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El IFE –árbitro electoral encargado de brindar certeza, confianza y credibilidad a más de 77 millones de electores– es reprobado por ciudadanos, politólogos y Auditoría Superior de la Federación. Más de 12 mil millones de pesos le fueron asignados este año; sin embargo, los cálculos optimistas señalan que acudirían a votar poco más de 24 millones de personas. Un estudio de la Cámara de Diputados revela que 62 por ciento de los votantes desconfía del instituto y la ASF le reprocha la falta de mecanismos de control en el ejercicio de los recursos públicos


El Instituto Federal Electoral (IFE) opera con más de 12 mil millones de pesos provenientes del erario. Sin embargo, el organismo encargado de reforzar la “confianza” en más de 77 millones de electores carece de credibilidad para el 62 por ciento de los votantes, reporta el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados. El organismo se ha convertido en un “monstruo burocrático oneroso”, coinciden especialistas en ciencia política.

A ello se suman las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –contenidas en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007– que revelan que el IFE no cuenta con mecanismos de control eficientes para operar los recursos asignados, tampoco con un tabulador definido para la asignación de salarios ni con un catálogo de perfiles para las contrataciones por honorarios, “lo que propicia discrecionalidad en la selección de éstos”.

Es así como llega el instituto, que encabeza el consejero presidente Leonardo Valdés Zurita, a las elecciones del 5 de julio en las que se renueva la integración de la Cámara de Diputados y se eligen seis gobernadores estatales, 606 ayuntamientos, 11 congresos locales, 16 jefes delegacionales y la Asamblea Legislativa en el Distrito Federal.

Y es que según los expertos, la debacle inició luego de que en las elecciones del 6 de julio de 2006, el IFE –encabezado por Luis Carlos Ugalde– definiera al candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, como presidente de México. La controversia se dio por una diferencia de 243 mil 934 sufragios contra el candidato de la alianza entre los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo y Convergencia, Andrés Manuel López Obrador.

Según los resultados de los Cómputos distritales de las elecciones federales de 2006, el ahora primer mandatario obtuvo a nivel nacional 15 millones 284 votos, en tanto que el llamado presidente legítimo de México habría ganado el voto de 14 millones 756 mil 350 de personas.

Iván Pliego Moreno, doctor en historia internacional por la London School of Economics, dice en el reporte Proceso electoral 2009 (elaborado por el CESOP) que en la historia reciente de la política mexicana no ha habido un conflicto postelectoral tan “profundo y grave” como el ocurrido tras las elecciones pasadas.

“La enorme expectativa de la elección presidencial de 2006 y la creencia ampliamente compartida del probable triunfo del candidato del PRD a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, fundada en una tendencia constante de las encuestas durante largos meses de precampaña electoral, pusieron los ingredientes para un conflicto social y político antes, durante y después del proceso electoral de julio de ese año”, expone.

El también e investigador del área de Estudios Sociales del CESOP añade: “Ello contribuyó a la polarización ideológica de la sociedad mexicana, por lo que la polémica desatada sobre la actuación del IFE y de los consejeros electorales en funciones, en torno al proceso electoral, fue determinante para urgir una reforma político-electoral”.

Agustín Basave Benitez, doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford, coincide con el investigador de la Cámara de Diputados y agrega que en la transición democrática cada año se fue aumentando el presupuesto para llevar a cabo las elecciones con el fin de hacer el proceso más confiable, y que la gente tuviera la certeza de que iban a ser limpias y justas. Sin embargo, “llegó un punto de quiebre en 2006: el presupuesto siguió en aumento y la confiabilidad comenzó a disminuir. Falló en lo más elemental: dar una imagen de equidad e imparcialidad al que está obligado”.

Para el analista político, la polarización de la sociedad fue consecuencia de la circunstancia en la que se encontraron dos proyectos, pero el IFE “exacerbó el descontento con una actuación torpe y equívoca. Ahora está pagando las consecuencias de sus propios errores y arrastrando el desprestigio de 2006; aunque no hay que dejar de considerar que las atribuciones que se le han dado al instituto son excesivas; los mismos legisladores lo han convertido en un elefante blanco, un verdadero monstruo burocrático”.

Los costos de la “democracia”

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, el IFE tiene asignados para este año 12 mil 880 millones 746 mil 640 pesos. Pese a ello, y según el reporte Proceso electoral 2009, el 62 por ciento de las personas en edad de votar “juzga como poco o nada confiables las elecciones, y el 58 por ciento considera posible que en el proceso electoral en curso haya conflictos postelectorales”.

El mismo informe calculó, semanas antes de las elecciones, un abstencionismo de entre 65 y 69 por ciento de un total de 77 millones 815 mil 606 votantes registrados en el padrón electoral. Esto significa que previó la no asistencia a las urnas de 50 millones 580 mil 144 a 53 millones 692 mil 768 personas. Con las estimaciones del CESOP, la renovación de los cargos públicos podría estar sujeta al voto de 27 millones 235 mil 462 o 24 millones 122 mil 838 personas.

César Ricardo Cansino, doctor en ciencia política por la Universidad de Florencia, Italia, dice que la institución se ha venido deteriorando “irremediablemente en su credibilidad. No supo pasar la prueba de fuego en las elecciones de 2006. Si el IFE logró conquistar la aceptación de la población en las elecciones de la alternancia de 2000 –porque tuvo una actuación decorosa, ya que el proceso electoral no fue impugnado, y sobre todo porque significó la derrota del PRI (Partido Revolucionario Institucional)–, en 2006 simple y sencillamente se cometieron muchos errores: sesgos parciales, errores burocráticos y decisiones desacertadas. Al final de cuentas, lo que marcó la diferencia fue el resultado tan impugnado por los partidos políticos”.

El CESOP también muestra que hay un descenso en la confianza hacia las instituciones y un alza en la insatisfacción con la democracia mexicana. Asimismo, “se percibe que parte de la ciudadanía se siente menos representada políticamente, apreciándose un decremento en la proporción de personas que creen poder incidir en las decisiones de gobierno”. En ese contexto entran las instituciones como las fuerzas armadas, el IFE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las cámaras del Congreso.

Por ello, Francisco Sales Heredia, director del Área de Estudios Sociales del CESOP, advierte: “La trascendencia de estas elecciones intermedias no puede minimizarse. El entorno económico es de gran incertidumbre debido a la crisis financiera y económica internacional, misma que ha empezado a deteriorar la economía nacional. El entorno social muestra una disminución continua de las condiciones de seguridad y estabilidad, de los controles sociales y sobre todo de las instituciones que no pueden resolver la mayoría de los problemas.

“Las elecciones en nuestro sistema democrático, por tanto, son una oportunidad para promover claramente el contraste entre las diversas opciones políticas y reclamar una toma de posición de la ciudadanía para elegir aquella opción que pueda responder a las crisis que vive el país. De ahí la trascendencia de las elecciones intermedias, pues el electorado realmente decidirá qué proyecto considera el más viable para dar soluciones prácticas a corto y largo plazo a la incertidumbre vivida”.

Las observaciones de la ASF

Otro de los entes que ha analizado el trabajo del IFE es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que encabeza Arturo González de Aragón, y que en su informe presentado a finales de marzo pasado revela la falta de mecanismos de control que tiene el Instituto para operar los recursos, por lo menos en lo que corresponde a la partida de “Honorarios”.

El máximo órgano de fiscalización del país revisó el uso de 416 millones 215 mil 300 pesos asignados al IFE en la Cuenta Pública 2007 en ese ramo presupuestal, y determinó que éste “no presentó la integración de las afectaciones presupuestarias en forma clara y precisa, no cuenta con registros y controles que permitan conocer en forma ágil la integración de éstas, lo que dificultó su fiscalización”.

Un anteproyecto autorizado en sesión ordinaria del Consejo General del 30 de noviembre de 2006 indicaba que para esta partida se habían asignado 628 millones 970 mil 400 pesos; “sin embargo, no fue posible verificar la información remitida por las áreas sobre las necesidades reales para la contratación del personal por honorarios, ya que sólo cuentan con las de cuatro unidades administrativas, por un total de 159 millones 253 mil pesos, que representa el 25.3 por ciento del importe considerado en el anteproyecto”.

Además, dice la ASF, la estructura autorizada del IFE para el ejercicio 2007 se integró por 8 mil 940 plazas de estructura y 8 mil 835 plazas de honorarios. De estas últimas se llevó a cabo un análisis y el órgano fiscalizador comprobó el pago de 15 mil 913 plazas, es decir, 7 mil 78 plazas más de las autorizadas. El mismo informe expone que el árbitro electoral no cuenta con un tabulador de honorarios asimilados a salarios autorizados por la Dirección Ejecutiva de Administración.

De la revisión de 1 mil 325 contratos de prestación de servicios profesionales, la auditoría observó que “no especifican el perfil requerido, los estudios y conocimientos del prestador del servicio, solamente se manifiesta que: (…) cuenta con los conocimientos y recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para la ejecución de los servicios eventuales en materia de este contrato (…) El objetivo no señala en forma clara y precisa las actividades que se deben desarrollar, por lo que no es posible identificar si se realizan actividades o funciones equivalentes a las que desempeña el personal que ocupa una plaza presupuestaria; el contrato no considera la presentación de informes de las actividades desarrolladas, lo cual no permite contar con información sobre los trabajos realizados para el cumplimiento del objeto y no contiene la declaración bajo protesta de decir verdad de que el prestador de servicios no se encuentra inhabilitado para el desempeño de un empleo, cargo o comisión en el servicio público”.

Con la finalidad de verificar el perfil del personal contratado, revisó los expedientes de 79 prestadores de servicios profesionales que durante 2007 realizaron funciones de asesores de los representantes de los partidos políticos y de los consejeros del Poder Legislativo. De ello, determinó que en 73 casos la escolaridad es de licenciatura o superior. Mientras que en seis casos apenas contaban con estudios de secundaria o bachillerato. “Lo anterior denotó una deficiencia de control interno, ya que el IFE no cuenta con un catálogo de perfiles para las contrataciones por honorarios en el que se establezcan los requisitos que deben cubrir los prestadores de servicios profesionales en materia de escolaridad y experiencia laboral y otros para cada uno de los puestos, lo que propicia discrecionalidad en la selección de éstos”.

El analista político César Ricardo Cansino dice que “es injustificable el presupuesto que se le da al IFE y el dispendio que hace se debe a los escasos controles regulatorios y a su presunta autonomía. El elefante blanco que es el IFE no se justifica, habría que convocar al árbitro cada que hubiera elecciones y no mantener esa estructura democrática que no sirve para nada”.

Según el experto en ciencia política, se puede pensar seriamente en la unificación de las elecciones en todos los estados y niveles del país para que no se agoten los recursos ni los ciudadanos que son convocados en distintos procesos electorales frecuentemente. “El IFE ha entrado en la lógica de la discrecionalidad, del amiguismo, del compadrazgo, el influyentismo. Además de que nos cuesta tan cara la institución, es ineficiente; la sociedad está muy desencantada”.

Los consejeros

El pasado 5 de junio, la reportera Georgina Saldierna, del periódico La Jornada, informaba que el representante del PAN en el IFE, Roberto Gil, había exigido al consejero Marco Antonio Gómez Alcántar “que se dedique a organizar los comicios del próximo 5 de julio en lugar de fungir como vocero de las causas pérdidas del PRI”. El reproche se dio después de que el consejero criticó al órgano electoral por permitir que el blanquiazul utilice la figura presidencial en su propaganda.

El exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, Eduardo Huchim, también identifica a Gómez Alcántar y a Marco Antonio Baños como quienes defienden los intereses del PRI, así como del Partido Verde de México. Otros, dice, son Benito Nacif y Arturo Sánchez, propuestos por el PAN y a quienes representan. “Tenemos a consejeros que debieran ser representantes de la sociedad y deberían ejercer autónomamente sus funciones, pero lo que vemos es que actúan como representantes de los partidos políticos que los propusieron y esto es sumamente lamentable”.

Es así como llega el IFE a las elecciones de este 5 de julio, proceso que según los expertos será antesala de la elección presidencial de 2012. El ejercicio será “plebicitario del sexenio de Felipe Calderón, y entrará la nueva correlación de fuerzas de una institución clave en la gobernabilidad del país: la Cámara de Diputados. De lo que resulte va a depender la agenda legislativa de los tres últimos años de esta administración”, concluye César Ricardo Cansino.


El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece como objetivos principales del IFE:

-Contribuir al desarrollo de la vida democrática

-Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos

-Integrar el Registro Federal de Electores

-Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones

-Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión

-Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio

-Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática

-Todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad

-Para el desempeño de sus actividades, el Instituto contará con un cuerpo de funcionarios integrados en un Servicio Profesional Electoral. La desconcentración será base de su organización

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