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Desempleo, pérdida del poder adquisitivo e inseguridad laboral y social, características de la precarización del trabajo en México. Expertos en la materia aseguran que la falta de garantías para la clase trabajadora es diametralmente opuesta a los privilegios conseguidos por los empresarios


Juan Manuel Basilio busca en la calle, todos los días, el sustento para él y su familia. Camina presuroso entre automóviles que esperan impacientemente la luz verde del semáforo. Porta el uniforme de una compañía colombiana que llegó a México en 2004, y que ha expandido su mercado por todo el país. Carga una caja de unicel y levanta sus brazos ofreciendo Bonice: agua congelada con sabor artificial.

Ésta, su primera temporada de venta, concluirá en junio, cuando la época calurosa del año se haya ido.

Bonice no le ha garantizado ningún contrato laboral, tampoco salario fijo ni horario de trabajo, mucho menos prestaciones sociales que le permitan acceder a los servicios médicos del sector público.

Originario de Toluca, Estado de México, Juan Manuel es hijo de un voceador y de una mujer dedicada al hogar. Estudió hasta tercer año de secundaria, pues “es tradición” en su familia empezar a trabajar una vez concluida la educación básica.

—Lo tenemos que hacer porque si no, no sale para la comida. Le batallamos un poco pero a’i la llevamos.

En 10 años ha sido ayudante de cocina, garrotero, mesero, empleado de la cadena Wal Mart y promotor de varios productos. Cada vez le resulta más difícil colocarse en un trabajo que le pague mejor que el anterior: ahora le exigen estudios de preparatoria.

Generalmente ha vivido de propinas y comisiones. En la actualidad sus ingresos dependen del número de congeladas que venda al día. A cada una le gana 1 peso. De lunes a viernes alcanza a colocar unas 100 diarias.

Los “días buenos”, sábados y domingos, obtiene hasta 250 pesos.

Una vez que pase la primavera saldrá a las calles para iniciar otra promoción. Comenzará a prepararse para temporada navideña de 2009, como lo hizo el año pasado. En agosto iniciará el reclutamiento de empleados para juguetes Mi Alegría. En esa empresa sí contará con seguridad social, ganará un salario mínimo y un poco más en comisiones, todo depende de su éxito en las ventas. Sin embargo, la “certidumbre” salarial acabará el 5 de enero de 2010, justo el Día de Reyes.

De acuerdo con el estudio Flexibilización laboral, el caso de México, elaborado por Danae Duana Ávila, candidato a doctor en ciencias económicas del Instituto Politécnico Nacional, las características del mercado de trabajo que prevalecen en el país son: aumento del desempleo, emergencia del “trabajo interno” o de tiempo parcial, decrecimiento del poder adquisitivo, abandono del salario mínimo, nuevas formas de segmentación del mercado de trabajo y fortalecimiento de las actividades informales.

La flexibilidad o precarización laboral es uno de los métodos que permite a las empresas “contar con un mayor margen de control en la administración y en la disponibilidad de recursos humanos, a través de la adecuación de los contratos colectivos y de normas de trabajo acordes con las nuevas necesidades de la planta productiva.

En un ámbito general, redefine la acción sindical de las organizaciones obreras”, expone Duana Ávila.

Globalización: deterioro en empleos

David Rodríguez camina entre los carriles del crucero de Reforma y Bucareli –en el centro de la ciudad de México–, justo en donde el tráfico se acentúa. Porta una playera blanca con un signo de pesos que cubre la mayor parte de su vientre, el número 10 al lado. Levanta sus brazos para ofrecer agua embotellada Bonafont a los automovilistas.

El joven de 28 años es uno más de los universitarios que han tenido que dejar los estudios ante la falta de recursos.

David había concluido el segundo semestre de la licenciatura en gastronomía en la Universidad del Claustro de Sor Juana cuando las autoridades de la institución le informaron que ya no podían subsidiar la beca con la que contaba. No pudo pagar los 4 mil 700 pesos que costaba la mensualidad. Gana 20 pesos por caja vendida, no se queja. No le va mal, dice. En esta época de calor llega a vender unas 15 cajas, 300 pesos diarios. Con eso la arma. Es la primera vez que sale a vender a las calles y está juntando dinero suficiente para irse de emigrante a Canadá. En junio será la pizca de cereza morada en el norte del continente y ya tiene un lugar apartado en los campos de Vancouver.

David está desilusionado de la oferta laboral en México. Ha buscado distintas oportunidades desde que dejó la escuela y los ofrecimientos no pasan del salario mínimo: 54 pesos diarios, más comisiones.

—Yo no sé cómo le hacen mis compañeros que tienen esposa e hijos, dos o tres, y que como yo venden agua en las calles. Yo no tengo a quién mantener –dice ufano.

No cuenta con ningún tipo de prestación, ni contrato, mucho menos sabe de sindicatos.

Crítico del sistema económico, David dice que la carencia de fuentes laborales en la rama restaurantera (que es en la que él ha intentando entrar) es porque todas las trasnacionales vienen a imponerse con pagos mínimos y con horarios extensos de trabajo. “Con esto de la globalización, llegan más empresas que explotan a la gente con un sueldo que no asciende a más de 2 mil 500 pesos mensuales. La cadena Wal Mart así se maneja y nadie vive con eso”.

José Alfonso Bouzas Ortiz, doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México –coordinador del libro Contratación colectiva de protección en México, informe realizado para la Organización Regional Interamericana de Trabajadores– indica que la falta de garantías laborales (salario justo, jornadas de ocho horas y la afiliación a un sindicato) son parte de la “flexibilidad” laboral impuesta desde 1980 con el afán de atraer mayor inversión al país.

Con estas características, dice, el gobierno federal y las autoridades del sector están fomentando el “no compromiso” de los patrones con la clase trabajadora. Es una “flexibilidad salvaje, unilateral y vertical que va a fracasar”.

Bouzas Ortiz critica que la propuesta de reformar la Ley Federal del Trabajo –que se ha venido cabildeando en el Congreso de la Unión desde el sexenio pasado–, sea parte de una estrategia política aliada con el sector empresarial “para acabar con las conquistas laborales”.

Ejemplifica que el outsourcing, limitado en los artículos 13, 14 y 15 de la ley, es una constante en la actualidad.

Además, los contratos de protección patronal prevalecen en la mayoría de las empresas e “impiden la democratización y la negociación colectiva y generan una simulación en el conjunto de instituciones del mundo laboral”. Estudios del investigador universitario revelan que existen unos 13 mil 500 contratos de este tipo registrados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Crisis, culpa del PAN

Alberto Garduño ofrece billetes de la Lotería Nacional en la vía pública desde hace 39 años. Empezó a trabajar desde que tenía 10 años de edad.

Para él, su bienestar económico se derrumbó “con la entrada del PAN (Partido Acción Nacional) al poder: las ventas se cayeron un 60 por ciento”.

De la venta de “cachitos” o series completas pudo dar educación a sus seis hijos, que han alcanzado los estudios universitarios. Sin embargo, considera que ni su futuro ni el de sus descendientes está garantizado.

Sin dudarlo, asegura que la economía del país cambió y eso causa incertidumbre entre las personas. “Se han visto muchas anomalías en cómo manejan el dinero los del PAN”.

Vive de los menos de 100 pesos que obtiene al día. La gente ya no se juega la suerte como antes. Por eso, ahora su “negocio” se complementa con la venta de tarjetas telefónicas para celular, a las que gana el 4 por ciento de su costo al público.

Ahí también se cayeron las ventas.

Compañías como Telcel ya ofrecen planes de tiempo aire que “nos quitan el empleo a los que andamos en la calle. No hay una entrada fija de dinero. Hay que buscarle y cada vez cuesta más trabajo”, dice el hombre de 49 años de edad.

Lauro Sol, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, dice que es “urgente” discutir lo que ocurre en el derecho laboral mexicano.

El gobierno federal “no quiere respetar la Constitución ni aplicar la ley, sino profundizar las medidas de corte neoliberal que favorecen a la inversión extranjera sin mejorar las condiciones laborales ni garantizar el empleo y el derecho de huelga”.

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