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Pese a haber sido señalado como uno de los más sanguinarios represores del pueblo hidalguense en la década de 1970, el exgobernador Manuel Sánchez Vite recibió la medalla Miguel Hidalgo y Costilla, condecoración que entrega el gobierno del estado a ciudadanos “ilustres”

César Peña Sánchez

Con el aval de todas las fracciones partidistas del Congreso local, el exmandatario Manuel Sánchez Vite fue elegido entre un reducido grupo de seis candidatos que fueron postulados de última hora antes de que expirara el plazo el 26 de mayo, cuando se rumoraba que sólo él estaba en la lista, negado por el presidente de la Comisión Especial, el panista, Guillermo Villegas Flores.

Desde esa fecha se gestó un movimiento opositor en la sociedad a esta postulación, lo mismo que entre algunos perredistas que vieron con malos ojos que este premio que ahora se entregará post mortem (1994), lo haya promovido el legislador local del son azteca, Arturo Sánchez Jiménez, hijo del exmandatario.

La historia de Manuel Sánchez, el político que ocupó casi todos los cargos de la administración pública estatal, está llena de acciones contundentes y directas de agresión a los campesinos e indígenas que defendían la tierra a finales de 1969, cuando tomó el poder el poderoso político.

He aquí un breve recuento de los crímenes gestados en el periodo que va de 1969 a 1975 cuando Sánchez Vite se convierte en jefe del Ejecutivo de Hidalgo, pese a tener un intervalo de 1971 a 1973 cuando se fue a dirigir el Partido Revolucionario Institucional y regresar por sus diferencias con el entonces presidente de la República Luis Echeverría Álvarez.

En Tenexco comenzó el 29 de noviembre de 1969 la ola de muertes luego de que a manos de caciques y pistoleros es asesinado Eleuterio Flores cerca de su parcela. Pese a la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia jamás fue detenido nadie.

En ese mismo lugar de Lolotla, el 5 de febrero de 1971, es masacrado por una ráfaga de balas el líder campesino Felipe Naranjo Butrón, presidente del Comisariado Ejidal. El motivo: haber encabezado la organización de la comunidad para promover la suspensión de los pagos de renta y las faenas gratuitas a favor de los caciques.

Sin embargo, hasta ese momento no se había iniciado la toma de tierras por parte de los campesinos, acción que nace en 1974, y cuyo primer encuentro deja un saldo sangriento al que se sumarían más dirigentes campesinos y hasta familias rurales completas que son masacradas.

Esta primer revuelta campesina, el 16 de marzo de ese año en la localidad de Pepeyocatitla, perteneciente al municipio de Yahualica, resultó en la golpiza, tortura y asesinatos de siete campesinos, a manos de caciques de la región que no regatean los métodos para apaciguar a los trabajadores agrícolas.

Nueve meses después, el 4 de diciembre, en Tenexco, un nuevo homicidio sacude a la comunidad, esta vez el de Domingo Baltazar, quien organiza a su pueblo para luchar contra los caciques, pero que es sorprendido por pistoleros al servicios de poderosos ganaderos.

En el año que deja el poder Sánchez Vite, en 1975, en El Mirador son asesinados seis campesinos por encabezar la lucha armada en su pueblo en que directamente son señalados los caciques y las autoridades del gobierno del estado, caso en el que tampoco se abre ninguna investigación.

A finales de ese año, la Huasteca hidalguense es sitiada por elementos del Ejército Mexicano, la Policía Judicial Federal y estatal. Un total de 200 comunidades sufren del acoso y la depredación oficial en el marco de la llamada guerra sucia que desplegó el gobierno mexicano en ese periodo. El resultado de la campaña castrense y policiaca es de 10 muertos y 20 heridos tan sólo por organizarse para defender las parcelas.

La información fue obtenida a partir de documentos de la época, así como de investigaciones que realizaron algunos personajes hidalguenses como Arturo Herrera Cabañas, Irma Eugenia Gutiérrez y la tesis de Marcos Matías Alonso, un antropólogo social que da cuenta de la brutalidad del gobierno para resolver las pugnas sociales que se desarrollaban en la Huasteca.

A Sánchez Vite, a quien se le reconoce sólo la obra social que desplegó al construir decenas de edificios públicos como el Palacio de Gobierno, sede del Ejecutivo, el Lienzo Charro, el edificio de la Policía Municipal, el inicio de la construcción de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y haber traído a Tula la refinería Miguel Hidalgo.

Estas acciones son las que los legisladores le tomaron en cuenta para entregarle la medalla, desdeñando la represión social que organizó desde el gobierno, paralela a la práctica de trabajos forzados y el plagio de gente de las calles para obligarla a laborar en las obras que desarrollaba.

Al construirse el edificio de la Plaza Juárez, por ejemplo, se echó mano de detenidos que se encontraban en la barandilla encerrados por faltas administrativas. La disyuntiva era bote o bote, es decir, prisión o trabajo, como menciona el legislador Guillermo Villegas, quien acepta sin cortapisas estas acciones.

Inaugurado el 3 de diciembre de 1971, la mano de obra de lo que sería la flamante obra del sexenio, la sede del Ejecutivo, fue casi en su totalidad construída de esta manera, sin embargo, no fue suficiente para Manuel Sánchez, quien comenzó a ordenar mayores brazos para el resto de obras.

A través de sus jefes policiacos, Jesús Cervantes y Javier Trejo Corrales le pareció correcto secuestrar a la gente de las calles, principalmente a “borrachines” y aquellos sin oficio ni beneficio, como les mencionaba sonrientemente a sus subordinados.

Las razias y las perreras se convirtieron en el temor nocturno en Pachuca y casi todo el estado, donde se impuso un toque de queda silencioso que ordenaba a todos no salir de sus hogares desde las 19 horas.

Estos actos que el panista ve con singularidad son reprobados por activistas como Otilia Sánchez Cortés, quien rechaza tajantemente que sea premiado unos de los máximos represores del pueblo hidalguense. “La postulación de Sánchez Vite, se debe al acaparamiento que un partido ha realizado de los espacios políticos locales de forma tal que busca premiar a su gente sin importar que haya dañado tanto a la sociedad”, indicó.

Deplora que se quiera ensalzar a quien ha causado tanto daño y ha violentado tanto los derechos humanos de los hidalguenses o de sectores muy importantes como los indígenas.

En el mismo sentido se pronuncia Virgilio Guzmán Valdés, secretario general de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (OGOCEM) y antiguo militante del Partido Comunista, quien señala que no hay un viso de dignidad de parte de los legisladores al impulsar la candidatura a la medalla de quien golpeó, “cuantas veces quiso”, a los hidalguenses.

Pero lo que se cree fue una negociación interna en el Congreso para apoyar a Sánchez Vite, es de plano objeto de negación maniaca de parte de legisladores como el propio perredista Jorge Andrés Hernández Ramírez, quien siendo presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de este órgano, optó por guardar silencio por la postulación.

“Lo que pasa es que se trata de legisladores entreguistas y sin criterio”, reprochó Sánchez Cortés. Y no se equivocó, sobre todo porque Hernández Ramírez fue hasta dirigente de una organización civil de defensa de los derechos humanos en el norte de la entidad; el Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y la Sierra Oriental, hasta 2005.

Guillermo Villegas, en consonancia con esta afirmación, menciona que los crímenes del exmandatario no pasan de ser “simples rumores”.

Madera robada

Pasar la charola a los empresarios y comerciantes para financiar las campañas políticas ha sido una tradición del sistema político mexicano, sin embargo hubo un tiempo en que tales apoyos eran obtenidos a través de embustes, dejando a los empresarios que aportaban en la la ruina, sobre todo aquellos que no disponían de un cuantioso capital.

La historia que inicia en 1969, durante el gobierno de Manuel Sánchez Vite, gobernante caracterizado por iniciar una reforma social para la realización de obra pública a mansalva con el fin de cambiar la imagen del Gobierno, hundida hasta entonces en el trastabilleo y la inestabilidad.

A través de sus secretarios, como el de gobierno, Abel Ramírez Acosta, y Gabriel Romero Reyes, en su segundo periodo, Sánchez Vite supo acercarse a los hombres de negocios para que ayudaran durante las campañas políticas. Ya en el poder, no habría problema sobre el pago de favores que habría para beneficiar a los que dieron el dinero, que recibirían contratos y obviamente, recuperarían su inversión.

Uno de los que aportaron para que Sánchez Vite se hiciera gobernador, fue la Maderería La Surtidora, propiedad de Pedro Vargas Lozano. Ubicada en la parte alta de ese barrio, a un costado del mercado, era uno de los más grandes proveedores de madera en Pachuca y beneficiariio del gobierno al que le suministraría de tarimas, polines y todo lo necesario para las decenas de edificios que se desarrollarían en estos seis años.

Con la promesa de una recompensa o de un gran contrato, a Pedro Vargas la Secretaría de Obras Públicas le hizo entonces un pedido de 1 millón de pesos para empezar con la construcción del Palacio de Gobierno en la céntrica Plaza Juárez. Junto con esta maderería, otros empresarios también como el Grupo Tellería y sus ferreterías también tendrían participación en las obras en puerta.

Pasaron lo meses y otros nuevos pedidos llegaron a la Maderería La Surtidora, sólo que se acababa el dinero para pagar los sueldos de los trabajadores, insumos y subsistencia luego de que el gobierno Sánchez Vite no había saldado su cuenta pendiente.

Cuando Pedro Vargas se entrevistó directamente con el mandatario para reclamar su pago, la respuesta la sorprendió. “¡No te vamos a pagar, es tu aportación al gobierno!”, lo que creyó primero que era una broma, pero al paso de los minutos se convenció de que era en serio. Los reclamos no sirvieron, a Pedro no le liquidaron ninguna de las nueve facturas, dejando una huella contundente; la acción del gobernador lo llevó a la ruina.

Lo mismo hizo el gobierno con otros empresarios y firmas; algunos lograron soportar el fraude y subsistieron, no así los de menor tamaño, que quebraron o fueron arruinados en unos cuantos meses por un gobierno que se jactaba de hacer una gran obra pública, sin decir que ni el dinero ni la mano de obra eran pagados por la administración estatal, sino obtenidos a través de mentiras y la fuerza.

Así, cientos de metros cúbicos de madera se encontraban regados en, por lo menos, 8 kilómetros de la carretera estatal Pachuca-Ciudad Sahagún. Los paseantes y lugareños desconocían el destino que tendría, pero “se veían cerros” de madera por todos lados, como refiere la gente de aquel entonces.

Corría 1970 y toda esa madera estaba siendo utilizada para cimbrar o hacer columnas en edificios en la capital hidalguense. Eran tiempos de prosperidad en obras. Una parte importante de madera fue obtenida, desde luego, de forma dolosa del negocio de Pedro Vargas, que ya nunca pudo recuperarse de este golpe económico.

En predios de Mineral de la Reforma, desde donde ahora se encuentra el llamado Corredor de las Caricias hasta la Hacienda Chavarría que se ubica a la entrada de la comunidad de La Higa, la madera era apilada también por manos anónimas que fueron contratados por funcionarios de la administración de Manuel Sánchez Vite.

Conocido por usar mano de obra esclava y someter a trabajos forzados a la gente, hay quienes mencionan que también los estibadores que cargaban y descargaban los camiones que llegaban casi todo el día a ese lugar eran igualmente detenidos o gente inocente que era forzada a esas tareas.

Con decenas de ojos mirando y cuidando que no “flojearan” los trabajadores, no había tiempo para el descanso. Era como un gran hormiguero que se movía sin descanso día y noche, aseguran los lugareños que relatan esta historia de la grandeza de Pachuca y el sufrimiento de la gente.

La madera, según se dice, tampoco tuvo un origen lícito, ya que algunos de los capataces del gobierno de Sánchez Vite no pudieron precisar que debía ser comprada y hasta era producto del hurto.

Curiosamente, en aquella época y hasta 1975, cuando deja el poder Manuel Sánchez, se multiplicaron los robos a camiones repartidores de mercancías, sobre todo a los refresqueros y de frituras, los preferidos de la incipiente delincuencia, al parecer, auspiciada desde el poder.

Antes de que apareciera la temible Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo, la población ya vivía sometida, ya sea por las razias de los temibles jefes policiacos, como Jesús Cervantes y Javier Trejo Corrales, que realmente dejaron huella con su “eficiencia”, según expresan testimonios de aquel entonces.

Como sea, los tiempos de la obra pública coinciden con los de la represión social y el abuso policiaco en las calles y en las áreas rurales.

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