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Al término de la revisión de la cuenta pública 2007, la ASF interpuso una denuncia penal ante la PGR contra el jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Norte del ISSSTE por omitir responder una demanda laboral que costó al instituto más de 8 millones de pesos. Además, la Auditoría Superior encontró “baja eficiencia” en los litigios laborales; presentación de información no confiable, así como desfalcos por 600 mil pesos en el nosocomio Ignacio Zaragoza

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra del jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Zona Norte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En la revisión de la cuenta pública 2007, se observó que el funcionario omitió dar respuesta al juicio laboral 292/2007, interpuesto por el exsubdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales.

El jefe de la Unidad Jurídica no compareció en la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; ofrecimiento y admisión de pruebas, lo que ocasionó un supuesto daño al patrimonio del instituto por 8 millones 577 mil 500 pesos.

El 30 de diciembre de 1959, durante la administración de Adolfo López Mateos, se publicó el decreto por el que se creó el ISSSTE. El objetivo: “Contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, prestaciones y servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los valores institucionales de honestidad, legalidad y transparencia”, se lee en el portal electrónico de la dependencia.

En la revisión de 261 expedientes, la auditoría detectó deficiencias en tres juicios en la defensa de los intereses jurídicos del ISSSTE en materia laboral. En el expediente 292/2007 –tramitado ante la Junta Especial número 10 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y turnado para su atención al jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Zona Norte, mediante el oficio 600.602.3/968/07 del 30 de abril de 2007– no se compareció a la audiencia celebrada el 6 de junio de 2007, por lo que la demanda del trabajador se dio por contestada en sentido afirmativo.

La Subdirección de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica del ISSSTE atrajo la atención de dicho juicio.

El 3 de julio de 2007 la dependencia promovió un incidente de nulidad de actuaciones, el cual fue desechado por extemporáneo. El 18 de octubre de 2007, la junta dictó laudo desfavorable al instituto en el que se le condenó a la reinstalación del trabajador y al pago de los salarios caídos y demás prestaciones reclamadas.

El 20 de noviembre de 2007, el instituto interpuso amparo contra el laudo y solicitó la suspensión de su ejecución, en cuanto que la dependencia se niega a la reinstalación; pero se concede respecto de la liquidación.

El recurso fue resuelto en sentido desfavorable a los intereses del ISSSTE.

El 26 de septiembre de 2008 se pagaron al extrabajador 6 millones 124 mil 800 pesos y se le expidieron y entregaron constancias de retención por la cantidad de 2 millones 452 mil 700 pesos, en cumplimiento del convenio celebrado el 2 de septiembre de 2008.

Contralínea solicitó conocer la posición del ISSSTE a través de la Jefatura del Departamento de Publicidad Institucional, adscrita a la Dirección General de Comunicación Social, cuyo titular es Ramón García, sin que al cierre de esta edición se tuviera respuesta.

Robo hormiga

En la revisión de los Inventarios de Productos Farmacéuticos y de Laboratorio, la Auditoría Superior de la Federación observó que al menos en 95 claves de medicamentos hubo una sobreinversión de 1 mil 358 millones 659 mil pesos. Las subdirecciones de Almacenes y de Infraestructura informaron que el 15 de octubre de 2007 se recibió una ampliación a su presupuesto en el capítulo 2000 “Materiales y suministros” por 3 mil 499 millones 100 mil pesos, que fueron utilizados para cumplir con los compromisos presidenciales emanados de la reforma a la Ley del ISSSTE y asegurar el suministro.

González Aragón

La auditoría presume un probable daño patrimonial por 156 mil 324 pesos, al observar que el 10 de noviembre de 2007 se registró la salida de siete piezas de la clave 5423, por 132 mil 512 pesos, y dos piezas de la clave 4415, por 23 mil 812 pesos, sin que la farmacia del hospital Ignacio Zaragoza proporcionara la documentación que acredite la entrega del medicamento a los derechohabientes o la utilización para la operación del propio nosocomio.

Asimismo, con la revisión de 208 recetas y 95 solicitudes de medicamentos para pacientes hospitalizados y servicios auxiliares del citado hospital, la ASF observó un probable desfalco a las arcas públicas por 267 mil 515 pesos, ya que no se comprobó, con las recetas médicas correspondientes, la entrega de los medicamentos a los derechohabientes ni su utilización interna.

Con la revisión del inventario físico anual de medicamentos de la farmacia del nosocomio Ignacio Zaragoza, la Auditoría Superior detectó un probable daño patrimonial por 260 mil 443 pesos, debido a que la primera no aclaró las diferencias de 4 mil 351 piezas menos.

Laudos desfavorables

Con objeto de verificar las acciones realizadas por las áreas contenciosas responsables de la defensa de los intereses del ISSSTE en materia laboral, la ASF revisó una muestra de 261 expedientes (3.2 por ciento) de un universo de 8 mil 51 juicios activos en el año de análisis. En éste se encontró que la dependencia sólo obtuvo resultados favorables en el 32.9 por ciento de los litigios concluidos con laudos, es decir, en 27 de los 82 juicios concluidos con laudos, por lo que representan una eficiencia baja.

De los 148 juicios concluidos, en 2007 se efectuaron pagos de 74 juicios por 38 millones 151 mil pesos, de los cuales 55 (74.3 por ciento) fueron con laudo desfavorable al ISSSTE y significaron una erogación de 22 millones 886 mil pesos; en 16 se concluyó por convenio, por 7 millones 744 mil pesos; y tres más por incidente de insumisión al arbitraje, por 7 millones 520 mil pesos.

La ASF observó que, de nueve juicios con laudo desfavorable al instituto, en cinco (55.6 por ciento) el laudo fue contrario porque los peritos terceros en discordia dictaminaron a favor del actor; en dos (22.2 por ciento), por la falta de documentación en tiempo para preparar la defensa adecuada; en uno (11.1 por ciento) no se acreditó que el actor era trabajador de confianza; en otro más (11.1 por ciento), la entidad no probó haber cumplido el procedimiento establecido para cesarlo.

Con la revisión de los 261 expedientes en materia laboral se encontraron 11 tipos de deficiencias en la integración de los expedientes, falta de constancias de las actuaciones en los recursos, en los laudos dictados no se permite conocer el estado procesal de los juicios; no hay control en el manejo de los expedientes y dificultan dar un adecuado seguimiento al desarrollo de los litigios.

Sin control

La auditoría señala que la Subdirección General Jurídica es la encargada de dar atención y seguimiento a los asuntos legales y administrativos del ISSSTE, que tendría que ver con la atención de los juicios. Durante 2007, la dependencia dio seguimiento a 20 mil 683 juicios en materia laboral, fiscal, civil, de amparos y causas penales.

La ASF observó que el ISSSTE programó metas generales sobre algunas de las actividades que realiza, pero no cuenta con indicadores de desempeño cuantitativos o cualitativos, estratégicos ni de gestión que permitan medir el cumplimiento, la eficacia, calidad, atención y seguimiento de los juicios relacionados con la defensa y representación en las controversias laborales y de pensiones.

Además, no midió los resultados obtenidos en la conclusión de los juicios, cuántos fueron ganados o perdidos; el impacto de los resultados en los recursos presupuestales autorizados por los pagos de laudos o resoluciones pensionarias desfavorables o los ahorros obtenidos ante las sentencias en litigios pensionarios favorables.

La auditoría constató que el ISSSTE no cuenta con un sistema de control, verificación y actualización de los juicios laborales en que interviene y no tiene establecidos mecanismos que le permitan tener información veraz, confiable y oportuna respecto del número de litigios en trámite, iniciados y concluidos; el estado procesal que guardan éstos, así como las acciones realizadas por la entidad fiscalizada para atender y dar seguimiento a cada uno de ellos.

Para la ASF, los datos contenidos en los informes trimestrales rendidos al Comité de Control y Auditoría no son confiables ni hay congruencia entre las cifras reportadas, toda vez que de las 36 unidades jurídicas de todo el país sólo 15 (41.7 por ciento) presentan información consistente, es decir, en función del total de juicios concluidos desagregan el número de litigio con resolución favorable y desfavorable a los intereses de la entidad fiscalizada.

También se determinó que la dependencia no cuenta con el diseño y programación de un sistema informático a nivel nacional para el seguimiento y registro de los juicios en materia laboral con el que se le pueda dar un seguimiento oportuno y puntual a cada uno de los juicios en los que interviene. Carece de un sistema único de control en el que se registre toda la información relacionada con los litigios y amparos, lo que imposibilita contar con información que coadyuve a la toma de decisiones y a la evaluación de las actividades realizadas.

El costo

En 2007, el ISSSTE no contó con indicadores para evaluar el costo operativo de los litigios laborales; por ello, la Auditoría Superior procedió a estimar el costo de éstos. Se consideró el sueldo obtenido en el año por los 96 servidores públicos responsables de la atención de los juicios en las unidades jurídicas y en oficinas centrales; sin embargo, éstos son sólo parte de los recursos ejercidos toda vez que además se tendrían que considerar las prestaciones que perciben y otros gastos efectuados como: fotocopiado, pago de correos, telefonía, papelería, útiles de oficina, consumibles para equipo de cómputo, entre otros.

La ASF determinó un salario mensual total de 1 millón 659 mil pesos para los 96 funcionarios, lo que anualmente se traduce en 19 millones 909 mil pesos, que divididos entre los 8 mil 51 juicios laborales que estuvieron en trámite en el año se obtiene un costo promedio por demanda de 2 mil 500 pesos.

Además, si se consideran los 145 millones 566 mil pesos determinados por la Auditoría Superior como pagados con cargo a los juicios laborales entre los 8 mil 51 litigios, se alcanzarían los 18 mil 100 pesos, que sumados a los 2 mil 500 pesos darían un costo promedio total por caso de 20 mil 600 mil pesos.

Pensiones

La ASF determinó que durante el periodo de revisión, el ISSSTE tenía en trámite 19 mil 500 juicios en materia de pensiones. En la auditoría se observó que la dependencia no cuenta con un sistema de control, verificación y actualización de los litigios en que interviene y no tiene establecidos mecanismos que le permitan tener información veraz, confiable y oportuna respecto del número de juicios en trámite, iniciados y concluidos; el estado procesal que guardan éstos, así como las acciones realizadas para atender y dar seguimiento a cada uno de ellos.

Con la revisión de 82 expedientes en materia de pensiones, se observaron inconsistencias en la integración de éstos; falta de control en el archivo de los casos relacionados con los juicios en materia de pensiones, al no identificar debidamente los recursos por lo que se refiere a la carátula e identificación de los mismos; no cuentan con constancias documentales de las actuaciones; no permiten conocer el estado procesal de los litigios; no existe control de los documentos, y dificultan el seguimiento adecuado de las demandas.

La auditoría precisó que de los 691 servidores públicos adscritos a las áreas jurídicas, sólo 96 (13.9 por ciento) fueron los responsables de atender los juicios laborales. Además, de éstos al menos 54 de los 96 funcionarios ocuparon puestos administrativos no comprendidos en el Catálogo institucional de puestos del ISSSTE, vigente en 2007, ni en los profesiogramas del mismo. En la revisión se constató que en 10 casos la entidad fiscalizada no proporcionó información del puesto administrativo que ocupaban.

La ASF determinó que no existe una adecuada asignación de las plazas administrativas de los servidores públicos responsables de la atención de los juicios laborales y que con la información proporcionada no fue factible evaluar en su totalidad el cumplimiento del perfil profesional establecido en los profesiogramas.

Además, se señala que, durante el año de análisis, los funcionarios responsables de la atención de los juicios laborales y de pensiones, adscritos a las áreas contenciosas, no recibieron capacitación en las materias relacionadas con el desempeño de sus funciones.

Carga de trabajo

La Auditoría Superior observó que de los 96 servidores públicos responsables de la atención de los juicios laborales, 92 fueron los que atendieron directamente las demandas, ya que para efectos de la distribución de las cargas de trabajo no fueron considerados el subdirector, el jefe de servicios y los dos jefes de departamento. Ante lo cual, se concluyó que no existe una adecuada ni equitativa distribución de las cargas de trabajo entre los abogados responsables de la defensa del interés jurídico institucional en materia laboral.

El ISSSTE no proporcionó información del número de juicios atendidos por funcionario. Sin embargo, si se toman en consideración los 19 mil 509 juicios determinados por la ASF que se encontraban en trámite al 31 de diciembre de 2007, dividido entre los 14 servidores públicos responsables de la atención de juicios fiscales en materia de pensiones, se obtiene que, en promedio, cada servidor público atiende 1 mil 950 litigios anualmente.

La auditoría reporta que la entidad fiscalizada proporcionó la Relación de cantidades pagadas en cumplimiento de sentencias, enero-diciembre 2007, en la que se reportó que en el año de análisis se pagaron 205 millones 515 mil pesos en juicios de pensiones con sentencia firme; entre los 23 que se concluyeron, el costo sería de 8 millones 935 mil pesos.

Inventario de bienes muebles

De acuerdo con la integración de las cuentas de equipo médico, de comunicaciones y cómputo, entregadas por la Subdirección de Contaduría, comparadas con las cifras presentadas en los Estados Financieros Dictaminados, las primeras presentan una diferencia de 25 millones 678 mil pesos.

Al respecto, mediante el oficio 120.123/004583/2008/8, la Subdirección de Contaduría informó que a la diferencia determinada se debe incluir el importe de la cuenta número 140-52-07 “Equipo médico registrado en otros bienes”, así como la cuenta 148-59-91 “Remesas de bienes de inversión” (que corresponden al equipo médico); sin embargo, el monto que se presenta en la balanza de comprobación de la primera cuenta es por 132 millones 589 mil pesos, y en la segunda es por 32 millones 495 mil pesos, sin que se identifique el monto que le corresponde al equipo médico, ya que señala un importe global.

Además, con el análisis de la base de datos institucional del Inventario de Bienes Muebles Inventariables, proporcionada por el Departamento de Control de Bienes Muebles, se observó que existen deficiencias en el control respecto de la ubicación del área administrativa o médica en el que se tienen asignados los bienes, ya que de los 9 mil 203 equipos médicos que se adquirieron en 2007, por un importe de 1 mil 72 millones 243 mil pesos, 2 mil 421 bienes, por 142 millones 967 mil, se tienen registrados en el Almacén Regional Centro; sin embargo, la verificación física comprobó que únicamente se tienen en ese almacén 142 bienes por 9 millones 150 mil pesos.

La auditoría corroboró que, al 31 de octubre de 2008, en el Almacén Regional Centro existían 142 equipos médicos por un monto de 9 millones 150 mil pesos, que fueron adquiridos en el ejercicio 2007 y que ingresaron en ese almacén en los meses de noviembre y diciembre del citado año, es decir, que tienen entre 11 y 12 meses sin utilizarse, por lo que no se refleja la necesidad de su adquisición.

También se constató que en la base de datos institucional de bienes inventariables se tienen encargados al Almacén Regional Centro 4 mil 17 equipos médicos, por 34 millones 141 mil pesos, y 4 mil 948 equipos de cómputo, por 43 millones 176 mil pesos, que fueron adquiridos en el periodo 2000-2006, sin que se tenga identificada la unidad médica o administrativa en donde están asignados.

Para verificar que los bienes se utilizan por las unidades médicas, la ASF realizó un inventario físico en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, del 24 al 26 de noviembre de 2008, de 62 equipos, por un valor de 295 millones 288 mil pesos. Todos los equipos fueron localizados, sin embargo, algunos de éstos no están en uso después de 11 meses de su adquisición.

En la revisión se observó un equipo (pletismógrafo), por un monto de 1 millón 817 mil pesos, que no es utilizado por falta de insumos y consumibles y de la instalación de tomas de oxígeno y aspirador; un acelerador lineal de baja energía, de 51 millones 993 mil pesos, que se encuentra en pruebas de funcionamiento y está en espera de la autorización de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

En la misma situación se encuentra un electronistagmógrafo, de 804 mil pesos, porque el personal está en capacitación para su operación; dos cortadores de cuchillas y ultramicrótomo modelo PTXL, de 819 mil pesos, que no se utilizan porque no se cuenta con equipo complementario; un aspirador ultrasónico, de 2 millones 333 mil pesos, que presentó fallas durante el procedimiento efectuado en una paciente. Éste fue revisado por el proveedor y empezaría a funcionar a mediados de diciembre de 2008; no obstante, el informe de la ASF no indica cuál es su situación actual.

En la revisión de la cuenta pública 2007, la ASF auditó los donativos entregados por parte de la dependencia al Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), que ascendieron a 10 millones de pesos.

El donativo se empleó para comprar un camión Volkswagen 2007 con capacidad para 44 pasajeros, con un valor de 987 mil pesos; una camioneta cargo van Chevrolet 2007, de 241 mil pesos, y otra modelo Tahoe, también 2007, importada, para siete personas, por 444 mil pesos. La Auditoría Superior destaca que “no quedan claros” los beneficios que obtuvieron los agremiados con la adquisición de estos vehículos.

Además, se culminó la segunda etapa del centro social, cultural y deportivo del SNTISSSTE, por un importe de 3 millones 500 mil pesos; pero no se contó con un proyecto de la ejecución, avance y conclusión de esta obra. Sin embargo, la ASF concluyó que no fue posible evaluar el impacto directo del donativo porque la dependencia no cuenta con el mecanismo adecuado para ello. (YT).

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