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Sobre los hondureños se cierne una crisis política de incalculables estragos económicos y sociales, advierten –en entrevista con Contralínea– la embajadora de Honduras en México y la ministra de Finanzas de ese país. Ambas, funcionarias del gobierno legítimamente electo, depuesto por las fuerzas militares y empresarios de ultraderecha

“Dieron un golpe de Estado, secuestraron al presidente de la residencia y a su hija; lo agarraron, lo amarraron y se lo llevaron”, fue la primera noticia que recibió Rosa Linda Bueso la mañana del domingo 28 de junio en Tegucigalpa. Evoca el amenazante vuelo de los aviones sobre la capital, la falta de electricidad en los hogares y oficinas públicas y el bloqueo de teléfonos. “Escuché una sirena que nunca antes había oído”, dice la joven mujer que atestiguó cómo el ejército detenía en las calles a quienes salían de sus casas para enterarse de lo que sucedía.

A su vez, Rebeca Santos recuerda que ella salía de una reunión en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York cuando recibió un mensaje de su familia que describía la situación en su país: “Con el embajador hondureño Jorge Arturo Reina, vimos por la televisión al presidente legítimo desde Costa Rica; no lográbamos establecer contacto con nadie, el internet estaba cortado; hace tres semanas que me parece vivir en una película y dudo si es realidad o ficción”.

Ambas son hondureñas que desde el exterior dan voz a la tragedia que viven millones de hondureños. Exigen el retorno a la legalidad y gobernabilidad en su país tras la expulsión del presidente José Manuel Zelaya Robles; son Rosa Linda Bueso, embajadora de Honduras en México, y Rebeca Santos, ministra de Finanzas del gobierno del depuesto mandatario.

“Aquí se cometió un delito, se cometió un golpe de Estado”, refiere la diplomática, que ahora representa a un país aislado por la comunidad internacional, que no avala el nombramiento de Roberto Micheletti como mandatario de uno de los países más pobres de la región, afectado por la histórica desigualdad en la distribución de la riqueza. A su vez, la más alta funcionaria financiera de esa nación centroamericana resume la compleja problemática de Honduras: “Las armas están en manos del gobierno de facto”. Lamenta ver cómo se reedita ese pasado reciente de Centroamérica por el que Honduras tardó muchos años en volver a la democracia.

“Las primeras horas prácticamente preparaba mis maletas porque salía a Santiago de Chile, y recibí un mensaje de mis familiares que indicaban la situación que se presentó: sin luz y sin servicios. El embajador Jorge Arturo Reina me llamó cuando la situación era realmente dramática, pues no lográbamos establecer contacto con nadie en el país porque todos los medios de comunicación fueron tomados por el ejército.

“Son situaciones de mucho dramatismo. Cuando vimos por una cadena de televisión internacional al presidente legítimo en Costa Rica con ropa interior –pues prácticamente fue secuestrado de su vivienda–, para nosotros fue de sumo impacto.”

Rosa Linda Bueso llegó el sábado a Tegucigalpa procedente de México, a unas horas de la asonada. Deseaba pasar unas vacaciones con su padre, un oftalmólogo, y su madre, una química farmacéutica. Todo cambió para ella en unos instantes, como para millones de hondureños que de pronto se quedaron sin gobierno, sin paz y sin futuro: “No teníamos contacto con nadie, era una situación muy complicada pues no sabíamos cómo informarnos y, en consecuencia, cómo reaccionar”. La radio y la televisión sólo transmitían música o telenovelas y comunicados de Micheletti, el gobernante de facto”.

Por ello, la embajadora decidió regresar a su misión en México y desde ahí preparar la respuesta al golpe. Recorrió el trayecto de cuatro horas que separa Tegucigalpa de San Pedro Sula para retornar a este país. Recuerda que logró llegar al aeropuerto “porque los militares apenas ponían en marcha su operativo”, y una vez en la capital mexicana reunió al personal de la embajada que vivía en zozobra esos momentos.

Al ponerse en marcha el proceso golpista, otra de las víctimas fue la canciller hondureña Patricia Rodas, que también fue secuestrada por los militares, sujetada por la fuerza y remitida a un lugar desconocido. Reunidos a su alrededor para protegerla, los embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela se negaban a abandonarla. Juan Carlos Hernández, embajador de La Habana, enfrentó a los militares enmascarados que lo sometieron por la fuerza hasta arrojarlo en una carretera luego de plagiar a la ministra. Días más tarde, los buenos oficios de países amigos lograron la liberación de la canciller, quien por breve tiempo estuvo en México, apenas un día.

También el ejército y las fuerzas armadas secuestraron a periodistas cuyo paradero aún se ignora, así como el de varios de los ministros del gobierno de Manuel Zelaya. “No sabemos de muchos de ellos y, en un acto sin precedentes, sus tarjetas de crédito fueron canceladas y sus propiedades invadidas; otros más se ocultan porque sus vidas corren peligro”. Insiste la embajadora que lo que más preocupante es que se desconoce en qué condiciones están sus compatriotas.

Tras esos primeros momentos y transcurridas ya tres semanas del golpe, Bueso Asfura revela que el gobierno de facto de Micheleti cortó todo el presupuesto a las embajadas, salarios y gastos, aunque sostiene: “Seguimos adelante por la solidaridad de los mexicanos y por la condena internacional a este acto de fuerza”. Pese a ese incipiente optimismo, la diplomática advierte que, si bien éste es un problema de Honduras, “no sabemos si puede o no extenderse hacia otros países”. Le preocupa su gente, esos millones de hondureños que votaron por Manuel Zelaya y que se manifiestan en las calles de todo el país, resistiendo a esa expresión de fuerza, sin comer, sin tomar agua, sin descansar y sin estar en contacto con los suyos.

El rostro suave de esta mujer se contrae cuando pregunta: “¿Dónde están los derechos humanos? ¿Cómo es posible que se llegue a esto?”

El rol de las fuerzas armadas en estos hechos es claro, señala la diplomática: “Han estado involucradas en todo aspecto”. Y es que cuerpos castrenses fueron los que cometieron los secuestros del presidente, de miembros de su gabinete y de muchos hondureños. Ocupar las calles, bloquear señales de radio, celulares y teléfonos y silenciar a la prensa y los medios electrónicos no es más que un golpe de Estado, pues se perdieron los derechos por los que tanto hemos luchado”.

Las armas las tienen ellos

Como resultado del inequitativo reparto de la riqueza, en Honduras hay 4 millones de personas que viven en extrema pobreza, así lo reconoce el Banco Mundial. Esto significa que un 90 por ciento de lo que se produce en el país se concentra en menos del 10 por ciento de la población, incluida la clase media; es decir, se trata de una sociedad muy polarizada, explica la ministra de Finanzas Rebeca Santos. Agrega que apenas la mitad de la fuerza laboral de ese país centroamericano tiene acceso a un empleo institucionalizado con seguridad social y prestaciones; la mayoría se desenvuelve en la informalidad.

Además, la gran mayoría de la población vive en las laderas que tienen una orografía complicada, lo que hace más difícil la construcción de infraestructura para fomentar el desarrollo, por lo que esas familias tienen una ingesta calórica muy baja a base de maíz y frijol. En contraste, la buena tierra que se concentra en las planicies está bajo propiedad de latifundistas o de quienes realizan plantaciones extensivas de banano y café. Tras lo que la funcionaria denomina “la irrupción violenta contra la población” del 28 de junio, los organismos financieros internacionales tomaron distancia y decidieron revaluar sus inversiones y proyectos para Honduras.

Para esta economista con clara vocación de académica y que se autodenomina “la ministra más fría del gabinete”, el ya complicado escenario de Honduras se ensombreció aún más cuando dos semanas después del golpe la firma calificadora de país Standard and Poors señaló que ese país estaba en situación de “observación” por la inestabilidad económica y política. Considera que esa declaratoria diezma “el esfuerzo que desde hace tres años realizaba el gobierno del presidente Zelaya para reducir la pobreza y que el mismo Banco Mundial reconoció”.

Luego de la declaración de la firma calificadora, el Banco Centroamericano anunció la suspensión de sus recursos que afectan el desarrollo de proyectos productivos para el agro, microcréditos y programas sociales, como las transferencias monetarias denominadas Red Solidarias –parecidas al Programa Oportunidades o Solidaridad de México– y el programa Bolsa de Familia. La ministra Santos dice con énfasis: “No se trata de procesos cercanos a la ideología de izquierda”, pues buena parte de esos proyectos se financian por recursos de organismos multilaterales, sino de programas exitosos en otras partes que se replican en nuestros países. “No se trata de ideas raras o de programas populistas”, sino de hacer frente de forma decidida lo que es el combate a la pobreza.

Describe que en Honduras hay una polarización entre los distintos segmentos que tomaron partido. Así como la riqueza está inequitativamente distribuida en esa nación de 7.5 millones de habitantes, “quienes apoyan a uno u otro gobierno también están representados en esa desigual distribución de la riqueza”. Las cifras son elocuentes: 60 por ciento de la población absorbe menos del 10 por ciento de la riqueza que se genera en el país, y las remesas que emiten los migrantes –que constituían el 20 por ciento del Producto Interno Bruto– descendieron notablemente.

Precisamente para abordar los efectos de la crisis económica mundial, “que a diferencia de otras crisis o recesiones se generó en las economías más desarrolladas del mundo y que afecta a los países latinoamericanos”, es que ella estaba en Nueva York y se preparaba para viajar hacia Chile a otra reunión financiera regional ese 28 de junio. Pregunta la ministra: “¿Por qué ocurren estos experimentos –como el golpe– en los eslabones más débiles de la cadena, como Honduras y Nicaragua?” Explica que el presidente Zelaya, “un presidente de extracción rural pero con una enorme sensibilidad social”, pretendió hacer una consulta al pueblo sobre la necesidad de abrir más opciones, y ésa fue “la gota que rebasó el vaso” de las clases dominantes, pues no podían aceptar tantas reformas sociales.

Ahora, dice Rebeca Santos, la medicina que adoptaron “parece completamente equivocada porque se pretendía que el pueblo no hiciera escuchar su voz y precisamente es lo que está ocurriendo”, aunque advierte que: “Este cruento golpe, este asalto a la institucionalidad y a la gobernabilidad pueden desembocar en una situación que se prolongue más tiempo, porque la sociedad reprimida puede hacer sentir también su voz y eso es lamentable”.

Mientras transcurre la espera por ese retorno a la gobernabilidad en su país, Rosa Linda Bueso y Rebeca Santos esbozan amplias sonrisas, se abrazan y se muestran confiadas con el porvenir y agradecen la solidaridad de los mexicanos de la calle, los mismos que colmaron de carteles y mensajes de amistad el negro barandal de la casona en la Condesa, que en 1987 adquirió el gobierno hondureño para su representación diplomática en México.

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