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De la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos se desprende que defensor o defensora de derechos humanos es aquella persona que, individual o colectivamente, promueve y procura la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. La labor de defensores y defensoras de derechos humanos es ampliamente reconocida por organismos internacionales, quienes subrayan que el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende, en gran medida, de las garantías con las que cuenten los defensores para realizar libremente sus actividades.


Hoy día en México y alrededor del mundo enfrentamos una crisis económica que afecta directamente el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. En un contexto de desigualdad económica y social, la pobreza es una violación generalizada a los derechos humanos. La crisis actual incrementa esta violación generalizada a los derechos humanos.

Cada vez más crecen los sectores de la población que ven limitado el acceso a condiciones de vida digna para su pleno desarrollo, lo cual trae como consecuencia la vulneración de derechos: a la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la vivienda, al medio ambiente, etcétera.

Los despojos de las tierras y territorios de las comunidades y pueblos; la participación del Ejército en asuntos de seguridad pública; la defensa de la soberanía alimentaria; las luchas contra los megaproyectos de inversión, como presas, generación de energía o explotación minera; la exigencia de libertad de los presos políticos, entre otros problemas sociales no menos importantes, son puntos donde convergen la movilización social y la protección de los derechos humanos. En este panorama se mueven defensores y defensoras. Es ahí donde su labor se hace más necesaria, pero también más peligrosa.

El trabajo de los defensores es estratégico en la medida que favorece la vigilancia, la denuncia y la exigencia para que el Estado cumpla con las obligaciones internacionales que en materia de derechos humanos ha contraído. Sin embargo, en México aún no existen condiciones para que los defensores de derechos humanos lleven a cabo sus tareas; tampoco existen garantías que protejan su integridad física y sicológica, ni su vida. El Estado no reconoce legal e institucionalmente el trabajo de las defensoras y los defensores, ni la eficacia en el trabajo de las organizaciones de derechos humanos.

Incluso, se presentan escena rios donde se menosprecia y se denigra la labor de defensa de los derechos humanos, y más grave aún son los actos intimidatorios, amenazas y hostigamientos que sufren.

En días recientes, Argelia Rodríguez Lucero –promotora y defensora de derechos humanos e integrante de la Escuela para Promotoras y Promotores Juveniles de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria– fue víctima de vigilancia, ataques y amenazas. El lunes 9 de marzo, mientras caminaba rumbo a su escuela, fue interceptada por un sujeto que, de acuerdo con su dicho: “Me tomó con fuerza por los codos, simulando que me abrazaba y me dijo con acento costeño ‘No voltees’ y seguimos caminando. Al pensar que me asaltarían, bajé mi mano hacia el bolsillo para mostrarle mi dinero, pero me inmovilizó la muñeca mientras me decía literalmente al oído: ‘No nos gusta el trabajo que está haciendo tu hermanito en Guerrero, dile que le pare porque nos vamos a desquitar contigo y tu cuñada’”. De acuerdo con su testimonio, se trataba de un hombre de aproximadamente 1 metro 70 centímetros, delgado, moreno, cabeza ancha, ojos medio rasgados y nariz recta. Vestía playera blanca, pantalón y chamarra de mezclilla, botas y corte tipo militar.

Argelia es hermana de Prometeo Jorge Rodríguez Lucero, quien labora en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Actualmente, esta organización civil, entre otros casos, lleva la defensa jurídica de los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario respectivamente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida y con visibles huellas de tortura el 20 de febrero, siete días después de haber sido desaparecidos por tres hombres armados que se identificaron como policías.

De acuerdo con el Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2006, defensoras y defensores requieren una protección adecuada por parte de las autoridades estatales, que garantice que no serán víctimas de injerencias arbitrarias en su vida privada ni ataques a su honra y dignidad. Dicha protección debe ampliarse a los ataques dirigidos a sus familiares.

Ya que es común que en varios países del continente personas cercanas a las defensoras y defensores sean violentadas en sus derechos con el propósito de interferir en las actividades de sus familiares.

La situación de riesgo llega a tornarse tan frecuente y grave en nuestro país, que las organizaciones y los defensores se ven limitados para realizar sus actividades. Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa en Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero, se vieron obligados a abandonar la región porque su vida corría peligro. El pasado 26 de marzo Jesús Torres Fraire, director del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, fue detenido por dos agentes de Seguridad Pública Municipal en Torreón, Coahuila. Durante el operativo le fue sustraída su computadora, la cual contiene información confidencial de la organización donde labora.

Frente a este panorama, las organizaciones de derechos humanos demandamos que el gobierno federal y los gobiernos estatales atiendan las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo a México en el marco del Examen Periódico Universal, las cuales se refieren a incrementar la efectividad de las medidas preventivas para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, reconocer públicamente el importante papel de los defensores en México, y que los crímenes en contra de periodistas, abogados y defensores de derechos humanos sean investigados de manera efectiva y se castigue a los responsables. Se debe señalar que en el marco de dicho examen la impunidad es un problema transversal que permite las agresiones en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. Y recordar igualmente que la defensa de los derechos humanos es indispensable en un Estado democrático.

Por tanto, su ejercicio no debe implicar un riesgo a la integridad y la vida de las personas.

*Director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC.

Fuente: Semanario Contralínea 127 / Año 7 / 19 de abril de 2009

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