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El miércoles 11 de febrero de 2009, a las 15:20 horas, representantes del Grupo Zeta, que dirige Jesús Alonso Zaragoza López, allanaron de nueva cuenta las instalaciones de la revista Contralínea.

Acompañado por funcionarios públicos de Guadalajara y del Distrito Federal, el abogado de la empresa gasera, Diego Romero Velasco, exigía ingresar a los escritorios y archiveros de los trabajadores y de los periodistas. Su proceder fue apoyado en todo momento por tres actuarios o peritos, uno de ellos de nombre Alfonso Reyes; por Eduardo Yáñez, “representante de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal”; 25 policías de esa misma Secretaría, encabezados por Ricardo Toraya Oliva, y por cuatro guardaespaldas civiles.

Sin identificarse plenamente ni mostrar a cabalidad la supuesta orden de diligencia que traían, amenazaron al personal de Contralínea con acceder a los expedientes fiscales, financieros y periodísticos.

Durante 40 minutos, el abogado, los servidores públicos y los civiles amedrentaron a los reporteros y trabajadores, a quienes incluso encararon y empujaron. A las 16:00 horas se retiraron de las instalaciones.

Eduardo Yáñez, quien se identificó como miembro de la Dirección General de Mejoramiento del Centro Histórico, indicó a los trabajadores de Contralínea que él acudía como auxiliar de lo que el actuario Alfonso Reyes “disponga, porque él en este momento es la autoridad”.

Amenazó: “Si el señor así me lo solicitara, yo podría estar en la posibilidad de usar la fuerza pública para presentarlos ante el Ministerio Público, y que ahí mismo se dirima la controversia”.

El abogado de Jesús Alonso Zaragoza López, Diego Romero Velasco, era quien ordenaba a los supuestos actuarios y peritos que representaban al Juzgado 13 de Guadalajara y a los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal lo que “debían” hacer. En repetidas ocasiones exhortó a que “continuara la diligencia”, con lo que policías y los cuatro guardaespaldas civiles iniciaban los empujones y jaloneos a trabajadores de Contralínea.

Denuncia ante legisladores

Al tiempo, Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, director y reportera de la revista, participaban en una reunión con la Comisión Especial para el Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, de la Cámara de Diputados, donde se abordaba el tema de la “libertad de expresión en México”.

Tras enterarse de los hechos, Badillo denunció el allanamiento ante legisladores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y ante funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, que hace unas semanas declinó su competencia en la denuncia que desde agosto pasado presentaron Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Marcela Yarce y Nydia Egremy.

Según se desprende de la escasa información que se dio durante el allanamiento, la orden podría derivarse de alguno de los juicios por daño moral que se ventilan en el Juzgado 13 de lo Civil del Primer Partido Judicial de Guadalajara.

Ésta es la segunda ocasión en que representantes del empresario gasero, accionista mayoritario y presidente del Consejo de Administración del Grupo Zeta allanan las oficinas de la revista.

En agosto de 2008, los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuéllar Ontiveros, Diego Romero Velasco, el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo González Pulido irrumpieron por primera vez en las instalaciones, acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Las acciones judiciales iniciaron el 16 de agosto de 2007, cuando Jesús Zaragoza López presentó la primera demanda –de las más de 80 que interpondrá en contra de la revista y de sus periodistas, según sus amenazas– por supuesto daño moral, ante el Juzgado 44 Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Sería la primera de tres demandas que ya interpuso y el inicio de una campaña de acoso e intimidación iniciada por el consorcio empresarial contra Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez y los trabajadores de Contralínea, que incluyen amenazas de “desaparecer” la revista.

El 16 de enero pasado, el director de esta publicación fue detenido por elementos de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal, quienes dijeron cumplir una orden de arresto emitida por el juez 38 de lo civil. El motivo, que había supuestamente desacatado una orden judicial, la cual, en realidad, nunca le fue notificada al periodista. Miguel Badillo permaneció en el Centro de Sanciones Administrativas del Distrito federal por alrdedor de 11 horas. (Contralínea 119)

Más  información: www.contralinea.info/allanamiento-contralinea/

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