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Indígenas de Ostula recuperan tierras

La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de la comunidad indígena de Santa María Ostula comunica que el cobarde ataque perpetrado el pasado 29 de junio en contra de nuestros comuneros y comuneras, por parte de un grupo de choque –contratado por seis supuestos pequeños propietarios mestizos de La Placita, municipio de Aquila, Michoacán–, pudo ser finalmente inhibido mediante la ocupación plena de las tierras en conflicto por más de 2 mil comuneros y el resguardo de dichas tierras por las policías comunitarias de nuestra comunidad y de las hermanas comunidades nahuas de El Coire y Pómaro. En consecuencia, la situación actual es la siguiente:

1. El paraje de la Canaguancera y las restantes tierras que nos habían sido invadidas por los ricos caciques están bajo nuestro control y debidamente custodiadas por las policías comunitarias de nuestra comunidad y de las comunidades hermanas de el Coire y Pómaro.

2. La totalidad del territorio correspondiente a nuestra comunidad, incluidos los 23 poblados que lo integran, se hallan bajo el resguardo y protección de las policías comunitarias.

3. Las comunidades nahuas de Ostula, Coire y Pómaro nos encontramos en estado de alerta máxima y realizando acciones permanentes para la protección de nuestros territorios.

4. Los gobiernos federal y estatal no han realizado acciones tendientes a inhibir futuros ataques paramilitares en nuestra contra, por lo que exigimos de dichos gobiernos intensificar la vigilancia en torno al poblado de La Placita.

5. Es falso que existan personas secuestradas en nuestra comunidad y en caso de que existieran o llegaran a existir personas detenidas, lo anterior se haría conforme a derecho, en el marco de nuestro sistema de justicia tradicional y con pleno respeto a los derechos humanos de los posibles detenidos.

Por lo anterior es que exigimos de los gobiernos federal y estatal:

1. El inmediato castigo a los responsables del cobarde ataque sufrido por nuestras comuneros y comuneras el 29 de junio de 2009.

2. El inmediato castigo a los responsables de las lesiones de bala causadas a nuestro compañero Manuel Serrano este 29 de junio pasado en el ataque antes referido.

3. El respeto irrestricto a la posesión que nuestra comunidad tiene sobre el paraje conocido como la Canaguancera y sobre todas las tierras comunales que le pertenecen en forma inmemorial.

4. El respeto y reconocimiento de las policías comunitarias de Santa María Ostula, El Coire y Pómaro como salvaguardas de la integridad de las tierras y de las familias de nuestras comunidades.

Responsabilizamos a dichos niveles de gobierno de cualquier acción represiva en contra de nuestra comunidad o de cualquier ataque por parte de grupos de la delincuencia organizada y los instamos a respetar y hacer que se respeten nuestros derechos territoriales históricos.

Llamamos a los pueblos indígenas de México y el mundo, así como a la sociedad civil nacional e internacional a apoyar nuestra justa lucha del modo que les sea posible y a través del inmediato y urgente traslado de víveres, medicinas y recursos financieros a nuestra comunidad, instando a nuestros hermanos pueblos indígenas y a las organizaciones fraternas para que envíen comisiones encaminadas al reforzamiento de nuestra lucha, misma que es la lucha de todos nuestros pueblos.

Santa María Ostula, 2 de julio de 2009

La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula

 

En defensa de las normales rurales

La educación que se imparte en las escuelas normales rurales es la única que forma docentes conscientes de su magna responsabilidad profesional y que se adapta a las necesidades de nuestra actualidad. Por ello y mucho más el gobierno no debe cerrarlas.

Estela Morelos Navarro

 

Solicita más información académica de las normales rurales

La información que proporciona la revista acerca de las escuelas normales rurales es buena; pero también sería importante que agregaran más sobre los ejes en que se sustentan las normales rurales y que son los que las hacen diferentes a las demás. También sería importante que hablaran de lo académico, que es donde hay más polémica en la sociedad. Yo soy egresada de Cañada Honda.

Nidia Natalia Cardona Reyes

 

Carta abierta a Felipe Calderón

Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

Como se lo he informado a usted y al secretario de Gobernación, en 2002 me despidieron injustificadamente del cargo de directora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos por negarme a transferir ilegalmente recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, por un importe aproximado de 90 mil millones de pesos, y dar las justificaciones legales para mover a diferentes capítulos y partidas 450 mil millones de pesos, convirtiéndome desde ese momento en presa de una atroz cacería inhumana que ha llegado a la tortura. Ello ha puesto en grave riesgo mi vida y la de mi familia, hecho que se ha prolongado cruel e inexplicablemente en su administración.

Usted ha exigido a los miles de servidores públicos que no se corrompan y nos ha prometido su apoyo incondicional y reconocimiento, sancionando con todo el rigor de la ley a los corruptos, la impunidad y la injusticia, instrumentando programas de cero tolerancia, transparencia y rendición de cuentas.

Lo aquí narrado seguramente se lo han informado el procurador general de la República, el secretario de la Función Pública y el secretario de Hacienda y Crédito Público, porque son irónicamente en estas dependencias donde he sido víctima de la violación continua y sistemática de mis garantías individuales y derechos humanos. Como ejemplo de ello están 19 averiguaciones previas esperando una integración y seguimiento conforme a derecho, y la docena de auditorías que acreditan lo que he denunciado.

Comprendo que la dimensión de los hechos rebasa el espectro estrictamente administrativo, laboral o jurídico, para situarse en una dinámica política, por lo cual no omito señalar que el caso aquí presentado ha sido acogido por el Poder Legislativo desde 2003, dándole puntual seguimiento, lo cual agradezco profundamente a cada legislador de todas las fracciones parlamentarias, porque mi defensa no es de colores o de banderas ideológicas, venganza o revancha, es de justicia.

Quiero expresar que mi interés en el esclarecimiento de estos lamentables hechos responde única y exclusivamente a un compromiso con la legalidad, con la verdad de lo que pasó y lo que está pasando en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y a la necesidad de hacer valer mis derechos y garantías ante las injusticias, tortura, amenazas y todo tipo de agresiones y vejaciones de las cuales he sido víctima durante siete años. Tengo la firme convicción de que todavía se puede reivindicar el estado de derecho, la legitimidad, la rendición de cuentas y la transparencia en la administración pública, porque a ello le he apostado mi vida. No me voy a quedar con un “usted disculpe, tiene razón”. Ante ese escenario y en virtud de las acciones de gobierno que han sustentado el discurso de su administración –a diferencia de su antecesor, al que nunca le notificaron la gravedad de los delitos ni sus repercusiones, porque tienen nombre y apellido– usted, señor presidente, no puede permitir que estos actos de corrupción, impunidad e injusticia queden sin castigo: está su palabra de por medio.

Le pido que en el marco de sus facultades y atribuciones constitucionales ordene mi reinstalación como legalmente fue dictaminado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante dos laudos y tres acuerdos plenarios que han sido ignorados desde 2005 por el secretario de Hacienda y eludidos mediante actos de corrupción de servidores públicos de todos los niveles, heredando al doctor Agustín Carstens Carstens el delito de desacato que denuncié en tiempo y forma en la Procuraduría General de la República. Hoy me veo obligada a acudir a usted, debido a que la persona que ha impedido cumplir con mi reinstalación que ordenó el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es el primo hermano de su esposa, licenciado Ricardo Humberto Zavala Mac Gregor, director de Relaciones Laborales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien además me ha amenazado de muerte, entre otras infamias, de las cuales el procurador general de la República le puede informar.

Nadie se merece el desprecio y violación a sus garantías y derechos que he sufrido por no corromperme; ningún ser humano puede ser torturado por pedir justicia, ningún mexicano debe ser ignorado por el presidente, porque representa en México la única instancia para alcanzar justicia.

Lilia Cortés García

lcortes_derecho@yahoo.com.mx

 

Contra la reelección

La aprobación de la reelección de diputados –como podría acontecer según lo manifestado por los líderes de la tridictadura de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en su convivencia televisiva del 25 de junio pasado– sería equiparable a la implantación de la pena de muerte en este país con los totalmente injustos y cuestionables sistemas de procuración y administración de justicia que padecemos los mexicanos en la actualidad.

La reelección no debe ser aprobada en tanto no existan leyes, procedimientos e instituciones que garanticen el derecho de la ciudadanía a supervisar, debatir y exigir ser atendidos por los legisladores de igual a igual, así como también de demandarles rendición de cuentas y garantizar que puedan ser sancionados los legisladores incapaces y corruptos. A la fecha, los legisladores se hacen los “inteligentes” y siempre actúan o declaran cómodamente amparados en su fuero, en la segura cobertura que les dan los medios de comunicación, en sus relaciones institucionales y en situación de absoluta ventaja económica, tecnológica y jurídica, frente a una ciudadanía atomizada, desarmada, desesperanzada, descapitalizada y sin leyes, procedimientos e instituciones que garanticen igualdad y fuerza frente a la impune, coludida e incluso emparentada clase gobernante.

Manuel Guerrero Ramos

 

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