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En agosto pasado, Oceanografía demandó a la revista Contralínea y a cuatro de sus periodistas por el supuesto delito de daño moral. Aunque la empresa asegura que las investigaciones publicadas entre 2006 y 2008 afectaron su imagen, en ese periodo Pemex le otorgó 22 contratos por 19 mil millones de pesos más IVA. Este monto es 342.7 por ciento mayor al que alcanzó en el sexenio foxista –5.5 mil millones de pesos–, reporta Compranet.

La sociedad anónima de capital variable Oceanografía mantiene, desde agosto de 2008, una demanda en contra de la revista Contralínea. Periodismo de investigación, y de los periodistas Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Jorge Meléndez y Nancy Flores, a quienes acusa del supuesto ilícito de daño moral.

Para sustentar la demanda y la afectación a su “buena reputación”, la empresa contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó originales y copias de los trabajos periodísticos publicados entre agosto de 2006 y marzo de 2008. Además, solicitó peritajes en materia fiscal y de comunicación, mismos que el juez 40 de lo Civil, Yaopol Pérez Amaya Jiménez, admitió y ordenó en contra de los cinco demandados.

Entre los reportes periodísticos aludidos por la naviera, destacan dos entrevistas con Manuel Bribiesca Sahagún. Las conversaciones entre Badillo y el hijastro del expresidente Vicente Fox, ocurridas a fines de 2004 y principios de 2005 y dadas a conocer por la columna Oficio de papel y por Contralínea, revelaron las gestorías que Jorge Bribiesca y Guillermo Sahagún hacían en Pemex a favor de Oceanografía.

La empresa de la familia Yáñez presta servicios de ingeniería costa afuera para la explotación de yacimientos de petróleo y gas, así como el arrendamiento de embarcaciones. Su principal cliente es Pemex Exploración y Producción (PEP): de 2002 a 2008, ha firmado 39 contratos con esta subsidiaria por más de 24 mil millones de pesos, más el Impuesto al Valor Agregado.

Según su propio historial, la demandante se constituyó el 24 de mayo de 1968 por medio de la escritura pública 17,105 y tuvo como primer nombre Consultores y Contratistas en Oceanografía, SA de CV. Sus accionistas fundadores son: Amado Yáñez Correa, 75 acciones; Samuel Yáñez Chaparro, 10 acciones; Darío Yáñez Correa, cinco acciones; Alberto Duarte Martínez, cinco acciones; Ofelia Jaime Peniche, cinco acciones.

La demanda de Oceanografía en contra de esta revista y de sus reporteros se basa en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal (Ley), que “regula el daño al patrimonio moral derivado del abuso del derecho de la información y de la libertad de expresión”.

 

Negocios multimillonarios

A decir de la naviera, “Miguel Badillo ha emprendido una campaña apartada de los cánones de la libertad de expresión y del derecho a la información en contra de la sociedad actora Oceanografía, SA de CV, con el propósito de desprestigiarla, desacreditarla y descalificarla, afectando su buena reputación para seguir licitando con la empresa paraestatal Pemex, sin informar con toda veracidad la situación de Oceanografía en torno a sus actividades”.

No obstante, entre 2006 y 2008, Pemex Exploración y Producción firmó 22 contratos con Oceanografía. Éstos involucraron recursos públicos por 19 mil 50 millones 772 mil 503 pesos, consta en el portal de Compranet, que depende de la Secretaría de la Función Pública.

De esas 22 contrataciones, 15 se signaron entre agosto de 2006 y marzo de 2008, periodo en el que supuestamente Contralínea y los cuatro periodistas afectaron su “buena reputación para seguir licitando con la empresa paraestatal Pemex”. El monto total por estos contratos ascendió a 14 mil 88 millones 947 mil 330 pesos.

Aunque de 2002 a 2005 PEP también contrató a la naviera en 17 ocasiones, el monto global apenas sumó 5 mil 557 millones 420 mil 461 pesos. Es decir que los recursos que Oceanografía obtuvo de la paraestatal, durante y después de presentada la demanda, aumentaron en 342.7 por ciento.

De 2002 a 2008, Oceanografía ha firmado 44 contratos –producto de igual número de licitaciones públicas– con PEP, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la API Coatzacoalcos, que suman recursos públicos por 24 mil 611 millones 235 mil 543 pesos.

En este periodo también fue favorecida en dos procesos de invitación a cuando menos tres personas, promovidos por la SCT y con saldo para el erario de 1 millón 48 mil 850 pesos. Además, recibió cuatro adjudicaciones directas, que involucraron recursos públicos por 199 millones 287 mil 556 pesos; de los cuales, 199 millones 58 mil 139 pesos corresponden a dos contratos con PEP, signados el 19 de febrero y el 30 de julio de 2004.

Ninguna de las contrataciones obra entre las pruebas que la naviera presentó al juez civil para sustentar la supuesta afectación a su moral y las repercusiones en los procesos licitatorios.

 

Libertad de expresión, derecho humano

De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

En el séptimo argumento de su escrito inicial de demanda –presentado por su representante legal, Alfredo Riverón Calzada–, Oceanografía asegura ser “respetuosa del ejercicio al derecho a la información y a la libertad de expresión, consignados en los artículos 6 y 7 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; cuando se ejerce de manera responsable”.

Sin embargo, en el tercer párrafo del onceavo argumento, asegura: “Oceanografía es una entidad privada, no es una autoridad que pueda estar sujeta al escrutinio público, como lo pretenden hacer valer los demandados”.

Al respecto, el artículo 19 de la Ley indica: “La imagen de una persona no debe ser publicada, reproducida, expuesta o vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que dicha reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, por la función pública que desempeñe o cuando la reproducción se haga en relación con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público y sean de interés público”.

En este caso, el interés público reside en que Pemex –la empresa estatal más importante de México, que aporta una tercera parte de las finanzas públicas y se dedica a la exploración, explotación y venta del petróleo y del gas– es su principal cliente.

Además de las entrevistas a Manuel Bribiesca, Contralínea ha documentado negocios entre PEP y Oceanografía, como el arrendamiento de la lancha rápida Seba’an. Dicha embarcación se accidentó el 11 de octubre de 2008 en la Sonda de Campeche; un trabajador petrolero murió.

Esta revista también dio a conocer una auditoría del Órgano Interno de Control del Banco Nacional de Comercio Exterior que documenta supuestas irregularidades en un crédito autorizado a Oceanografía durante el sexenio de Vicente Fox.

Las anomalías detectadas podrían constituir un fraude en contra de las finanzas públicas. La auditoría OIC-AAI-02/2005 reveló que, para obtener el crédito, en 2005 la naviera presentó supuestas facturas apócrifas de Pemex. Así, dispuso de 25 millones 695 mil 979.74 dólares y 30 millones 306 mil 389.33 pesos, en documentos que “no fueron reconocidos por el organismo”.

 

El juicio

De acuerdo con la notificación hecha el 7 de agosto de 2008 a cada uno de los demandados, el juicio ordinario se radica en el Juzgado 40 de lo Civil y se identifica con el número de expediente 782/2008: “Oceanografía, SA de CV, vs Miguel Badillo y otros”.

La naviera exige como condena para los demandados “el pago de una indemnización a título de reparación por daño moral”, derivado de la supuesta “ilicitud de sus conductas desplegadas al escribir, publicar y divulgar notas periodísticas” relativas a esa persona moral, entre agosto de 2006 y mayo de 2008.

También solicita “el pago de los daños y perjuicios ocasionados a Oceanografía por la ilicitud en la conducta desplegada por los demandados”; “el pago de los gastos y costas originados por la tramitación del presente juicio y en sus diversas instancias e incidencias”; así como la publicación de un extracto de la sentencia, a costa y cargo de la revista y de los reporteros, en uno de los periódicos de mayor circulación en México.

Sólo en el caso de Badillo, director de Contralínea y autor de la columna Oficio de papel, la naviera pide que la indemnización impuesta por la reparación del daño moral sea hasta en una mitad más del monto máximo, “por ser reincidente en términos del artículo 43 de la Ley”.

Dicho artículo establece: “En caso de reincidencia, en el plazo de un año, el juez podrá imponer hasta en una mitad más del monto máximo por indemnización”.

 

Supuestas afectaciones

En la demanda, Oceanografía explica las supuestas repercusiones de lo que llama “la campaña mediática orquestada y puesta en marcha por los demandados”: una investigación que abrió la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados a Oceanografía. La indagatoria, iniciada a solicitud del legislador José Manuel del Río Virgen, se centra en el tema de negligencia laboral y se basa en denuncias de trabajadores de esa empresa.

Entre las repercusiones atribuidas a los demandados, se encuentra una declaración del senador Ricardo Monreal. El 19 de febrero de 2008, el legislador interrumpió la comparecencia del secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, para cuestionarle cuál era la situación del programa Enciclomedia, de los contratos entre Oceanografía y Pemex y la Terminal Dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Según la naviera, los demandados también serían responsables de diversas notas periodísticas publicadas por terceros en los diarios de circulación nacional La Jornada, Excélsior, Reforma, El Universal, La Crónica de Hoy y en la revista Proceso, que abordan temas relacionados con Oceanografía.

El punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos que informen al Senado el número de contratos celebrados con la empresa Oceanografía, el procedimiento para suscribirlos, los montos, las obras realizadas y el estado en el que se encuentran, impulsado por el senador Alfonso Sánchez Anaya el 4 de marzo de 2008, también sería una consecuencia de los trabajos periodísticos publicados en Contralínea y Oficio de papel, asegura la demandante.

En todos los casos, Oceanografía omite aclarar cuál es la responsabilidad de los demandados; tampoco explica cómo se afectó “su buena reputación para seguir licitando con la empresa paraestatal Pemex”, toda vez que, de acuerdo con el portal de Compranet, de 2006 a 2008, ha firmado 22 contratos con PEP por más de 19 mil millones de pesos.

Ni los legisladores ni los periodistas, ni los diarios nacionales ni la revista Proceso fueron demandados por daño moral.

 

 

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