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Los funcionarios del país, desde los secretarios de Estado hasta personal de enlace, son privilegiados con un sistema de salud privado a costa del erario, en claro desdén del servicio médico público y a espaldas de millones de mexicanos –derechohabientes o no– que a duras penas obtienen este beneficio constitucional

En México hay dos servicios de salud: uno para millones de trabajadores comunes y otro para 96 mil 254 funcionarios.

Ambos se sostienen con recursos públicos. Mientras que un funcionario cobija a toda su familia en exclusivos hospitales, el 90 por ciento de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se enfrenta a un servicio deplorable.

El Sistema Nacional de Salud es una quimera para la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA).

La PEA en México es de 42.5 millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los cuales 21 millones 432 mil tienen seguridad social: 18 millones 721 mil del IMSS y 2 millones 516 mil en el ISSSTE, 140 mil de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 55 mil del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), más sus respectivos derechohabientes. El 50 por ciento de la PEA carece de este derecho pese a que la Constitución obliga al Estado a garantizar el acceso al sistema de salud a los 120 millones de mexicanos, independientemente de si trabajan o no.

Entre los 21 millones de derechohabientes hay un abismo: los empleados comunes reciben atención médica en un sistema donde las mujeres mueren por parto, los hombres de diabetes, los niños por un resfriado, y cualquiera por descuido o negligencia. Es el rostro de las 25 mil quejas que cada año recibe la Comisión Nacional de Arbitraje Médico por negligencias y maltrato.

Los funcionarios públicos son beneficiarios de ese mismo sistema –integrado por el ISSSTE, IMSS, ISSFAM y Pemex–, pero mejor optan por atenderse donde la atención médica implica confort, habitación privada, love set, teléfono y televisor con control remoto, dieta saludable y una confortable cama para la familia. Así evitan una larga espera, el tedio, la frustración por falta de medicinas, malos tratos y negligencia. Eso queda para los millones de derechohabientes que cotizan puntualmente.

Por el servicio de salud que se recibe se califica el tipo de ciudadano que se es en México, dice el legislador Joaquín de los Santos Molina, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

“Hay mexicanos de primera y de segunda. Quizá el Ejecutivo quiera revestir de legalidad que a sus funcionarios les contrate servicios de salud privados, pero es completamente inmoral, sobre todo porque es el gobierno quien impone ese trato a los mexicanos, cuando el ejemplo que debía dar es la igualdad, es decir, mandar a sus funcionarios públicos a recibir atención pública”, dice el legislador.

Prebenda presidencial

De acuerdo con el Manual de percepciones de la administración pública federal, es el jefe del Ejecutivo quien decide los beneficios de los funcionarios y su personal de enlace. Para su gestión “en un marco de austeridad y transparencia”, Felipe Calderón autorizó cuatro seguros: de servicios médicos, de vida, de incapacidad total y permanente, y de desempleo, para mandos medios y altos de la Presidencia, Consejería Jurídica, secretarías de Estado, paraestatales y órganos desconcentrados.

Con ello dio continuidad a la prebenda de Vicente Fox para que la burocracia evitara el deficiente sistema de seguridad social público. Tan sólo el seguro de servicios médicos implica una partida de más de 1 mil millones de pesos que anualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destina bajo el rubro “Seguro colectivo de gastos médicos mayores de las dependencias y entidades participantes de la administración pública federal”.

La SHCP contrató el seguro con la trasnacional Metlife en marzo de 2008, por 1 mil 304 millones 347 mil 826 pesos, es decir, unos 80 millones de pesos mensuales, vigente para el periodo del 1 de abril de 2008 al 30 de septiembre de 2009.

Los beneficiados son 96 mil 254 funcionarios, 53 mil 285 cónyuges o concubinas, 106 mil 766 hijos, 7 mil 86 padres.

En total, 263 mil 391 asegurados. La póliza cubre el diagnóstico y tratamiento médico, cirugía, hospitalización y rehabilitación. El esquema no sólo impacta a las finanzas públicas, sino al sistema de salud pública, que también contempla a este segmento privilegiado como derechohabientes.

Proporcionalmente, el servicio médico de cada funcionario, su cónyuge y cada uno de sus hijos costaría a los contribuyentes 303 pesos diarios, pero para Metlife, todos tienen un valor distinto: la salud de un secretario de Estado y cada uno de sus beneficiarios cuesta 333 salarios mínimos mensuales por persona (unos 18 mil 248 pesos). Es decir, la póliza mensual de cada secretario (y cada uno de sus familiares) cuesta a los contribuyentes lo que 10 obreros cobran durante casi un año de trabajo. Hay 107 asegurados en esta modalidad.

La salud de un subsecretario cuesta 295 salarios mínimos mensuales, lo mismo que su cónyuge y cada uno de sus hijos, así como los oficiales mayores, jefes de unidad, y sus respectivas familias, es decir unas 1 mil 709 personas.

La atención médica de los directores generales cuesta 259 salarios mínimos mensuales (4 mil 452 personas); sus adjuntos, 222 salarios (entre funcionarios y derechohabientes suman 5 mil 154 beneficiarios); directores de área, 185 salarios (19 mil 956 beneficiarios); sus subordinados directos, 148 salarios (con sus derechohabientes suman 51 mil 969 beneficiarios); los jefes de departamento, 111 salarios (funcionarios y derechohabientes, 64 mil 817); el personal de enlace, 74 salarios (funcionarios y derechohabientes, 115 mil 227).

El contrato que diseñó la SHCP implica privilegios para otros personajes vinculados a las altas esferas del poder. Por ejemplo, en las bases, Hacienda le estipula que la empresa contratada debía integrar un grupo de hospitales adicionales a los que tuviera en convenio, entre los cuales pidió a Metlife que incluyera al Hospital San José de Zamora, propiedad de Alberto Sahagún Jiménez, cuñado del expresidente Fox.

En unas semanas se licitará la renovación del seguro de gastos médicos mayores (que concluye en septiembre de 2009) y varias compañías preparan ya sus propuestas.

“En un momento en que el país está en crisis, debe haber congruencia de los altos funcionarios. Los nueve años del régimen panista se han caracterizado por la poca preocupación por el ahorro y la austeridad, es decir, no son gobiernos austeros, ni que se hayan preocupado en recortar salarios, ajustarlos un poco a la baja, por el contrario, se ha incrementado el gasto corriente, se han incrementado los privilegios, y una de las expresiones es el sistema de salud privado del que disfrutan”, señala Sergio Aguayo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Joaquín de los Santos, miembro de la Comisión de la Función Pública en San Lázaro, dice que debe eliminarse esta prebenda. Critica: “No es posible que Hacienda autorice este gasto cuando el país está en recesión; pero además, ante la displicencia de esa secretaría, las dependencias rembolsan a sus funcionarios hasta lo que gastan en aspirinas, cuando ese presupuesto debía destinarlo a suministrar medicamentos en el sector público, sobre todo en las clínicas rurales donde no hay nada, lo que he confirmado personalmente”.

El trato preferencial que el presidente hace en materia de salud atenta contra las políticas públicas, considera Clara Jusidman Rapoport, miembro del Alto Consejo para la Transparencia de los Programas Sociales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En entrevista, analiza que las disparidades en la atención de la salud de cada uno de los mexicanos “contribuyen a profundizar la desigualdad social”.

“Por intereses de diversos sectores, entre ellos los sindicatos, el gremio médico, el grupo de poder político del sector salud y los grupos conservadores y neoliberales, hemos mantenido un sistema de salud segmentado: salud para ricos, salud para clases medias, salud para trabajadores y sus familias, salud para población pobre y población excluida de todo los servicios”, detalla la también presidenta de la asociación civil Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social.

En 2003, Jusidman fue una de los cuatro expertos encargados de la elaboración del Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que incluyó el análisis del derecho a la salud –estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Se trata, asegura la investigadora del Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, de uno de los derechos más vulnerados a las clases pobres del país. Tal situación, “hace que cada vez más las clases medias y altas, entre las que se encuentran los servidores públicos, se alejen de los servicios públicos de salud y acudan a los privados y por lo tanto se profundice el papel que la provisión de salud tiene en aumentar la desigualdad y ciudadanías diferenciadas”.

Salud de elite

Si bien los funcionarios del gobierno de Calderón no gozan de óptima salud –revela la siniestralidad del contrato Metlife–, con la prebenda presidencial se atienden con especialistas en todas las ramas de la medicina. En contraste, los usuarios del IMSS o el ISSSTE esperan en promedio seis meses para que los diagnostique un especialista, señalan las quejas ante los órganos internos de control en ambos servicios a las que tuvo acceso Contralínea.

La siniestralidad del “seguro colectivo de gastos médicos mayores de las secretarías y entidades participantes de la Administración Pública Federal” revela los principales padecimientos por los cuales se han atendido los funcionarios del gobierno de Calderón. Indistintamente, todas las dependencias reportan casos de operaciones de nariz, lo que, según el diputado De los Santos, de la Comisión de Salud, deberá revisarse “para aclarar si se trata de procedimientos estéticos o médicos”.

Los empleados al mando directo de Felipe Calderón, en la Presidencia de la República, se atienden desde un reflujo, se operan el tabique nasal, se cuidan las anginas y se tratan las infecciones y alergias en hospitales del Grupo Ángeles, Médica Sur, Hospital Español, el ABC y el Hospital y Clínica OCA.

Los funcionarios de la Secretaría de Gobernación usan, además, los hospitales Ángeles, el Christus Muguerza del Parque, el Centro Médico Tiber, el Inovamed de Cuernavaca, el Sanatorio Florencia y otros 37 hospitales privados para tratarse desde un colesterol alto, una fiebre, una urticaria, un absceso o una hernia.

Los que trabajan con Agustín Carstens, encargados de las finanzas públicas del país, y de aprobar las supuestas políticas de austeridad, usan unos 30 hospitales privados, clínicas de terapia y rehabilitación, centros de diagnóstico, oftalmológicos especializados para tratarse desde una dermatitis, venas varicosas, corregirse el tabique nasal, molestias de reflujo y hasta enfermedades como el hipopituitarismo.

Los de la Secretaría de la Función Pública, que dirige Salvador Vega Casillas, cuya función es evitar el manejo irregular y derroche del dinero público, son clientes de los hospitales Ángeles de las Lomas, Pedregal, Metropolitano, Médica Sur, el Country 2000, el Hospital Santa Coleta, el Hospital San José Satélite, Olympus Managed Health Care In, el Hospital Santa Mónica, para hacerse cirugías de nariz, tratarse arritmias, luxaciones, hipertrofia de la próstata, várices esofágicas, reflujo y gastritis, principalmente.

Los burócratas de elite de la Secretaría de la Reforma Agraria acuden al Hospital México Americano, el Ángeles del Pedregal, Metropolitano y de Las Lomas; al Infantil Privado, al Hospital Santa Elena y a Médica Sur. Mientras que los funcionarios se atienen enfermedades respiratorias y trastornos gástricos, sus hijos el acné y las torceduras de tobillos o luxaciones por caídas en patinaje o deportes extremos.

Aunque los funcionarios de la Secretaría de Marina, que encabeza el almirante Francisco Saynez, son derechohabientes del ISSFAM, prefieren atenderse en el ABC y Médica Sur, desde un trastorno de nariz, hipertensión o dolores de articulaciones. En la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales prefieren el Ángeles del Pedregal, el Hospital Bernardette, Thera Clinic y Médica Sur.

La elite diplomática al mando de Patricia Espinosa (en la Secretaría de Relaciones Exteriores) acude a los hospitales Ángeles y al Fresenius Medical Care. Los que comanda Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública se atienden una urticaria, gastritis, reflujo; se eliminan verrugas, se controlan la hipertensión o se operan la nariz en el Ángeles Metropolitano, mientras que sus hijos se curan el acné en el Centro Médico Atlanta y el Hospital del Valle; sus esposas evitan la preclampsia en el Hospital Ángeles del Pedregal.

Los directivos que administran los programas de combate a la pobreza (Secretaría de Desarrollo Social) usan el Hospital San Ángel Inn, el Christus Muguerza del Parque y el Ángeles de las Lomas si están en el Distrito Federal, o bien, las distintas sucursales del grupo Ángeles o el CIMA, en las entidades, si salen a trabajar a los estados.

Quienes trabajan con el procurador Eduardo Medina Mora (en la Procuraduría General de la República) acuden al Ángeles de las Lomas, al Metropolitano, al Dalinde y Médica Sur, y el Centro Médico Tiber, principalmente.

En su mayoría, se operan la nariz, se atienden ruptura de tendones, hernias y trastornos de próstata, o bien, se tratan problemas de reflujo y gastritis.

Desdén por el sector salud

El sistema público de salud mexicano fue punta de lanza a nivel mundial, porque redujo la mortalidad y aumentó la perspectiva de vida. El IMSS alcanzó altos niveles de calidad, sin embargo, “desde hace varios años se le ha dejado caer: en la calidad de su personal, su capacitación, equipamiento técnico, y, sobre todo, su sentido del servicio público.

En lugar de buscar que los servicios de salud a población abierta, que históricamente ha proporcionado la Secretaría de Salud para la población más pobre, alcanzaran los estándares de calidad del IMSS, la política de salud fue que los estándares del IMSS bajaran al del sistema de la Secretaría de Salud; es decir, la calidad se ha comprimido hacia abajo”, explica Clara Jusidman.

Sergio Aguayo, otro de los consultores que elaboró el diagnóstico de 2003 para la ONU, define como “paradójica” la política oficial ante el deterioro paulatino de esa institución: “A medida que ha ido sufriendo un deterioro paulatino, la solución de los altos funcionarios no ha sido la de acercarse a estos servicios de salud públicos, sino de buscar la protección privada, lo que realmente suena incongruente y poco sensible frente a la mayoría de la población que son los pobres”.

En efecto. Ni los funcionarios al mando del cirujano José Ángel Córdova Villalobos parecen confiar en el sistema para el que laboran, sólo así se explica que también su atención médica y la de sus familias sea en clínicas privadas. Los altos directivos son beneficiarios del seguro contratado por la SHCP a Metlife. Acuden en promedio a 13 clínicas de este nivel.

Desde la esposa del secretario de Salud, que se trata la gastritis, hasta los subsecretarios y sus hijos que se curan el reflujo en el Ángeles del Pedregal; se alivian los catarros en el ABC y se medican para la osteoporosis en el Hospital Español; las hemorroides, en el Hospital San José Satélite; se arreglan el tabique nasal en el Hospital Santa Fe y los esguinces en el Médica Sur, mientras los galenos del Hospital Infantil Privado vigilan el crecimiento de sus hijos.

Los directivos del Hospital General de México envían a sus hijos a curarse las amígdalas en el Hospital Durango; ellos se tratan los cálculos en el ABC. Sus esposas llevan su revisión ginecológica en Médica Sur. Los del Hospital General Doctor Manuel Gea González usan el Mocel para problemas de rodillas; el Hospital Español para tratarse la próstata. Los del Hospital Juárez de México acuden con especialistas del Dalinde para sus problemas intestinales.

Para su atención personal y la de sus familias, los funcionarios del Instituto Nacional de Salud Pública usan el sistema privado; son clientes del Sanatorio Henri Dunat, el Ángeles del Pedregal, Ángeles de las Lomas, Ángeles Metropolitano, el Hospital Santa Teresa, el Mocel, Español, ABC, Sports Clinic. En éstos se atienden desde un esguince de tobillo hasta el cuidado en el embarazo de sus cónyuges.

Los directivos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición usan Médica Sur y el Ángeles del Pedregal; los del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tratan males como la laringotraqueitis aguda de sus hijos en el Médica Sur; los del Instituto Nacional de Cancerología son clientes del Ángeles del Pedregal; los del Instituto Nacional de Rehabilitación acuden al Olympus Managed Health Care; los funcionarios del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez son clientes de Médica Sur, Ángeles Metropolitano y Ángeles del Pedregal.

Además de expresar la enorme desigualdad que priva en el país, la disparidad en el sistema de salud es un atentado contra la democracia. En su informe de 2008, el Banco Interamericano de Desarrollo documenta cómo las desigualdad en el acceso a los satisfactores mínimos –la salud es uno de ellos– es un problema estructural para un régimen democrático.

Sergio Aguayo, uno de los expertos del tema, explica: “Un ingrediente esencial de la democracia es que el Estado haga un esfuerzo por corregir las distorsiones que se generan en una sociedad por múltiples motivos, pero aquí lo que vemos, y es lamentable, es cómo los altos funcionarios contribuyen a que se amplíe esa brecha de desigualdad al protegerse con la medicina privada y darle la espalda a la medicina pública.

Estoy seguro que si el gabinete tuviera que atenderse en una clínica del Seguro Social o del ISSSTE lo pensaría dos veces antes de tomar decisiones, que perpetúan por múltiples caminos la desigualdad en el ingreso”.

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