evidencia presentada durante el juicio, esto [las instrucciones al jurado] constituye un obstáculo insuperable para Estados Unidos en este caso, y probablemente tendría como consecuencia el fracaso de la Causa en relación con este cargo.”

Después de haber reconocido nuevamente que la instrucción al jurado “le impone una barrera insuperable a esta fiscalía”, el gobierno le pidió al tribunal de apelaciones que tomara una urgente decisión:

“Que le ordene al tribunal de primera instancia que le instruya al jurado que no es necesario que el jurado determine que el acusado Hernández o sus co-conspiradores del Tercer Cargo de la acusación acordaron que los asesinatos ocurrieron en la jurisdicción especial marítima y territorial de Estados Unidos.

“Que le prohíba al tribunal de primera instancia a darle al jurado un patrón de instrucciones sobre asesinato en primer grado y sobre el hecho de que el acusado Hernández haya conspirado para cometer un asesinato premeditado.”

El Tribunal de Apelaciones denegó la petición de emergencia y consecuentemente el juez de tribunal de primera instancia mantuvo las instrucciones anteriormente citadas.

Algunos miembros del equipo de la defensa estaban ya felizmente celebrando una victoria que hasta la fiscalía había previsto.

Sin embargo, los miembros del jurado tardaron unos pocos minutos, sin hacer pregunta alguna, en declarar a Gerardo culpable de conspiración para cometer asesinato en primer grado en la jurisdicción especial marítima y territorial de Estados Unidos. Un “delito” que no cometió y que los propios fiscales habían tratado desesperadamente de retirar.

Eso ocurrió en Miami. En Miami es normal secuestrar impunemente a un niño de seis años, ¿por qué pensar que sería tan difícil condenar a un joven por un “crimen” que nunca ocurrió?

*Presidente del Parlamento cubano

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