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Actas de las sesiones del Consejo de Administración de Pemex revelan el fracaso de la petrolera mexicana en seguridad industrial: la vulnerabilidad de las instalaciones permitió que en 2007 el EPR saboteara los ductos de gas “mejor controlados” por la empresa; en lo que va del sexenio, el robo de condensados en la Cuenca de Burgos suma pérdidas por 3.2 mil millones de pesos; y, tan sólo de 2006 a 2007, la falta de medidas de protección derivó en la muerte de 57 trabajadores.

La administración de Jesús Reyes Heroles en Petróleos Mexicanos (Pemex) fracasa en seguridad industrial. Seis actas de igual número de sesiones ordinarias del Consejo de Administración –firmadas por su presidenta, la secretaria de Energía Georgina Kessel Martínez, entre abril de 2007 y marzo de 2008– revelan las vulnerabilidades de la paraestatal en esta materia.

Se trata principalmente de fallas en la protección de la infraestructura terrestre y marítima contra los sabotajes, el robo de condensados y de combustibles y los accidentes laborales evitables. Además, queda al descubierto la falta de control sobre información sensible y confidencial.

Respecto de los sabotajes, en julio y septiembre de 2007, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) dañó de manera intencional los ductos de gas “mejor controlados” por la paraestatal y con “mayor mantenimiento”, a decir del propio Jesús Reyes Heroles.

En el capítulo del robo de condensados que se trasiegan de forma ilegal a Estados Unidos, se suman pérdidas por más de 1 mil 600 millones de pesos anuales. A la fecha no se ha desarticulado alguna banda del crimen organizado, pues las personas involucradas “no se han encontrado en flagrancia”, indican los reportes de la paraestatal entregados a los consejeros.

En el tercer caso, al menos 57 trabajadores de Pemex y de empresas contratistas perdieron la vida entre enero de 2006 y diciembre de 2007, mientras que otros 583 sufrieron lesiones incapacitantes, consta en las actas del Consejo.

Las deficiencias en los tres rubros citados se dieron a pesar de que la paraestatal hiciera inversiones por más de 40 mil pesos diarios en consultorías especializadas en seguridad industrial.

De acuerdo con el contrato multianual SC-785/2005, asignado a la trasnacional DuPont, Pemex Corporativo erogó 1 millón 744 mil 425 dólares entre agosto de 2005 y agosto de 2008, para la aplicación del Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA). Éste fue incapaz de detectar las vulnerabilidades y combatirlas, según se desprende de las actas del Consejo.

El Sistema es un buen negocio para la trasnacional y funciona muy bien en papel, pero no en los hechos, pues la paraestatal no invierte recursos en el mantenimiento de las instalaciones de las cuatro subsidiarias (Exploración y Producción, PEP; Gas y Petroquímica Básica, PGPB; Refinación, PR; Petroquímica, PP), señalan profesionistas de confianza cesados de forma injustificada por Pemex entre 2005 y 2008.

El ingeniero Alfredo Hernández Peñaloza, miembro del Comité Nacional de Estudios de la Energía, explica que el SSPA es una copia del Sistema Integral de Administración de la Seguridad y la Protección Ambiental (SIASPA) desarrollado por el personal de Pemex. “Además de duplicar el SIASPA, se quedaron con los conocimientos generados por los trabajadores” de la paraestatal.

Agrega que “DuPont entró a Pemex Gas desde 1997, tras la explosión de las plantas criogénicas I y II del complejo Cactus (Chiapas, ocurrida en agosto de 1996). A partir de 2003 fue contratada por todas las subsidiarias, particularmente por PEP; entonces empezó un proceso de monopolización de la seguridad industrial”.

Para DuPont, éste ha sido un gran negocio; para Petróleos Mexicanos, una pérdida de conocimientos y una sangría financiera, resume Hernández Peñaloza.

Sabotajes

A pesar de los gastos multimillonarios en asesorías en seguridad industrial, Pemex no tiene la capacidad para prevenir y evitar sabotajes o atentados ni para reaccionar ante éstos, revelan las actas obtenidas por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La madrugada del 5 de julio de 2007, el EPR hizo explotar gasoductos de Pemex Refinación ubicados en Guanajuato. Cinco días más tarde, detonó ductos de gas en Querétaro.

Estos actos fueron parte de una “campaña nacional de hostigamiento contra el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón”, para exigir la presentación con vida de los militantes Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo de ese año “por el Estado mexicano”, señaló el grupo guerrillero en un comunicado.

El Consejo de Administración y los directivos de Pemex discutieron la problemática en la 778 sesión ordinaria, celebrada el 11 de julio de 2007, un día después de la segunda serie de atentados. En esa sesión, Jesús Reyes Heroles aseguró: “Los ductos de gas [que sufrieron los ataques] eran los mejor controlados y los que tenían mejor mantenimiento en todo el sistema”.

Al tiempo, admitió que Pemex estaba “muy afectado por lo ocurrido” y que personal de la petrolera y autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) trabajaban desde hacía 11 días en la definición de “las acciones pertinentes para proteger la integridad física de las instalaciones”.

En esa sesión, el secretario de Comunicaciones y Transportes y consejero de Pemex, Luis Téllez, refirió que los sabotajes evidenciaron la vulneración de la información clasificada.

—Se trata de un sistema complejo que va por debajo de la tierra. El hecho de que se hubieran llevado a cabo los atentados significa que alguien tuvo acceso a información delicada respecto a los ductos. Recomiendo hacer una investigación de cómo pudo darse la fuga de información sobre su localización; además de clasificar la información y ver quiénes tienen acceso a la misma.

En entrevista, el ingeniero Raúl Olivera –quien hasta fines de 2008 trabajó en el área informática de Pemex Gas y Petroquímica Básica– explica que las subsidiarias carecen de parámetros para proteger la información: si se tiene un mínimo de conocimientos informáticos se puede acceder a ésta con relativa facilidad, por muy confidencial que sea.

Durante la 778 sesión del Consejo, Carlos Romero Deschamps se mostró indignado por la información que desclasifica el Instituto Federal de Acceso a la Información, pues acusó que ésta ponía en riesgo a Pemex.

Al referirse a los actos de sabotaje, el líder del sindicato petrolero advirtió que habían detalles muy relevantes, como “el tamaño de los cráteres” formados por las explosiones “y que la tubería estuviera perforada hacia adentro”; por lo que, infirió, fueron provocados “por manos perversas”.

Reyes Heroles urgió a los consejeros a generar “programas, actitudes y visiones” sobre el tema, pues en algunos casos los ductos son la única vía para transportar los energéticos. Además, la paraestatal enfrentó problemas colaterales, como la carencia de inventarios: “Pemex tenía cierto inventario (de gas) para cubrir un evento, pero no una serie de eventos como la que se presentó”.

Dos días después de esa sesión ordinaria, Pemex Corporativo adjudicó el contrato SC-45-0514/2007 al Instituto Internacional de Administración de Riesgos, SA de CV. El objetivo: impartir un curso de calidad y seguridad industrial, del 23 al 31 de julio, con un costo de 7 mil 500 pesos, consta en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Administración Pública Federal.

El 10 de septiembre de 2007, el EPR saboteó ductos de gas ubicados en Veracruz. Más de 2 mil 500 empresas sufrieron afectaciones en 10 estados del país. “Unidades militares pertenecientes a nuestro Ejército colocaron 12 cargas explosivas en igual número de ductos de Pemex”, señaló el comunicado del grupo guerrillero.

Los sabotajes repercutieron de manera significativa en las finanzas de Pemex Refinación, informó Reyes Heroles al Consejo de Administración durante la sesión ordinaria 783, celebrada el 4 de diciembre de 2007. La subsidiaria aumentó su pérdida, “al ubicarse en 23 mil 200 millones de pesos (en ese ejercicio) contra 21 mil 100 millones registrados en 2006”.

Sin precisar montos, el director de Pemex explicó que la pérdida por 2 mil 100 millones de pesos “se debió al incremento del costo de importación de productos y a fletes extraordinarios requeridos para enfrentar los actos de sabotaje de los meses de julio y septiembre”.

—Cuando ocurrieron los actos de sabotaje, se recurrió al uso de autotanques; eso tuvo un costo muy importante y afectó sustancialmente la situación de Pemex Refinación.

Robo de condensados, por 3.2 MMDP

Entre las fallas en seguridad industrial también destaca el robo de condensados en la Cuenca de Burgos, el yacimiento de gas no asociado más grande de México que se ubica entre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y que se divide en bloques concesionados a las trasnacionales Repsol, Petrobras, Teikoku Oil, Techint, Tecpetro y D&S Petroleum.

El 29 de agosto de 2007, durante la 780 sesión ordinaria, Reyes Heroles se refirió a este “fenómeno, de mucha preocupación para el Consejo”, pues a diario se extraen ilícitamente 8 mil barriles de condensado de gas en esa zona, con un valor anual estimado en 1 mil 600 millones de pesos.

Por este delito, Pemex habría sufrido una merma en su patrimonio por al menos 3.2 mil millones durante la actual administración federal; mientras que de 2005 –año al que se remonta el estudio de la petrolera– a 2008, las pérdidas ascenderían a 6 mil 400 millones de pesos.

Hasta fines de 2007, la paraestatal no había instrumentado medidas de seguridad, según demostró un simulacro: para entonces, las plantas, los pozos de extracción de gas y las válvulas carecían de vigilancia, informó El Universal, pese a que el delito le cuesta 4 millones 383 mil 561 pesos diarios.

De acuerdo con el acta 780, Georgina Kessel solicitó a Reyes Heroles que le explicará por qué “no había ninguna persona o auto particular involucrados”.

—Se debe a que no se ha encontrado a las personas en flagrancia. Sólo se han detectado los lugares en donde se depositan los tanques llenos con los productos sustraídos de Petróleos Mexicanos –respondió el director general.

Enseguida, el director corporativo de Administración de Pemex, Rosendo Villarreal, aseguró a los consejeros que el combate a este ilícito es muy difícil; “incluso, se han dado amenazas de muerte al grupo de trabajadores y al área de Seguridad Física”.

Respecto al robo de combustibles, el 30 de abril de 2007, Reyes Heroles aseguró al Consejo que entre 2005 y 2006 se detectó un incremento de 34 por ciento en el número de tomas clandestinas en ductos de Pemex Refinación, sobre todo en oleoductos.

Sin cuantificar las pérdidas por esta modalidad del delito, refirió que mientras en 2005 la delincuencia organizada construyó cuatro tomas clandestinas, en 2006 se detectaron 69, consta en el acta 777.

Accidentes evitables

Otro rubro que la petrolera ha descuidado en materia de seguridad industrial es el que compete a sus trabajadores y a los trabajadores subcontratados a través de terceros. Tan sólo de 2006 a 2007 se registraron 57 fatalidades y 583 lesiones incapacitantes que afectaron a igual número de personas.

Los trabajadores de “confianza” recién despedidos Jesús Bastida (PR), Gala Barraza (PGPB), Óscar del Cueto (PR), Raúl Olivera (PGPB) y Moisés Flores (PP), cesado en 2005 –todos miembros de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros–, indican en entrevista que el mayor problema de Pemex es la falta de mantenimiento.

“No se necesita ser especialista para saber que la falta de mantenimiento en las refinerías pone en riesgo la vida de los trabajadores. Es terrible cómo se percibe la inseguridad y eso no es otra cosa que falta de mantenimiento. La mayoría de las instalaciones están emplazadas para su reparación”, dice el ingeniero Jesús Bastida.

Para Óscar del Cueto –también despedido injustificadamente por Pemex Refinación a fines de 2008–, la escasez de recursos en este rubro obedece a “una política deliberada para debilitar a Pemex y así justificar la privatización”. La misma política habría desmantelado ya a Pemex Petroquímica, denuncia Moisés Flores.

Mientras, trabajadores de terceros contratistas explican que los equipos de seguridad (lentes, botas, protectores de oídos, impermeables, botes salvavidas) son de mala calidad y esto propicia accidentes, sobre todo en época de lluvias. Ingenieros y técnicos subcontratados –que solicitan el anonimato por temor a represalias– indican que las jornadas laborales que imponen las compañías privadas son extenuantes: de 12 y 24 horas continuas.

Agregan que la afiliación al seguro social ocurre uno o dos meses después de iniciada la relación laboral. Esto se da porque los contratos son inexistentes: “Nos obligan a firmar una hoja en blanco que simula ser el contrato”. A pesar de que los trabajos que realizan en plataformas son de alto riesgo, no cuentan con seguro de vida o de gastos médicos mayores.

El 30 de abril de 2007, el director de Pemex reportó al Consejo de Administración que en 2006 cinco trabajadores de la paraestatal fallecieron y 247 sufrieron lesiones incapacitantes. “La afectación se debió al accidente del buquetanque Quetzalcóatl”.

Los primeros reportes del accidente, ocurrido el 17 de octubre de ese año a las 13:19 horas, indicaron que ocho personas habrían muerto al estallar el buquetanque en la terminal marítima de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, cuando trabajadores reparaban una grúa de carga.

En la sesión 777, Reyes Heroles también reconoció que en 2006 otros 18 trabajadores subcontratados perdieron la vida y 150 más sufrieron lesiones incapacitantes. Para el 4 de diciembre de 2007, las cifras de accidentes laborales evitables iban en aumento.

De acuerdo con el acta de la sesión 783, 18 trabajadores de la paraestatal murieron, mientras que 186 se lesionaron al grado de quedar incapacitados. Según Reyes Heroles, esto se debió principalmente a tres eventos en Pemex Exploración y Producción, en los que murieron nueve trabajadores.

“El fallecimiento por intoxicación por ácido sulfhídrico de un trabajador en la plataforma Ixtal A, el 7 de octubre; tres trabajadores fallecidos y un lesionado durante la reparación de fugas del ducto de 12 pulgadas en Potrero, Naranjos, el 8 de octubre; y cinco fallecidos y 16 lesionados por la colisión de la plataforma Usumacinta con el pozo Kab 101, el 23 de octubre.” Además, en ese mismo año fallecieron 16 trabajadores de empresas contratistas.

—Desde 1998 no se registraban tantos fallecimientos de personal de Petróleos Mexicanos. Ello es motivo de gran preocupación para la empresa –dijo Reyes Heroles ante los consejeros.

No obstante dicha preocupación, los trabajadores subcontratados indican que Pemex nunca ha supervisado las condiciones laborales en las que se desempeñan, por lo que presumen, habría complicidad entre las contratistas y la paraestatal.

Para la elaboración de este texto se solicitaron entrevistas con el director de Pemex y los responsables de la seguridad industrial en la paraestatal, por medio de la vocera Gabriela Gallegos. Desde diciembre pasado y hasta el cierre de esta edición, la funcionaria dijo estar gestionando las mismas sin éxito.

“Mala administración” en Pemex

“La asignación de recursos (en Pemex y sus organismos subsidiarios) privilegia el crecimiento de la infraestructura sobre la conservación, mejora y mantenimiento de las instalaciones”; al tiempo, la paraestatal y sus filiales padecen “un sacrificio sistemático del gasto de mantenimiento”, dijo Jesús Reyes Heroles a los consejeros en la sesión ordinaria 783, celebrada el 4 de diciembre de 2007.

El director de Pemex añadió que se había detectado “un incremento en el deterioro de la confiabilidad operativa con implicaciones en seguridad, salud, ambiente y la vida de los equipos”. Ello, aclaró, derivaba en “incidentes con afectaciones a terceros, al medio ambiente, a trabajadores, a instalaciones y a la producción”. (NF)

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