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Después de siete años de sufrir en silencio y cargar con el peso del dolor y la humillación causada por la violación sexual de tres militares, la indígena me’phaa Inés Fernández Ortega se ha sobrepuesto a la experiencia traumática que marcó para siempre su vida: logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enviara su caso a la Corte.

En el estado de Guerrero la militarización ha adquirido carta de naturalización desde que el gobierno federal tomó la decisión de aniquilar la guerrilla en la década de 1970. Por eso no es extraño que la Corte Interamericana haya admitido también el caso de Rosendo Radilla, quien fue desaparecido de manera forzada por el Ejército Mexicano, el 25 de agosto de 1974, cuando viajaba de Atoyac de Álvarez a Chilpancingo, Guerrero.

Estos dos casos nos muestran claramente un patrón de impunidad a favor del Ejército Mexicano, que se mantiene intacto más allá de la alternancia política. A Rosendo lo desaparecieron hace 35 años y a Inés la violaron hace siete. Las autoridades civiles nada hicieron para investigar y castigar a los autores de estos hechos deleznables. Gracias al valor y a la inquebrantable lucha por alcanzar la justicia, los familiares de Rosendo e Inés, una mujer indígena ejemplar, han logrado trascender las fronteras nacionales para llegar hasta el máximo tribunal del sistema interamericano. Son los campesinos y las mujeres indígenas de Guerrero los que han sabido levantar la voz para desenmascarar este sistema político impune que sigue defendiendo a ultranza el fuero militar. Al Ejército le han otorgado fueros y poderes extralegales para sostener un sistema presidencialista obsoleto y corrupto.

Tanto en el régimen priista como en la nueva etapa del gobierno panista, los presidentes de la república se han negado a modificar las leyes para garantizar que sean las autoridades civiles las que investiguen los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, y al mismo tiempo derogar el fuero militar. Para las víctimas, está probada la falta de objetividad, independencia e imparcialidad de las investigaciones que realiza la procuraduría de justicia militar. Lo que ha sucedido es que las autoridades castrenses se han empeñado en proteger y encubrir a los perpetradores de delitos graves que han truncado la vida de la población más indefensa.

El caso de Inés Fernández se enmarca dentro del contexto de una guerra preventiva diseñada por el gobierno federal para combatir tanto a la guerrilla como al movimiento social que ejerce su derecho a la protesta. La federación ha decidido utilizar al Ejército no sólo para combatir al narcotráfico, sino para realizar tareas de seguridad pública encubiertas con una estrategia de contrainsurgencia. Su visión conspirativa lo coloca en posición de ataque en regiones donde supuestamente se vive una alta conflictividad social.

En Ayutla de los Libres, Guerrero, el Ejército protagoniza una escalada bélica contra los pueblos indígenas que tuvo su primer desenlace fatal el 7 de junio de 1998 en la comunidad mixteca de El Charco, donde masacró a 11 indígenas. Desde hace 11 años, las comunidades viven asediadas y acosadas por los militares: el control territorial y las mismas decisiones políticas están en manos de las autoridades castrenses. Por su parte, los pueblos indígenas siguen padeciendo el desprecio y el engaño, porque lo que impera es la política guerrerista contra los indios alzados. En esta región donde se asientan los na’savi y me’phaa, lo mismo mueren niños desnutridos que mujeres embarazadas, porque el destino impuesto por el gobierno es la discriminación racial. Un ejemplo claro es la negativa del secretario de salud del estado de otorgar la Clave Única de Establecimientos de Salud (Clues) a la clínica de El Camalote, porque se trata de una comunidad indígena que ha denunciado al gobierno por aplicar una política etnocida. En esta comunidad se consumaron 14 esterilizaciones forzadas contra padres de familia que fueron engañados por personal médico. Les prometieron un médico de base, la Clues, abasto de medicamentos, becas para sus hijos, despensas y apoyo económico. Los resultados de estas mentiras fueron las divisiones comunitarias y familiares que causaron denuncias, amenazas, encarcelamientos y muertes. Mientras tanto, las autoridades de salud de forma cínica han incumplido con la recomendación 066/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En el Camalote vivía Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés, un miembro destacado de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) que de forma misteriosa fue encontrado muerto en las orillas del río de Ayutla, con visibles huellas de tortura, el 10 de febrero de 2008. Hasta la fecha, la Procuraduría de Justicia del estado no sabe quiénes son los responsables. En lugar de indagar, ha preferido fabricar delitos contra los miembros de la OPIM. De manera irresponsable, acusó a 15 de ellos como autores del homicidio de Alejandro Feliciano, un informante del Ejército. El juez de Ayutla se confabuló con el Ministerio Público y libró, el 11 de abril de 2008, las órdenes de aprehensión. A los seis días, el Ejército detuvo a cinco de ellos en un retén militar. A pesar de todo el aparato de justicia estatal y del mismo Ejército, empeñados en encarcelar a los indígenas de la OPIM, se logró la liberación de cuatro de ellos. Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia.

Estos hechos, acompañados de amenazas y hostigamientos permanentes contra los líderes de la OPIM como Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, son acciones planeadas que responden a la estrategia de guerra preventiva. Pretenden desmovilizar y silenciar a las organizaciones indígenas que no están dispuestas a padecer la militarización y a resignarse a vivir bajo el yugo de la opresión caciquil y militar. Ahora, Inés Fernández y su familia tienen cimbrada su esperanza en la Corte Interamericana para alcanzar la justicia que el Estado mexicano les negó.

*Antropólogo, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

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