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La expulsión del académico Miguel Ángel Beltrán Villegas el 22 de mayo es para analistas y defensores de derechos humanos una alianza entre los gobiernos de México y Colombia. Desde 2008 se acopló el marco judicial para “enfrentar amenazas mutuas”. Antes de ser detenido, lo seguían con una cámara fotográfica. Fue víctima de un plan binacional y las razones de su detención y su supuesto vínculo con las FARC no se sostienen, aseguran

Paulina Monroy / Nydia Egremy

Una cámara fotográfica oculta siguió al colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas al salir la mañana del 22 de mayo hacia el Instituto Nacional de Migración (INM). Él confiaba en que al fin sería resuelto el trámite que gestionaba en esa dependencia desde nueves meses atrás. La lente captó su paso por Copilco vestido de camisa a cuadros y chamarra azul.

Horas después, su rostro era cubierto y él empujado hacia la camioneta. Lo conducían al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para ser expulsado. Lo declararon ilegal, pese a tener toda su documentación en regla, para que después lo acusaran de tener vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Mientras observan las imágenes de la constante y rigurosa vigilancia contra el académico, defensores de derechos humanos, colegas, alumnos y compatriotas se preguntan: ¿Quién en México tiene la capacidad para ordenar esa operación de rastreo? y ¿Por qué? Las interrogantes aún no tienen respuesta. La sucesión de fotografías, ahora divulgadas, dan cuenta del acecho y fortalecen la hipótesis de que la deportación “se preparó con anterioridad”.

Elba Coria Márquez, subcoordinadora de defensoría de Sin Fronteras, IAP, organización que pugna por los derechos humanos de migrantes y refugiados, reclama: “¿Por qué hacer todo un proceso de rastreo de sus actividades por más de ocho meses si (las autoridades migratorias) sabían dónde vivía? ¿Por qué hacer algo así?”

Aquel 22 de mayo, Beltrán Villegas fue citado en las oficinas generales del INM, en Homero 1832, colonia Los Morales Polanco. Recibiría respuesta a su cambio de condición migratoria, solicitado desde agosto de 2008. Dos días antes se le dijo que la Comisión de Investigación Especial (antes Comisión de Seguridad, que cambió de nombre por el recelo que suscitaba) revisaba su caso. Al parecer, alegaban que tenía un homónimo mexicano y ello retrasaba la resolución. Hasta esa fecha, el maestro en ciencias sociales y doctor en estudios latinoamericanos realizaba una estancia posdoctoral en el Centro de Estudios Latinoamericanos (Cela) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cerca del medio día, el docente fue hacia la oficina de Jorge Ángel Verona Bátiz, subdirector de No Inmigrantes e Inmigrantes del INM. Su destino quedó en manos de las autoridades y sus allegados no lo volvieron a ver. Ni a Jorge Becerril, asesor jurídico designado por la UNAM, ni a la compañera de Beltrán se les permitió la entrada a la reunión. Minutos después lo escucharon gritar desde el otro lado de la pared. En seguida vieron a agentes que llevaban a una persona hacia la puerta trasera, donde lo esperaba una camioneta de color blanco y dorado.

Personal del Instituto les comentó que un funcionario “se puso mal”. Con tono tranquilizador, se les aseguró que el doctor Beltrán se encontraba en el primer piso “a disposición de Control y Verificación Migratoria”. Una hora más tarde, el tono cambió a imperativo para indicarles que Miguel Ángel Beltrán había sido trasladado a la Estación Migratoria de Iztapalapa porque tenía “un requerimiento judicial en Colombia” y que no se les podía brindar más información.

Al desasosiego y sorpresa iniciales siguió la elección de medidas para localizar a Miguel Ángel; ya entonces sabían que él no estaba en la Estación Migratoria y que nunca fue llevado ahí. Dudaban entre acudir a la embajada colombiana para denunciar su detención o recurrir a un organismo no gubernamental para exigir su aparición. Hacia las dos de la tarde de ese viernes 22, la compañera del académico concluía su relato en las instalaciones de la organización humanitaria Sin Fronteras, Institución de Asistencia Privada.

Cerca de las siete, el organismo publicó el amparo 541/2009 contra la “expulsión exprés” del profesionista colombiano. El recurso elaborado por especialistas legales describía que en su proceder contra el ciudadano colombiano, el INM violó sus derechos a la defensa, la legalidad, la seguridad jurídica, la audiencia, la información, al debido proceso legal, a la representación, a la comunicación e integridad física.

Según el testimonio del también profesor asociado de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia (Unal), en ningún momento se le informó de los motivos para su captura ni tampoco a dónde era dirigido: “Durante todo el trayecto se me colocó de rodillas con mi rostro pegado al asiento, como cuando un verdugo coloca a su víctima para cortarle la cabeza”.

En una carta dirigida desde “los calabozos” de la Dirección General de Policía Judicial e Inteligencia en Bogotá, Beltrán Villegas relata que en cuanto se presentó al órgano desconcentrado, cuya función es la adecuada gestión migratoria a través del respeto a la dignidad humana, se le declaró ilegal. Se le dijo que no había presentado pruebas que respaldaran su condición económica. Estas acusaciones las calificó de falsas, pues sí entregó su certificado de trabajo de la Unal y la comisión de estudios otorgada por la UNAM.

No obstante, el oficio de respuesta del INM contenía la rúbrica del académico. Señala que fue obligado a firmarlo so pretexto de dar por interrumpido el trámite. Una vez ocurrido ello se le acercaron varios funcionarios de inmigración, quienes a empellones y a la fuerza lo llevaron por un pasillo.

“Me cubrieron el rostro con la chamarra que llevaba, mientras me presionaban el cuello, lo que me causó lesiones en la región cervical y en los hombros. En varias ocasiones estuve a punto de asfixiarme, pues por la postura que llevaba no podía respirar. Fue tal la presión que vomité”.

Además de los dos o tres guardias de migración, iban con él una delegada del órgano y un médico, quienes “fueron indiferentes frente a la tortura y el maltrato”. Esposado y con la cara envuelta viajó hacia Bogotá, escoltado por dos agentes. Durante el vuelo le ordenaron que firmara otros oficios, pero se negó. Incluso, en tierra, agentes colombianos también lo instaron a seguir.

Aunque Beltrán Villegas estaba seguro que debía quedar libre, pues le asistía el derecho de su país, fue detenido por elementos del Departamento Administrativo de Seguridad. La Fiscalía General de la Nación le formuló cargos por “financiación del terrorismo, concierto, rebelión e instigación a delinquir”, bajo un nuevo nombre: Jaime Cienfuegos.

Cuatro días después, Teresa Montoya, directora del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, explicó que Miguel Ángel Beltrán fue puesto en condiciones de cuarentena en la cárcel, porque se presumía que fuera portador del virus de la influenza A/H1N1.

El daño está hecho

“La actuación de Migración es insostenible”, expresan los abogados del caso Beltrán Villegas de Sin Fronteras. Para Coria, el caso refleja que el INM “actuó fuera de toda ley y proporción, lo que es un peligro para la seguridad nacional y pone en riesgo el estado de derecho y la persecución de los delitos”.

La experta en defensoría migratoria menciona que los funcionarios de esa dependencia utilizan “un mecanismo de manipulación que resulta peligroso” para los extranjeros que tramitan su estancia legal en el país. El INM manifiesta buena disposición para asesorarlos y, cuando tienen toda su confianza, les informan que serán expulsados.

La actuación del órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación infunde miedo, expresan los integrantes de la organización. Genera temor, dicen, no sólo entre los colombianos, sino entre miembros de otras nacionalidades por la posibilidad de ser objeto de iguales medidas de fuerza. Para Sin Fronteras se trata de una persecución contra defensores de derechos humanos, docentes y luchadores sociales.

—¿Qué viene?

—Ya no es posible regresar al profesor. El daño ya se lo causaron –dice la abogada.

—¿Fue un secuestro o una deportación?

—Fue un poco de todo. Pasaron sobre la ley.

Andamiaje legal

La versión de las autoridades mexicanas para explicar la expulsión del sociólogo osciló entre invocar violaciones a la Ley General de Población y argumentar que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una alerta roja contra su presencia en México. Contralínea solicitó una entrevista al INM para conocer qué norma legal aplicó en ese caso, pero hasta el cierre de edición no obtuvo respuesta.

Por ese motivo, la investigación se atuvo a las dos versiones expresadas por la dependencia. En el primer caso, la fracción quinta del artículo 37 de esa ley faculta al instituto a negar la entrada al país o cambiar la calidad migratoria de los nacionales de otros Estados “cuando hayan infringido las leyes nacionales o tengan malos antecedentes en el extranjero”.

Sin embargo, Beltrán Villegas permaneció en México por varios años, siempre autorizado por el INM. Su manutención corría a cargo de la Unal, la más prestigiada de Colombia. De 1992 a 1994 estudió la maestría en sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Después y hasta 1997, el doctorado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM.

En mayo de 2008 se le expidió visa para regresar a México como estudiante del postdoctorado. Eso ocurrió tres meses después de la incursión de fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia en la provincia de Sucumbíos, Ecuador, sin consentimiento del gobierno ecuatoriano. El operativo fue orquestado contra un “grupo irregular” de las FARC, que acampó “clandestinamente” en la frontera, como fue descrito por la Declaración de los jefes de Estado y de gobierno del Grupo de Río del 7 de marzo de ese año.

En esa ocasión, y de acuerdo con información del gobierno colombiano, falleció el jefe guerrillero Raúl Reyes, cuyo verdadero nombre era Luis Edgar Devia. En su computadora personal se habría encontrado supuestamente que Beltrán Villegas ostenta como nombre de guerra el de Jaime Cienfuegos. Aún así, este colombiano ingresó al país y con frecuencia visitó las instalaciones del INM sin que las autoridades migratorias lo apercibieran por faltas a la ley.

El otro argumento apuntó a una alerta roja de la Interpol. La colaboración mexicana con ese cuerpo policiaco está formalizada por acuerdos de cooperación y convenciones internacionales. La organización emite un aviso electrónico que “contiene detalles de la identificación e información judicial sobre los criminales más buscados”, según su sitio oficial.

De esta manera la alerta roja que llega a los países “tiene valor legal para servir como base a un arresto provisional y –agrega Interpol– pretende ayudar a la policía a identificar o localizar a estos individuos con vistas a su arresto y extradición”.

Sin embargo, la versión del gobierno mexicano no abundó en el aspecto transitorio, por lo que especialistas en derecho aluden a la forma en que Beltrán Villegas salió del país como “expulsión exprés”. La abogada Coria Márquez expone que Interpol advierte en sus avisos que los detenidos son inocentes hasta que se compruebe lo contrario.

Otra norma a la que debieron apegarse es el Tratado de Extradición entre México y Colombia. Aunque vigente, data del 4 de octubre de 1937 y fue rubricado por Genaro Estrada, subsecretario de Relaciones Exteriores, y Carlos Cuervo Márquez, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en México.

Setenta y dos años después, el convenio dejó de satisfacer las necesidades de ambos Estados, como se hizo ver en la tercera reunión del Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad y Justicia.

Era el 11 de noviembre de 2008 y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; el subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, Facundo Rosas Rosas; el ministro colombiano de Defensa Nacional, Juan Manuel Santos, y el fiscal general de esa nación, Mario Inguarán Arana, plantearon la necesidad de revisarlo y actualizarlo. El viernes 22 de mayo, los términos originales del tratado se mantenían vigentes cuando México expulsó a Beltrán Villegas.

Su artículo primero obliga a las “altas partes contratantes” a entregar personas acusadas o condenadas por delitos cometidos en la jurisdicción de una de las partes contratantes. El segundo describe qué delitos punibles merecen una pena no menor de un año de prisión, mientras que el séptimo prevé que toda demanda de extradición debe hacerse por “personal diplomático o a través de los representantes consulares de mayor categoría”.

Más adelante, la disposición 12 establece que los dos gobiernos se informarán “telegráficamente” o por conducto de sus agentes diplomáticos o consulares. El gobierno requerido procurará aprehender provisionalmente al reo y lo mantendrá bajo custodia sin exceder 60 días, “en espera de que se presente la demanda formal de extradición”.

En el caso de Miguel Ángel Beltrán, el INM no invocó ninguna solicitud de extradición, por lo que el juez noveno de Amparo Penal del Distrito Federal pidió que se suspendiera su deportación. Por ese complejo entramado que tejieron las autoridades migratorias contra el ciudadano colombiano, los especialistas legales de Sin Fronteras estiman que “actúan peor que si fueran Ministerio Público”.

Liberar a Beltrán Villegas

Con el lema “De nuestra comunidad se lo llevaron, en nuestra comunidad lo queremos”, el Comité por la Libertad de Miguel Ángel Beltrán Villegas, formado por alumnos y docentes del Cela, se manifestó frente a la embajada de Colombia el 28 de mayo.

En su comunicado expresa: “Hoy las paredes de la universidad, sus pasillos, su memoria están marcados por un acto de injusticia y nos recuerda todos los días una vertiginosa ausencia, la de un miembro de nuestra comunidad que no está entre nosotros, porque permanece detenido ilegalmente. Sus crímenes: reflexionar, creer que el mundo puede ser otro y que una vía para lograrlo es el pensamiento crítico”.

Daniel Inclán, integrante del comité, recuerda del académico su interés por el diálogo y la discusión. Es –describe– un hombre callado, tímido y muy trabajador: “Si había alguien a quien se le podía preguntar sobre teoría sociológica latinoamericana, era a él”.

Su inquietud por las transformaciones sociales llevó al académico a estudiar la transición presidencial durante el cardenismo. El historiador y próximo doctor en estudios latinoamericanos cuenta que por esa investigación recibió una mención honorífica. Beltrán Villegas también se involucró en la coordinación de eventos, como el festejo del natalicio del intelectual dominicano Juan Bosh.

Para Inclán, el sociólogo fue la presa perfecta para las intenciones del gobierno colombiano. Entre los factores que, considera, detonaron su expulsión, está el que su estancia en México coincide con las juntas de paz celebradas en el país durante la década de 1990. En esa época, simpatizantes de la organización fueron invitados a espacios como la UNAM y hasta el propio Senado; incluso, hasta 2002 funcionó una oficina del grupo de manera legal en territorio nacional.

El entrevistado suma que Beltrán Villegas sea docente y que sea autor de artículos en las revistas de sociología, historia y análisis políticos, donde critica la política y actuación del Estado en el conflicto con las FARC. Sin embargo, el también analista no se pronuncia por ninguna de las partes.

En su opinión, el proceso fue un juego de tretas. Arguye que de ser cierto que lo buscaban desde hace más de un año, siendo empleado público, les hubiera sido fácil identificarlo, además de que en numerosas ocasiones se le permitió entrar y salir de su país.

Otra irregularidad, añade: el hallazgo del que dicen es su alias en la computadora del jefe guerrillero Raúl Reyes, encontrada en Sucumbíos: “Son documentos en formato Word, de los que no se puede comprobar quién los envío y a quién fueron destinados. Por una asociación extralógica y por un ‘trabajo de inteligencia’ determinaron que Cienfuegos es Villegas. Son argumentos inaceptables”.

Mientras la rectoría de la UNAM solicitó una explicación al INM para que explicara el procedimiento de expulsión, la exigencia es más contundente en el Cela: “Negamos las acusaciones en la medida que conocemos el trabajo de Beltrán Villegas y por eso demandamos una aclaración y su restitución”.

Subraya que la importancia de defender este caso reside en que no sólo se atacó a un compañero, sino a toda una comunidad: “Cuando atacan a uno, atacan a todos. Cuestionan la actividad que realizamos con actos políticos tan explícitos y de censura. Violentan nuestra vida cotidiana y ejercicio profesional. Es indispensable responder a cualquier violación y es necesaria una respuesta contundente, rápida y masiva”.

El objetivo: la reelección de Uribe

David Inclán, historiador y candidato a doctor en estudios latinoamericanos en el Cela de la FCPS de la UNAM, expone que el proceso contra Beltrán Villegas está inserto en la promoción de Uribe como el “pacificador de Colombia”, y ello calza bien con las intensiones de reelección del mandatario. Recibe apoyo de la comunidad internacional, cuando ha alentado la violencia social y económica: “Son los bastiones del neoliberalismo que defienden México y Colombia”.

Jairo Ramírez, secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia, detalla el clima político en que Beltrán fue arrestado: “Con Álvaro Uribe ha habido más de 8 mil detenciones masivas y arbitrarias. De ese universo, el 95 por ciento ha sido liberado, porque es parte de la política de estigmatización del gobierno colombiano”.

El activista comenta que se abren procesos penales contra investigadores sociales como le ocurrió al sociólogo Alfredo Molano; los periodistas Daniel Samper, Hollman Morris; el director del diario Voz, Carlos Lozano; el dirigente conservador Álvaro Leyva, y la senadora Pilar Córdoba.

La “racha de detenciones y acoso” incluye a líderes sociales y a quienes trabajan en iniciativas de paz. Observa que son judicializados quienes critican la política del gobierno. Lo traduce como parte de la política de desinstitucionalización de Colombia, ligada con grupos criminales paramilitares.

“Digamos entonces que esta situación que enfrenta el profesor Miguel Ángel Beltrán se inscribe en una tendencia de ilegalidad. El Estado colombiano se ha puesto al margen de la ley y ha roto todos los cánones de legalidad y constitucionalidad en el país”.

—¿Qué pasará con la causa en su contra?

—Lo que siempre pasa. Quieren hacerle daño, castigarlo por sus opiniones. En el país, prácticamente ya se tipificó el delito de opinión. Se les detienen de seis meses a un año, luego los sueltan, alegando que no encontraron méritos para mantenerlos arrestados.

Para el luchador social, el verdadero propósito es la estigmatización pública, mostrarlos como criminales. Advierte que, una vez que se produce un daño como éste, es difícil remediarlo.

Todas las detenciones obedecieron a “montajes judiciales”, planeados entre los servicios de inteligencia del Estado y la Fiscalía General de la Nación.

Jairo Ramírez persiste en lanzar un llamado apremiante desde Bogotá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al relator de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, para “derrotar la política de detenciones arbitrarias”.

Hasta ahora, persiste el secreto en torno al autor del seguimiento fotográfico contra Miguel Ángel Beltrán en México, así como el nombre del funcionario y la dependencia que autorizaron esa misión.

La carrera de Beltrán Villegas (estudios y títulos obtenidos)

  • Doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México
  • Realizó estudios de doctorado en historia en la Universidad Iberoamericana
  • Maestro en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
  • Realizó estudios de magíster en historia en la Universidad Nacional de Colombia
  • Licenciado en sociología por la Universidad Nacional de Colombia
  • Licenciado en ciencias de la educación por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Actividades laborales y de investigación

  • Distinción a la Excelencia Docente en la Universidad de Antioquia
  • Profesor asociado en el Departamento de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia
  • Coordinador del grupo de investigación América Latina: Transformaciones, Dinámicas Políticas y Pensamiento Social en la Universidad Nacional de Colombia
  • Miembro del grupo de investigación Cultura Política y Desarrollo Social del Centro de Investigaciones Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia
  • Investigador del proyecto La sociología desde la Universidad: balance de dos décadas de creación y desarrollo de los programas académicos en Medellín (1958-1978)

Publicaciones

  • Artículos en: Revista Colombiana de Sociología, Contrahistorias, Memoria, Civilización, Anuario Latinoamericano, Le Monde Diplomatique, Wifala, Historia de Colombia y la Revista Venezolana de Sociología y Antropología
  • Autor de “México: Revolución, hegemonía priista y ¿transición?” en el libro ¿Hacia dónde va América Latina?, y coautor en la investigación sobre la historia de la sociología en Colombia



El artículo de Beltrán Villegas

Miguel Ángel Beltrán Villegas estudió y analizó las relaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sus defensores dicen que no se pronunció por ninguna postura política y era partidario de la tercera vía para solucionar el conflicto.

En su escrito “La guerra en Colombia: pasado, presente y futuro inconcluso”, incluido en el libro En Colombia sí hay guerra, el docente advierte que si no se encuentran caminos para una solución negociada del conflicto, donde el diálogo político sea el centro de reflexión, se puede derivar en una confrontación generalizada y en una guerra sin límites que involucre a más grupos de la sociedad.

“La confrontación y la evolución del conflicto político armado –explica– han llevado cada vez más a un debilitamiento de lo político como negociación, acuerdo y búsqueda de consenso. Pero adicionalmente también a un desgaste de las organizaciones armadas que se manifiesta en la pérdida de legitimidad y credibilidad política de la guerrilla dentro de la población”.

Refiere que en las décadas de 1960 y 1970 la clase política, desde el Estado mismo, trató de acabar con las expresiones diferentes a los dos partidos tradicionales. A ese fenómeno de exclusión política y social se aúna la creciente militarización, el uso recurrente del estado de sitio y la criminalización social. Lo que impidió “la expresión fluida de los conflictos sociales y el bloqueo de reformas sociales y económicas que el país reclamaba”.

El artículo, del que es coautor con Luis Javier Robledo Ruiz y que fue publicado en la colección Insumisos Latinoamericanos, en Libros en Red, identifica a partir de esos elementos, el desarrollo del movimiento insurgente colombiano y el surgimiento de las FARC en 1964.

De 1998 a 2002, describe, el país tuvo una gran oportunidad histórica de encontrar caminos que condujeran a una solución política a la confrontación armada: “Sin embargo, la ceguera de las elites políticas y económicas y la incapacidad del movimiento insurgente de valorar el clamor nacional de amplios núcleos de la población que reclamaban un cese del conflicto armado impidieron que ese gran experimento de paz pudiese tener una salida real a tantos años de confrontación”.

En su opinión, el gobierno de Álvaro Uribe abrió la puertas para que el conflicto se profundice y se degrade cada vez más, por cuanto ha radicalizado a los actores de la confrontación (guerrillas, paramilitares y fuerzas públicas), sin ofrecer verdaderos escenarios de diálogo.

“El modelo que ofrece hoy el Estado colombiano, para salir del conflicto, es el de una paz basada en la rendición incondicional de los actores armados, en tanto las guerrillas ofrecen una perspectiva de negociación basada en el reconocimiento de su estatus político y de su control de amplias zonas del territorio nacional”. (PM)

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