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Las instituciones encargadas de proteger a la nación mexicana fueron incapaces de alertar y prevenir el riesgo pandémico. Y es que la seguridad nacional, como se entiende en México, se dedica al espionaje político y a vigilar los movimientos sociales y “subversivos”.

Priva la “teoría conspirativa”, explican especialistas.

La protección de la población está ausente de los objetivos del Cisen y de la inteligencia militar

En México la seguridad nacional está más relacionada con el combate a la disidencia política (armada y social) que con la protección a la población. De la propia Ley de Seguridad Nacional (LSN) se desprende que, en el país, la materia es un asunto policiaco y de espionaje, y no de salubridad o combate a la pobreza.

“La primera obligación de un Estado es preservar la integridad de su propia población; ésa es la esencia de la seguridad nacional”, explica Guillermo Garduño, especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh. “Cuando se está ante un agente que amenaza a la población del país, se está ante un asunto de seguridad nacional”, completa Jorge Luis Sierra, especialista en fuerzas armadas por el Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington.


Ambos expertos en seguridad nacional no tienen duda: la emergencia sanitaria generada por los brotes del virus A/H1N1, también conocido como influenza porcina, debería ser considerada un asunto de seguridad nacional.

Desde la década de 1990, los sistemas de inteligencia y seguridad nacional de varios países del mundo, incluidos los de América Latina, incorporaron las amenazas de pandemias como un asunto de interés de las naciones. Sin embargo, en México, los órganos de inteligencia están enfocados en “proteger” al gobierno en turno y no a la población.

En el artículo 3 de la LSN, publicada por el entonces presidente Vicente Fox en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005, se establecen los objetivos de las acciones de seguridad nacional. Se trata de seis sentencias. Ninguna de ellas se refiere a la prevención sanitaria.

La primera, de manera ambigua y general, habla de “la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país”. La segunda señala “la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio”. La tercera, el “mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno”.

El cuarto objetivo es el del “mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación”; el quinto es el de “la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional”, y, finalmente, el sexto se refiere a “la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes”.

Además, las epidemias y enfermedades están fuera de lo que el Estado mexicano considera amenazas a la seguridad nacional. De los 12 tipos de amenazas establecidos en la LSN ni uno solo está relacionado con la salud pública ni la sanidad.

El artículo 5 de la LSN considera como amenazas a la seguridad nacional los “actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio”; también los “actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano”; además, los “actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada; los tendentes a “quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación”, los que obstaculicen o bloqueen “operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada”; los actos “en contra de la seguridad de la aviación”; los que “atenten en contra del personal diplomático”.

También son amenazas a la seguridad nacional los actos tendentes a “consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva”; los “actos ilícitos en contra de la navegación marítima”; los que financien “acciones y organizaciones terroristas”; los que bloqueen u obstaculicen las “actividades de inteligencia o contrainteligencia,” y los “tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”.

Ni una línea que se refiera a los actos o agentes que atenten contra la salubridad o a los males de la pobreza y la desnutrición.

“Es una de las grandes fallas de nuestro sistema de seguridad nacional”, considera Guillermo Garduño. “Se podría tratar de un descuido criminal”.

Agrega que la omisión tiene como causa “un problema ideológico”, pues los sistemas de inteligencia en México funcionan para un escenario que ya no existe: el de la Guerra Fría.

“La visión de la seguridad nacional, según sus viejos ideólogos, es la de una guerra entre Este y Oeste. Este factor fue el que llegó a considerar a cada movimiento social como un instrumento de agentes del exterior. A esta vieja concepción de la seguridad nacional se le debe la desaparición política de personas. En esta visión priva la teoría conspirativa que tanto daño a hecho.” —Pero la ley se hizo en las postrimerías del sexenio de Vicente Fox, es decir, ya durante el panismo.

—El asunto es que la clase política no ha cambiado. Qué podemos esperar de todo un personal político que se distribuyó entre las tres opciones políticas. Lo que tenemos en el sistema político mexicano no representa ni a una izquierda ni a una derecha en el viejo sentido, sino que se trata de un PRI (Partido Revolucionario Institucional) de tres caras.

Jorge Luis Sierra dice que en México la concepción de la seguridad nacional es “limitada”. Explica que los órganos de inteligencia mexicanos sólo buscan proteger al Estado y no a la nación.

“La seguridad del Estado es un componente de la seguridad nacional. La población es la parte importante de la seguridad nacional.” Coincide con Garduño en que el panismo ha mantenido el enfoque policiaco de la seguridad nacional que crearon los priistas.

“Aunque hubo un cambio de partido político en el poder, no hubo un cambio en las políticas de seguridad. Los gobiernos panistas han aplicado básicamente el mismo concepto que ya tenían sus antecesores.

Ni Fox ni Calderón hicieron un cambio sustancial: las políticas de seguridad se trazan a seis años nada más; no hay una política transexenal para la definición de riesgos a largo plazo. Y la seguridad sigue basada en el uso de la fuerza y el espionaje.


No prevé, dentro de sus posibles escenarios, fenómenos que necesiten la respuesta integral del Estado mexicano.” Así, en la LSN, el secretario de Salud no está considerado como parte del Consejo de Seguridad Nacional. Ni es informado de los riegos y amenazas a la seguridad de la nación, ni él propone qué riesgos y amenazas deben a discutirse.

Sólo son parte del Consejo de Seguridad Nacional, además del presidente de la República, los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Procuraduría General de la República, y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Ni la Secretaría de Salud ni ninguna otra dependencia especializada en el tema sanitario participa en la elaboración de la Agenda Nacional de Riesgos. A pesar de las alertas de la Organización Mundial de la Salud emitidas a finales del siglo pasado, el tema sanitario se encuentra ausente.

“Y cuando la Secretaría de Salud no está incluida en el gabinete de seguridad nacional, prácticamente se está haciendo a un lado a toda la política de salud”, señala Jorge Luis Sierra.

En efecto, en la “Nota Metodológica para Construir Agendas de Riesgo”, elaborada por el Cisen en febrero de 2006 y que sirve de base para elaborar la Agenda Nacional de Riesgos año con año, no se contempla el tema sanitario. El documento, del cual Contralínea obtuvo copia mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, señala cuatro “valores tutelados” en cada agenda: “facilitar” la aprobación de las “reformas estructurales”, “preservar” la seguridad nacional; “asegurar” la gobernabilidad democrática, y “proteger” el estado de derecho.

“No hay una estrategia de seguridad nacional pensada en forma amplia. Y, por lo tanto, tampoco hay medidas de prevención de riesgos. Mientras la ley no permita elaborar una estrategia de manera integral, entonces México estará completamente indefenso ante nuevos fenómenos como el que está ocurriendo ahora. México no ha construido la capacidad de enfrentarlo”, explica Jorge Luis Sierra.

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Falló la inteligencia.

Sobre el desempeño de las instituciones encargadas de preservar la seguridad de la nación, el experto en seguridad nacional Guillermo Garduño señala: “En el ámbito de la inteligencia, la captación de casos con fiebre porcina debió hacerse con la mayor prontitud: al momento del inicio”.

Reconoce que, por las mutaciones que presenta el virus, se trata de una “situación que emerge de pronto”, pero se sabe que esta situación es posible que se presente cada año.

“Los sistemas de inteligencia –continúa– debieron saber que la salud pública de nuestro país dista mucho ya no digamos de funcionar, sino de cubrir todo el país. Los organismos de inteligencia también debieron observar que hay una alta concentración de recursos en la atención de tercer nivel, donde se cuenta con laboratorios y tecnología de vanguardia, pero todo está controlado por una elite médica que tiene escaso interés en el ámbito de la salud pública.” El catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana considera que el Estado mexicano debe proponerse crear una “cultura de la salud” que esté por encima de “tabúes religiosos e ideológicos”.

Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud

Para “afrontar situaciones epidemiológicas críticas y desastres naturales que pongan en riesgo la salud de la población” mexicana, el 13 de febrero de 2007 la administración de Felipe Calderón Hinojosa creó la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud (UIES).

Su constitución forma parte de los compromisos que México asumió con Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, época en la que se utilizó al ántrax como arma biológica y se comenzó a hablar de bioterrorismo.

También es respuesta a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, hechas después de la epidemia de influenza aviar que afectó países asiáticos (Camboya, China, Corea del Sur, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Tailandia y Vietnam), Rusia y Kazajstán a fines de 2005.

Con su inauguración, el gobierno federal dio por concluida la primera etapa del Sistema Nacional de Salud, destinado a “contender adecuadamente ante una posible pandemia de influenza o cualquier otra amenaza global contra la salud”.

Aunque la información de la Secretaría de Salud indica que la UIES cuenta con los más modernos equipos, a fines de abril pasado su papel se redujo a “preparar una detallada base de datos sobre los casos de influenza A/H1N1 en México” para la toma de decisiones del gobierno de Estados Unidos.

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Sin capacidad de reacción.

No obstante que desde finales de la década de 1990 se alertó de una posible pandemia de influenza, el trabajo de inteligencia hecho por esa unidad ha consistido en el monitoreo de los medios masivos de comunicación del país y “algunos” del extranjero para detectar “eventos o contingencias” en la salud de los mexicanos, dice el documento UIES, Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud.

En menor medida, también ha analizado las notificaciones de casos y brotes de enfermedades de interés epidemiológico y sobre desastres que le hacen llegar los gobiernos de las 32 entidades federativas del país.

Los encargados del seguimiento noticioso y la identificación y recepción de notificaciones son residentes de la especialidad de epidemiología, a quienes también se les involucra en “las diferentes emergencias en salud, como parte de su formación como especialistas, aplicando sus conocimientos y aprendiendo en campo el abordaje operativo de los diferentes eventos de salud como casos, brotes y atención ante desastres ocasionados por fenómenos naturales”.

Para enfrentar una posible pandemia de influenza, el gobierno de Felipe Calderón posee, además de la UIES, un hospital móvil, siete unidades de comando, 10 mil equipos de protección para trabajadores de salud, una reserva estratégica conformada por 1 millón de medicamentos antivirales y 100 mil dosis de antibióticos para tratar las posibles complicaciones de la influenza pandémica.

La Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud –se dijo en febrero de 2007– es la encargada de dirigir a las unidades y hospitales móviles y vigilar el curso de las emergencias sanitarias.

Otros de sus objetivos son: operar el centro de comando de alta tecnología; ser el enlace permanente nacional e internacional; mantener a México a la vanguardia de la respuesta de emergencias a nivel mundial.

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Costos de la construcción.

Su construcción costó más de 25 millones de pesos. De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia, la Secretaría de Salud signó dos contratos: 514-DGDIF- DNOP-O-AD-008-2006, con Sackbe, SA de CV, y 514-DGDIF- DNOP-I-S-002-016-2006, con Megarquitectos, SA de CV.

El primero tuvo por objeto la “creación de las unidades de inteligencia para emergencias en salud a desarrollarse en: 1) Doctor Francisco P. Miranda número 177-4, colonia Plateros, delegación Álvaro Obregón, y 2) planta baja y primer nivel del antiguo laboratorio central del edificio sede de la Secretaría de Salud, ubicado en Lieja número 7, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal”.

Éste se pactó el 2 de junio de 2006 por adjudicación directa por 20 millones 230 mil 448 pesos; no obstante, ese mismo día se modificó el monto a favor de la empresa Sackbe en 3 millones 965 mil 47 pesos más.

El 30 de junio de 2006 se firmó el segundo contrato, cuyo objeto fue la “supervisión técnico-administrativa y dirección de proyecto de los trabajos relativos a la creación de la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud”. El monto ascendió a 1 millón 202 mil 13 pesos. (Nancy Flores)



En un año, México considerará al cambio climático amenaza a su seguridad nacional.

El 29 de abril pasado –cuando la contingencia sanitaria por el virus A/H1N1 había iniciado, las actividades escolares se habían suspendido y la población ya realizaba compras de pánico– la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional (LSN). El objetivo: incorporar como una de las amenazas al país el cambio climático.

A propuesta del diputado por Convergencia Alejandro Chanona, se reformó el artículo quinto para agregar una fracción, la 13, en la que se asume como razón de seguridad nacional “la protección del territorio nacional y de sus habitantes frente a los efectos adversos del cambio climático”.

En la justificación de la reforma se señala que “el aumento de la emisión y concentración de los gases de efecto invernadero ha provocado la aparición de nuevas epidemias, de enfermedades infecciosas, inundaciones en zonas costeras, deshielo de los casquetes polares, el desplazamiento y, en el peor de los casos, la extinción de especies animales y vegetales”.

La iniciativa tendrá que ser aprobada por el Senado de la República en el próximo periodo ordinario de sesiones, el cual iniciará en septiembre, con la LXI Legislatura.

En caso de que la reforma sea ratificada, el presidente de la República deberá publicarla en el Diario Oficial de la Federación.

“Para que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional pueda traducirse en una política pública necesita, forzosamente, pasar por una discusión del presupuesto”, explica Jorge Luis Sierra.

El especialista en seguridad nacional agrega que, una vez asegurada la partida presupuestal, se deben diseñar la manera en que se convertirá la reforma en acciones concretas.

“Eso podría tomar casi un año; una ley de esta naturaleza no está diseñada para que exista una respuesta rápida”. (ZC)

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