Privilegiados y desposeídos

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En plena fase de “austeridad republicana” que se agota antes de mancillar los privilegios de aquellos que desde los laberintos del poder han convertido al erario en un obsceno, suculento e inagotable botín, y en la nada difícil tarea por encontrar a los turcos que sobre cabezas se hará recaer el ajuste en los ingresos y egresos del Estado, las elites dominantes ya llegaron a un consenso, por decirlo de una manera, ya que, en realidad, nunca existió un disenso.


En nombre de la “equidad democrática” se impondrá otra vez la máxima vil de los amos, según las palabras de Adam Smith: todos los beneficios serán para ellos, menos del 10 por ciento de la población, y los costos para los demás.

Como se recordará, durante las “civilizadas” cruzadas, los cristianos, en nombre de su dios, les cercenaban piadosamente las cabezas a los turcos que tenían la desgracia de caer en sus garras y luego las colgaban en los mástiles de los barcos o las ensartaban en sus lanzas. Desde ese momento se emplea el calificativo de “cabeza de turco” a quienes son dolosamente acusados de algo, sin fundamentos, y se les impone un castigo o un daño, con el objeto de exonerar a los verdaderos responsables.

Las elites ya tienen sus turcos. Los mismos de siempre. Sólo falta afinar los métodos y la proporción de la nueva hecatombe programada.

Como plañideras del cadáver del “bienestar social”, los partidos se rasgan las vestiduras en el Congreso y dicen que se opondrán a la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a medicinas y alimentos, una de las medidas con las cuales los neoliberales calderonistas pretenden compensar el desastre fiscal del Estado que ellos mismos han provocado y que es compartido por el Congreso. En pleno lirismo, Gustavo Enrique Madero, coordinador panista del Senado, se desgañita al afirmar que “ante la crisis que enfrenta el país, es inadmisible pedir más sacrificios a la población”. El palafrenero de Felipe Calderón, César Nava, dice que su partido no promoverá ese impuesto ni ningún otro, porque “no es momento de pegar a la población con más esfuerzos y sacrificios”. Su partido sólo aceptará un plan de “austeridad”. En el mismo tenor se inclinan los partidos “Revolucionario” Institucional y de la “Revolución Democrática”, que para deshacerse de una parte de la crecientemente parasitaria burocracia panista (más de 70 subsecretarías y delegaciones, con su amplio caudal de “asesores), tan voraz como ellos mismos, están dispuestos a “adelgazar” aún más la escuálida, deformada y mutilada estructura ósea del Estado autista, con la desaparición de algunas dependencias públicas, pero sin afectar sus propios beneficios, tal y como pretende hacerlo Calderón.

Su fervor por los pobres, empero, no fue suficiente para oponerse a las primeras y “republicanas” medidas de “austeridad” impuestas por Calderón y sus Chicago Boys, el recorte del gasto gubernamental en 85 mil millones de pesos, que abortaron su pírrico “contracíclico” y cuyas secuelas perniciosas ya son pagadas por la población con el ascendente desempleo abierto y el estadísticamente encubierto, la creciente pérdida del poder de compra de sus ingresos reales, provocada por el alza de los precios con el que el gobierno y los empresarios compensan el deterioro de los suyos, su empobrecimiento, y el mayor detrimento en la calidad de los servicios públicos sociales en materia educativa, de salud o abastecimiento de agua potable, entre otros renglones.

Al iniciarse el nuevo periodo del “ascetismo” fiscal “republicano”, los legisladores estaban ocupados en otros menesteres más interesantes. Inescrupulosamente, los diputados salientes se llenaban los bolsillos con su último pillaje de las sobras presupuestales legislativas, mientras el panista Gerardo Priego Tapia evidenciaba su concupiscencia, ante la furia de sus pares, entre ellos su correligionario Juan J Rodríguez Prats, al devolver su “remanente” por 1.1 millón de pesos. Otros desvergonzados aprobaban la “austeridad” en los salarios de los altos y devastadores funcionarios públicos que se quedan, aunque dejaron incólumes sus insultantes “compensaciones”, los principales instrumentos de saqueo del erario. Ahora nadie, salvo la Suprema Corte, podrá ganar más que la bicoca percibida por el déspota de Los Pinos: 218.5 mil pesos mensuales brutos, más sus prestaciones que elevan sus ingresos a 227.4 mil, o 3.2 millones anuales. Paradójicamente, a los más insaciables funcionarios, que pisoteando cuanta ley se les puso enfrente para asignarse salarios y prestaciones superiores a las del Príncipe, los protege la “normatividad”: no se les podrá reducir, sólo congelárseles, salvo que, motu proprio, estén dispuestos a inmolarse, aunque violen la legalidad. ¡Pensar que de las 43.3 millones de personas ocupadas en el país, 35.1 millones, el 81 por ciento del total, no perciben ingresos o sólo ganan hasta cinco veces el salario mínimo, hasta 7 mil 979 pesos mensuales o 95.7 mil al año! Algunos de los nuevos diputados como Alejandro Encinas y Jesús Zambrano anuncian púdicamente su renuncia a una parte mínima de las impúdicas prebendas, los gastos médicos mayores. Los más, que llegaron a la “casa del pueblo” en sus modestas camionetas de lujo y vehículos deportivos (MG, Mercedes Benz, BMW), preguntaban cínicamente, antes que nada, por los mecanismos de pago de sus jugosas dietas y otras prebendas, mientras que la maestra Ifigenia Martínez, como una extravagante e inoportuna Casandra, advertía del riesgo de un estallido social. La católica panista Josefina Vázquez Mota propone un diezmo de sacrificio en la dieta de los legisladores de su partido, sin aclarar si se refería a toda (152.3 mil pesos mensuales) o sólo al salario (77.7 mil pesos). La dieta mensual neta de los senadores es de 126.8 mil pesos. Los priistas dicen que le propondrán a Calderón una incierta reducción en los sueldos de los tres poderes de la Unión, no en las prestaciones. ¿Su propuesta será también de un magnánimo diezmo? ¿En un gesto de “republicana austeridad”, no sería más honesto reducir en 50 por ciento su dieta y el cúmulo de canonjías, así como la eliminación de parte de ellas? ¿Seguirán el ejemplo de la nueva presidenta municipal de Naucalpan, la priista Azucena Olivares, que, según dijo, se reduciría en 50 por ciento su salario, así como el de su cabildo, de un nivel de 170 mil pesos que se había estipulado su predecesor, el panista José Luis Durán Reveles? Con ello limpiarían un poco su turbio rostro público. Se ganarían un poco de respeto de una sociedad agobiada por el desempleo y la pauperización y que los observa como una piara refocilándose con el presupuesto.

Debe reconocerse, sin embargo, que los sinvergüenzas más aventajados en el dispendio son los funcionarios del Instituto Federal Electoral (IFE), los ministros de la Suprema Corte y la oligarquía mexicana. Mientras Calderón, Agustín Carstens –espléndidos en el sobreejercicio del gasto corriente del Poder Ejecutivo, presurosos al empuñar la tijera del recorte, indolentes ante el subejercicio de otras dependencias– y el fámulo de Elba E Gordillo, Alonso Lujambio, demandan a las universidades públicas que se flagelen a sí mismas, los consejeros del IFE, encabezados por el tragicómico Leonardo Valdés, pensaban despacharse con una cuchara más grande en 2010. Pensaban que se lo merecían, luego de solapar el cúmulo de tropelías “democráticas” cometidas en las pasadas elecciones, tanto por las televisoras, los partidos y demás. Lo mismo deben suponer ministros y magistrados del Tribunal Electoral y la Suprema Corte, cuyos salarios y prestaciones (340 mil pesos mensuales) no fueron tocados. Estos últimos por legitimar el terrorismo de Estado impuesto por calderón: los abusos de los militares, la liberación de los paramilitares asesinos de indígenas, su desdén ante los padres de los infantes muertos en las granjas privadas que los panistas como Juan Molinar convirtieron a las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los principales depredadores del país ya tienen sus candidatos a víctimas propiciatorias. Claudio X González, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y de Kimberly Clark de México, uno de los hombres de presa que más se ha beneficiado con el oligárquico proyecto neoliberal de nación, bajo la tutela gubernamental, especialmente desde el salinato, “sugiere”, “bienhechoramente”, gravar con un IVA inicial de 3 por ciento -4 por ciento a medicinas y alimentos, y luego elevarlo gradualmente, según las “circunstancias”. ¿Se refiere a una “prudente y lenta puñalada” impositiva para ver la reacción social? ¿Temor al riesgo de la explosión social? El oligarca X nos alecciona: no imponer el IVA “sería un grave error porque condenan al país a no ser competitivo y al no serlo vamos a tener problemas en tener suficiente inversión para crear empleos y reducir el desempleo”; quienes compran más alimentos y medicinas son las personas que más tienen “y son los que están recibiendo un subsidio gigante”; mientras no se aplique ese IVA “no vamos a tener los ingresos necesarios”. ¿A quién se refiere: a la oligarquía, al Estado? Arturo Mendicuti, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, se queja: “Tenemos serios problemas de rentabilidad en nuestros negocios, (debido al) IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única), la sobrerregulación, el contrabando, la piratería, el ambulantaje”. El Consejo Coordinador Empresarial agrega a la terapia las contrarreformas estructurales neoliberales: destruir los artículos 27, 28 y 123 constitucionales, legalizar la contrarreforma laboral para formalizar el trato de esclavos a los trabajadores, y la reprivatización el sector energético, para garantizar el saqueo completo de Petróleos Mexicanos y demás áreas. Les resulta insuficiente el desmantelamiento de esas empresas cometidos por los priistas y panistas, ni los jugosos contratos que les han concedido. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado intima al nuevo Congreso para que no apruebe “reformas populistas que impidan desplegar el potencial de crecimiento de México”. Más inteligentes sus homólogos de otros países aceptaron el “populismo” de sus gobiernos para evitar su bancarrota y el riesgo de los estallidos sociales.

Nuestra bárbara oligarquía quiere todo a cambio de nada.

¿Los priistas, encabezados por los salinistas Manlio Fabio y Francisco Rojas, les ayudarán a realizar sus sueños que los panistas no les han cumplido? ¿El quid pro quo de su sumisión ante la oligarquía a cambio de la Presidencia? ¿Por qué el “solidario” señor X no exige que los salarios pagados en México también sean “competitivos”, similares a los de Estados Unidos, que se apliquen universalmente los seguros contra el desempleo y otras prestaciones y servicios sociales, comunes a los del “primer mundo”, que se reduzca temporalmente la jornada laboral con el pago completo para ocupar más trabajadores? ¿Por qué los oligarcas, “solidariamente”, no proponen aumentar en 3 o 4 por ciento el Impuesto Sobre la Renta de las empresas y los sectores de altos ingresos si quieren salvar al Estado, se graven las ganancias especulativas, se reduzcan los privilegios fiscales, se elimine la consolidación tributaria o se castigue severamente a funcionarios y empresarios que se enriquecen con la depredación del Estado y los beneficios de los trabajadores?

Decir que el IVA en alimentos y medicinas afectaría a quienes más consumen es una media verdad y una media mentira con la que se quiere ocultar una realidad: la brutal miseria a la que ha sido sometida la mayoría, la grosera concentración del ingreso y la riqueza y los beneficios de una minoría, la base y la naturaleza del salvaje capitalismo mexicano.

La mayoría no consume más alimentos ni gasta más en servicios médicos no porque no quiera, porque sea asceta, sino porque sus ingresos son miserables, gracias a la contención salarial impuesta por los gobiernos neoliberales priistas y panistas y los empresarios que, de esa manera, aseguran el control de la inflación, la “competitividad” de las empresas (menores costos de producción), la atracción de la inversión extranjera con el señuelo de salarios y prestaciones miserables, y las crecientes fortunas empresariales.

La imposición del IVA a alimentos y medicinas, con cualquier tasa, sólo agravará la miseria y la pobreza de al menos el 68 por ciento de las familias que se encuentran en esa situación; 6.1 millones de familias, de 26.7 millones; 73 millones de mexicanos, de 107 millones, que destinan del 37 al 56 por ciento de sus ingresos monetarios a la compra de alimentos. El IVA les obligará a reducir aún más el dinero destinado a su compra y optar por bienes de menor calidad, a costa de su calidad de vida. Si se añade la adquisición de medicamentos, ellos destinan del 38 al 57 por ciento de su gasto. Esos hogares, que perciben de cero a ocho veces el salario mínimo, apenas participan con el 0.2 por ciento y hasta el 5.1 por ciento del ingreso monetario nacional (ver cuadro anexo). Sus desgracias se agravarán con el aumento en los precios de bienes y servicios públicos que impondrán los calderonistas, como son: agua potable, electricidad, gas y transporte público. Sumados, todos representan del 45 al 66 por ciento de sus egresos. El alza de los precios a los bienes y servicios aplicados por los empresarios les orillará a sacrificar otros renglones de bienestar: el acceso a los servicios médicos –es menester señalar que de 43 millones de personas ocupadas, 27.2 millones carecen de servicios de salud, al 63 por ciento los empresarios les despojaron de ellos–, la educación, la calidad de sus viviendas, su bienestar, sus expectativas de vida.

Los sectores de altos ingresos en poco se verán afectados. El 10 por ciento de las familias, 2.7 millones, 11 millones de personas, concentran el 38 por ciento del ingreso monetario. Medido por los salarios mínimos, 8.8 millones, 35 millones de personas, concentran el 68 por ciento del ingreso. Ellos sólo destinan el 28 por ciento de su gasto a la compra de alimentos, 29 por ciento si se agregan las medicinas o 35 por ciento si se añaden los bienes y servicios públicos citados.

Pero no nos engañemos: esos gravámenes y precios sólo representarán un arañazo a la riqueza acumulada, legal e ilegalmente, por los señores X, los bárbaros nacionales y extranjeros, que desean trasladar, junto con los calderonistas, los Chicago Boys, los panistas y los priistas a los cabeza de turco mexicanos.

Quieren preservar sus fortunas a costa de la miseria de la mayoría. Poco les importa que se genere la ingobernabilidad, la inestabilidad, una mayor crisis económica. Su opción son: escuelas o cárceles, bienestar social o terrorismo de Estado; neoliberalismo o sumisión y un eventual estallido social.

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