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En Ayutla de los Libres, Guerrero, desde la masacre de El Charco, acaecida el 7 de junio de 1998, el gobierno federal, además de encubrir a los responsables de este delito de lesa humanidad, mantuvo vigente la amenaza presidencial de Ernesto Zedillo, quien en un informe de gobierno declaró que a los grupos guerrilleros se les perseguiría con toda la fuerza del Estado.

En esta región se asientan comunidades de los pueblos me’phaa y na’savi. No existe ninguna dependencia pública, tanto del ámbito federal como estatal, que se encargue de brindarles atención. La misma Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas está ausente de esta región y totalmente desligada de la problemática que enfrentan desde hace siglos estos pueblos.

De nada ha servido el Plan de Ayutla para mejorar las condiciones de vida de los pueblos originarios. Esta lucha, que se dio contra la dictadura de Santa Anna, dejó intactas las estructuras caciquiles que siguen padeciendo los indígenas.

La Secretaría de Asuntos Indígenas estatal no se atreve a tomar en serio la lucha de estos pueblos; por el contrario, justifica y convalida la militarización en esta región y todos los daños que ha causado al patrimonio de las familias indígenas.

Los presidentes municipales se han encargado de echarle más leña al fuego, desacreditando la lucha legítima de las organizaciones indígenas, para alentar la estrategia de guerra de baja intensidad. Es muy significativo el hecho de que las autoridades de los tres niveles de gobierno hayan dejado en estado de indefensión a Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, dos indígenas me’phaa que fueron violadas por soldados del Ejército en sus comunidades de origen, en los meses de febrero y marzo de 2002. Ellas, a pesar de su monolingüismo, siguen reclamando justicia al grado que su caso está por llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este calvario de la violencia causado por la militarización y las actuaciones represivas de las corporaciones policiacas han hecho de esta montaña un cementerio donde las leyes son utilizadas para perseguir y criminalizar a los indígenas que defienden sus derechos. Recientemente, Raúl Lucas Lucía de 39 años y Manuel Ponce Rosas de 32 años de edad, indígenas que ocupaban los cargos de presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), fueron detenidos por tres hombres armados que se identificaron como policías, al medio día del viernes 13 de febrero, cuando se encontraban en un evento público realizado en la escuela secundaria Plan de Ayutla. Raúl y Manuel –que contaban con una trayectoria de lucha de más de 10 años como defensores del pueblo na’savi– llegaron en compañía de Guadalupe Castro, esposa de Raúl, quien se desempeña como regidora de Asuntos Indígenas.

En ese evento estuvo presente el director de Seguridad Pública de Ayutla, Luis José Sánchez Hernández, un exmilitar que sospechosamente recibió una llamada a su celular para luego retirarse con los policías que lo acompañaban. Minutos después se acercó un vehículo sin placas de donde bajaron tres hombres armados que de manera violenta se llevaron a Raúl y Manuel.

A pesar de que se notificó telefónicamente al procurador de Justicia del estado sobre esta detención, se dejó que los agresores actuaran con gran impunidad y desaparecieran de manera forzada a Raúl y Manuel. El mismo Ministerio Público de Ayutla obstaculizó las investigaciones y no quiso iniciar la averiguación previa por el delito de desaparición forzada.

El presidente municipal de Ayutla, Armando García Rendón, había advertido a la señora Guadalupe Castro que tuviera cuidado con su esposo porque corría peligro. Por su parte, Raúl y Manuel tenían planeado bajar a la cabecera municipal con varias comunidades mixtecas para protestar contra el presidente municipal que se negaba a cumplir con los compromisos adquiridos en su campaña. El lunes 16 de febrero era la fecha acordada para realizar la primera manifestación pública contra la nueva administración.

Nadie imaginaba que Raúl y Manuel iban a ser torturados al grado de quitarles la vida, sin que las autoridades hubieran intervenido con presteza para evitar este crimen atroz.

Fue el viernes 20 de febrero cuando la Policía Investigadora Ministerial encontró los cuerpos enterrados en un paraje conocido como Las Cazuelas, perteneciente al municipio de Tecoanapa.

Los encontraron dentro de unas bolsas de plástico en avanzado estado de descomposición, al grado que a sus familiares les costó mucho aceptar está tragedia. Presentaban visibles huellas de tortura; en el caso de Raúl Lucas, éste tenía un orificio de bala en la cabeza.

Desde la masacre de El Charco, Raúl y Manuel asumieron un liderazgo dentro de las comunidades mixtecas para denunciar los atropellos cometidos por el Ejército Mexicano. Interpusieron quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el mismo Raúl sufrió un atentado el 15 de febrero de 2007, donde estuvo a punto de perder la vida. A pesar de esta grave agresión, las autoridades no han investigado toda la estela de violencia que se vive en Ayutla; por el contrario, se sigue retroalimentando entre las corporaciones policiacas la versión de que la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y la OFPM están vinculadas a la guerrilla. De manera irresponsable, las autoridades han creado un ambiente hostil dando rienda suelta a los grupos delincuenciales para que hagan el trabajo sucio contra los indígenas que han asumido la defensa de los derechos humanos como parte de su proyecto de vida.

No sólo se violan a las mujeres indígenas o se fabrican delitos –como ha sucedido con los cinco miembros de la OPIM acusados de homicidio y que Amnistía Internacional los ha declarado presos de conciencia–, sino que ahora, en este río revuelto de la violencia, se da permiso para detener, desaparecer, torturar y ejecutar a defensores de derechos humanos.

En el estado de Guerrero, la lucha por la democracia y los derechos humanos sigue cobrando vidas a pesar de que se ha dado la alternancia política. Mientras la sociedad guerrerense sigue ofrendando su vida para transformar las estructuras caciquiles, las elites políticas simulan rivalidades para mantener intactos sus privilegios y pisotean la dignidad de los pueblos olvidados.