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A unos días de que la Suprema Corte de Justicia resuelva la acción de inconstitucionalidad interpuesta en 2007 contra el Plan Sonora Proyecta, la administración de Eduardo Bours advierte que éste se llevará a cabo en su totalidad, aún con una resolución en contra. El Fideicomiso del PSP gasta más de 10 mil millones de pesos, pero omite liquidar la deuda estatal por 5 mil 234 millones, como lo habría asegurado el gobierno

Hermosillo, Son.- La administración de Eduardo Bours Castelo en Sonora ha llevado hasta sus últimas consecuencias el Plan Sonora Proyecta (PSP). Tan sólo entre 2008 y 2009, el fideicomiso habrá gastado 10 mil 424 millones 955 mil pesos en total, indica el Tomo I, Exposición de Motivos, del Proyecto de Presupuesto de Egresos, presentado el pasado 14 de noviembre ante el pleno del Congreso del Estado.

De acuerdo con información oficial del gobierno sonorense, los 10 mil millones de pesos que constituirían el PSP, obtenidos por la contratación de deuda en el mercado financiero, se usarían de la siguiente forma: 5 mil 200 millones para pagar la deuda actual; 4 mil millones para infraestructura en los municipios, y 800 millones para el pago de los colocadores de bonos y de la fiduciaria Banorte.

Sin embargo, nada se ha destinado a saldar la deuda. Al referirse al gasto total del ejercicio 2009, por 31 mil 368 millones 141 mil pesos, el Tomo I indica que este monto “responde a lo que realmente ha ocurrido con lo previsto para el Plan Sonora Proyecta, ya que de una parte se obtuvieron los recursos para la realización de la inversión pública planeada; mas no se obtuvieron los recursos para liquidar deuda directa y de organismos en una cifra de 5 mil 234 millones de pesos”.

Además de la contratación de deuda, el gobierno sonorense creó en 2007 este plan para constituir uno o varios fideicomisos privados para administrar, durante tres décadas, los recursos provenientes del cobro de tres impuestos: del 2 por ciento sobre la nómina, los automóviles nuevos y las revalidaciones de placas y licencias de manejo.

Cálculos hechos por el entonces legislador Florencio Díaz Armenta indicaban que las cargas impositivas sumarían recursos por 114 mil millones de pesos, en los 30 años de vigencia del esquema fiduciario privado.

Según se dijo entonces, estos multimillonarios recursos servirían para garantizar el pago de la deuda contratada en el mercado financiero. En contravención de la normatividad y con el respaldo de legisladores priistas y perredistas, Eduardo Bours consiguió que el Congreso le aprobara su proyecto.

Para aprobar el PSP fue necesario que el Congreso local reformara, entre otras, la Ley de Deuda Pública. El principal cambio se registró en el artículo 19 bis, que faculta la creación de varias figuras fiduciarias privadas y, por tanto, no sujetas a la ley:

“Los entes públicos podrán afectar en fideicomiso sus bienes, tangibles o intangibles, así como las cantidades que perciban por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, sus respectivos accesorios, así como las participaciones, incentivos y demás ingresos, mediante la celebración de contratos de fideicomiso denominados fideicomisos de financiamiento, los cuales no constituirán fideicomisos públicos paraestatales en términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Sonora ni fideicomisos públicos paramunicipales en los términos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal”, indica dicho artículo.

Agrega que “su operación interna será ajena a la normatividad aplicable a la administración pública estatal o municipal y se sujetarán a lo previsto en el propio contrato de fideicomiso y en las disposiciones mercantiles, financieras y bursátiles que correspondan. Los fiduciarios de los fideicomisos de financiamiento, a su vez, podrán afectar el patrimonio del fideicomiso de financiamiento respectivo a otros fideicomisos, los cuales también serán considerados fideicomisos de financiamiento para los propósitos de esta ley”.

La controversia

Para frenar la constitución de los fideicomisos y las operaciones bursátiles que colocarían a Sonora como la entidad federativa con mayor deuda pública respecto de su crecimiento económico, legisladores del Partido Acción Nacional –acompañados por la entonces diputada perredista Petra Santos– promovieron un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuya ponencia está a cargo del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.

Dicha acción se registró con el número 163/2007, bajo la siguiente categoría: “acción de inconstitucionalidad promovida por diputados de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora en contra del Congreso, del gobernador y otra autoridad de la mencionada entidad federativa, demandando la invalidez del decreto número 63 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, de la Ley de Acceso a la Información Pública, de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, de la Ley de Deuda Pública, del Código Financiero y de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal del año 2007, todas de dicha entidad, decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno local el 14 de agosto de 2007”.

A fines de marzo, la Suprema Corte inició el análisis de la acción 163/2007 contra el PSP y se espera que, en breve, se resuelva. No obstante, el pasado 18 de abril, Óscar López Vucovich advirtió que, independientemente del fallo, el Plan Sonora Proyecta se llevará a cabo en su totalidad porque las obras están en proceso, informó el diario El Imparcial.

El encargado de la oficina de asuntos estratégicos del gobierno de Sonora, justificó que “las sentencias no pueden ser retroactivas, sólo tienen efectos a futuro”.

De acuerdo con el diario local, López Vucovich admitió que en caso de que la resolución sea contraria a los intereses del gobierno, el esquema de financiamiento del PSP no podrá ser usado más adelante. “No afecta en nada, las sentencias no pueden ir para atrás, lo que ya está ya está, no son retroactivas, solamente tienen efectos hacia el futuro, las obras ya se iniciaron, ya se pagaron obras, anticipos”.


Recursos multimillonarios a “inversión”

En el contexto de la crisis internacional, el gobierno de Sonora basó la mitad de sus expectativas de inversión para el ejercicio 2009 en el Plan Sonora Proyecta (PSP).

De acuerdo con el Tomo I, Exposición de Motivos, del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2009, el programa de inversión pública se presupuestó en 4 mil 264 millones 31 mil pesos, de la asignación total por 31 mil 498 millones 181 mil pesos.

“Importa destacar que, no obstante las presiones de gasto para las que se asignan recursos del presupuesto 2009, la inversión que se propone está integrada en parte con un componente de 2 mil 211 millones 481 mil pesos que es financiado con ingreso fiscal 2009, así como por una cifra de 2 mil 52 millones 550 mil pesos por recursos PSP”.

El proyecto admite que los más de 2 mil millones extraídos del Fideicomiso del Plan Sonora Proyecta no fueron aplicados en el ejercicio fiscal 2008. Para justificar el subejercicio, dice: “En su carácter de recursos multianuales se trasladan al presupuesto 2009 como parte del programa de inversión”.

Del total del dinero subejercido, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano omitió invertir 1 mil 593 millones 360 mil pesos destinados a obras de infraestructura.

En 2008, el Fideicomiso del Plan Sonora Proyecta tuvo recursos por 10 mil 424 millones 955 mil pesos en total. De éstos, 6 mil 578 millones 5 mil pesos se agregaron al gasto programable y 1 mil 297 millones 846 mil pesos correspondieron al capítulo 4000 “Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones”, indica el proyecto presupuestal. (NF)


Impulsores del negocio

De acuerdo con el extinto periódico local Cambio, el diseño del Plan Sonora Proyecta corrió a cargo de Protego Asesores, la empresa presidida por el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella.

Para Aspe Armella, la administración de recursos públicos a través de fideicomisos privados no es nueva: en su calidad de secretario de Hacienda, permitió que en 1993 su subordinado Francisco Gil Díaz, entonces subsecretario de Ingresos, creara y controlara un esquema fiduciario y empresarial de carácter privado destinado a la recaudación del Derecho de Trámite Aduanero.

Dicho esquema operó hasta diciembre del año pasado a través del fideicomiso Aduanas I y la empresa Integradora de Servicios Operativos, SA (ISOSA), ambos acusados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de causar millonarios daños al erario.

Y es que para la ASF, el Aduanas I, ISOSA y el Servicio de Administración Tributaria son responsables de quebrantar 10 mil 183 millones de pesos al patrimonio público. El máximo órgano de fiscalización del país señala, en varias investigaciones, que los daños se cometieron en los cuatro primeros ejercicios de la administración de Vicente Fox: 4 mil 561 millones en 2001, 2 mil 200 millones en 2002, 2 mil 585 millones en 2003 y 836 millones 346 mil pesos en 2004.

En el caso del Plan Sonora Proyecta, la empresa de Aspe Armella recomendó al gobierno de Bours Castelo la creación de uno o varios fideicomisos privados para administrar fondos públicos. Hasta ahora, la administración estatal no ha informado de dónde han salido los recursos con los cuales financia las obras del PSP. (NF)