Deportados, agredidos desempleados

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El impacto adverso que el desempleo podría tener sobre el bienestar de la población residente en la entidad y en particular en las ciudades de Tijuana y Mexicali podría verse incrementado si el flujo migratorio creciera a partir de las repatriaciones voluntarias o forzadas de los migrantes mexicanos, que resulten tanto de la desaceleración estadunidense como del reforzamiento de la actual política antiinmigrante que se sigue en el vecino país


La pérdida de empleos, principalmente en el sector de la construcción donde trabajan un gran numero de inmigrantes mayoritariamente mexicanos, propicia ya el retorno masivo de paisanos decididos a reintegrarse a la actividad productiva en esta región.

Aunado a ello, el Senado del vecino estado de California recién aprobó una propuesta del gobernador republicano Arnold Schwarzenegger para reducir la población penitenciaria y recortar 1 mil 200 millones de dólares al gasto del sistema correccional, lo que permitirá que 27 mil reos sean liberados de manera anticipada de las prisiones estatales en la próximas semanas.

Esta medida contempla la deportación de miles de reos connacionales que serán regresados a México por Baja California. Cientos de ellos están en la cárcel no por actos criminales, sino por cometer el delito de reincidencia en el cruce indocumentado a Estados Unidos, que allá es considerado un crimen y que se castiga con 3.5 y hasta 10 años de cárcel, por tres o más internaciones ilegales.

Los crímenes o delitos severos como secuestro u homicidio, se castigan con 25 años de prisión, con la posibilidad de prisión perpetua. No así los delitos de lesiones, tráfico de estupefacientes o robo, que llevan 10 o 15 años a 30 de prisión, según los agravantes del caso y comportamiento del interno.

Estos trabajadores indocumentados regresaran a esta frontera a sumarse a la fuente laboral, afrontando la criminalización de que son objeto; pues según generalizan las autoridades, los migrantes en la entidad representan un potencial aumento de la delincuencia.

Tal es el caso del procurador de Justicia bajacaliforniano, Rommel Moreno Manjarrez, quien, sin distinguir el origen de la detención y nivel de peligrosidad, solicitó apoyo de sus homólogos y de los titulares de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont y de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, durante la XXII Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para evitar la repatriación masiva de mexicanos exconvictos de Estados Unidos, con el fin de evitar el incremento de delitos principalmente en estados fronterizos, como Baja California.

El encargado de procurar justicia en la entidad, quien al parecer no cree en la reinserción social, destaca en su petición que las ciudades fronterizas como Tijuana y Mexicali tienen ya bastantes problemas relacionados con la migración, por lo que no soportarían medidas unilaterales en materia de repatriación de personas que ya han cumplido con una pena en Estados Unidos. “Tenemos que atender este tema. Tenemos conocimiento de que hay planes para llevar a cabo estos procedimientos de parte de Estados Unidos y una de las entidades más afectadas sería Baja California”, refiere Moreno Manjarrez.

Los criminales acechan al migrante

La disparidad en el trato que reciben los migrantes en la frontera mientras buscan trabajo o la oportunidad para cruzar a emplearse en los Estados Unidos, aunado al impacto de las políticas gubernamentales tales como la “guerra” contra las drogas y “mano dura con el crimen”, repercute en un alto porcentaje de mexicanos rechazados en su propia tierra. Ese menosprecio se refleja en constantes agresiones de bandas criminales que operan con total impunidad.

Según el director de la Policía Municipal de Tecate, Érick Lara Cabrera, un número indeterminado de bandas criminales tienen presencia desde Tijuana hasta Tecate donde se mantienen, pese a los operativos policíaco-militares que se realizan constantemente, y explica que los delitos que se cometen contra migrantes dejaron de ser un simple tráfico de personas para convertirse en asaltos, violaciones, secuestros, extorsión y hasta homicidios.

“Tal vez las dificultades que tienen los migrantes para cruzarse a trabajar al otro lado tengan relación con el aumento de agresiones contra quienes transitan esas rutas migratorias, porque ahora los extorsionan y abusan de este lado; lo menos grave que sufren son los asaltos, seguido se observan casos de tortura y crueldad extrema contra los migrantes. Las mujeres constantemente sufren violaciones y advertidas por otras que ya pasaron por eso, se preparan psicológicamente en su tránsito hacia el país que les representa oportunidad de empleo”, asevera el director de la policía de Tecate.

Los jóvenes migrantes José Luis y Cruz Sánchez Vázquez, originarios del Distrito Federal, fueron asesinados en una zona de cruce por un individuo que vestía uniforme de policía. A uno de los jóvenes le dispararon un balazo y al otro hermano lo obligaron a cavar una fosa para sepultar al occiso. Cuando terminó su labor, también recibió un tiro, sus cuerpos quedaron ahí en la excavación.

Algunos de sus compañeros que también intentaban ingresar a Estados Unidos denunciaron estos hechos y la agresión de delincuentes armados. Uno de los testimonios refiere que José Luis y Cruz formaban parte de un grupo de migrantes, entre quienes se encontraban también una mujer y su hijo de apenas ocho años; la joven madre fue violada en tres ocasiones ante la desesperación del menor.

En tanto, la subprocuradora de Justicia en Tecate, Angélica Martínez Jáuregui, justifica que la falta de denuncias por parte de los migrantes agraviados impide que se realicen investigaciones y acciones contundentes contra estas bandas que operan en las rutas de cruce para Estados Unidos y se dedican a asaltar, secuestrar e incluso asesinar a migrantes.

Las remesas, a la baja

En este año, los migrantes considerados “héroes” en el sexenio anterior, que llegaron a ser un pilar fundamental en el sostenimiento del país, ven disminuido cada vez más el envío de sus remesas, con todo lo que ello ha significado la tristeza de estar lejos y no ver crecer a sus hijos, soportar abusos policíacos, el miedo al fracaso, el temor de perder la vida en zonas cada vez más peligrosas para intentar cruzar la frontera, pasar por alto los días de hambre, de agotamiento por jornadas extenuantes, con tal de obtener el salario para su envío a México y cumplir así sus responsabilidades.

Ahora, estos migrantes, ya deportados, se sumarán a los bajacalifornianos que todos los días se preguntan qué comerán, cómo van a estudiar sus hijos, cómo van a pagar sus facturas de servicios, con cuánto se vestirán y cómo cuidarán su salud.

En 2007 las remesas alcanzaron su máximo histórico de 26 mil 76 millones de dólares, debido a la expansión en el crecimiento de la construcción y la demanda de trabajadores en otros sectores de la economía, como el de servicio. A partir del 2008 se experimentó la primera disminución, que concluyó en una caída del 3.6 por ciento con respecto de 2007, 931 millones de dólares menos.

Ya en este primer semestre, de enero a Junio de 2009, en el país se presenta una notoria disminución de remesas del 11.9 por ciento, equivalente a 1 mil 502 millones de dólares, con las consecuentes repercusiones que tendrán aquellos Estados que mantienen una alta dependencia de estos envíos.

Las remesas que envían a Baja California los trabajadores residentes en Estados Unidos cayeron por segunda vez en 10 años. De acuerdo con las cifras del Banco de México, el primer semestre de 2009 se registró un descenso de 5.7 por ciento, la cifra captada en esta entidad fue inferior en 9.7 millones de dólares con respecto del mismo periodo junio de 2008. Este año el monto enviado a la entidad alcanzó los 160.1 millones de dólares, 1 mil 800 millones de pesos, según el Centro de Estudios Económicos del Sector Empresarial en Mexicali (Ceesem).

En la entidad más de 6 mil hogares tienen ingresos por remesas. Se estima que de este total captado, el 40 por ciento se destina para Mexicali, es decir, alrededor de 64 millones de dólares o más de 886.9 millones de pesos, en los primeros seis meses del año.

En contraparte, a consecuencia de la falta de empleo, migrantes deportados con oficios vinculados a la obra de la construcción, albañilería, carpintería, fontanería o como electricistas del mismo giro, buscan trabajos fuera de comercios donde se venden materiales de construcción; la idea es que los mismos clientes que adquieren herramientas o material, los contraten.

Tan solo en una zona comercial de la colonia Los Santos en Tijuana hay poco más de 30 personas desempleadas que, ofreciendo servicios en construcción o remodelación de hogares, logran obtener el sustento diario. Dicen que a la semana llegan al menos dos clientes que los contratan, pero nadie tiene garantizado el dinero que podrá llevar o enviar a casa.

Estos trabajadores principalmente son migrantes del interior de la república, con menos de dos años residiendo en esta frontera, sus clientes van en busca de mano de obra calificada de bajo costo. Cada vez se eleva más el número de empleos informales que no pertenecen a ninguna estadística oficial y sí forman parte de la dinámica económica de esta frontera.