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La Cofetel da cuenta de más de 100 estaciones de radio “aseguradas” –tres en 2009– y advierte más “visitas de cortesía” a emisoras sin permiso como parte de la estrategia calderonista de “imponer el orden”. Radio Ñomndaa decidió pugnar “por la autonomía y el reconocimiento pleno de los derechos indígenas”, por lo que rechazó el permiso legal que el órgano regulador le ofreció.

Con los tres desmantelamientos ocurridos a finales de enero y de febrero en Michoacán y en Baja California, suman 107 las radiodifusoras aseguradas en lo que va del periodo de gobierno de Felipe Calderón. Los operativos son ejecutados por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), pero las denuncias las interpone la Secretaría de Gobernación (Segob). Francisco García Burgos, director de Radio y Televisión de la Cofetel, argumenta que es la voluntad del gobierno federal que en todos los aspectos de la vida del país se exija orden. Por ello se ha decidido incrementar los operativos contra las estaciones ilegales. “El orden se obtiene aplicando la ley”, subraya. Así, a partir de junio de 2008, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes comenzó a realizar aseguramientos contra las estaciones que no cuentan con el permiso o concesión para operar radiodifusoras. Los más recientes ocurrieron a inicios de 2009. El pasado 26 de febrero, las autoridades federales ocuparon y ce rraron las instalaciones de Radio Kompa, 106.1 de FM, ubicadas en Playa Rosarito, Tijuana, Baja California. Además, arrestaron a dos comunicadores. Otros dos aseguramientos ocurrieron a fines de enero, en contra de Radio Eiámpiti, en San Juan Nuevo, y de Radio Uékakua, en Ocumicho, ambas pertenecientes a comunidades indígenas de Michoacán. Dentro del programa de acciones en materia de radio y televisión (de 2006 a 2008), el órgano regulador tenía registradas, al 31 de diciembre de 2007, 224 estaciones de radio y televisión que operan sin concesión o permiso en el país. Y, a lo largo de la historia del registro, el funcionario calcula que ya han sumado 400.

En el Informe de actividades 2007- 2008, la Cofetel revela que 90 estaciones fueron aseguradas, 68 dejaron de operar y 66 continúan pendientes. De junio a noviembre de 2008 ocurrieron otros 14 aseguramientos, indica la Cofetel en la respuesta a la solicitud de información 0912100076308. “En este espíritu es como el gobierno federal, la administración del gobierno Felipe Calderón, a través del presidente de la comisión, Héctor Osuna Jaime, nos ha dado instrucciones para participar con otras dependencias federales en el proceso, e insistir en que las estaciones ilegales no tienen cabida”, advierte García Burgos.

De la documentación se desprende que las 90 estaciones aseguradas, hasta el 31 de diciembre de 2007, radicaban en las siguientes entidades: Estado de México, 14; Sonora, 13; Michoacán, 12; Oaxaca, ocho; Puebla, siete; Chiapas, seis; Coahuila, cinco; Hidalgo, Jalisco, Sinaloa y Zacatecas, tres cada una; Campeche, Guanajuato y Yucatán, dos; Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, San Luis Potosí y Tabasco, una. Lo anterior deriva de las 81 visitas de inspección realizadas en el mismo periodo en todo el país. De éstas, “seis por denuncias presentadas por interferencias provocadas por la operación previamente establecidas”.

INFORME DE COFETEL

El informe también refiere aquellas estaciones que –en el mismo periodo– están pendientes de asegurar. Destacan 49 en Chiapas, ocho en Oaxaca, dos en Guerrero, dos en Michoacán (que fueron aseguradas en enero pasado), y una en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México y Distrito Federal. Asimismo, en el periodo que se reporta, la Cofetel realizó 29 “operativos de visitas de inspección de aseguramiento” en diversas poblaciones del país. Los resultados: 17 estaciones aseguradas, nueve se encontraron sin operar o desmanteladas, y en tres, la comunidad o miembros de las emisoras no permitieron la realización de la visita. Respecto a la naturaleza de las radiodifusoras que han sido desmanteladas e implicadas en actos “ilegales” y que la sociedad considera comunitarias, el funcionario considera que no existe esa diferencia, que son las mismas condiciones para todas. “Eso depende del Congreso, dado que (las radiodifusoras que se definen en términos comunitarios) están contempladas en la ley bajo el término permisionado. Para nosotros no causa ninguna diferencia. El asunto técnico es muy concreto”, aduce. Sin embargo, el senador Carlos Sotelo opina que los desmantelamientos y las sanciones reportadas por la Cofetel son “acciones hipócritas, dobles. Por un lado ejerce presión sobre las radios o niega permisos, y por el otro agrede”. El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado considera que “el gobierno de Calderón no es claro y desconoce las leyes”. Agrega que sólo son aseguradas aquellas radiodifusoras que le son “incómodas” al gobierno. Para el presidente del órgano regulador, los operativos continuarán en el transcurso de 2009. “Mientras nosotros cerramos estaciones, unas se vuelven a poner y surgen otras. Hasta ahora tenemos registradas en operación y de manera ilegal 93 o 94. La mayoría están concentradas en los estados de Chiapas y Oaxaca”. —¿Qué medidas se adoptarán al respecto? —Seguir, seguir dándoles visitas de cortesía con cierta frecuencia. “Nosotros no llamamos para amenazar a nadie. Lo que hacemos es que vamos, los visitamos y les cerramos la estación, ni hablamos ni nada, simplemente lo hacemos.” Respecto a los actores que integran los operativos, el funcionario explica que son administrativos. “Tenemos autoridad suficiente para cerrar una estación de radio y lo hacemos nosotros solos. Pedimos el apoyo de la PFP (Policía Federal Preventiva) para resguardar la integridad física de los inspectores, pues con frecuencia ellos son secuestrados”. La otra vía, explica, es cuando existen denuncias penales de por medio. Entonces la PGR encabeza los aseguramientos con el Ministerio Público a que se haya iniciado proceso penal y judicial en contra de alguna radiodifusora a la que se le hayan asegurado bienes”. Por otra parte, en el informe Resultados obtenidos durante la presente administración, que comprende el periodo de enero de 2007 a agosto de 2008, y del cual Contralínea posee copia, la PGR da cuenta de que, “en lo que va de la presente administración, en las radiodifusoras y televisoras que han sido cateadas se han asegurado 29 monitores, 87 aparatos electrónicos, nueve teléfonos, 380 videogramas, 13 antenas, dos líneas de transmisión y 112 objetos varios. Pero, en información emitida por la propia procuraduría, en el área de prensa de su portal de internet, suman seis las radiodifusoras aseguradas. Los operativos revelan que son ejecutados por denuncias interpuestas por la Dirección General Jurídica de la Segob, y se realizan en coordinación con diversos órganos policiacos y en coadyuvancia con la Cofetel. En noviembre de 2007, la estación Max Grupera 99.7 FM, que operaba sin concesión en una casa de Ixtapaluca, Estado de México, fue cateada. Ahí se aseguraron “48 objetos de equipo de transmisión de audio y radiodifusión, cuatro micrófonos, dos reguladores de voltaje, un estéreo y un sintonizador FM”. En junio de 2008, la PGR realizó otros tres cateos, “derivados de la denuncia presentada por la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobernación”, en Nuevo Laredo, Tamaulipas; en la estación de radio La Invasora, 95.9 de FM, de Tlatlaya, Es- tado de México, y en radio Estéreo Shalom, en 95.7 de FM, ubicada en Acapulco, Guerrero. También en el mes de junio fue desmantelada la estación de radio Tierra y Libertad, 90.9 de FM, en Monterrey, Nuevo León, por el “uso ilegal de señal sin concesión”. A decir de Héctor Camero, representante de la Asociación Civil Tierra y Libertad, la radiodifusora lleva 35 años al servicio de los trabajadores pobres y sus familias. “Nosotros ya habíamos intentado conseguir el permiso, pero los requisitos son muchos, como si fuéramos una radio comercial. Nosotros aceptamos dialogar y aceptar el apoyo siempre y cuando se respete nuestra libertad de expresión. “Nuestra defensa ha sido la exclusión de delito, así evitamos la criminalización. Si hemos cumplido con todos los requisitos y no nos dan el permiso, entenderemos que es una decisión política para que nosotros no nos expresemos”, considera Camero, colaborador de la radio, y sobre quien pesa una averiguación previa derivada del operativo. El primer día de febrero, personal ministerial de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública federal, Segob y la Cofetel –detalla la PGR– realizaron un cateo en las instalaciones de la estación Radio Uékakua, 104.5 de FM, ubicada en Ocumicho, municipio de Charapan, Michoacán.

Segob “opina” sobre permisos

Hasta principios de 2009, el permiso de transmisión para radiodifusoras de naturaleza no lucrativa sólo era otorgado por la Cofetel, pero a partir del 9 de enero, y por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el titular de la SCT puede hacerlo. A decir del senador Carlos Sotelo, quien preside la Comisión de Radio y Televisión, Segob es la que “secuestra expedientes y solicitudes de permiso para no autorizarlos”.

En el Informe de actividades 2007- 2008, la Cofetel describe en la “Relación de asuntos aprobados por el pleno” sus 82 solicitudes de opinión a la Segob respecto al otorgamiento de permisos en el mismo periodo. Asimismo, la Comisión informa que, en el primer semestre de 2007, fueron nueve las solicitudes. No especifica cuántas se otorgaron. El legislador Sotelo afirma que “el gobierno y la autoridad han secuestrado los expedientes. La Comisión Federal de Competencia ha liberado todas las solicitudes y Gobernación las tiene retenidas, pero son todas. Segob no las libera, argumenta problemas para comprobar personalidad jurídica”.

Por su parte, Francisco García Burgos, director de Radio y Televisión de la Cofetel, asegura que los requisitos son “sencillos: el proceso transita para la parte técnica y después a la parte de Segob, lo que finalmente concluye con el otorgamiento o no”. En este rubro, el senador Carlos Sotelo reconoce que “a los pueblos indígenas se les intenta obligar a cumplir con lineamientos y transmitir contenidos de gobierno –como los tiempos oficiales del Instituto Federal Electoral y de partidos políticos– y hasta tecnológicos, sin priorizar las necesidades y los derechos de las comunidades. “Ante estas actitudes autoritarias es comprensible el porqué de la existencia de comunidades indígenas que deciden irse por la libre”. Sin embargo, considera que, frente a las condiciones adversas, las radiodifusoras que no cuentan con el permiso o concesión requeridos por la ley mexicana deberían apegarse a la legalidad. Por eso, el senador considera prioritaria la “necesidad de reformar leyes a favor del otorgamiento de permisos con base en el reconocimiento a las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, ya sea por actas de asambleas o consejos”, puntualiza.

La Palabra del Agua, en resistencia

Xochistlahuaca, Guerrero. En el municipio autónomo de Suljaa’, sus habitantes –regidos por autoridades tradicionales– se niegan a aceptar el permiso legal que las autoridades federales exigen para poseer una radiodifusora. Jenny, colaboradora en turno, reconoce la importancia de que su comunidad posea una radio. Desde hace dos años, la joven asiste a la radiodifusora como operadora y locutora de manera voluntaria. Explica que desea continuar profesionalizando su labor. “Nosotros, los operadores jóvenes, admiramos y queremos seguir el ejemplo de nuestro comité. Nos gusta cultivar nuestra cultura y tradiciones, y queremos que nuestros hijos conozcan lo que nosotros compartimos”. A sus 19 años, Jenny, quien también vivió el último operativo de desmantelamiento de la emisora, medita: “Yo vi cómo llegaron y reprimieron. Jamás el pueblo había vivido algo así; pero también vi cómo el pueblo vino y defendió la radio. El comité intentaba dialogar, pero ellos no. Nos advirtieron que regresarían”. Desde hace cuatro años, los amuzgos de Suljaa’ –que oficialmente se llama Xochistlahuaca– comparten sus pensamientos a través del 100.1 de frecuencia modulada, Radio Ñomndaa, la Palabra del Agua. La estación se escucha en gran parte de la Costa Chica de Guerrero. Saben que, como en julio de 2008, el “mal gobierno” regresará a intentar callarlos. “No reconocen cabalmente nuestros derechos, pese a que son inherentes a cualquier pueblo indígena. Hemos decidido ejercerlos: expresar la palabra y el pensamiento en nuestra lengua. Lo que hacen es elaborar leyes que impiden nuestro desarrollo”, manifiesta el comité de la radiodifusora.

Los hostigamientos como presión

David Valtierra Arango, fundador y colaborador de Radio Ñomndaa, explica que su comunidad y la estación han sido “blanco de ataques, intimidaciones y fabricación de delitos” por parte de los tres niveles de gobierno. El líder comunitario comenta que la Cofetel, la PGR, la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Gobernación han colaborado con el municipio “priista” aledaño a su comunidad y con la alcaldesa y diputada local Aceadeth Rocha Ramí rez, pues “pretenden desaparecer la estación para penetrar y ejercer su voluntad al interior del municipio autónomo”. Argumenta que, pese a las agresiones, “desde hace años deseamos ser parte del Estado mexicano: lo deseamos como un reconocimiento integral de nuestros derechos colectivos, el de todos los pueblos hermanos indígenas del país como sujetos de derecho, no como un sometimiento ni como dádiva ni tampoco un privilegio”, explica. “Mientras el gobierno no nos garantice ese reconocimiento, vamos a seguir transmitiendo con el permiso de nuestro pueblo”. Es parte de la respuesta que en enero pasado la comunidad amuzga entregó a la Cofetel, órgano desconcentrado del gobierno federal, dependiente de la SCT. A decir de los pobladores, con el permiso legal, el gobierno intenta someterlos a cumplir compromisos que sobrepasan las condiciones políticas, ideológicas y culturales que enriquecen al pueblo amuzgo. Coinciden en que no corresponden a su realidad ni al respeto que como parte de las comunidades originarias del país merecen. “En nuestra comunidad no podemos transmitir las mentiras que el gobierno intenta que creamos. No podemos aceptar gobiernos corruptos ni que se privilegien los intereses mercantiles sobre nuestro interés de subsistencia y desarrollo cultural.” Los miembros del comité de la radio aseguran que en los cuatro años que tiene de existencia los hechos han derivado en la fabricación de delitos. El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan cita también el encarcelamiento de David Valtierra, en 2007, y el asesinato del antropólogo Miguel Ángel Gutiérrez Ávila, en julio de 2008. La organización civil dedicada a la defensa de los derechos humanos afirma que Radio Ñomndaa “ha sufrido vuelos rasantes de aviones del Ejército Mexicano, cortes de luz, presencia de la AFI y de soldados en las instalaciones”. Integrantes de la comunidad y quienes laboran en la radiodifusora dicen que el asesinato de Gutiérrez Ávila, investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, está ligado a su colaboración en la emisora y por la defensa que realizó en julio del año pasado durante el segundo operativo. En el estado de Guerrero, y según su Informe de actividades 2007-2008, a la Cofetel le quedan pendientes por asegurar dos estaciones transmisoras, Radio Ñomndaa es una de ellas. (AM)


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