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Dieciséis años después de que en Ciudad Juárez se descubrieran los primeros cuerpos de mujeres asesinadas por cuestión de género, la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzga al Estado mexicano por su responsabilidad en éstos. Los motivos: fallidas políticas públicas y corrupción en todos los niveles de gobierno, argumentan peritajes ofrecidos como prueba ante el tribunal internacional


En unas semanas la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría declarar al Estado mexicano como responsable de tres homicidios de mujeres, que involucran actos de corrupción y negligencia de funcionarios federales y locales, incluidos los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón; secretarios de gobernación, procuradores y autoridades de Chihuahua.

A dieciséis años de que se descubrieran los primeros cuerpos de víctimas del fenómeno conocido como feminicidio –término acuñado por la antropóloga Marcela Lagarde para definir “el genocidio contra mujeres”–, los familiares de tres de las víctimas, Claudia Ivette González Banda, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, tienen hoy en el banquillo de los acusados al Estado mexicano para que responda por sus muertes.

Si el tribunal internacional falla que se trata de un crimen de Estado (como hasta ahora apuntan los indicios), Felipe Calderón deberá pedir perdón público a las víctimas, indica la demanda del litigio identificado como “González y otras contra el Estado mexicano” o “Caso campo algodonero”, en alusión al lugar donde se hallaron los cuerpos.

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Las víctimas

Encajadas entre las matas de algodón, las yerbas secas que a su paso dejaba el invierno sobre el campo apenas si cubrían el bulto. No fue la figura sino el olor putrefacto vaporizado con la arcilla del suelo el que lo obligó a fijar la atención en el cuerpo “sembrado” entre copos de algodón, hacía apenas unas horas, con la intención evidente de que lo cosecharan los sentidos de la primera persona que por allí pasara. Tocó mala suerte a un albañil que, en el afán de ahorrar tiempo, atajó el camino al trabajo.

Guiado por el tufo, descubrió el menudo cuerpo de una adolescente tumbada entre el yerberío con las manos atadas por la espalda. Visibles las huellas de tortura y el aliento inerte por no menos de una semana.

Aquél era el cruce entre la avenida Paseo de la Victoria y prolongación Ejército Nacional, dos de las vialidades más transitadas en Ciudad Juárez. Un campo de algodón colindante a un boyante fraccionamiento y la Asociación de Maquiladoras.

En un lapso de 24 horas –entre el 6 y 7 de noviembre de 2001–, las autoridades locales recogieron, de ese terruño, ocho cuerpos desnudos, mutilados y en avanzado estado de descomposición. Al cabo del tiempo se les identificó como Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González Banda, Laura Berenice Ramos Monárrez, María de los Ángeles Acosta Ramírez, Guadalupe Luna de la Rosa, Mayra Juliana Reyes Solís, Verónica Martínez Hernández y Bárbara Aracely Martínez Ramos.

Claudia Ivette, Esmeralda y Laura Berenice poseían un perfil común: jóvenes humildes, hijas de familias migrantes, sostén de hogares encabezados por mujeres; sin conocerse en vida fueron asesinadas por un mismo motivo: su condición de género.

Su caso cobra relevancia pues es la primera vez que la CIDH aborda la figura de feminicidio y “porque por primera vez la corte se pronunciará respecto de los contenidos establecidos en la Convención Belém Do Pará, que garantiza el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres”, explica la abogada Karla Michel Salas, de la parte defensora.


Juárez en el sistema Interamericano

Ciudad Juárez es la frontera más grande y conflictiva del mundo. Refugio de 3 millones de aspirantes a mojados que sobreviven en la marginación urbana al asecho de cruzar a Estados Unidos. Punto neurálgico para el tráfico de mercancías ilegales, en las últimas dos décadas se convirtió también en la zona más peligrosa para las mujeres.

Sumaban ya 420 asesinatos de género cuando la entonces relatora especial sobre los derechos de la mujer, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Marta Altolaguirre, hizo una visita al lugar el 11 y 12 de febrero de 2002. Por boca de Josefina González, Irma Monreal y Benita Monárrez, madres de las jóvenes asesinadas, conoció de los crímenes que hoy se dirimen en el sistema interamericano.

La comisión ingresó el caso ese mismo año.

Tras una exhaustiva investigación, en 2007 el órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos determinó que el Estado mexicano es “internacionalmente responsable por la desaparición y ulterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001”. Por ello, pidió a la corte su atracción, al considerar que el Estado, que hoy encabeza Felipe Calderón, incurrió en supuestas violaciones a la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Convención Belém do Pará.

En su denuncia ante la CIDH, la comisión atribuye responsabilidad del Estado por “la falta de medidas de protección a las presuntas víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que habría dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición de las víctimas; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos de las víctimas, así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada a favor de sus familiares, constituyen violaciones a los derechos protegidos por los artículos cuatro (derecho a la vida), cinco (integridad personal), ocho (garantías judiciales), 19 (derechos del niño) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana”, además de “el incumplimiento de las obligaciones que derivan del artículo siete de la Convención Belem do Pará”.

Que este caso se litigue en tribunales internacionales es para las organizaciones no gubernamentales esperanza y aliento de que, finalmente, la impunidad tenga freno. Marisela Ortiz, coordinadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa (organización creada en 2001 tras el secuestro y tortura de Lilia Alejandra García Andrade), dice en entrevista que tienen grandes expectativas sobre el fallo de la corte, porque “obligaría al gobierno mexicano a reconocer sus errores y, dentro de la reparación del daño, pedir perdón por los crímenes”.

Aunque la CIDH delibera sólo por tres de las más de 500 jóvenes asesinadas, “al dictarse una resolución positiva es un reconocimiento público de todo lo que han padecido las familias, que además de perder a sus hijas, han sido descalificadas por las autoridades y maltratadas por algunos medios de comunicación que en el afán de solapar a la autoridad llegaron a justificar que las jóvenes eran culpables de su muerte”, explica Ortiz. Agrega que “el fallo de la Corte obligaría al gobierno a desarrollar políticas públicas que garanticen la seguridad de las mujeres”.


Discrecionalidad ante la corte

Dentro del XXXIX Periodo Extraordinario de Sesiones de la CIDH, el pasado 28 de marzo en Santiago, Chile, se desahogó la audiencia pública del caso “Campo algodonero”.

Calderón envió a directivos de área, asesores y mandos de mediano nivel de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación (Segob), de la Procuraduría General de la República y autoridades locales de Chihuahua. Los funcionarios de mayor rango eran el embajador de México en Chile, Mario Leal Campos, y el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Segob, Alejandro Negrín Muñoz, lo que fue duramente criticado por las organizaciones internacionales de derechos humanos.

Para la parte actora, el nivel de los representantes del Estado “fue un mensaje tácito del menosprecio del asunto y la soberbia del presidente”, dice David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

Peña encabeza el grupo que lleva la defensa de las víctimas, que incluye a los españoles Emilio Gines, representante del Consejo General de la Abogacía Española; el consejero de la misma organización, José María Prat; Héctor Fáunez, catedrático de derecho internacional, y Mayte López, presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes. Además del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, AC.

Aunado a la poca deferencia al asunto, el gobierno de Felipe Calderón intentó evitar que parte sustancial del litigio se ventilara públicamente, e incluso pidió a la Corte Interamericana confidencialidad sobre todo el proceso, según detalla un documento de la CIDH al que tuvo acceso Contralínea.

Revela que el Estado mexicano solicitó que, “durante la audiencia privada y en el acta que sobre ésta se levante, la corte aperciba a las partes respecto de la obligación de guardar la confidencialidad no sólo de los nombres de testigos o funcionarios a los que se haga referencia durante la reunión privada, sino de la totalidad de la información que en ella se proporcione respecto de las investigaciones por los homicidios de las tres mujeres”.

Ante la petición, la corte decidió omitir los nombres de testigos o de funcionarios a los que haga referencia la señora procuradora, para proteger la seguridad de los mismos, siempre y cuando el Estado así lo pida en solicitud fundada.

Al respecto, los representantes de las víctimas argumentaron que “existe un conflicto de intereses entre la confidencialidad que argu menta el Estado mexicano en cuanto a las nuevas investigaciones y el interés público internacional”.

Reiteraron “que los hechos que requieren ser analizados y esclarecidos ante la corte son precisamente los relativos a las investigaciones de los homicidios de las víctimas, la responsabilidad de los servidores públicos involucrados en las investigaciones y la falta de debida diligencia en las actuaciones del Estado”.

Un copo de Juárez

Para los integrantes del Cladem, el caso “Campo algodonero” podría crear jurisprudencia del delito de feminicidio, además de evidenciar el curso de las investigaciones de la mayoría de los crímenes perpetrados en Juárez desde 1993: demora en la investigación cuando se reportaron las desapariciones, anticientífico levantamiento de los cuerpos y evidencia, identificación errónea de las víctimas y las causas de muerte, intercambio de restos óseos entre un cuerpo y otro, fabricación de culpables, siembra de evidencia y dilación en los procesos.

Lo anterior fue comprobado por la organización científica no gubernamental, Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con sede en Buenos Aires, fundada por el estadunidense Clyde Snow (considerado padre de la antropología forense), para identificar a las víctimas de desapariciones forzadas y entierros clandestinos de la dictadura militar de 1979 a 1983.

Con su larga experiencia en la identificación de víctimas de crímenes de lesa humanidad en Bosnia, Angola, Timor Oriental, Polinesia francesa, Croacia, Kurdistán iraquí, Kosovo y Sudáfrica, entre otros, para el caso que hoy se dirime en la Corte Interamericana, desde 2005 el EAAF concluyó como erróneo el reconocimiento que la Procuraduría de Justicia de Chihuahua (PGJE) hizo de dos de los cuerpos, como Guadalupe Luna de la Rosa y Bárbara Aracely Martínez Ramos. La EAAF comprobó que se trataba de María Rosina Galicia Meraz y Elizabeth Rodríguez Sáenz, reportadas también como desaparecidas.

Se acreditó también la dilación en los procesos. De los ochos cuerpos encontrados en noviembre de 2001, siete tenían reportes de desaparición desde semanas atrás, sin que las autoridades de Chihuahua hicieran nada por buscarlas.

Empero, 48 horas después del hallazgo, la PGJE consignó a Víctor Javier García Uribe, alias el Cerillo, y Gustavo González Meza, alias la Foca, como responsables de los ocho asesinatos, con base en declaraciones autoinculpatorias.

En todo el proceso las autoridades no consideraron a los familiares de las víctimas.

Las señoras Irma, Josefina y Benita ni siquiera pudieron ver el cuerpo de sus hijas, pero fueron obligadas a firmar documentos de conformidad en la identificación que, sin protocolo científico, hizo la PGJE. Pasaron también por el maltrato y agresiones de funcionarios locales y federales.

Entre los elementos más nebulosos del caso, entre 2002 y 2009, uno de los inculpados murió en condiciones sospechosas; los abogados defensores de ambos y algunos familiares de éstos fueron asesinados, aún cuando estaban bajo medidas cautelares del organismo internacional por acreditarse que su vida corría peligro por supuestas amena zas de muerte del entonces gobernador Patricio Martínez.

El 5 de febrero de 2002, Mario Escobedo Anaya, defensor de Gustavo González Meza, fue asesinado por policías ministeriales que supuestamente le marcaron el alto y, como no se detuvo, le dispararon. En 2003 González Meza murió en prisión, oficialmente, después de una operación por hernia inguinal. En enero pasado, cuando ya la Corte Interamericana litigaba el caso, en Ciudad Juárez fue asesinado el también abogado Mario Escobedo Salazar, padre de Escobedo Anaya.

Después de cuatro años de proceso, el 13 de octubre de 2004, el segundo inculpado, Víctor García Uribe, fue condenado a 50 años de cárcel.

Pero el 14 de julio 2005, el tribunal de apelación decretó absolverlo por falta de elementos. Luego de su excarcelación, la PGJE anunció que comenzó a reintegrar la averiguación previa del caso.

Al respecto, la Comisión Interamericana le reportó a la corte que hasta ahora las autoridades estatales no tienen una sola línea de investigación sólida, creíble y técnica para fincar responsabilidades.

Los asesinatos de los involucrados en el caso se registraron a medida que las madres de las víctimas exigían el esclarecimiento de los crímenes, al mismo tiempo en que la Comisión Interamericana investigaba el caso, e incluso cuando el organismo internacional ya había pedido al Estado mexicano adoptara las medidas cautelares a favor de varios de ellos.

El 11 de febrero de 2002, Miriam García Lara y Blanca Guadalupe López, esposas de Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza, solicitaron a la CIDH medidas cautelares a favor suyo y de sus familiares, así como de Sergio Dante Almaraz, defensor de García Uribe, y de su familia. Se decían bajo amenaza de muerte del gobernador Patricio Martínez y otros funcionarios de su administración.

Éstas les fueron otorgadas el 10 de septiembre de ese año. El 11 de febrero de 2003, tras la muerte del González Meza, la CIDH hizo extensivas las medidas cautelares a García Uribe y sus familiares.

El 26 de enero de 2006, cuando el caso estaba prácticamente en proceso de dictaminación de la Comisión Interamericana, el abogado Sergio Dante Almaraz fue asesinado por sujetos que viajaban en una Ford Expedition en el centro de Juárez. Cinco días después, la comisión pidió a la corte que autorizara medidas provisionales a favor de García Uribe, Miriam García Lara y sus representantes legales, pero ésta no las concedió.

Ni con los ojos del sistema interamericano ha cesado el acoso, agresiones y amenazas de muerte para las madres de las víctimas. Benita Monárrez, quien más presionó para que el asunto se litigara fuera del país, pagó un alto precio: bajo amenazas de muerte tuvo que huir de México. El pasado 17 de abril el gobierno de Estados Unidos le concedió asilo político.

Estado fallido

Actualmente, el tribunal que preside la chilena Cecilia Medina Quiroga revisa las pruebas que según la parte actora acreditarían la responsabilidad del Estado mexicano: los testimonios de las madres de las víctimas, los amplios peritajes elaborados por Clara Jusidman Rapoport, Carlos Castresana, entre otros, además de los testimonios de Clyde Snow, quien en 1985 encabezó el grupo de científicos que identificó en Brasil al médico nazi Josef Menguele.

Con esas pruebas, asegura David Peña, “esperamos un fallo favorable”.

En su peritaje, Castresana, titular de la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sostiene que las personas involucradas en los homicidios del Campo Algodonero son parte de la delincuencia organizada y pertenecen a grupos de poder, ya sea porque son altos funcionarios y agentes del Estado o bien porque son particulares que están apoyados y tolerados por las autoridades.

En el peritaje, la investigadora social Clara Jusidman señala que “no existen en Ciudad Juárez políticas públicas que atiendan las necesidades específicas de las niñas y mujeres que ahí viven y que migran a la ciudad por los polos de atracción de la industria maquiladora”.

Explica que hay dos tipos de factor de riesgo de violencia, el primero en el ámbito familiar, donde “son los problemas de adicciones, especialmente el alcoholismo; la falta de comunicación, habilidades poco desarrolladas para la resolución de conflictos, menores solos sin vigilancia, incapacidad para atender adecuadamente a los adultos mayores, enfermos y personas con discapacidad, y disminución del tiempo para la convivencia.

Afectan también el empobrecimiento, el hacinamiento, el desempleo, el trabajo familiar intensivo y la falta de seguridad social”.

Identifica un segundo “factor de riesgo”, como externo a la familia, en el cual “el grupo más vulnerable es el de los jóvenes, quienes a veces son atraídos con facilidad por grupos que ejercen la violencia social y la delincuencia, y llevan a cabo actividades autodestructivas, como las adicciones, la vida sexual temprana, la inasistencia, reprobación y deserción escolar, y la incorporación temprana a la actividad económica”.

Jusidman argumenta que ante dichos factores, “ni en el sector educativo, ni en el sector de seguridad, ni en el sector de las relaciones familiares, ni en el sector laboral existe una política de diferenciación positiva para atender las necesidades de las mujeres y las niñas. La violencia comunitaria y familiar ha generado patrones socioculturales de violencia y permisividad social que hoy vemos reflejados en la indolencia ante los crímenes en contra de niñas y mujeres”.

Asegura que, a pesar de tener conocimiento de datos comparados, estadísticos y proyecciones de los satisfactores de vida de las personas que habitan en Ciudad Juárez, “el gobierno no ha implementado programas ni políticas de largo aliento tendientes a revertir las extremas condiciones sociales en que subsisten miles de familias en esta ciudad fronteriza”.

Concluye que las familias y las víctimas del “campo algodonero formaban parte de estas miles de familias que nunca han sido atendidas adecuadamente por el Estado, que no cuentan con servicios ni acceso a políticas o programas de gobierno dirigidos a atender sus necesidades, forman parte de la gran masa de familias que viven de la maquila y estuvieron sometidas hasta el momento de los hechos y aún años después a discriminación, maltrato institucional y olvido gubernamental”.

Según el procedimiento, a partir de la audiencia pública de marzo pasado, el Estado mexicano tiene 40 días para responder antes de que la Corte dicte su fallo. De ser contrario al Estado, Felipe Calderón deberá aplicar políticas públicas y programas en Ciudad Juárez para prevenir la violencia contra las mujeres, y establecer un protocolo científico que lleve a la sanción de los autores materiales e intelectuales de los crímenes.

—¿En términos de responsabilidad, por quiénes pediría perdón Calderón? —Por todos los funcionarios que han actuado con negligencia y dolo en estos crímenes –dice David Peña–: los cuatro presidentes, los secretarios de gobernación, los tres gobernadores de Chihuahua: Francisco Barrio, Patricio Martínez, José Reyes Baeza, ellos particularmente se dedicaron a negar a las víctimas, a obstaculizar las investigaciones, a minimizar las evidencias que presentaban las organizaciones civiles; todos los procuradores de Chihuahua; las fiscales especiales Suly Ponce, Zulema Bolívar, entre otras.

Por todos los funcionarios con nombre y apellido que en mayor o menor medida tuvieron alguna intervención en el caso y permitieron que se siguiera registrando. Pediría perdón por él mismo, porque en su gobierno siguen ocurriendo feminicidios en Juárez.


Las víctimas

Claudia Ivette González

Veinte años de edad, 1.62 metros de estatura, complexión delgada, tez blanca, cara afilada, ojos grandes redondos color café, nariz recta y grande, cejas rectas y escasas, boca regular, labios abultados, cabello castaño claro y lacio. Como seña particular tenía una verruga en la espalda y un molar relleno. El día que desapareció vestía un jumper de mezclilla color beige con pechera, blusa blanca de tirantes, tenis azules marca Guess; en cada oreja llevaba tres arracadas de oro; cadena de oro con un dije de Jesucristo; dos anillos de oro, uno con un Jesucristo.

Como cada mañana, al igual que lo hizo durante tres años, caminó de su domicilio a la maquiladora LEAR 173. Aquel 10 de octubre de 2001 llegó dos minutos tarde, 120 segundos hicieron la diferencia. No se le permitió ingresar al trabajo. El guardia de la fábrica la vio retornar el paso. Nunca más se le vio con vida.

Cuando no llegó a casa, Josefina González, su madre, pensó que había trabajado horas extras. Al día siguiente reportó su desaparición.

Las autoridades se negaron a levantar el reporte, argumentando que tenían que pasar de 24 a 72 horas. Hasta el 12 de octubre se levantó el reporte 234/2001. La familia puso volantes en las calles y en la maquiladora.

Durante la desaparición, la extitular de la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres (FEIHM) se dirigía a Josefina de manera prepotente y justificaba la falta de investigación debido a que “eran muchas las desaparecidas”.

Desesperada por no encontrar a Claudia, Josefina, acompañada de otras familias, hizo un rastreo en el Cerro Bola y a los 15 días en Lomas de Poleo, los puntos donde era frecuente hallar cuerpos de muchachas asesinadas. El día en que fallidamente buscó los restos de su hija entre el terregal de Lomas de Poleo, se enteró por televisión de que en el campo de algodón habían encontrado algunos cuerpos.

En el anfiteatro, su hija Mayela y su yerno Carlos reconocieron a Claudia, apenas por la ropa, el cabello, el color del barniz de una uña del pie. Nunca hubiese sido por el rostro: estaba descarnado. Tampoco por su cuerpo: eran sólo huesos. Cuatro meses después, los grupos de la sociedad civil que rastreaban muchachas en los llanos encontraron una bolsa de plástico con la credencial de elector de Claudia y su jumper de mezclilla.

Esmeralda Herrera Monreal

Ni siquiera pudo ser adolescente. Recién había cumplido 14 años cuando la mataron. Salió de casa a las 6:30 horas. La travesía cotidiana era abordar dos camiones, el de la ruta 8B al centro de Juárez y allí la ruta 28 al Coloso Valle, luego caminar hasta la casa de Mitla Caballero, con quien trabajaba como doméstica. El 29 de octubre de 2001 los ojos de Irma Monreal captaron por última vez la figura de su niña.

La esperó en vano. El 30 de octubre reportó su desaparición, le dijeron que esperara 72 horas, o mejor, que la buscara ella misma porque seguro se habría ido con el novio. Doña Irma les explicó que Esmeralda era una niña, no tenía novio, y ni siquiera amigas, pues hacía apenas dos meses que radicaban en Juárez.

Pasado el plazo, las autoridades levantaron el reporte apenas con sus datos generales, y preguntaron también su “preferencia sexual”.

La fotografía que la madre llevaba la inscribieron como una “pesquisa” –volante con fotografía con datos generales y dirección de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

El Ministerio Público inició el reporte de desaparición número 241/01, pero nunca hubo acción alguna para indagar su paradero. Irma Monreal inició su propia búsqueda, sacó copias de la “pesquisa” y las pegó en las calles, en las rutas, en los postes y en los negocios; acudió al canal de televisión 44 con la foto de Esmeralda.

“Yo les decía que, si tenían a mi hija, que me la regresaran, que yo no tenía dinero, que yo no tenía nada pero si era dinero lo que querían que yo lo conseguía como fuera, pero que no le hicieran daño a mi hija o que si ella había cometido algún error, pues que ella sabía que tenía todo mi apoyo y toda mi comprensión, que regresara a casa, que me la regresaran, que yo no iba a hacer nada, que simplemente quería a mi hija de regreso”, señala Irma Monreal.

Transcurrieron los días y ni la Fiscalía ni la Procuraduría buscaron a la niña. El 6 de noviembre de 2001, la autoridad ministerial inició la averiguación previa 27913/01-1501 por el hallazgo de tres cadáveres de personas del sexo femenino, localizadas en la esquina nororiente de las avenidas Paseo de la Victoria y Ejército Nacional, a uno de ellos se le asignó arbitrariamente el nombre de Esmeralda Herrera Monreal. Al día siguiente, 7 de noviembre de 2001, fueron encontrados cinco cadáveres de personas del sexo femenino en el mismo lugar.

La noche del 6 de noviembre una compañera del trabajo le comentó del hallazgo en el campo algodonero habían encontrado los cadáveres de tres muchachas. El día 7, acompañada de sus hijos, fue al anfiteatro, luego de varias horas de espera, les mostraron unos calcetines, una blusa y un sostén. Les dijeron que para ver el cuerpo necesitaban una orden de la Procuraduría. Tras obtener el documento, los hijos regresaron a ver el cuerpo.

—¿Es Esmeralda? –preguntó suplicante y desesperada doña Irma a los hijos que volvían del anfiteatro. En respuesta el llanto de los muchachos.

—¡Por el amor de Dios! –insistió.

—Ven, niño –jaló al menor de los hijos–, ¡dime si es Esmeralda! –gimoteaba.

—Es que yo no sé –respondió el niño.

—¿Cómo que no sabes? ¿Qué no la viste? —Sí la vi… —¡Y si la viste cómo es posible que no la hayas reconocido!… que no le hayas conocido su boca, su nariz, sus oídos, sus ojos de mi hija.

Agobiado por el llanto y el desconsuelo, el niño le respondió “no mami, es que ella no tiene nada…” —Su pelo de mi hija, su pelo… ¡cómo es posible que ni su pelo! El niño la abrazó: “Mami, es que Esmeralda no tiene pelo, es que el cuerpo no tiene pelo es que no tiene nada”.

—¡Dime, dime cómo tiene la cabeza! ¿Tiene sangre en su cabeza? ¿La tiene mojada? ¿Tiene, no sé…? Por enésima ocasión ante la Corte Interamericana, Irma Monreal recordó la misma escena. En realidad nunca la ha olvidado: “Yo creí que a Esmeralda le habían quitado su pelo para hacer algún estudio y mi hijo me decía que no, ‘es que no tiene nada, mamá es que es calavera toda, no tiene ni pelo, no tiene nada, no tiene oídos, no tiene boca, no tiene nariz, dice no tiene nada, nada de aquí para arriba dice, no la vimos, no nos dejaron verla”.

Laura Berenice Ramos Monárrez

Estudiaba el bachillerato en la Ignacio Allende, escuela donde en los últimos 12 años han desaparecido varias muchachas. El 21 de septiembre de 2001 acudió a clases y luego al Restaurante Fogueiras, donde trabajaba como mesera; ya no regresó a su casa.

Tres días después, su mamá, Benita Monárrez, visitó el domicilio de su expareja y encontró el bolso de Laura, su teléfono y sus pertenencias personales, situación que preocupó a los familiares. La buscaron en los bares donde ella acudía, pero no pudieron localizarla.

El 25 de septiembre el Ministerio Público inició el reporte de desaparición número 225/2001. La familia pegó reportes de la desaparición por las calles, uno de los agentes del Ministerio Público reprendió a Benita: ¿Para qué? “Si a su hija no le ha pasado nada, le puede pasar”.

La noche del día 6 de noviembre recibió una llamada telefónica, y la indicación de presentarse en las instalaciones de la FEIHM. El día 7, abruptamente en un pasillo de la Procuraduría, le informaron que uno de los cuerpos del campo algodonero era el de Laura. En su testimonio ante la Corte argumentó las deficiencias y abuso de autoridad de los funcionarios asignados a la investigación, incluido el exprocurador de Justicia del Estado, Arturo González Rascón, y su subprocurador, Manuel Ortega Aceves. (ALP)


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