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El Programa de Rescate de Espacios Públicos registra irregularidades por más de 130 millones de pesos, revela la ASF. Sin diagnóstico ni metas, el proyecto que maneja la Sedesol podría fracasar en la colaboración del combate contra la delincuencia en las metrópolis y ciudades más pobres del país, dice El Colegio Mexiquense

Un incendio acabó con los juegos de madera instalados en el parque Ramón López Velarde, el año pasado. María, contratada como personal de limpieza del lugar, ubicado en avenida Cuauhtémoc casi esquina con Eje 3, en la ciudad de México, explica que los juegos no duraron ni seis meses en funcionamiento.

Mientras barre las hojas secas señala: “Aquí encontramos jeringas, bachas (residuos de cigarro) de mariguana, bolsos de mujer, cuchillos”. Dice que el parque, lejos de ser un espacio para la convivencia familiar y el desarrollo infantil, es un lugar donde se cometen asaltos, se fomenta la drogadicción y se sufren acosos sexuales.

Pedro, su compañero de faena, agrega: “Hasta fetiches de brujería vienen a aventar aquí”. El hombre al servicio del parque dice que, “a plena luz del día”, se venden drogas al menudeo.

Los trabajadores del parque aseguran que ellos ya tienen identificados a los “mañosos” y “rateros”: “Les hemos dicho a los policías que luego andan por aquí, pero no les hacen nada. Lo que sí hacen los policías, cada que se aparecen, es pedirles dinero a las parejas que andan besándose”.

El parque Ramón López Velarde fue “remodelado” en 2008, bajo el Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP), ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Se trata de un programa que tiene como objetivo hacer de los parques públicos de todo el país centros de convivencia sana y segura.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encuentra inconsistencias por más de 137 millones de pesos en los recursos del PREP que ejecuta la Sedesol. El programa fue creado, formalmente, para prevenir la desigualdad, la inseguridad y la violencia en las zonas con pobreza urbana.

La ASF fiscalizó 334 millones 50 mil 400 pesos, en los que detectó que el 41 por ciento fue operado con “deficiencias” en su planeación y ejecución.

Según el Informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2007, el monto del dinero involucrado en las irregularidades supera los 137 millones 958 mil 400 pesos. Se trata de recursos de los que no se cuenta con las actas de entrega-recepción de los beneficios del programa, falta la justificación de los subsidios asignados o se omitió la reintegración de dinero a la Tesorería de la Federación.

Héctor Hugo Olivares Ventura, presidente de la Comisión de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados, dice que este programa está vinculado al tema de inseguridad, un problema “gravísimo” de las zonas de pobreza urbana en el país.

El diputado de la fracción del Partido Revolucionario Institucional dice que el PREP tiene como objetivo “dignificar” la convivencia social y la mejoría física de los espacios para fortalecer la cohesión social tan “deteriorada”.

Los “daños”

La ASF indica que en la dependencia que encabeza Ernesto Cordero Arroyo hay 74 millones 110 mil 300 pesos que no cuentan con recibos que comprueben su ejercicio. El monto significa el 34.5 por ciento de los 214 millones 753 mil 100 pesos que fueron transferidos a las delegaciones de la Sedesol en el Estado de México, Nuevo León y Jalisco.

Según el máximo órgano de fiscalización, lo anterior contraviene la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 66, que establece: “Las dependencias y entidades serán responsables de que los pagos efectuados con cargo a sus presupuestos estén sujetos a su debida justificación y comprobados con los documentos originales respectivos”.

Entre los requisitos que debe cubrir cada dependencia que transfiera dinero del erario, está el contar con los documentos “originales” que justifiquen y comprueben la entrega.

Además, debe registrar la contabilidad de las operaciones presupuestarias y patrimoniales que lleven cada una de sus áreas.

Otros 53 millones 251 mil 900 pesos corresponden a la diferencia que hay en los subsidios asignados al programa en 2007 y los reportados en el mismo ejercicio. Según la ASF, los datos iniciales indican que el presupuesto total fue de 922 millones 253 mil 200 pesos (sin considerar los gastos indirectos por 59 millones 574 mil 900 pesos), de los cuales únicamente 869 millones 1 mil 300 se sustentaron en los acuerdos formalizados por los gobiernos estatales y municipales.

El resto, 10 millones 596 mil pesos, corresponde a los reintegros que hicieran las delegaciones de la Sedesol en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, mismos que no se enteraron a la Tesorería de la Federación.

Por los más de 10.5 millones de pesos, la ASF presume que la Sedesol incurrió en un daño a la hacienda pública. Este acto contravino el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dice: “Cuando al término del ejercicio presupuestario existan recursos no ejercidos, éstos deberán reintegrarse a la Tesofe (Tesorería de la Federación) a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre”.

El Colegio Mexiquense

Otra de las supuestas irregularidades detectadas por la ASF es la adjudicación directa por 268 mil 800 pesos a El Colegio Mexiquense para la realización del Informe final de diseño del programa de rescate de espacios públicos.

Según el máximo órgano de fiscalización, el trabajo de investigación debió realizarse a través de un proceso de licitación o, por lo menos, mediante la invitación a cuando menos tres personas, toda vez que la institución educativa se encuentra registrada como asociación civil.

El informe de la ASF solicitó que el Órgano Interno de Control en la Sedesol investigue y finque responsabilidades que deriven de “actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión adjudicaron la evaluación externa del PREP por 268 mil 800 pesos”.

Evaluación reprobada

En tanto, el documento de la institución educativa, coordinado por la investigadora Carola Conde Bonfil, señala que “México presenta un constante crecimiento en sus niveles de urbanización que no ha podido ser acompañado por la acción de los gobiernos locales para dotar de suficiente infraestructura y seguridad a aquellas zonas que han quedado marginadas, padeciendo precariedad urbana en sus espacios públicos. Tales condiciones propician las desigualdades sociales, siendo la proliferación de la delincuencia organizada una de sus expresiones más preocupantes.

La evaluación de El Colegio Mexiquense asegura que el programa no tiene correctamente identificado el problema o necesidad prioritaria al que va dirigido. “Aunque su normatividad identifica situaciones como la falta de infraestructura y seguridad en las zonas urbanas, y establece que el rescate de espacios públicos tiene una vinculación estrecha con el mejoramiento del entorno y el desarrollo comunitario, el programa surgió de las demandas captadas durante la campaña presidencial (de Felipe Calderón) y la premura para su ejecución impidió elaborar un diagnóstico inicial que identificara la problemática y sus necesidades específicas, así como establecer las áreas potenciales a intervenir”.

Ante la carencia de un diagnóstico, dice el documento, el programa no desarrolló una base para contar con herramientas que le permitan incrementar el impacto en la construcción de identidad comunitaria y en la cohesión y tejido sociales.

Advierte que de no proceder metodológicamente para impactar en la sociedad, los beneficios se restringirían a la infraestructura y no contribuirá a la Estrategia Limpiemos México, que tiene como objetivo el combate a la delincuencia.

El legislador priista Héctor Olivares Ventura critica que este tipo de programas “son hechos en el escritorio de una instancia federal, al que obligadamente se le deben sumar los órganos de gobierno estatales y municipales, pero en el que ha quedado ausente la participación ciudadana”.

Pobreza y violencia

Olga Segovia, investigadora de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), afirma que “en todos los continentes son los pobres los más afectados por los efectos de la delincuencia. Un rasgo muy significativo de la nueva violencia es que ocurre principalmente entre los pobres de las grandes ciudades. La clase media y los sectores más acomodados ven a los pobres como una amenaza y se sienten asimismos como las víctimas de las agresiones y de los delitos”.

En su proyecto de investigación Experiencias emblemáticas para la superación de la pobreza y precariedad urbana: espacio público indica que “no es la pobreza, sino el empobrecimiento y la consecuente exclusión social, reforzada por la desigualdad, lo que origina la violencia urbana”.

Bajo la Estrategia Limpiemos México, la Sedesol mantiene coordinación con las secretarías de Salud y de Seguridad Pública (SSP) para instrumentar las acciones del Programa de Recuperación de Espacios Públicos. En su primer año de administración, Genaro García Luna reportó 1 mil 699 “zonas de impunidad” en todo el país.

Al año siguiente, en el capítulo “Estado de derecho y seguridad”, del II Informe de Gobierno de Felipe Calderón (septiembre de 2008), la SSP estimaba un incremento de casi el 50 por ciento de estas “zonas de impunidad”, con 2 mil 204 en las 32 entidades federativas del país.

No obstante, las cifras oficiales “bajaron” casi el 90 por ciento tan sólo en seis meses tras la visita a México de la secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton. Los datos presentados en el Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa, a finales de marzo pasado, indicaban que en todo el país había 233 zonas de impunidad.

Es decir que, ante la funcionaria estadunidense, García Luna mostró sólo el 10.57 por ciento de los números contenidos en el informe presidencial. El reportero Ignacio Alzaga señaló, en la edición del 27 de marzo de 2009 del periódico Milenio, que el secretario dijo, “por error”, que las zonas delicuenciales eran 2 mil 437, para después rectificar y bajar la cifra a 233.

Según la información de la SSP, se trata de calles, avenidas, colonias, lugares en los que los enlaces de prevención de la SSP han atendido denuncias en las que los ciudadanos perciben diversos delitos que no son castigados”.

De acuerdo con las Reglas de Operación del programa que ejecuta la Sedesol, uno de los principales objetivos del PREP radica en “impulsar la prevención y atención de la violencia y seguridad comunitaria en espacios públicos y su entorno”.

Elementos para la instrumentación del PREP

• La inseguridad pública ha socavado la capacidad de los mexicanos de alcanzar un desarrollo humano sustentable

• Políticas dirigidas a mitigar las desigualdades sociales, resolver los problemas públicos de violencia intrafamiliar, adicciones, marginación, así como a dignificar los espacios urbanos, entre otras, coadyuvan a reducir el crimen y la delincuencia en el país • Rescatar el espacio público dignificando zonas marginadas y áreas de recreación, e impactando sobre los problemas sociales que son propicios para la proliferación de la delincuencia organizada

• La instrumentación de una política preventiva y transparente, donde el ciudadano y sus derechos sean de interés principal, y que utilice como eje rector el desarrollo humano sustentable, pugnando por establecer condiciones de vida dignas que prevengan el crimen y garanticen a todos el goce de sus derechos y libertades.

Fuente: Sedesol


Misiones

La ASF revisó los informes mensuales y trimestrales de los avances financieros de los beneficiarios del PREP en Jalisco (seis municipios), Estado de México (17 municipios), Nuevo León (11 municipios) y Distrito Federal (16 delegaciones), de los que destaca:

a) No se proporcionaron los informes mensuales del avance físico y financiero de las obras y acciones de las delegaciones del estado de Jalisco (un municipio), del Estado de México (dos municipios), del Estado de Nuevo León (nueve municipios) y del Distrito Federal (16 delegaciones)

b) Los informes mensuales de la delegación de Nuevo León carecieron de las firma del delegado de la Sedesol en la entidad, y los de Jalisco no contaron con la firma del presidente municipal

c) No se proporcionó la evidencia documental del envío a cada delegación de los informes mensuales de las delegaciones de Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Distrito Federal.

Fuente: Auditoria Superior de la Federación

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