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La supuesta “fortaleza” de la hacienda pública no es más que un mito que sólo existe en el esquizofrénico mundo de Felipe Calderón.


En sus condiciones actuales, dada la exorbitante acumulación de pasivos entre 2000 y 2009, los legales y los anticonstitucionales, la dilapidación de los recursos, los insultantes beneficios tributarios concedidos a los empresarios y sectores de altos ingresos, y en general, la manera tan desastrosa en que Vicente Fox y Calderón han manejado las finanzas públicas, no sólo han convertido al Estado en un autista, sino que lo han dejado en ruinas. En los hechos, lo han vuelto inviable y colocado al borde de una nueva crisis fiscal.

La evolución de las finanzas públicas en el primer bimestre de 2009 paga las consecuencias de la regresiva política fiscal thatcheriana/reaganeana, empleada por los últimos tres gobiernos priistas y los dos panistas, y deja al descubierto los graves desequilibrios provocados en la estructura de los ingresos y egresos.

La recaudación presupuestaria total real del sector público cayó 6.7 por ciento, debido al desplome de las principales fuentes de recursos: los petroleros en 21.9 por ciento, por lo que su contribución en el total declinó de 31.4 por ciento a 26.4 por ciento, y los no petroleros se paralización (0.0 por ciento). Los tributarios totales en 2 por ciento y los no tributarios en 11 por ciento. Las coberturas petroleras fueron insuficientes para compensar la disminución en el total. Descontadas éstas, la baja fue de 1.25 por ciento. En el caso del gobierno federal, sus ingresos petroleros se contrajeron en 48 por ciento; los tributarios en 9 por ciento, entre ellos el Impuesto sobre la Renta (ISR) en 6.2 por ciento y el del Valor Agregado en 21.9 por ciento. Sin duda, en los meses subsecuentes se observará aún más el deterioro financiero del Estado.

Las razones son conocidas: 1) la recesión mundial y la irracional explotación del yacimiento de Cantarell, que afecta los ingresos petroleros: la combinación de un menor volumen medio de las exportaciones de crudo en 8.2 por ciento en relación con el mismo bimestre de 2008, de 1.4 millones de barriles diarios (MBD) a 1.3 MBD, y del precio en 53 por ciento, de 80.78 dólares por barril a 37.72, que redundaron en la reducción de los ingresos petroleros totales en 55 por ciento, de 7.8 mil millones a 3.5 mil millones; 2) el derrumbe recesivo de la economía, la creciente pérdida de empleos y la menor capacidad en el consumo de las mayorías.

El primer elemento no es más que una manifestación de la petrodependencia fiscal, contrapartida de la política fiscal neoliberal que de Miguel de la Madrid a Calderón ha beneficiado fundamentalmente a una minoría a costa de las mayorías. A las empresas nacionales y extranjeras y los sectores de altos ingresos se les redujo el ISR de 42 por ciento y 50 por ciento a una tasa unificada actual de 27 por ciento-28 por ciento. Además, se les otorga generosos subsidios, se les exentan las operaciones financieras para que especulen a placer en el casino bursátil y cambiario, y se es tolerante con ellos en su rentable negocio de la elusión y evasión tributaria.

Lo anterior, bajo la doctrina del llamado ofertismo reaganeano: supuestamente estimular el ahorro, la inversión privada y el crecimiento. Pero la inversión productiva en 2008 fue de 23.2 por ciento del producto interno bruto (PIB), contra el coeficiente de casi 30 por ciento registrado en 1979, el máximo histórico, aún cuando nuestra pobre burguesía estaba agobiada por los altos impuestos y conspiraba en contra de los populistas Luis Echeverría, el criminal cuya imagen fue recientemente lavada y reivindicada por el Poder Judicial; y José López Portillo, cuya desmesura le llevó a nacionalizar la saqueada banca y controlar el mercado de cambios, en 1982, para doblegar el golpismo de la oligarquía financiera/industrial de esos años.

Para compensar las pérdidas tributarias ocasionadas por la regresividad fiscal, los neoliberales optaron por los impuestos indirectos, al consumo, así como el saqueo de Petróleos Mexicanos y la petrodependencia del Estado.

Hoy se pagan los costos de la estrategia de un gobierno que, como diría Fox, administra para los empresarios.

México es uno de los peores países del mundo en la recaudación.

En 1983, los ingresos totales del gobierno federal equivalieron a 17 por ciento del PIB, en 2007, a 15.3 por ciento.

En 2008 fue de 17 por ciento del PIB gracias a los altos precios del crudo de exportación. Del total de recursos percibidos, los diversos gravámenes petroleros aportaron 45 por ciento, 34 por ciento y 19 por ciento en los años citados. En cambio, la participación del ISR bajó 36 por ciento a 27 por ciento del total entre 1980 y 2007. En 2008, a 31 por ciento, debido a los menores ingresos petroleros. Para subsanar la debilidad en los ingresos y alcanzar el balance fiscal cero, el principal instrumento de ajuste ha sido el gasto programable, que en 1982 equivalió a 13 por ciento del PIB, ubicándose en su relación más baja en 1990 (7.3 por ciento) y en 2008 apenas tiene un nivel similar al de hace 17 años, lo que revela la magnitud de su retroceso.

Con los problemas en los ingresos que se enfrentan en 2008 y que se agudizarán en su transcurso, no se dude que el calderonismo recurrirá al mismo expediente de siempre: un nuevo recorte del gasto programable, no el financiero, es decir, el destinado al pago de los intereses de la deuda pública interna y externa, el rescate bancario y de las empresas constructoras, y los proyectos de infraestructura diferidos en el registro del gasto (Pidiregas); ésos son sagrados e intocables. Son las deudas de “honor” de los calderonistas. Son algunos de los instrumentos por medio de los cuales los hombres de presa saquean la hacienda pública.

Ello explica también la renovada pretensión de Calderón, a través de Agustín Carstens, de inventarnos nuevos impuestos a aumentarnos los existentes, medida que, evidentemente, será apoyada irrestrictamente por los panistas del Congreso y negociada por los priistas. Sólo el proceso electoral podría evitar que se legalice esa propuesta, al menos para este año. Ávidos por mantener el control legislativo y regresar al gobierno en 2012, los priistas podrían estropearle la jugada a los calderonistas.

Sin embargo, con la desvergüenza del partido tricolor, sin identidad ideológica y política, puede esperarse cualquier cosa.

La precariedad de las finanzas públicas también manifiesta el extraordinario desperdicio de los ingresos petroleros cometido por los gobiernos de la extrema derecha panista. Entre 2001 y febrero de 2009 se captaron 160 mil millones de dólares por concepto del saldo comercial petrolero. En ocho años y dos meses se recibieron recursos entre 1985 y 2000 (166 mil millones). En 2002, los ingresos petroleros acumulados por el gobierno federal sumaron 3.1 billones de pesos.

Pero una parte nada despreciable de éstos se evaporaron entre el derroche del gasto corriente y los pagos de oscura legalidad a los hombres de rapiña que medran del Estado con obras y servicios, y que fue parcialmente legitimada por los panistas y priistas del Congreso en 2008, con su contrarreforma reprivatizadora de la industria petrolera.

¿De qué sirvió la renta petrolera si con los panistas neoliberales el crecimiento es peor que con sus homólogos priistas? En 1983-2004 la tasa media anual fue de 2.6 por ciento; en 2001-2008, de 2.4 por ciento.

Y será peor con el desplome de -2 por ciento-4 por ciento esperado para 2009, que bajará el promedio a 1.7 por ciento-1.9 por ciento.

La frágil “solidez” de las finanzas públicas ha sido suplida por el acelerado endeudamiento interno y externo, cuyo saldo prácticamente ha hipotecado el futuro del Estado; lo vuelve incapaz para apoyar el desarrollo y lo mantiene al borde de la crisis fiscal. ¿Recuerdan que durante su campaña electoral el señor Calderón, agazapado entre las sombras, decía que si ganaba su adversario, Andrés Manuel López Obrador, aumentaría la deuda, habría devaluación y crisis, y luego, sardónicamente sonriente, aparecía su salvadora y liliputiense imagen? Pues bien, en 1990 y 2000 el saldo de la deuda bruta pública total pasó de 2.2 billones de pesos a 1.6 billones; bajó 25 por ciento. Cuando Fox fue arrojado al basurero de la historia, la deuda llegó a 1.9 billones, 18 por ciento más. Y con Calderón pasó, en febrero de 2009, a 2.9 billones, 51 por ciento más. Los panistas la incrementaron 109 por ciento. De 1990 a 2000 bajó de 52 por ciento del PIB a 24 por ciento.

Al finalizar el foxismo se ubicó en 19 por ciento y Calderón alegremente volvió a elevarlo a 21.5 por ciento.

Si emplea los 47 mil millones de dólares que puso a su disposición el Fondo Monetario Internacional, en términos reales, los adeudos totales del Estado llegarán a alrededor de 3.3 billones, algo así como el 31 por ciento del PIB. Medida en dólares nominales, entre 2000 y febrero de este año el total bruto se incrementó de 159 mil millones a 262 mil millones. Si se emplean los recursos del FMI, llegarán 309 mil millones.

Cuando Fox llegó a la administración para “prestársela a sus cuates”, la deuda interna bruta real ascendía a 763 mil millones de pesos. Cuando se fue, ésta era de 1.4 billones, 88 por ciento más. Con Calderón, en menos tiempo, para febrero de este año, es de 1.9 billones, 36 por ciento más. ¡Y aún no llega a la mitad de su mandato! Los panistas nos han endeudado internamente 2.6 veces más.

El PIB pasó de 13 por ciento a 21 por ciento en 2000 y febrero de 2009.

En 1995, después del desastre zedillista, la deuda externa bruta nominal llegó a su máximo histórico de 100.9 mil millones de dólares. Después se dio un desendeudamiento y esos pasivos cayeron a 84.6 mil millones. Fox heredó un adeudo por 54.8 mil millones. Con Calderón ya se elevó a 85 mil millones y podría ampliarse hasta 133 mil millones. Es menester aclarar que los 85 mil millones se deben a que incorpora los pasivos de los Pidiregas, las obras que realizan los empresarios en nombre del Estado.

Si se descuentan, los débitos se reducen a 27.7 mil millones.

También están considerados en los saldos de la deuda total e interna, por lo que si se les deduce, también disminuyen. Sin embargo, para efectos prácticos, los Pidiregas, aunque de oscura procedencia, tendrán que amortizarse con los ingresos del Estado, y no son simples asientos contables.

A menos que el futuro gobierno decida desconocerlos o, al menos, los audite.

El que descalificaba a López Obrador porque supuestamente endeudaría al país, lo llevaría a la devaluación y la crisis, ya hizo las tres cosas en menos de tres años.

Para diciembre de 2008, el saldo histórico nominal de los requerimientos fiscales del Estado sumaron 4.3 billones de pesos, 3.2 billones si se descuenta la inflación. Ellos equivalen a 34 por ciento del PIB. De los 4.3 billones, 1.8 billones, el 41.6 por ciento del total, representan las tropelías empresariales, quebrantos que de Zedillo a Calderón han socializado.

Los Pidiregas representan 926.8 mil millones, 21.4 por ciento del total; el rescate de los banqueros 731 mil millones, 16.9 por ciento, y la parte restante a los empresarios que medraron con la privatización de las carreteras, 71.6 mil millones, 3.3 por ciento.

La magnitud de los pasivos totales del Estado es el principal obstáculo para que el Estado pueda impulsar el desarrollo, sin considerar, por supuesto, la voluntad de los neoliberales priistas y panistas por destruirlo y reducirlo a su mínima expresión de simple cancerbero de la acumulación privada de capital, de abrirle las puertas a los empresarios para que medren a costa de él, de transformarlo en administrador de sus contrarios. Ello, en parte, explica el terrorismo de Estado, la presencia de los militares en las calles. También lo dejan en una gran debilidad y cualquier circunstancia le llevará al colapso. Esto puede ser la combinación de la caída de los ingresos petroleros durante un periodo amplio o el aumento de las tasas de interés internas o externas.


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