La Moderna, Archer Daniels Midland y Staley Manufacturing se cuentan entre las trasnacionales beneficiadas con los “apoyos” gubernamentales destinados a la comercialización de granos. Recursos por más de 250 millones de pesos, relacionados con el esquema supuestamente favorable a los campesinos del país, son operados irregularmente

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) maneja irregularmente 252 millones 880 mil 900 pesos. A través del programa Esquema de Apoyos para la Agricultura por Contrato, agroempresas retienen recursos destinados a los campesinos, indica la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2007, elaborado por la ASF, el 87 por ciento de los recursos fiscalizados (220 millones 302 mil 400 pesos) no están debidamente registrados en las cuentas bancarias que operan Banamex, BBVA Bancomer y Grupo Financiero Banorte.

El resto, 32 millones 578 mil 500 pesos, fue entregado a harineras vinculadas con agroempresas como La Moderna, Controladora ADM (Archer Daniels Midland) y Staley Manufacturing, que no entregaron debidamente los recursos a los campesinos productores de maíz amarillo y trigo.

Dicho monto se desglosa en 21 millones 959 mil 500 pesos entregados a través de contratos a los gobiernos de Chihuahua y Tamaulipas, mismos que no presentaron su comprobación.

También se registraron cinco casos por 2 millones 770 mil 800 pesos en los que el comprador adeuda pagos complementarios a los productores.

Asimismo, no existen pruebas de la dotación de 5 millones 851 mil 900 pesos en Sonora; 1 millón 579 mil 300 pesos de los que tampoco se constan la entrega y 417 millones de pesos asignados sin contrato.

Contrario a lo que observó la ASF, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) fue creado como “instrumento para el impulso a la comercialización de la producción agropecuaria, en beneficio de los productores del campo, de frente a la apertura externa y la liberación de los mercados”.

Agroempresas beneficiadas.

Aserca, dice la ASF, no presentó la documentación que acredita la comprobación y justificación de 21 millones 959 mil 500 pesos, derivados de un contrato del estado de Tamaulipas, por 8 millones 992 mil 900 pesos. Lo mismo ocurrió con el contrato del estado de Chihuahua, por 12 millones 966 mil 600 pesos.

Igualmente, en Sonora se determinaron “irregularidades” por 2 millones 770 mil 800 pesos, en el cumplimiento de contratos por parte de Tablex Miller, Molinos del Sudeste, Molino Harinero San Blas, Munsa Molinos y Harinas. Las mismas que cobraron los apoyos, mientras que a los productores se les realizaron pagos por debajo de los precios pactados.

De capital estadunidense, Tablex Miller adeuda a los campesinos 2 millones 64 mil 500, por la comercialización de 34 mil 408 toneladas. Según su página de internet, el proyecto empresarial fue constituido con una inversión de más de 12 millones de dólares aportados por La Moderna, de México, y Miller Milling, de Estados Unidos. “Estos grupos industriales cuentan con un gran prestigio e importancia internacional en el ramo”.

Molinos del Sudeste es otra de las que adeudan 124 mil 600 pesos a los agricultores, correspondientes a 2 mil 76 toneladas.

La harinera es propiedad del consorcio La Moderna, que este año pretende invertir 50 millones de dólares para edificar una nueva planta procesadora de alimentos en Baja California.

Información de la reportera Sonia García Ochoa, de El Sol de Tijuana, indica que el Grupo La Moderna es el fabricante de sopas de mayor relevancia en México. Con presencia en Estados Unidos y Centroamérica, tiene más de 4 mil trabajadores y su producción se divide en pastas, galletas, molinos, empaques y servicios. Molino Harinero San Blas adeuda 541 mil 100 pesos, por 9 mil 19 toneladas; Munsa Molinos no entregó los recursos federales por 35 mil 300 pesos, 588 mil 790 toneladas, y Harinas debe 87 mil 970 toneladas, que significan 5 mil 300 pesos.

Contratos con excedentes.

En Tamaulipas el órgano de fiscalización determinó que mediante cuatro contratos celebrados entre Merco Grain Noroeste, CP Ingredientes y productores de maíz amarillo, únicamente se acreditó la producción de 162 mil 300 toneladas.

Sin embargo, Aserca dotó con recursos para 211 mil 200 toneladas. La diferencia de 48 mil 900 toneladas implicó un pago de 393 mil 400 pesos, de los que “no se proporcionó evidencia del contrato respectivo”.

CP Ingredientes, indica en su página electrónica, es una empresa dedicada a la fabricación de ingredientes para más de 50 industrias. Es subsidiaria de Corn Products Internacional, con 34 plantas productoras, instaladas en 16 países, “lo que la hace una de las más grandes refinadoras de maíz del mundo”.

La misma situación se presentó en el contrato firmado entre las empresas Almidones Mexicanos y Cooperativas Integradas del Estado de Tamaulipas. El máximo órgano de fiscalización comprobó que, de las 72 mil 100 toneladas apoyadas, sólo se acreditó la producción de 69 mil 200 toneladas.

Las 2 mil 900 toneladas de más representan el gasto de 23 millones 600 mil pesos, mismos que no existen en el contrato.

Otros 5 millones 851 mil 900 pesos no fueron comprobados en la nómina de los productores beneficiados, esto en Sonora. En tanto que en la revisión de 177 millones 131 mil 300 pesos no fueron justificados 1 millón 579 mil 300 pesos, de 200 casos “en los que las nóminas de pago presentan deficiencias en su llenado o bien que se carece de la identificación del beneficiario de los apoyos”.

Contabilidad omisa.

Según el informe de la ASF, la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) de Aserca, a cargo de Carlos Villalobos Organista, no lleva a cabo el registro y control de los pagos realizados en el esquema de apoyos para la agricultura por contrato, por lo que no se constató la existencia de más de 200 millones de pesos.

La oficina no tiene “conciliaciones periódicas entre la información contable y los saldos que arrojan los estados de cuenta bancarios”, dice. Los recursos son operados mediante tres cuentas bancarias, de las que no se pudo constatar la existencia de 220 millones 302 mil 400 pesos al 31 de diciembre de 2007.

El máximo órgano de fiscalización alerta que esta situación es “recurrente” en las revisiones de los programas que alinean recursos presupuestales de ejercicios anteriores. Ante esta situación, Aserca, dirigida por Ana Graciela Aguilar Antuñano, “no ha realizado acciones que le permitan fortalecer los mecanismos para mantener actualizado el control de las cuentas de bancos”, por lo que advierte que, de no lograr su justificación, deberá recuperarse dicho monto.

En enero de 2008, la revista Fortuna. Negocios y Finanzas documentó diversas irregularidades en el proceso de adjudicación con entidades bancarias. Ejemplo de ello es que el Grupo Financiero Banorte, propiedad del empresario Roberto González Barrera, obtuvo sin licitación un contrato por casi 1 millón 500 mil pesos para la transferencia de fondos a beneficiarios del Procampo a través de Aserca.

También a Banamex, con el contrato abierto 020/2005- S, que costó al erario 12 millones 532 mil pesos, mediante el proceso IS-01-05 –invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional–, que se llevó a cabo a través de la Ley de Adquisiciones.

Con el mismo procedimiento, BBVA Bancomer obtuvo el contrato abierto 021/2005-S, que significó el pago de 19 millones 24 mil pesos. Ambas instituciones firmarían los convenios durante el primer trimestre de 2005.

La ASF no aprobó la celebración con Banorte, pues arguyó, en su informe de la Cuenta Pública 2005, que era “incorrecta” al no apegarse al cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector.

Se solicitó entrevista con Ana Graciela Aguilar Antuñano, directora en jefe de Aserca, a través de la Unidad de Comunicación Social de la Sagarpa, sin que se diera ninguna respuesta al cierre de esta edición.