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El 60 por ciento de los niños migrantes en Sinaloa están sin educación. Los patrones los condenan a permanecer en alta marginalidad y analfabetismo. La SEP, “bien gracias”; los horticultores son los que mandan.


Rosy Gámez

El 60 por ciento de los niños jornaleros migrantes en Sinaloa se quedan sin acudir a la escuela, lo cual significa que 36 mil niños en edades que oscilan entre los seis y 14 años se quedan en el surco, cuando deben estar en el aula.

Patricia Inzunza, coordinadora del programa de Jornaleros Agrícolas Migrantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), opina que uno de los principales obstáculos que enfrentan para la realización de este tipo de programas es la actitud de los dueños de los campos agrícolas y de los mismos padres de familia, quienes prefieren al menor en el surco que en el aula.

Según estadísticas de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), de los 200 mil jornaleros agrícolas que arriban a Sinaloa en cada temporada hortícola y permanecen aquí por periodos de tres, seis y hasta 10 meses, el 30 por ciento lo constituyen menores de entre seis y 14 años. Es decir, 60 mil niños laboran en los campos legumbreros de Sinaloa, de los cuales 36 mil se quedan sin acudir a las aulas y permanecen laborando en los surcos de tomate y chile como un peón más. Se les niega el acceso a la educación, cuando es la única esperanza que tienen de movilidad social y una mejor calidad de vida. En el marco del Seminario de Política Social, organizado por la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, así como por el Cuerpo Académico de Gobierno y Políticas Públicas, Patricia Inzunza explicó que en Sinaloa la cobertura promedio anual durante los últimos 10 años alcanza el 40 por ciento de la población de seis a 14 años de edad.

Es tardío y precario el acceso a la educación de los menores migrantes, ya sea porque trabajan, porque no hay escuela cerca o bien porque sus padres o madres no los envían a la escuela; según dicen, no les gusta la escuela, argumentó Inzunza.

De acuerdo a lo observado en los campos agrícolas de Sinaloa, en los albergues, los servicios educativos se instalan y organizan según sea el ciclo agrícola y la política de la empresa hortícola. Operan bajo un esquema de cooperación: honorarios a docentes e infraestructura.

La empresa agrícola incide de manera negativa en la organización y el funcionamiento de los espacios escolares: calendario, horario y tiempo de estudio, grupos escolares y actividades escolares. Es decir, el empresario agrícola decide en forma arbitraria la organización escolar.

En entrevista, Patricia Inzunza explicó que en su escolarización la asistencia a la escuela está determinada por el tiempo y el espacio del ciclo agrícola y/o satisfacción laboral de la familia, experimentando distintos modelos curriculares y diversos estilos de relación profesor/alumno.

La situación se torna compleja, debido a que el sistema de promoción, acreditación y certificación no considera los desplazamientos de los menores, quienes emigran de Sinaloa hacia Baja California para continuar con el trabajo de recolección de frutas.

La funcionaria reveló que estos menores representan los más altos índices de analfabetismo y los más bajos de escolaridad y acceso a la educación básica.

En la escuela primaria, dijo, conforman el segmento con los más altos índices de reprobación, deserción y reinserción escolar.

Explicó que el 60 por ciento de la matrícula se concentra en primero y segundo grado de primaria, no obstante que las edades de los niños migrantes oscilan entre seis y 14 años de edad.

“La presencia temporal de esta población dificulta a los gobiernos municipales y a las instituciones la prestación de los servicios. Es un contexto altamente complejo para la intervención de las instituciones”, reflexiona Inzunza.

Cabe destacar que estos niños proceden de familias de trabajadores agrícolas con altos grados de pobreza y marginación, procedentes de los estados del sur del país. Son trabajadores temporales en diversas zonas de trabajo hortícola del país, que suman aproximadamente 2 millones en constante movimiento.

Estos trabajadores representan al grupo social más vulnerable en México: provienen de zonas de alta marginalidad, de diverso origen étnico y son hablantes de dos lenguas, se movilizan en núcleos familiares para emplearse y sobrevivir.

Un alto número de mujeres son jefas de familia o trabajan para complementar los ingresos familiares al igual que muchos niños y niñas, que son enviados al surco desde los cuatro años de edad, sin ningún recato de las leyes laborales ni educativas.

En estos menores, el artículo tercero constitucional, que garantiza la obligatoriedad de la educación laica, gratuita y obligatoria, es letra muerta. Aquí, en los campos hortícolas de Sinaloa, lo único que impera es “la ley del patrón”.

Es decir, los horticultores deciden en función de sus intereses económicos cuándo los menores pueden permanecer en el aula y cuándo en el surco; mientras que el Secretario de Educación Pública, Florentino Castro, se dedica a hablar de que los objetivos de las políticas son asegurar la escolarización de todos los niños y niñas; que se requiere lograr un acceso universal a la educación primaria de los niños migrantes: 100 de eficiencia terminal y elevar el analfabetismo. El discurso sobre las tendencias de las políticas educativas es excelente, pero la realidad de los 36 mil menores de entre seis y 14 años sin escuela debe obligarnos a tomar medidas claras y a obligar a padres, horticultores y gobierno a cumplir con otorgar educación a los menores jornaleros, que en las condiciones actuales siguen condenados a la alta marginalidad y el analfabetismo

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