Autor:

Necesitamos mirar hacia el futuro y olvidar el pasado, perdonar lo pasado.

Vicente Fox.

Son tiempos de conciliar, es necesario saber perdonar en estos momentos.

General Clemente Vega García, citado por Jorge Mendoza en Reconstruyendo la guerra sucia en México: del olvido social a la memoria colectiva.

La necesidad de mejorar la seguridad pública en México es evidente. [Pero] para ser .efectiva, cualquier estrategia que pretenda abordar el problema de la inseguridad debe también resolver la impunidad generalizada de los abusos militares cometidos durante los operativos México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares. Mientras no lo haga, el compromiso que ha expresado para fortalecer el Estado de derecho significa muy poco

José Miguel Vivanco director para las Américas de Human Rights Watch.

Para asegurar sus intereses y la continuidad de su proyecto de nación, al margen de que realmente Andrés Manuel López Obrador constituyera un peligro, pese a que éste sólo proponía cambios de matiz, no de matriz. También pudo recurrir a la instrumentación de medidas económicas que atenuaran los altos costos sociales del neoliberalismo y una mayor apertura política para tratar de canalizar institucionalmente el malestar social.

Pero Calderón prefirió la otra salida, la fuga hacia el pasado absolutista; el afianzamiento de las alianzas con los grupos más retrógrados del sistema que han cobrado jugosos rendimientos; la radicalización de los programas neoliberales antisociales; el endurecimiento político, la violación sistemática de la Constitución y las leyes secundarias; la reducción de las libertades ciudadanas; el despectivo aislamiento de la población al resguardarse como cualquier ramplón tirano –valga la redundancia– entre el amenazador muro de bayonetas de su guardia pretoriana, el Estado Mayor Presidencial. Todo a costa de su completo descrédito, situación complicada porque madre natura se portó mezquino con él: le regateó el talento, el carisma, como a los hombrecitos grises Miguel de la Madrid o Vicente Fox; y porque él es su peor enemigo. La escuálida legitimidad que tenía entre las elites depredadoras la ha desgastado ante su autista conducción del país.

Desde el inicio de su gerencia, Calderón intentó asegurarse el apoyo social remedando la estrategia empleada por George Bush. Como se recuerda, el expresidente imperial llegó a la Casa Blanca en circunstancias similares, después de una elección turbia. Para ganarse el beneplácito de los estadunidenses, Bush y los halcones los sometieron a un estado de terror inventando sus guerras, lo que les permitió cercenarles sus derechos civiles, embozar sus intereses hegemónicos geopolíticos y de las empresas trasnacionales, actuar tranquilamente con criminal impunidad.

Las elites de ese país han concebido regularmente esperpentos para cultivar el pánico de su población: el comunismo, los asiáticos, los árabes, los terroristas, los narcotraficantes.

Calderón también construyó su escenográfica guerra en contra del narcotráfico, limitada a los bajos fondos, amplificando artificial y reiteradamente el miedo de los mexicanos ante la inseguridad creada y recreada desde las entrañas del sistema, ya sea por la producción generosa de candidatos a delincuentes ante la quiebra de las expectativas sociales o la presunta simbiosis entre el narcotráfico y el poder económico-político. Las bases de la cruzada son los órganos represivos del Estado, los militares encabezados por el propio Calderón, como ejecutivo y jefe de las fuerzas armadas; el general Guillermo Galván; Eduardo Medina, de la Procuraduría General de la República, y Genaro García, de Seguridad Pública. A través de ellos se ejerce la indiscriminada violencia institucional, legal e ilegal.

Gracias a ellos y amparado en su guerra y en el miedo, gradualmente, Calderón ha avanzado en sus tentaciones autoritarias hacia un Estado de excepción, la subversión del estado de derecho.

La violencia militar y del aparato represivo del Estado, sin embargo, ha sido contraproducente.

En lugar de servir para edificar la legitimidad y el consenso alrededor del calderonismo, ha provocado el disenso, el rechazo de parte de la población de esas políticas, más allá de los militantes del “partido del orden”, del puño de hierro, la derecha compuesta básicamente por parte de las elites política, empresarial, la iglesia y los sectores medios. Con su actuación impune, abierta o soterrada, fomentada, tolerada y solapada desde los poderes Ejecutivo, Legislativo –especialmente el Senado, al permitir la anticonstitucional presencia militar en las calles– y Judicial, esos organismos han abierto viejas heridas y otras nuevas en el cuerpo social, acrecentando los reclamos de justicia de las víctimas y los defensores de los derechos humanos, locales y foráneos, y el imperio de las leyes.

El juego de guerra también ha sido ajeno. Es parte del trabajo sucio realizado por el gobierno mexicano para granjearse los favores estadunidenses. Corresponde a los intereses geopolíticos de aquella nación y sus nuevas formas con las que ha intentado someter a los gobiernos latinoamericanos. Esa guerra ha desacreditado a dichos organismos y al calderonismo que se dice democrático. Y su crédito no era precisamente la virtud, debido a su participación impune en la antigua y nueva guerra sucia, que no será zanjada con la convocatoria al olvido, la conciliación, el perdón, sino con el castigo de sus responsables, tal y como lo han hecho los gobiernos de Argentina, Chile o Uruguay, en diversos grados: la brutal represión en contra de los pobladores de Atenco hace tres años y la arbitraria detención de 11 de sus dirigentes con abusivas sentencias, mientras que los que la planearon y la operaron (Vicente Fox, Enrique Peña, Eduardo Medina) han sido exonerados por una descarada Suprema Corte que se lavó las manos; los guerrilleros desaparecidos en las catacumbas del sistema.

El documento de 85 páginas recientemente dado a conocer por Human Rights Watch, titulado Impunidad uniformada: uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública, es abrumador, escandaloso.

Puede verse en: http://www.hrw.org/es/reports/ 2009/04/28/impunidad-uniformada. En el mismo se denuncia que en 2007 y 2008, “en el marco de las actividades de seguridad pública, las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. Muchas de las víctimas no tenían ningún vínculo con el tráfico de drogas ni con grupos insurgentes. Ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos. Los abusos continúan ocurriendo porque los responsables no son sancionados, en gran parte debido a que la mayoría de los casos son investigados y juzgados por los propios militares, mediante un sistema de justicia militar que carece de garantías básicas de independencia e imparcialidad. El único caso que concluyó con la condena de cuatro soldados fue investigado y juzgado por autoridades civiles.

“Algunas de las deficiencias más serias del sistema de justicia militar son que el secretario de Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas; que los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo y podrían razonablemente temer que se les aparte de su cargo si emiten decisiones que el secretario no comparte; que la revisión por autoridades civiles de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitada, y que prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares. El sistema de justicia militar mexicano está muy lejos de cumplir con su obligación de impartir justicia en casos de abusos militares contra civiles. (…) Las autoridades militares se basan en el Código de Justicia Militar, que establece el uso de la jurisdicción militar (fuero de guerra) cuando militares que se encuentran ‘en servicio’ cometen delitos federales o del fuero común, así como en una interpretación forzada de la Constitución Política, para justificar su decisión de investigar violaciones graves de derechos humanos, señala el informe. En general, los agentes del Ministerio Público locales y federales han permitido que las autoridades militares asuman estos casos.

Sin embargo, la Constitución Política de México no exige este resultado, ya que prevé la jurisdicción militar exclusivamente “para los delitos y faltas contra la disciplina militar. Este resultado es, además, contrario a una decisión reciente y vinculante de la Suprema Corte que definió ‘servicio’ militar como la ‘realización’ de las funciones propias e inherentes al cargo que desempeña”.

Si bien la Suprema Corte no señaló expresamente que todos los abusos militares contra civiles deben ser investigados y juzgados por autoridades civiles, los abusos graves como violaciones sexuales y torturas claramente no pueden ser considerados “funciones inherentes” de las fuerzas armadas. Asimismo, la práctica de las autoridades militares contradice el derecho internacional, que exige que las violaciones de derechos humanos sean investigadas y juzgadas a través de mecanismos efectivos e independientes.

México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares.

Mientras no lo haga, el compromiso que ha expresado para fortalecer el estado de derecho significa muy poco.

En México, el tema central no es el contenido de la Constitución, sino la voluntad política para asegurar que los casos de abusos cometidos por el Ejército contra civiles sean juzgados donde corresponde.

Deben ser oídos ante los tribunales civiles, donde existe la garantía de independencia judicial y el escrutinio público necesarios para que las víctimas puedan obtener justicia. La emisión de ese documento apenas mereció una escueta respuesta oficial.

Como dijo la periodista Sanjuana Martínez el pasado 13 marzo: “¿Cuántos crímenes han cometido los militares desde la llegada al poder de Felipe Calderón? Uno solo bastaría para condenar la fuerza del Estado frente a la vulnerabilidad humana, pero las estadísticas son alarmantes y muestran una anomalía: Felipe Calderón, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, solapa esos delitos. Presentados ante la opinión pública como auténticos héroes nacionales, los militares (más de 50 mil soldados en las calles) han cometido cientos de abusos de derechos humanos gracias a la inmunidad concedida por el presidente frente a la justicia civil y a la protección brindada por la justicia militar” (http://www.oefirm.com/sanjuanamartinez/ noticiafull.asp?id=374).

En otro informe prolijamente documentado (103 páginas) por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, sugerentemente titulado ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, se denuncia que entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2008 se han acumulado 2 mil 966 quejas en contra de las violaciones cometidas por militares, que incluyen asesinatos, violaciones sexuales de mujeres y menores, torturas, desapariciones forzadas, robos, incomunicación, cateos ilegales y otros. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Secretaría de Defensa Nacional? El despliegue de una estrategia de comunicación social que de manera aparentemente deliberada ha propiciado la confusión, la opacidad en el esclarecimiento de los hechos, una nueva victimización de los afectados (http://www.centroprodh.org.mx/Publicaciones/ InformeAbusosMilitaresCOMP090309.pdf).

Por desgracia, esos testimonios ya habían sido denunciados por José Luis Soberanes Fernández, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien a principios de enero señaló que entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2008 el número de quejas contra militares ascendió a 2 mil 966 (cada una puede ser por atropellos a varias garantías), y los hechos violatorios de éstos cometidos por las fuerzas castrenses fueron 6 mil 874. En el largo historial de hechos delictivos cometidos por militares contra la población civil se acumularon 971 en contra de los cateos y visitas domiciliarias ilegales, 802 por trato cruel y degradante, 797 por ejercicio indebido de la función pública, 761 por ejercicio indebido del cargo, 708 por detención arbitraria, 433 por robo, 326 por retención ilegal y 218 por amenazas. En esos 10 años, delitos que se creía pertenecían al pasado volvieron a presentarse y se recrudecieron, entre ellos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales y ejecuciones”.

La simulada guerra calderonista ha sido sin gloria, deshonrosa. Es una gran responsabilidad histórica del Congreso si permite que Calderón avance en su golpe de Estado blando, si legaliza el Estado policiaco y militarizado inconstitucionalmente existente, el otorgarle mayores poderes a los militares, como pretende Calderón. Por el contrario, tiene que regresarlos a los cuarteles y sancionar a los responsables de la violencia que le corresponde a los otros aparatos que imponen el terrorismo gubernamental. La ley tiene que ser rigurosa con quienes dicen que velan por respeto legal y son los primeros en violentarlo.

Comments

comments