Denuncian criminalización de luchadores sociales

En medio de un contexto de criminalización contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en México, el pasado viernes 10 de julio, cinco luchadores sociales del Movimiento Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica de Candelaria, Campeche, fueron detenidos de manera arbitraria por agentes de la Policía Federal Ministerial (antes Agencia Federal de Investigación), quienes ingresaron a sus domicilios con violencia y sin mostrar alguna orden de aprehensión.

 

Los detenidos son: Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Guadalupe Borja, Elmer Castellanos y Guadalupe Vizcaíno. Ellos participan en un movimiento contra los altos, desproporcionados y arbitrarios cobros que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como por el deficiente servicio que presta la paraestatal.

 

En noviembre del año pasado la Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación contra los cinco compañeros de Campeche por el supuesto delito de privación ilegal de la libertad de un funcionario de la CFE, que de manera voluntaria los acompañó a reconectar el servicio de energía eléctrica después del corte masivo que sufrieron varios pueblos en septiembre de 2008.

 

La lucha de los compañeros de Campeche –que agrupa a unas 3 mil personas de 30 pueblos– forma parte del movimiento nacional que realizan campesinos e indígenas de Guerrero, el Distrito Federal, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Yucatán, en demanda del cobro de tarifas justas de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de la región. Sin embargo, igual que en Guerrero, en Campeche también se han enfrentado a la cerrazón de las autoridades o a un diálogo que no avanza por el incumplimiento de los acuerdos.

 

Esta resistencia civil del no pago ha crecido en el país porque la CFE ha ahorcado a miles de familias con cobros excesivos y desproporcionados, obligándolas a exigir ante las autoridades la fijación de tarifas justas para las comunidades y pueblos en resistencia. El derecho a tener acceso al servicio eléctrico está estrechamente vinculado con los derechos a la vivienda y al desarrollo, mismos que están contemplados en la legislación nacional e internacional, y que a pesar de ello han sido violentados de manera flagrante.

 

Nuestros compañeros y compañeras presos ahora en el penal de Kobén, en Campeche, han dado muestra de compromiso con sus comunidades y con su pueblo, actuando en el marco de la resistencia pacífica sin violentar ninguna ley ni ninguna disposición.

 

Las organizaciones firmantes, agrupadas en la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, manifestamos que las denuncias de la CFE ante la PGR sólo buscan intimidar a los compañeros y compañeras del Movimiento de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas en el país; y no descartamos que estas acciones arbitrarias de la Policía Federal Ministerial en contubernio con las delegaciones de la PGR puedan ocurrir en otros estados de la república como Guerrero, donde de por sí impera un patrón de criminalización contra los luchadores sociales.

 

Ante esta situación exigimos la libertad inmediata de los compañeros Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Guadalupe Borja, Elmer Castellanos y Guadalupe Vizcaíno, recluidos injustamente en la cárcel de Kobén. El cese a los actos intimidatorios de la PGR contra los pueblos que forman parte de esta resistencia civil contra los altos cobros de la CFE. El cese de la criminalización a todos los luchadores sociales que se organizan y exigen la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y otros tratados internacionales.

 

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos

Instituto Guerrerense de Derechos Humanos

Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

 

 

Frayba se solidariza con detenidos en Campeche

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba), ha recibido información que el viernes 10 de julio de 2009, aproximadamente a las 5:00 horas, en la ciudad de Candelaria, Campeche, fueron detenidos Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Guadalupe Borjas Contreras, Elmer Castellano Velásquez y Guadalupe Lizcano Gómez, integrantes del Movimiento Contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica y adherentes a La Otra Campaña.

 

De acuerdo con la información recibida, la detención se dio de manera violenta en los domicilios de los ahora detenidos, por uniformados que no se identificaron. Durante la detención, los uniformados encañonaron a los familiares y amenazaron con golpearlos. Fue hasta las 11:00 horas del 10 de julio cuando los familiares tuvieron información de que los detenidos se encontraban en la Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Campeche y que serían trasladados al Centro de Readaptación Social de Kobén.

 

Según la información recibida, desde noviembre pasado el representante legal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició denuncias ante la PGR en contra de integrantes de este movimiento de resistencia civil, acusándolos de privación ilegal de la libertad de un funcionario público, “robo de riqueza a la nación”, entre otros; según informaron, “con la única finalidad de intimidarlos y criminalizar nuestras justas demandas”.

 

La resistencia contra los altos cobros de la energía eléctrica es un movimiento civil que se expresa en varias partes del país. Este centro de derechos humanos acompaña a varias comunidades y organizaciones de Chiapas que se encuentran reivindicando sus derechos colectivos. El Frayba se solidariza con el Movimiento Contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica de La Candelaria, Campeche, y exige al gobierno federal la liberación de las cinco personas integrantes de este movimiento.

 

Para este centro de derechos humanos, lo ocurrido en La Candelaria, Campeche, es un acto de criminalización de la protesta social, en donde el gobierno mexicano utiliza el sistema de procuración y administración de justicia como mecanismos de represión ante movimientos de resistencia civil, que manifiestan su inconformidad social. A pesar de estas situaciones adversas, las comunidades, los pueblos, las organizaciones y las personas toman conciencia de su dignidad y realizan acciones de defensa exigiendo su respeto.

 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC

 

 

La gente “preparada”, al servicio de extranjeros, considera

El buen artículo de Ana Lilia Pérez sobre la fuga de cerebros tiene que ver con el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual plantea que no se trata de saber por saber, sino de tener conocimientos para servir a la patria, a México. En general, todo el conjunto de garantías constitucionales (del artículo 1 al 29) es el instrumento que el pueblo ha creado para conservarse frente a potencias que quieren devorar a México. Y en los legisladores, jueces y autoridades administrativas está que se cumpla a cabalidad ese programa constitucional.

 

Un aspecto de ese programa es la educación, la adquisición de conocimientos. ¿Para qué? Para gobernar, gobierna el que sabe. Pero en este sistema de pobres y ricos a los que tienen el privilegio de recibir educación no les enseñan que esos conocimientos son para utilizarlos en beneficio de su país. Sólo los enseñan a hacer dinero para cubrir sus necesidades personales. Todo es por dinero.

 

El contenido del artículo 3 fracción II significa que el estudiante estará consciente de su entorno, del medio que lo rodea, conocerá su historia, los recursos que tiene el territorio mexicano, como el petróleo, y se preparará –según este artículo constitucional– para que aprenda a manejar los recursos que tenemos, nuestros recursos, en nuestros beneficio.

 

Pero con este gobierno golpista, fraudulento y servil a intereses extranjeros esos conocimientos se están yendo de nuestras manos, y se están poniendo a disposición de potencias extranjeras que desde siempre nos oprimen.

 

Esta triste situación está bien planeada desde los grandes centros de pensamiento. Se trata de una guerra contra nuestros pueblos. Se trata de mantenernos ignorantes, desorganizados como nación mexicana, controlados y sometidos a reglas extranjeras. Si hay gente preparada, que esa gente trabaje para los imperialistas y no para sus propios pueblos… Y para eso están los gobiernos títeres, para ver que de muchas formas los pueblos sean esclavos de los imperialistas… Ahora parece que los esclavos calificados son los que más necesitan… Pues a matarlos de hambre, a no darles trabajo en sus propios países, que sientan la necesidad de pensar siempre en dinero. Si el enemigo extranjero se los da, no dudarán en salirse de sus países. Valores de patriotismo tampoco enseñan en estos países de “libre mercado”. Es cuestión de revisar los programas educativos: desaparición de asignaturas como historia, filosofía o derecho. Puro ensamblar tuercas, sin conciencia.

 

Salvador Giap

 

 

Lamenta daños a la industria papelera en Hidalgo

Acerca del reportaje sobre la asignación de contratos sin licitar a empresas vinculadas al Partido Acción Nacional para el Programa de Útiles Escolares en Hidalgo, es increíble que las autoridades no piensen en el daño que le están causando al sector papelero. A la fecha, y a consecuencia de este programa, han tenido que cerrar una gran cantidad de negocios que se dedicaban a la papelería. Ojalá y los diputados intervengan para darle un mejor curso a este programa.

 

Alejandro Montiel