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Auditoría Superior de la Federación “aclara” información

ASF/CRI/321/2009

México, DF a 2 de junio de 2009

Miguel Badillo, Señor director de la revista Contralínea:

En relación con el artículo “Auditoría Superior simula recuperaciones por 33.7 mil MDP”, nos permitimos hacer las siguientes precisiones:

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha obtenido recuperaciones, al 31 de marzo de 2009, por 33 mil 717 millones de pesos, las cuales son reales y han sido reintegradas al erario federal, tal como consta en las confirmaciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Sistema de Administración Tributaria (sic) y otras entidades públicas de los tres órdenes de gobierno, los cuales se encuentran disponibles para consulta y verificación en la página de internet de la institución (www.asf.gob.mx, en el apartado Recuperaciones).

Las confirmaciones sobre el reintegro de recursos al patrimonio público son documentos oficiales emitidos por los propios entes fiscalizados, así como por las áreas receptoras de las recuperaciones. Es falso afirmar que la ASF no ha hecho pública la información que sustenta su dicho.

Las recuperaciones en dinero son uno de los medios para obtener las solventaciones. Estas recuperaciones se pueden dar durante el desarrollo de las auditorías, antes de la emisión de los pliegos de observaciones, durante la atención de dichos pliegos, durante el procedimiento resarcitorio, o después del mismo, ya sea en forma voluntaria o coactiva.

Las recuperaciones que se obtienen ingresan no sólo por conducto del SAT, sino también por la Tesorería de la Federación, al patrimonio de las entidades paraestatales o a los fondos federales que se destinan a estados, municipios y Distrito Federal.

La existencia de la entidad de fiscalización superior de la federación data de 1824 y está prevista a nivel constitucional. Por otra parte, el presupuesto anual de la ASF, aprobado por la Cámara de Diputados, está en función del número de auditorías que lleva a cabo la institución. Importa señalar que las auditorías se han triplicado, al pasar de 312 en 2002 a 962 en 2009.

La ASF es auditada tanto por la Cámara de Diputados como por profesionales externos independientes, con el fin de comprobar la veracidad de las recuperaciones derivadas de la fiscalización superior realizada por la institución.

El sesgo de la información, el desconocimiento y la falta de entendimiento sobre esta materia son un terreno propicio para demeritar, sin sustento alguno, los logros de la ASF.

Le agradecemos por anticipado la publicación de esta misiva en el mismo espacio de la nota arriba mencionada, con el fin de que sus distinguidos lectores cuenten con la información precisa, objetiva y oportuna que se merecen.

Atentamente,

C.P. Rubén Medina Medina, director general de Planeación y Normatividad Técnica de la ASF; Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez, director general Consultivo y de Asistencia Jurídica de la ASF

Respuesta de la reportera

Señor director:

Respecto de los resarcimientos a la hacienda pública, producto de la acción fiscalizadora hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Servicio de Administración Tributaria declara que el monto asciende apenas a 52 mil 967 pesos (oficio 400-03-00-00-00-2009-001).

La cifra representa el 0.00015 por ciento de los 33 mil 717 millones de pesos que la ASF asegura haber “recuperado” sin dar pruebas de ello. Como lo documenta el reportaje (Contralínea 133), ni la Constitución ni la Ley de Fiscalización Superior ni el Reglamento Interior facultan a la ASF para hacer “recuperaciones”.

Ello se deriva del análisis jurídico del doctor Daniel Márquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y experto en derecho administrativo, fiscal y penal. El académico explica que el concepto de “recuperación” no existe en la ley: es una interpretación que da la ASF al concepto de “solventación”. Llamar recuperación a la solventación equivale a simular el resarcimiento.

La propia Auditoría Superior admite –en la respuesta a la solicitud de información 024, hecha por Contralínea con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– que ningún artículo le da la facultad expresa para “recuperar”.

La ASF no se pronuncia respecto de este análisis jurídico. Tampoco aclara cuáles son las circunstancias que le permitieron dar por solventados, en el esquema de las “recuperaciones”, los llamados “grandes fraudes a la nación”: rescate bancario; rescate carretero; ISOSA-Fideicomiso Aduanas I; Pemexgate II. Todos ellos impunes.

El pasado 12 de marzo, al finalizar su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el auditor Arturo González de Aragón se comprometió a “subir a internet en los próximos 20 días la copia de todos los documentos que acreditan los resarcimientos”. En vez de ello, sólo hizo públicos oficios emitidos por las dependencias señaladas de defraudar o de ser defraudadas en sus finanzas, que enlistan las supuestas “recuperaciones”.

La auditoría no muestra copia alguna de los cheques que deberían amparar los resarcimientos por 10 mil 856 millones de pesos del rescate bancario; 2 mil 458 millones del Derecho de Trámite Aduanero (ISOSA-Aduanas I); 1 mil 580 millones que Petróleos Mexicanos entregó a su sindicato en 2004; 1 mil 481 millones del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas; 277 millones del Poder Judicial de la Federación; y 6 mil 800 millones de pesos de supuestas malversaciones detectadas en estados y municipios.

Tampoco presenta pruebas que documenten que los recursos han sido reintegrados a la Tesorería, como afirma en su “nota aclaratoria”. Mucho menos, evidencias de que el destino de estos recursos hayan sido “programas sociales”, como indica en su página de internet.

Si la Auditoría Superior desea “demostrar” que se han realizado las “recuperaciones” por más de 33 mil millones de pesos, y no por sólo 27 mil pesos, basta con que dé a conocer los cheques que amparan el monto multimillonario.

Cabe destacar que, desde febrero pasado, Contralínea solicitó una entrevista con el auditor para hablar sobre este tema. Sin embargo, el área de Comunicación Social, a través de su titular, Ildefonso Morales, la negó sistemáticamente.

Nancy Flores

 

Auditor emplea lenguaje a su beneficio: González Schmal

Miguel Badillo, Señor director de la revista Contralínea:

Espléndido y clarísimo el reportaje de Nancy Flores, en el número anterior, que pone al desnudo las tácticas de Arturo González de Aragón, cuando siempre se jacta de que la Auditoría Superior de la Federación ha recuperado más de 33 mil millones de pesos y en realidad ha integrado a la hacienda pública sólo 52 mil pesos. Este subterfugio de González de Aragón de utilizar el lenguaje a su beneficio, llamando recuperaciones a simples aclaraciones (hechas ante él y para su único consumo) es el mismo truco que usó ante la Procuraduría General de la República para decir que en la subasta del IPAB –donde la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, se benefició con activos por más de 1 mil 250 millones de pesos pagando sólo 8 millones (en varias partidas, entre las que estuvo , para afianzar la operación, un cheque personal de Jorge Alberto Bribiesca Sahagún)– no era una irregularidad contra las bases de licitación, ni un indicio de que el hijastro de Fox estuviera incurriendo en tráfico de influencias.

Tal pago de Bribiesca en lo particular –a todas luces ilegal cuando la concursante era una sociedad mercantil de la que él decía no ser parte, y que fue descubierto entonces por la Comisión Investigadora de la LIX Legislatura– sólo fue considerado por González de Aragón como una “operación atípica”, aplicando la trampa del lenguaje a su conveniencia.

Lo lamentable es que también la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Legislatura actual, a punto de concluir, se haya prestado para no desenmascarar la actitud de González de Aragón que se evidenciaba cada que éste rendía su informe anual.

Atentamente,

Jesús González Schmal