Un crimen de Estado

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La insistente pregunta de los periodistas ha sido incómoda y la respuesta oficial reiteradamente evasiva, ambigua. Como si la confusión fuera suficiente para difuminar el fantasma de la responsabilidad que merodea acusadoramente alrededor de los calderonistas y demás gobiernos neoliberales panistas y priistas

“¿Por qué mueren en México los afectados por la influenza A y no en otros países?” Palabras más, palabras menos, la respuesta del responsable del grupo de contingencia, José Ángel Córdova, titular de salud, ha sido: “No sabemos por qué se mueren aquí”. Quizá porque tardíamente requirieron ayuda, con el mal avanzado; acaso por lo novedoso de la epidemia.

Ante una interrogante similar, la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, María Teresa Brugal, aventura que “puede deberse a que se trata de personas inmunodeprimidas, pacientes con otras enfermedades de base, con sistemas inmunitarios deficientes”. “Podría ser que las primeras víctimas no se dieran cuenta de que se habían infectado con un nuevo tipo de influenza que requería un medicamento específico y un tratamiento diferente que el acostumbrado en gripes estacionales”, sugiere el especialista en epidemias Gregory Hartl, de la Organización Mundial de Salud.

Esas y otras respuestas pueden ser aceptables bajo ciertas circunstancias, pero no despejan la duda fundamental: ¿Por qué en los casos similares descubiertos en Estados Unidos y en otras latitudes nadie ha fallecido, o fallecen en una cantidad muy inferior? En esos lugares la confirmación del mal ha sido más eficaz, al igual que el tratamiento para enfrentarlo adecuadamente. En cambio en México la respuesta clínica a un paciente ha sido funestamente lenta. Se ha tenido que recurrir a laboratorios foráneos para el diagnóstico final, mientras aumenta gradualmente el número de muertos. El único aspecto en común interno y externo, hasta el momento, es el desconocimiento del origen de la influenza A/H1N1, o al menos es una ignorancia fingida, deliberada –como si se tratara de la misteriosa e inmaculada concepción–, porque las evidencias apuntan hacia las prácticas de las empresas trasnacionales biotecnológicas.

Ciertamente, puede ser resultado de un descuido de los primeros contagiados. Pero esa elucidación se vuelve secundaria en los siguientes casos. La explicación del por qué en México fenecen las personas por ese y otros males curables, entre ellos los típicos de la pobreza, radica en lo que pretende ocultar el gobierno calderonista: el Estado calamitoso en que se encuentra el sistema de salud pública, que funciona pésimamente en periodos normales y que en contingencias como la actual simplemente es desbordado.

En la incapacidad de la infraestructura existente para atender apropiadamente a aquellos que aportan sus cuotas y tienen el “privilegio” –por llamarlo de una manera– de acceder a esos servicios en ruinas, de lamentable calidad en la cobertura y atención, desde el nivel elemental al especializado, la investigación científica, o el abastecimiento de medicamentos.

La explicación del por qué en México fenecen las personas por ese y otros males curables es la marginación de un gran número de personas del servicio médico elemental, bajo la responsabilidad del Estado, y que carecen de los recursos necesarios para recurrir a la voraz medicina privada, únicamente accesible para los privilegiados sectores medios y de altos ingresos, incluyendo entre ellos a la elite política, el Ejecutivo y sus empleados de despacho, los poderes Legislativo y Judicial, que supuestamente velan por el universal y eficiente acceso de los mexicanos a la salud pública, consagrada en la Constitución. Ellos que deberían ser los primeros en recurrir a esos servicios –pero que conociendo su desastre que de manera premeditada ellos mismos han provocado– se pagan desvergonzadamente, con nuestros impuestos, esa costosa prestación ofrecida por los mercaderes de la salud. Ésa es una de las tantas llagas abiertas y supurantes que cotidianamente nos recuerdan la existencia de la polarización y la exclusión social promovida desde la estructura del poder, por el gobierno y los empresarios; la permanencia de la lucha de clases.

La tardía respuesta y la incapacidad del sector de salud público para atender convenientemente a las víctimas de la influenza A/H1N1 tienen un origen; sus responsables también tienen nombre. Se debe a la destrucción del limitado Estado de Bienestar que existía en México hasta principios de la década de 1980, cuyos objetivos –como han señalado los analistas Clauus Offe o Josep Picó, entre otros– eran incidir en la distribución y estabilidad de las oportunidades iguales de vida sobre la base de los derechos humanos, con el objeto de garantizar a todos, sin distinción de clase o ingreso, las mejores prestaciones en relación con un conjunto de servicios básicos, reducir la inseguridad social ante difíciles circunstancias como la salud, la vejez o la educación, y garantizar a los individuos o las familias una renta mínima, al margen del valor de su trabajo en el mercado o su patrimonio. Esos servicios eran garantizados por la vía fiscal progresiva: los mayores impuestos a las empresas y los sectores de altos ingresos que servían para financiar tales servicios. De esa manera se trataba de conciliar al sistema capitalista, la inclusión social y la democracia, y desactivar el malestar social y terminar con los movimientos que pretendían subvertir el capitalismo e implantar el socialismo.

Es producto del desmantelamiento de los servicios públicos sociales básicos, la educación, la salud, las pensiones, seguridad laboral y otras prestaciones.

Del estrangulamiento financiero al que han sido sometidos deliberadamente desde 1983, en nombre del saneamiento fiscal del Estado, el balance fiscal cero y la “fortaleza” de las finanzas públicas, a costa del sacrificio de los servicios de las mayorías; de su privatización, al igual que las industrias alimentaria y agroindustrial, de la limitación al asistencialismo y el abandono de la investigación, la prevención y sus servicios de alta especialidad; de su entrega a la depredación de los hombres de presa, como el hospital Ángeles-Mocel, de Olegario Vázquez, según las normas impuestas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la contrarrevolución neoconservadora, encabezada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, el “consenso de Washington”.

Del proyecto neoliberal de nación impuesto por los chicago boys priistas y panistas, respaldados por travestidos perredistas: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Pedro Aspe; Ernesto Zedillo, Jaime Serra, José A. Gurría y Guillermo Ortiz; Vicente Fox y Francisco Gil Díaz; Felipe Calderón, Agustín Carstens, Córdova, los congresistas que lo legitimaron, los empresarios.

Ellos son los responsables del genocidio –como lo calificaría André Gunder Frank– cometido en contra de los mexicanos. La crisis de la influenza A/H1N1 es sólo una de sus manifestaciones extremas.

Quienes hayan tenido la desgracia de recurrir a los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dirigidos por sus opulentos e inútiles sepultureros, varios de ellos verdaderos cavernícolas –neoliberales o simples golpeadores– de turbio historial, como Santiago Levy, Benjamín González, Juan Molinar, Daniel Karam o Miguel Ángel Yunes, por mencionar algunos recientes, ya sufrían el naufragio de esas instituciones. Ahora las víctimas de la influenza A/H1N1 –o que creen estar infectados y que han tenido la desgracia de recurrir a esos organismos o cualquier dependencia pública de salud– padecen las consecuencias de la política antisocial neoliberal: el trato despótico, la corrup ción, la degradación de parte de su personal, la insuficiente infraestructura, la falta de medicamentos, cuyo abastecimiento ha sido concedido a las empresas trasnacionales.

La destrucción neoliberal del sistema de salud público es irrecusable. Como se observa en la gráfica 1, el gasto público real en ese renglón por persona en 2008 fue de 2 mil pesos, similar al ejercido en 1981, lo que revela un grave retroceso histórico y sus sistemáticas caídas durante esos tiempos. Como porcentaje del presupuesto total, su nivel en 2008 fue de 11.3 por ciento, menor al ejercido en 1971, cuando ascendió a poco más de 14 por ciento. Es decir, marca un rezago de más de 30 años. Respecto del Producto Interno Bruto, en 2008 equivalió a 2.6 por ciento, el cual contrasta con el de 4.6 por ciento de 1976 (gráfica 2).

Ello explica, por ejemplo, que por cada 1 mil personas se cuente con dos médicos, 1.5 enfermeras o 0.6 camas, si requiere alguna operación. En 2000 se construyeron 1 mil nuevas unidades de consulta externa y se rehabilitaron y ampliaron 3 mil 281; en los dos primeros años del calderonismo sólo 336 y 627, respectivamente. En 1999 se edificaron 199 unidades de alta especialización, entre 2007 y 2008 ninguna.

Uno de los pecados de los “populistas” priistas –el criminal Luis Echeverría y José López Portillo– fue una cierta preocupación por la salud pública. Los fundamentalistas del “mercado libre”, sin embargo, enmendaron el error y arrojaron a las mayorías a los pésimos servicios de salud y a los chacales “empresarios”. Por supuesto, a quien puede pagar los insaciables costos de un Ángeles-Mocel, por ejemplo, en una cómoda suite.

La tragedia actual se magnifica por el número de personas sin cobertura médica, aun cuando se ubiquen en el mercado laboral formal, ya sea gracias a la “flexibilidad” laboral que ha cercenado esa prestación, apoyada por el cancerbero secretario del Trabajo, Javier Lozano, protector del criminal Germán Larrea, dueño de la minera Cananea; o la simpática decisión de los hombres de presa de reducir sus costos de producción mutilándoles a los trabajadores ese beneficio constitucional. De los 43.5 millones de ocupados que existían al cierre de 2008, 27.4 millones, el 63 por ciento del total, carecían de los servicios de salud. De los 29.4 millones de asalariados subordinados, sólo 13.3 millones, el 45 por ciento, tenía la cobertura del ISSSTE y del IMSS, básicamente, si es que les servía de algo. De alrededor de 107 millones de mexicanos contabilizados en 2008, apenas 46 millones, el 43 por ciento, podían acceder a algún servicio médico público.

Mezquinos en el momento de utilizar el presupuesto público, nuestros impuestos, a favor de la población que los paga, Calderón y Carstens han sido más que generosos para alimentar la acumulación privada de capital, con el recorte de impuestos o la anticonstitucional presencia empresarial en las obras públicas. Sacrificaron presupuestalmente a los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), que quizá pudieron contribuir a atenuar la desdicha actual. Ahora entregan otro jugoso contrato a las empresas trasnacionales para que proporcionen a México los medicamentos urgentemente requeridos. Sanfori-Aventis, Roche Holding o FlaxoSmithKline Plc hacen cuentas alegres entre los muertos, enfermos y potenciales víctimas.

Sus acciones suben en el casino bursátil. En ese pestilente río revuelto, la Iglesia Católica saca a pasear a sus esperpentos para tratar de compartir los beneficios.

¿Por qué en su decreto de emergencia Calderón no envió a sus violadores de los derechos humanos, de verde olivo, a requisar los medicamentos a los laboratorios privados como una razón de Estado? La desventura actual tiene nombre: es un crimen de gobierno, de los neoliberales.

La población se ha paralizado y agazapado por el miedo.

Pero no debe olvidar que le asiste un derecho legítimo: rebelarse en contra de quienes con el terrorismo son los responsables de los muertos y su actual desamparo social, en contra de quienes se presentan como demócratas para avanzar silenciosamente en sus tentaciones despóticas.