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El Congreso, ausente en las decisiones para enfrentar la influenza, advierten analistas. El tema sanitario subordina a los del narcotráfico y la crisis económica, pero las acciones políticas son tardías y titubeantes

El brote del virus de la influenza H1N1 tipo A, cuya existencia formal se reconoció en México la penúltima semana de abril, se convirtió en casi el único tema formal de la agenda política.

Sustituye al narcotráfico y a la crisis económica nacional y global, estiman académicos, juristas y defensores de derechos humanos.

Un primer análisis de las medidas adoptadas por el gobierno federal para contener la expansión del brote de virus de la influenza porcina indica que fueron por lo menos tardías, apunta el jurista y político Diego Valadés. Pone el acento en que hasta el quinto día de la emergencia sanitaria el Congreso y los partidos políticos no se habían manifestado ante tan grave problema. Estima que tal actitud será tomada en cuenta por los ciudadanos en las elecciones legislativas del 5 de julio, aunque es prematuro pensar en que así ocurra, advierte.

Reitera que los militantes de los partidos políticos y los miembros del Congreso “se comportan como si no existieran, no se hace eco de la grave preocupación que tiene la sociedad mexicana” y contrasta la reacción de la sociedad frente a la actual amenaza sanitaria y cómo se comportó tras el sismo de 1985. Valadés advierte que la actual “conmoción social”, más el miedo colectivo que suscita este brote al que se suma el daño económico, tiene un fenómeno cuya profundidad no tiene precedentes en México.

No existen elementos que permitan confiar en la capacidad de respuesta oportuna del gobierno, señala. Si es verdad lo que se dice de que desde diciembre del año pasado, en marzo o en los primeros días de abril ya se registraban situaciones anómalas que indicaban el inicio de una epidemia y no se atendió, quiere decir que la capacidad técnica de las autoridades sanitarias mexicanas es muy deficiente. En este momento no se conoce la respuesta a dudas fundamentales, como: ¿Cuándo supieron (el gobierno y las autoridades sanitarias) que habían comportamientos atípicos en la salud de la población?, plantea el jurista.

El doctor en estudios latinoamericanos John Saxe Fernández expresa que “el descuido y el desmantelamiento de toda la infraestructura científica” del país, que sería necesaria para hacer frente al brote de influenza atípica, es herencia del esquema neoliberal. Por esa razón, le resulta “inadmisible” que por el tamaño de la economía de México este país no posea, por ejemplo, los laboratorios que generen sus propias vacunas o en los que realicen las pruebas necesarias para determinar de qué tipo de cepa se trata.

En cambio, abunda Saxe, las autoridades informaron que muestras de los afectados mexicanos por influenza se debieron llevar a laboratorios en Atlanta o en Canadá, porque aparentemente aquí no había infraestructura para hacerlo.

Destaca que en esos lugares y en los estados de Nueva York, California, Kansas y Ohio personas infectadas por la cepa del virus H1N1 tipo A no fallecieron.

El diplomático y docente del Instituto de Investigaciones Económicas, Ricardo Valero Recio Becerra, indica que prevalece la percepción pública de que al gobierno lo tomó por sorpresa esta epidemia y no reaccionó sino cuando ya tenía encima al problema.

Ese hecho contrasta con las medidas que toman otros países –como Colombia– que sí decidieron tomar disposiciones de carácter preventivo, sobre todo en materia informativa.

Valero Recio Becerra no observa una relación causa-efecto entre la pandemia y la intención del voto en las próximas elecciones. Sí ve, en cambio, que se desplaza en otro rumbo el interés del país y ya no se centra “en los temas en que el gobierno quiso que girara la vida política, como el de la seguridad”.

El también exembajador de México en Chile (2001-2004) dice que la salud adquirió mayor relieve para la población que el de la seguridad, por lo que será importante observar cómo van a reaccionar las distintas fuerzas políticas ante esa percepción de los posibles votantes.

“Sí podemos decir que cambió el interés fundamental de la población y estamos concentrados en este tema”, aunque no sabemos si incidirá en las elecciones.

Valero Recio Becerra, exsubsecretario de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud, considera que no se informa a los mexicanos lo que se dice en el mundo sobre este brote “y de lo que hacemos y decimos aquí en México al respecto. Añade que internacionalmente se habla de “una situación potencialmente delicada, extrema”. Tampoco resulta clara y suficiente la información sobre el origen de la infección. Considera que la versión oficial apunta a que tendría origen nacional y local, “cuando el origen y el epicentro del problema pudiera ser cuando menos compartido, es decir, recibimos la infección o está en otra parte”.

Ana Luisa Nerio Monroy, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, expresa que “aquí la pobreza tiene un rol fundamental”. Precisa que la virulencia de la enfermedad se esparció en los pobres ya desnutridos y con un frágil sistema inmunológico; cuando sintieron los síntomas del mal recurrieron a la automedicación por falta de acceso a servicios públicos, asegura la internacionalista especializada en derechos humanos y pena de muerte.

Para ella, la sociedad desconfía de la versión oficial, pues las autoridades no dicen toda la verdad y algo se oculta, y esa apreciación resulta de la forma en que han conducido la emergencia sanitaria. Por ello considera que el efecto electoral de este brote sí incidirá en el voto.


Leyes en lo oscurito

La emergencia sanitaria que decretó el gobierno mexicano ocurre en el marco de las próximas elecciones legislativas, del combate al narcotráfico y de la crisis económica global y nacional. Además, en el ámbito interno se aprobaron en ambas cámaras del Congreso de la Unión más de una docena de dictámenes y proyectos de ley, entre ellos, la Ley de Narcomenudeo; se creó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se aprobaron reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como otros artículos del Código Penal Federal para que los testigos protegidos que falseen sus declaraciones sean sancionados hasta con 12 años de prisión.

Asimismo, el martes 28 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de la Policía Federal que otorga a esa corporación la facultad de intervenir conversaciones telefónicas de presuntos delincuentes (con 237 votos a favor, 99 en contra y tres abstenciones). El debate de esas iniciativas quedó suspendido el jueves 23 cuando el secretario de Salud informó del brote de influenza en México.

A Saxe Fernández le parece “muy peligroso” que el Congreso dé pasos de esa naturaleza en el contexto de esta emergencia sanitaria. Afirma que eso sí afectaría bastante en materia electoral. Le parece que sería un grave error y que habría que esperar a que se normalizara la situación para entonces proponer leyes que, en gran medida, “instaurarían el Estado de excepción” en el país. Entretanto, insiste, sería un acto bastante aventurado, muy mal visto y temerario aprovechar la emergencia que tenemos todas las familias para hacer una cosa de esas. Hacerlo, subraya, “es jugar con la paz social”.

De acuerdo con el especialista jurídico Diego Valadés, el debate parlamentario no debió excluir a los medios de información ni convertir las sesiones en un acontecimiento privado; “no habría ningún fundamento” para ello, comenta. No observo ninguna orientación gubernamental que previniera contra el pánico ni las compras de urgencia, no hubo medidas de parte de la Procuraduría del Consumidor ni de ninguna otra dependencia gubernamental. Por esa razón, la población padece la incertidumbre por lo desconocido del problema y porque no sabemos qué acciones oficiales se van a tomar, muchas se están tomando estrictamente sobre la marcha, insiste.

Respecto del decreto por el que se ordenan diversas acciones en materia de salubridad general para prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión del virus de influenza que emitió el ejecutivo federal el 24 de abril, y que en su fracción IV prevé “el ingreso a todo tipo de local o casa habitación para el cumplimiento de actividades dirigidas al control y combate de la epidemia”, Ana Luisa Nerio considera que es una medida “violatoria a las garantías individuales y, además, es discriminatoria”.

“Sin minimizar la dimensión del problema”, considera que llegar al grado de allanar el domicilio sin orden de cateo es un riesgo: “Ya sabemos que el problema en México es que si tuviéramos la tranquilidad y seguridad de que los cuerpos de seguridad lo van a hacer con la responsabilidad, con la seriedad y con las medidas necesarias, la gente no protestaría”. Sin embargo, conociendo la forma como actúan los cuerpos de seguridad, ese tema del allanamiento, en el que alguien ingrese a una casa sin orden del juez y se lleve a alguien, daría lugar a esa violación a las garantías individuales.

El académico Saxe Fernández advierte: “Ojalá no vayan a cometer el error de aprovechar una urgencia nacional, como la que estamos enfrentando, para dar golpes bajos a las libertades civiles”, pues una cosa son las emergencias que todos entendemos y acatamos porque son protocolos, pero otra cosa muy distinta es aprovechar la circunstancia, porque entonces sí generaría hipótesis delicadas en torno a la génesis de este asunto.

Para el jurista Diego Valadés sí existe fundamento constitucional para esa consideración del decreto. En el artículo 73 constitucional fracción XVI se permite al gobierno tomar esas medidas que no tienen precedentes. No obstante, señala que ese precepto también establece que el gobierno deberá dar un informe puntual al Congreso de todo lo que haya realizado.

“Espero que éste tenga el sentido suficiente de responsabilidad para exigir esas cuentas, pues hasta este momento vale decir que los integrantes del Congreso han estado ausentes en muchas decisiones importantes”.

Añade que no se ha sabido que algún órgano de representación haya convocado a los funcionarios federales que han estado tomando decisiones –entre ellas, la emisión de este decreto– para cerciorarse del escrúpulo con que están realizando sus actividades, tomando las medidas que han anunciado y de lo que procederá en el futuro.

Respecto de la publicación del decreto del 24 de abril, Valero Recio aprecia que sí se corre el riesgo de violar las garantías individuales y además no tendrían facultades para ingresar a domicilios de presuntas víctimas del virus.

Esto requiere, estima, un proceso de carácter legal de quienes en el país tienen la facultad de emitir las leyes; no se deberían tomar impunemente esas disposiciones con el pretexto de que las circunstancias así lo ameritan.

Diego Valadés agrega que momentos como éste hacen muy propicia la explotación de las supersticiones. Por su parte, Saxe Fernández advierte que en cuestiones de salud pública “la Iglesia se comporta de manera muy irresponsable”.


Lo que no se dice

La embajada de Israel en México canceló la celebración por la creación de su Estado; en Cuba, el gobierno garantizó a sus ciudadanos que su sistema de protección civil es efectivo para hacer frente a cualquier amenaza de contaminación por el virus H1N1 tipo A, y en Brasil, Agenor Álvares, director de la Agencia de Vigilancia Sanitaria, consideró que las autoridades mexicanas actuaron con demora, pues “ellos están registrando casos desde marzo y nosotros nos enteramos el viernes pasado”, de acuerdo con un cable de la agencia alemana DPA del 28 de abril.

Entretanto, las autoridades jordanas prohibieron la importación de carne de Estados Unidos y México, informó Nasser Hawamdeh del Ministerio de Agricultura; medida similar adoptaron China y Rusia. Al mismo tiempo, Japón, Francia y la Comisión Europea y Colombia observan “muy de cerca” la evolución del virus luego de que algunos viajeros de esos países fueron hospitalizados por síntomas de influenza a su regreso de México. Por primera vez en la historia, Brasil, Perú, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Venezuela, El Salvador, Nicaragua y Honduras dispusieron medidas de vigilancia en las fronteras, puertos y aeropuertos a los viajeros que ingresan desde México.

Estas manifestaciones, surgidas apenas a unos días de que se estableció la emergencia sanitaria, no se informan de modo transparente, señala Diego Valadés.

Adicionalmente al problema propio de la enfermedad, el investigador reclama a las autoridades la falta de medidas destinadas a atender la apremiante necesidad económica de muchos millares de mexicanos que viven del salario correspondiente a la jornada trabajada. “Centenas de millares de mexicanos simplemente no están recibiendo recursos para su sustento diario”. (NE)

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