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La ASF detecta corrupción y malversación de recursos en los programas de Empleo Temporal y Subsidio a la Vivienda en Tabasco y Chiapas, respectivamente, desarrollados tras las inundaciones que azotaron ambas entidades en octubre de 2007.

Dineros no ejercidos, jornadas laborales no pagadas, casas inhabitables y desfalcos son el resultado de los apoyos que el gobierno federal puso en marcha para “ayudar” a los damnificados


Viviendas deshabitadas, otras todavía sin construir o inconclusas; vialidades en malas condiciones; casas con filtraciones de agua, accesorios de baño en mal estado; deslinde del fraccionamiento no identificado; muros de contención inconclusos, así como “vicios ocultos” de construcción revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe sobre la revisión de la cuenta pública 2007, en el Programa Subsidio a la Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Chiapas.

En 2007, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) destinó al estado de Chiapas más de 521 millones 326 mil pesos vía subsidios para la construcción, ampliación o mejoramiento de vivienda, a través de siete tipos de apoyos, entre los cuales destaca el Programa Desastres Naturales, que recibió 193 millones 398 mil pesos.

En octubre y noviembre de 2007, Tabasco y Chiapas registraron las peores inundaciones de los últimos 50 años, de acuerdo con especialistas. La primera entidad, con más del 80 por ciento de su territorio bajo el agua, registró 1 millón de damnificados; en el segundo estado las inundaciones se debieron al desborde de 16 ríos, que afectaron a unas 20 mil personas, además de un alud que cayó sobre el Río Grijalva y que generó dos gigantes olas que cayeron sobre Juan de Grijalva, un pequeño poblado costero. Se calcula que la corriente arrastró y mató a 25 personas. En la comunidad vivían unas 300 familias que perdieron todo.

De acuerdo con información publicada en La Jornada, el 4 de noviembre de 2008 más de 560 familias aún vivían en albergues y miles más no habían sido indemnizadas por el anegamiento de sus casas y terrenos a causa de las inundaciones que dejó el desbordamiento del Río Grijalva, el segundo más caudaloso en el país.

La auditoría realizó una inspección ocular del fraccionamiento Vida Mejor Nuevo Suchiate, ubicado en Suchiate, Chiapas, donde determinó que, de un total de 761 viviendas contratadas, sólo 548 se encuentran terminadas, 116 están inconclusas y 97 jamás se iniciaron.

La construcción de las casas se realizó mediante el contrato INVI-OBRA- 134/06 del 7 de abril de 2006, adjudicado a la constructora Grupo Promotor Mexicano de Bienes Raíces, por 68 millones 490 mil pesos, con vigencia del 10 de abril de 2006 al 31 de diciembre de 2007.

La ASF observó que el monto de las viviendas no construidas (97) y las inconclusas (116) es de 19 millones 170 mil pesos, sin incluir la amortización de 9 millones 585 mil pesos por los anticipos otorgados a la contratista. A la fecha, la Sedesol no tiene evidencia de las acciones efectuadas para su recuperación ni de las causas que originaron la suspensión de la obra.

La auditoría presume un probable daño por 9 millones 585 mil pesos originado por la falta de amortización de los anticipos otorgados al contratista Grupo Promotor Mexicano de Bienes Raíces.

Contralínea solicitó conocer la posición de la Sedesol, a través de la Dirección General de Comunicación Social, cuyo titular es Alejandro Caso, sin que al cierre de esta edición se obtuviera respuesta.

La revisión

El Fonhapo tiene la función de verificar las condiciones físicas y técnicas de los terrenos propuestos para el desa rrollo de las unidades básicas de vivienda (UBV) incluidas en los planes de trabajo de las instancias ejecutoras. En 2007, el extinto Instituto de la Vivienda en el Estado de Chiapas (Invi) incluyó en su Programa de Trabajo Anual 676 acciones sobre edificación de UBV en terrenos propiedad del gobierno local.

De acuerdo con la ASF, en 2007 se ejecutarían en Tapachula 266 acciones (correspondiente a los fraccionamientos San Jorge II y Jaime Sabines) y 410 en Huixtla (fraccionamiento Carlos Montemayor Guerrero, nombre de quien fuera director del Fonhapo de 2005 a febrero de 2007, mes en que murió).

La auditoría realizó una inspección en los fraccionamientos de Tapachula y Huixtla para atender a los beneficiarios de los programas de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Tu Casa 2007 y Desastres Naturales. Se constató que en los fraccionamientos Jaime Sabines y San Jorge II, ubicados en el primer municipio, las casas se encuentran terminadas y con los servicios básicos.

Sin embargo, en el fraccionamiento Jaime Sabines se detectaron viviendas que presentan filtraciones en las losas de las azoteas; en San Jorge II, el 40 por ciento de las casas no están habitadas y las vialidades se encuentran en malas condiciones, ya con rupturas o asentamientos.

En el fraccionamiento Carlos Montemayor Guerrero, construido en Huixtla, la ASF constató que las viviendas se encuentran terminadas, pero presentan problemas de filtraciones de agua en las paredes.

Con la inspección ocular de las casas construidas para beneficiar a los damnificados del huracán Stan, en Villa Comaltitlán, la auditoría determinó que en el fraccionamiento Nuevo Villa Comaltitlán existen deficiencias en la construcción, como filtraciones de agua, accesorios de baño en mal estado, deslinde del fraccionamiento no identificado, muros de contención inconclusos, así como “vicios ocultos” en la construcción.

Los días 3, 4 y 5 de octubre de 2005, el huracán Stan azotó todo el sur de México. En Chiapas, uno de los cuatro estados afectados por el meteoro, el desbordamiento del río en Tapachula arrasó 2 mil 500 viviendas; dejó a su paso 15 muertos y destruyó todos los puentes de acceso a la ciudad, la cual quedó únicamente accesible por aire.

La auditoría constató que la ejecución de las viviendas fue adjudicada a la contratista Arrendadora Flamingocon, a través del contrato INVI-OBRA-083/06 del 7 de abril de 2006, y a la fecha de la revisión quedaron pendientes de construir tres viviendas, equivalentes a 270 mil pesos, que no fueron pagados. Además no se amortizó el anticipo por 135 mil pesos, no obstante que el plazo programado para la ejecución terminó el 15 de marzo de 2007.

La ASF observó que el fraccionamiento Manuel Ávila Camacho se encuentra abandonado y en malas condiciones, ya que algunas viviendas tienen los techos derrumbados, las construcciones deterioradas, los lavaderos colocados a alturas inadecuadas, los vidrios de las ventanas rotos y sucios, la maleza crecida y los inmuebles carecen de los servicios básicos.

En la auditoría se precisó que el Invi formalizó la construcción de 18 viviendas (de 32 metros cuadrados) con el contrato INVI-OBRA-206/06, por 2 millones 250 mil pesos, con Constructora Izapa. El área técnica reportó las obras terminadas, y se hizo el acta de entrega-recepción de las casas por parte del contratista, sin que a la fecha de la revisión la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda (Semavi) haya formalizado la entrega de éstas a los beneficiarios.

Observaciones

La auditoría precisó que los convenios de ejecución PTC-CDI-07-07-011, PTC-07-07-100-024, PTC-07-07- 049-007, PTC-07-07-013-018 y PTC- 07-07-093-019, correspondientes a la Secretaría de Pueblos Indios y a los municipios de Tumbalá, Larrainzar, Bochil y Tenejapa, respectivamente, presentaron inconsistencias en las cifras presentadas, ya que los importes de las aportaciones difieren entre sí y cuentan con errores aritméticos.

En el Programa Tu Casa, en la modalidad de “Mejoramiento de vivienda urbano y rural”, el Fonhapo ministró recursos al Invi por 5 millones 65 mil pesos para la ejecución de 962 viviendas. Al respecto se observó que, para adjudicar los trabajos, el instituto realizó el proceso de licitación pública estatal CESA/01/07 con fundamento en la normativa estatal y no federal, por corresponder a recursos de dicho orden.

La ASF determinó que la licitación se canceló mediante acta, el 11 de diciembre de 2007, en virtud de que las cotizaciones presentadas por los licitantes excedieron el presupuesto autorizado. Se celebró un nuevo procedimiento, esta vez nacional, y el fallo concluyó el 17 de octubre del mismo año, de la cual resultaron ganadoras las empresas Constructora e Instalaciones Eléctricas “C” de Jovel, por 4 millones 705 mil pesos, y Comercializadora Baruqui, por 5 millones 699 mil pesos.

Mediante el contrato 070201-046 del 9 de noviembre de 2007, se adjudicaron al contratista Ocozoc Construcciones, 1 mil 627 acciones, por concepto de 56 millones 945 metros de piso firme de concreto en diversas localidades de San Juan Cancuc, por 8 millones 742 mil pesos, para lo cual se le otorgó un anticipo del 30 por ciento, es decir, 2 millones 622 mil pesos. La ASF observó que mediante un acta circunstanciada se dio por terminado anticipadamente el contrato, debido a que la entidad fiscalizada presentó un nuevo padrón en el cual se consideraron únicamente 175 beneficiarios.

La auditoría determinó que con las facturas 1029 y 1030, ambas del 29 de abril de 2008, la contratista amortizó un total de 818 mil pesos del anticipo otorgado mediante los importes a su favor por los trabajos ejecutados al ciento por ciento; sin embargo, a la fecha de la revisión no se integró el importe pendiente de amortizar por 1 millón 804 pesos, sin que la Semavi de Chiapas haya realizado acciones para su recuperación.

Para garantizar el importe pendiente de reintegrar, la contratista emitió el cheque 0003169, el cual no fue cobrado por carecer de fondos. La ASF señala que mediante el contrato 070201-090, del 18 de diciembre de 2007, se le adjudicaron trabajos adicionales por 3 millones 820 mil pesos, de los cuales en los meses de junio y julio presentó tres estimaciones, con un avance físico y financiero del 40.8 por ciento, equivalente a 1 millón 559 mil pesos, sin que haya amortizado el saldo pendiente de reintegrar.

Por ello la auditoría presume un probable daño de 1 millón 804 mil 91 pesos por anticipos no amortizados por la contratista Ocozoc Construcciones.

Sin comprobar

La ASF precisó que en aquel momento la Dirección Técnica del Invi, actualmente Dirección de Proyectos para la Vivienda de la Semavi, adjudicó un total de 46 contratos por 286 millones 817 mil pesos, para cumplir con las acciones de los programas Vivienda Rural y Tu Casa. De acuerdo con la base de datos, denominada Gobernador Invi, la Dirección Técnica reportó en promedio un avance físico del 89.6 por ciento; sin embargo, éste no se pudo comprobar.

La auditoría determinó que respecto de los recursos radicados para el Programa Desastres Naturales, por 193 millones 398 mil pesos, el extinto Invi realizó pagos con cheques por 15 millones 392 mil pesos, de bonos por subsidios federales a 160 beneficiarios, en la modalidad de reubicación y daño total, correspondientes al Programa Emergente Stan; no obstante que el bono de subsidio federal otorgado a los damnificados debería ser con una acción de vivienda, no en efectivo.

Además, se constató que el Invi, en el ejercicio de 2007, comprobó gastos (4 millones 606 mil pesos) por concepto de mano de obra por los trabajos realizados en diferentes municipios afectados por los daños ocasionados por el huracán Stan. Con la revisión de los recursos ministrados a los beneficiarios, se determinó que la Semavi no cuenta con controles que le permitan dar seguimiento de manera detallada a los recursos pendientes de comprobar por cada delegación.

La ASF observó que el 26 de junio de 2007 el Fonhapo y el Invi firmaron un convenio de ejecución para la conclusión de las acciones en materia de vivienda, mediante el cual se acordó que el Fonhapo realizaría las gestiones necesarias con la finalidad de otorgar a la población afectada por el huracán Stan la cantidad de 193 millones 398 mil pesos; sin embargo, a la fecha de la revisión (agosto de 2008), no se finiquitaron las acciones pendientes, tampoco se reintegraron a la Tesorería de la Federación (Tesofe) los recursos.

Asimismo, se observó que el almacén de concentración, en donde se resguarda la documentación de la Semavi, se encuentra en desorden: cajas sobrepuestas en los anaqueles de los pasillos, cajas desordenadas y sin identificación, expedientes de beneficiarios sin clasificar ni identificar la documentación que contienen; debido a lo anterior, no fue posible revisar los expedientes de los beneficiarios.

Empleo Temporal

La delegación de la Sedesol en Tabasco ejerció 109 millones 617 mil pesos, los cuales estaban destinados principalmente al pago de mano de obra en limpia y desazolve de calles, y actividades de apoyo para ayudar a la población afectada por las inundaciones ocurridas a finales de 2007.

De acuerdo con datos de la Confederación de Trabajadores de México, más de 150 mil personas se quedaron sin empleo en Tabasco. El estado registró pérdidas económicas superiores a los 3 mil 100 millones de dólares, y daños en la economía estatal de 3 mil 800 millones de pesos, según el diagnóstico Inundaciones en Tabasco: evaluación socioeconómica.

La Auditoría Superior observó que la dependencia no reintegró los saldos por 39 mil pesos, 22 millones 405 mil pesos y 46 millones 661 mil pesos, que presentaban la cuentas bancarias 2007212561 y 2007269105 de Banamex, al inicio y final del ejercicio de 2007, ya que dichos saldos por 69 millones 105 mil pesos se utilizaron en 2008, de los cuales sólo se acreditaron 57 millones 262 mil pesos, por lo que quedaron pendientes de aclarar 11 millones 843 mil pesos.

La ASF presume un probable daño por 11 millones 842 mil 908 pesos, ya que observó que el saldo que presentaba la cuenta de cheques 2007269105 de Banamex, al 31 de diciembre de 2007, no fue reintegrado a la Tesofe y fue utilizado en el ejercicio de 2008; pero la Sedesol no lo aclaró ni comprobó.

De acuerdo con el informe de revisión, se aprobaron recursos para el Programa de Empleo Temporal (PET) Normal por 30 millones 61 mil pesos, se reportaron como ejercidos 29 millones 236 mil pesos, los cuales fueron utilizados para el pago de mano de obra de jornales, por la realización del manejo y control de la moniliasis del cacao, reconstrucción y rehabilitación de vivienda, fumigación, desazolve de drenes, limpieza de caminos, cultivo de mojarras, construcción de piso de concreto, conservación de escuelas y bibliotecas, rehabilitación y mantenimiento de estanques y bordos, y pago de materiales y herramientas.

La auditoría determinó que a la Secretaría de Salud de Tabasco se le aprobaron recursos por 1 millón de pesos para el apoyo de 16 mil 544 jornales destinados a fumigar con el propósito de prevenir y controlar el dengue, así como para la adquisición de insecticidas, bolsas, camisas, tubos y agujas, durante el periodo del 16 de septiembre al 15 de diciembre de 2007. Sin embargo, el dinero no fue aplicado; se reintegró de manera extemporánea, el 16 de junio de 2008, con sus rendimientos financieros de 16 mil 700 pesos, a la cuenta bancaria 655015387778 del banco HSBC a nombre de la Tesofe.

También se auditaron las obras 7PET27042773 y 7PET27037331 “Rehabilitación y mantenimiento de estanques rústicos para el cultivo de peces”, la 7PET27041460 “Limpieza y repoblación con mojarras nativas en una hectárea de la Laguna el Maluco” y 7PET27041465 “Limpieza y repoblación con mojarras nativas en una hectárea de la Laguna el Jitalito”, por un total de 640 mil pesos. Se presentaron las listas de raya por 518 mil pesos, y se contó con las facturas de la adquisición de herramientas y materiales por 121 mil pesos; sin embargo, no se contó con las pólizas de cheque suscritas por los ayuntamientos de Jonuta y Centro, donde se realizaron los proyectos.

La ASF confrontó la información proporcionada y obtuvo las órdenes de pago y la póliza del cheque 93321, del 6 de diciembre de 2007, por 879 mil pesos de Jonuta, y la póliza de cheque 09, del 24 de diciembre de 2007, por 330 mil pesos de Centro, con las cuales fueron retirados de manera global los recursos para el pago de las nóminas de distintos proyectos, motivo por el cual no se garantiza la entrega de estímulos económicos (en efectivo y de manera individual) a los participantes; además, no corresponden con los periodos en que debieron pagarse dichas nóminas.

Telecomm

La auditoría determinó que se autorizaron recursos para el PET Inmediato por 80 millones 500 mil pesos, los cuales se utilizaron principalmente para el pago de mano de obra en limpia y desazolve de calles, y actividades de apoyo para ayudar a la población afectada.

Al respecto, la ASF presume un posible daño patrimonial de 91 mil 327 pesos, ya que no se contó con la documentación comprobatoria del gasto (nóminas o lista de raya y facturas) que acreditaran el pago de los apoyos de mano de obra y la adquisición de materiales en la reconstrucción y rehabilitación de viviendas en Tabasco.

La auditoría revisó el convenio de colaboración celebrado por la Delegación de Sedesol en Tabasco y Telecomunicaciones de México (Telecomm), para la prestación del servicio de entrega de apoyos económicos del PET Inmediato.

Se retiraron recursos de la cuenta de cheques 2007269105 de Banamex, a favor de la prestadora del servicio por 51 millones 261 mil pesos, de los cuales 48 millones 720 mil pesos fueron para el pago de nóminas a los beneficiarios del PET Inmediato y 2 millones 540 mil pesos para cubrir las comisiones; además se efectuaron depósitos por 5 millones 9 mil pesos, por concepto de devoluciones.

Se constató que en el caso de 16 municipios de Tabasco se reportaron 105 mil 63 apoyos por 48 millones 764 mil pesos; sin embargo, de acuerdo con la conciliación de cifras entre la delegación y Telecomm, se entregaron 96 mil 813 apoyos por 47 millones 164 mil pesos que coinciden con los estados de cuenta bancarios de los 99 mil 931 programados, por lo que el número de apoyos y el monto pagado no coinciden.

Mediante la transferencia de recursos del 21 de enero de 2008 por 2 millones 540 mil se pagaron las facturas 844509, 844510, 844515 y 844527 del 31 de diciembre de 2007 a nombre de Telecomm, por concepto de comisiones por la entrega de 99 mil 931 apoyos a los beneficiarios del PET Inmediato, con una tarifa de 22 mil 11 pesos más IVA (Impuesto al Valor Agregado) por cada instrucción de pago; sin embargo, en el convenio de colaboración no se señaló que los apoyos que no fueran pagados también originarían el pago de comisión.

La ASF observó que no se pagaron 3 mil 118 apoyos a los beneficiarios por 1 millón 555 mil pesos, pero sí se pagó la comisión correspondiente. Asimismo, se constató que en las facturas no se señaló el número de apoyos económicos pagados.

Los recursos fueron integrados a la delegación estatal de Sedesol; sin embargo, ésta no los reintegró a la Tesofe.

La auditoría revisó pagos por 16 millones 218 mil pesos por concepto de adquisición de utensilios para la realización de los trabajos de recuperación, limpia, saneamiento, aseo, higiene y desazolve, con cargo al PET Inmediato durante 2007 y 2008. De acuerdo con la delegación, se adquirieron 278 mil 570 herramientas y materiales por 11 millones 814 mil pesos; no se proporcionó evidencia documental de la entrega de 32 mil 487 de éstas por 1 millón 676 mil pesos.

Además, tampoco se acreditó la totalidad de herramientas y materiales entregadas a los municipios de Balancán, Jalpa de Méndez y Centro, ya que éstos se entregarían a los delegados municipales de las localidades que fueron afectadas, y, a su vez, éstos las entregarían a los beneficiarios del programa para su uso correspondiente. Por lo que la ASF presume un posible daño patrimonial por 1 millón 876 mil 333 pesos.

Fonden

La auditoría revisó pólizas de cheque por 14 millones 864 mil pesos, en las cuales constató que se pagaron facturas por 11 millones 902 mil pesos por concepto de gastos de operación (papelería, material de limpieza, accesorios de equipo de cómputo, productos alimenticios, mesas y sillas, toldos, medicamentos, vales de gasolina, chalecos de tela de gabardina, gorras de gabardina blanca, camisetas blancas y camisetas serigrafiadas, catres, cobertores y colchonetas, tiempo aire para celular, renta de equipo de cómputo y de vehículos, pago de comisiones por dispersión de apoyos económicos, pasajes, peaje, impresiones y formatos impresos de certificación de enseres) para dar atención a la contingencia ocurrida.

La ASF determinó que se adquirieron catres, cobertores y colchonetas por 1 millón 308 mil pesos, los cuales son bienes que debieron ser otorgados de la reserva estratégica del Fondo de Desastres Naturales de la Coordinación Nacional de Protección Civil a través la Dirección Estatal de Protección Civil en el Estado de Tabasco.

Además, la adquisición de impresos y formatos de certificados de enseres, por 1 millón 817 mil pesos, para el Programa Hábitat, así como 1 millón 920 mil pesos por arrendamiento de vehículos y equipos de cómputo no estaban considerados dentro de los criterios para la aplicación de los recursos del PET Inmediato; en algunos casos faltan los contratos que sustentan los gastos.

También se detectó la entrega por 2 millones 961 mil pesos, que corresponde a los pagos de jornales y pasajes del personal que participó en los trabajos de campo en apoyo de la población que vive en las zonas de desastre. La ASF identificó diversas facturas por 465 mil pesos, correspondientes a gastos que se erogaron durante el ejercicio fiscal de 2008; sin embargo, éstas no quedaron registradas ni contabilizadas y no fueron reportadas en el pasivo circulante del año anterior.

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