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En cuatro años la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal acumuló 142 demandas laborales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Trabajadores inconformes denuncian represión mientras el servicio se deteriora aceleradamente.

De noviembre de 2003 a abril de 2007, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) del Distrito Federal ha recibido 142 demandas laborales contra la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). De acuerdo con el documento Relación de expedientes para procesales presentados en la JLCA del organismo –del cual Contralínea posee copia–, en ese periodo sólo cuatro trabajadores fueron reinstalados en su puesto.

RTP, que tiene un parque vehicular de 1 mil 200 autobuses y una planta de 4 mil 500 trabajadores, fue creada para satisfacer las necesidades de transporte de las clases populares.

No obstante, operadores y mecánicos, integrantes y simpatizantes de la Coordinadora de Trabajadores Democráticos de RTP Ricardo Flores Magón se expresan inconformes con la situación laboral en la empresa. A decir de los quejosos, se vive un estado de represión y despidos injustificados, que se agravó con la publicación del reportaje “RTP: hostigamiento laboral y abandono” (Contralínea 91).

Los casos

El acta administrativa del 31 de enero de 2007 fue iniciada para “dejar constancia de la anomalía” en que incurrió el exsupervisor C, adscrito a la Gerencia de Operación del Servicio de RTP, Juan Leandro Muñoz.

El extrabajador habría dejado de cumplir con las funciones confiadas ese día, pues asistió a la dirección general de RTP, con personal sindicalizado de base, para informar sobre la constitución de un nuevo sindicato, independiente al Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal: la Coordinadora de Trabajadores Democráticos de RTP Ricardo Flores Magón.

Copia de los escritos –del 31 de enero y del 1 de febrero de 2007– que contienen las declaraciones de Benjamín Fernández Cruz, gerente de operación del servicio; Carlos González Torres, gerente de abastecimiento, y Óscar del Cueto García, asistente de la dirección general de RTP, asienten que al extrabajador se le advirtió que como personal de confianza no podía formar una asociación.

“Sin autorización de su jefe inmediato, abandonó sus actividades laborales y se trasladó a estas oficinas sólo para manifestar una decisión, y debía entender que las categorías del personal sindicalizado no correspondían con la categoría que él laboraba”.

Según consta en el documento del 1 de febrero, Leandro Muñoz se negó a firmar el acta administrativa por “considerarla como un hecho de amedrentamiento”.

El 8 de febrero de 2007 se expidió una notificación donde al extrabajador se le rescindía de su relación laboral y se apunta que de sus acciones se desprendió un motivo razonable de la pérdida de confianza. Al reverso del documento se expone que Leandro Muñoz recibió personalmente el aviso; no obstante, el extrabajador lo desmiente.

Para el inconforme, las actas y el comunicado son falsos, ya que el 31 de enero él sí se encontraba laborando.

Copia del control de boletaje, fechado ese día, por el que se constan llegadas y salidas de operadores, contiene la firma del hasta entonces supervisor, como el del 8 de febrero de 2007.

Las actas fueron firmadas por Abel Guerrero Castillo, jefe de la Unidad Departamental de Gestoría, y Wendy Benítez Rocha, jefe de Proyectos, y presentadas como pruebas en el juicio laboral interpuesto por Leandro Muñoz ante la Junta Especial 17 de la JLCA.

Sin embargo, según consta en una copia del acta de audiencia de desahogo de pruebas, celebrada el 23 de septiembre de 2008, los signatarios se desistieron de la ratificación de contenido y firma.

Por otro lado, el acta de audiencia de desahogo de pruebas para el expediente 260/2007, del 24 de noviembre de 2008, expone que la Junta Especial 17 consideró ilegales tres de las cuatro posiciones de la parte actora: “Que la absolvente (RTP) giró órdenes para que el 9 de febrero de 2007, el señor Raúl Mondragón Méndez le manifestara al actor ‘Juan Leandro Muñoz, estás despedido’; que la absolvente giró órdenes para separar de su trabajo al actor; que la absolvente se abstuvo de dar cumplimiento como representante patronal a la cláusula novena del contrato colectivo de trabajo vigente para el bienio 2006-2008 celebrado con la empresa RTP”.

A la comparecencia –según consta en copia del escrito– no asistió la confesante Ariadna Montiel, por lo que se le “tiene por fictamente (sic) confesa de las posiciones formuladas y calificadas por esta junta”.

Al caso de Leandro Muñoz se suma el de Ana María Santiago Hernández, asistente ejecutivo C, adscrita a la Gerencia de Procesos y Gestoría de la Dirección Jurídica. La extrabajadora se negó a corroborar un documento “falso” en el juicio del exsupervisor.

En el aviso de rescisión –dirigido a Santiago Hernández el 29 de septiembre de 2008–, la Gerencia de Procesos y Gestoría de la Dirección Jurídica de la RTP asegura que desobedeció sin causa justificada las órdenes de sus superiores.

El oficio advierte que la extrabajadora de confianza aceptó haber recibido copia del acuerdo, del 29 de agosto de 2008, por el que debería comparecer en el caso de la demanda laboral interpuesta por Juan Leandro Muñoz. A efecto de desahogar la prueba de ratificación del contenido, ella debía presentarse ante la Junta Especial 17 de la JLCA el 24 de septiembre. No obstante, se abstuvo de comparecer “ocasionando por su negligencia y desobediencia que la junta decretara la deserción de la prueba ofrecida a su caso”, sostiene el documento.

Copia de la circular anota que la exasistente ejecutiva C manifestó por escrito haberse hecho acreedora a una sanción en el acta administrativa instaurada el 26 de septiembre de 2008, “actualizándose con dicha conducta faltas de probidad u honradez en el desempeño de las labores que tiene encomendadas”.

Santiago Hernández expone que en abril de 2007 se elaboró el documento que debía ratificar por instrucción de sus superiores; de lo contrario, perdería su trabajo, pese a que ella no estuvo presente en ese lugar y fecha para hacerlo constar. Para la inconforme “cuando uno los contraviene, se molestan y ése es motivo para arremeter contra el personal”.

Con casi cinco años laborando para RTP, la extrabajadora declara que con anterioridad ya había recibido agravios, como que no le justificaran ausencias aún cuando las mismas se debieron a que estaba trabajando por el organismo, no le pagaron en cuatro ocasiones y en un mes no le encargaron ningún tipo de trabajo. La extrabajadora se lo atribuye a que en cierta ocasión le informó a su superiora que iba retrasada a una cita con un operador en el Ministerio Público.

Jesús Naranjo Morales, quien fue operador desde la quiebra de la Ruta 100, introdujo demanda contra RTP por despido injustificado. A causa de tener que tramitar su tarjetón de circulación le dieron un día libre; sin embargo, extravió los documentos que presentaría para recibir su licencia.

Sin poder recuperarlos, se reportó al módulo y le dijeron que, de no traer sus papeles, estaría dado de baja, aunado a que con el incidente acumuló cuatro faltas que ameritaron su cesantía, incluso cuando él pidió un permiso que no registraron. Por el “descuido”, Naranjo Morales fue obligado a firmar su renuncia. El extrabajador comprobó sus inasistencias, pero no desistieron en su decisión.

En casi dos años, Naranjo Morales no ha recibido una respuesta favorable, por el contrario, el juicio se ha prologando, a decir del transportista, por la falta de interés de la empresa.

Para el desempleado de 63 años fue injusta su salida, pues siempre cumplió con su trabajo.

Insatisfacción en condiciones laborales

Registrada con el expediente CDHDF- /122/07/CUAUH/D6004-III, Juan Leandro Muñoz, Martín Rea Mercado, Víctor Rosa Martínez, Hermenegildo Ramírez, Fernando Arriaga García y Marco Rodolfo García Hernández presentaron queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por las condiciones en que laboran los operadores de RTP, específicamente sobre la situación de los módulos de operación, donde hay condiciones insalubres.

La demandas, rezago de otras administraciones: RTP.

En entrevista con Contralínea, Ariadna Montiel, directora de la Red de Transportes de Pasajeros (RTP), asegura que lo más preciado en la empresa son los operadores y mecánicos: “Nunca vamos a estar negados a hablar con los trabajadores sobre sus problemas; tratamos de darles la mano porque ellos nos la dan a nosotros”.

Subraya que el proyecto cree que a los trabajadores hay que apoyarlos en la medida en que ellos fortalecen a la empresa; sin embargo, admite que hay que aplicar medidas disciplinarias si son necesarias y si la queja viene del usuario.

Sobre las demandas interpuestas contra RTP, Montiel expone que las 142 contenidas en el expediente en manos de Contralínea pueden ser correctas. Agrega que la mayoría son rezagadas de otras administraciones: “En todos los casos hemos dado las liquidaciones al ciento por ciento, con todas las prestaciones”.

Las únicas rescisiones de trabajadores de confianza –refiere la funcionaria– han sido las de Juan Leandro Muñoz y Ana María Santiago Morales. Al respecto, la directora de RTP comenta que Leandro Muñoz “llegó a decirnos que si colaborábamos con él, él podía tener a los compañeros en paz”.

“No vamos a permitir que el personal de confianza –advierte– se inmiscuya en los asuntos de la organización sindical y no nos vamos a prestar a ese tipo de chantajes”. Así se lo señaló, asegura, durante su reunión con la Coordinadora de Trabajadores Democráticos de RTP Ricardo Flores Magón. “No era correcto que estuviera presente cuando se trataba de una cita con trabajadores sindicalizados”.

Observa que Juan Leandro Muñoz manejó su caso como un “asunto político”. Comenta que desde la revocación, el extrabajador la amenazó, lo mismo que al director del área de Operaciones.

En relación con el caso de Ana María Santiago Morales, Montiel explica que la abogada sustrajo documentos de la empresa y cayó en prevaricato, es decir, representaba a la vez a la empresa y a los trabajadores en conflictos legales.

La directora de RTP, Ariadna Montiel, asevera que lo que determine la Junta de Conciliación y Arbitraje será respetado en ambos casos.

En el tema del cambio de adscripciones –que para los trabajadores es una forma de represión–, la servidora pública apunta que se intenta mantener a la plantilla cerca de su casa, pero son cambios necesarios. Añade que mientras los trabajadores de base o de confianza tengan sus condiciones laborales salvaguardadas, su salario por el trabajo devengando será justo.

Sobre la falta de refacciones admite que hay problemas: “El presupuesto que nos dio la Asamblea en cinco años fue el mismo; pero lo que hace cinco años alcanzaba, ahora ya no”. La funcionaria describe que desde la administración de Andrés Manuel López Obrador no se había renovado la flotilla, por lo que las unidades se avejentaron.

Por ello, dice, fue aprobado un aumento en la partida por 40 millones de pesos, con lo que se sustituirán algunas unidades y se trabajará en el arrendamiento de 145 autobuses: “Tratamos de hacer más eficaz el servicio. Justo ahora colocamos un Centro del Control del Servicio y un chip a los camiones, que nos va a permitir saber cuándo les toca servicio y ser más eficientes en las áreas de mantenimiento preventivo y correctivo”.

Respecto de las instalaciones de los módulos, expone que fueron construidos hace 40 años y la austeridad del gobierno del Distrito Federal les prohíbe invertir en ello: “Somos la empresa operadora mejor calificada por los usuarios. ¿Dejamos de operar porque la barda está sin pintar? Eso no es sustancial”.

No obstante, considera que la preocupación de los trabajadores es legítima, porque “en la medida que tengamos bien nuestros autobuses, nuestra fuente de trabajo es sólida. Que porque no hay refacciones o camiones, ellos no reciben su salario, eso nadie te lo puede decir”. (PM).

Faltas en RTP.

La relación de actas administrativas levantadas por la Dirección Jurídica de la Red de Transporte de Pasajeros, de la cual se posee copia, registra un total de 255 faltas cometidas por personal de los módulos operativos entre enero y noviembre de 2006.

Según RTP, durante ese periodo 56 trabajadores incidieron en descuido inexcusable; 23 sustrajeron monedas de los contenedores; 18 incurrieron en manejo fraudulento de boletos y 10 en maltrato a usuarios o compañeros. Por daños contra autobuses, cinco fueron sancionados.

A su vez, tres fueron acusados de impericia o negligencia en el manejo, y tres más presentaron aliento alcohólico. Debido al robo de refacciones, dos fueron señalados y dos más por la pérdida de herramientas y una laptop. Un trabajador abandonó sus labores y uno más “renunció voluntariamente sin anomalías”.

Con motivo de las infracciones se registraron 63 renuncias, 58 suspensiones, 34 rescisiones, cinco amonestaciones y un apercibimiento.

Además se realizaron cuatro suspensiones y 13 aplazamientos de este tipo quedaron sin efecto. Mientras que 24 casos no tuvieron efecto, 21 fueron cancelados. (PM).

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