En cuanto a su hostilidad a las libertades de prensa, el calderonismo es continuación del foxismo. El Partido Acción Nacional (PAN) los hizo y ellos se juntan. El inquilino de Los Pinos (ya sólo por cuatro años, que serán un largo túnel en “una noche polar de una dureza y una oscuridad heladas”) intencionalmente mantiene esa animadversión, porque a las derechas les molesta sobremanera que los reporteros investiguen y proporcionen información veraz y contrastada, que permite el análisis y crítica de los periodistas de la caricatura y el columnismo político, económico y cultural en el contexto de lo que editores y directores juzgan, casi siempre condicionados por la publicidad pública y privada que deben arriesgar en aras de esas libertades.
Ahora se desarrolla con mayor penetración el periodismo de investigación, lo que asusta al calderonismo; por eso las manipulaciones con el dinero público para la publicidad del vocero de Los Pinos, Max Cortázar (ya sin el yugo de Mouriño, pero ahora con el control de Gómez Mont), para parcialmente otorgarla a la televisión y negarla a la prensa escrita. Y si ya desde Los Pinos es durísima esa maniobra, que cumplen los directores de comunicación de todas las secretarías del despacho presidencial, la presión constante de la Procuraduría General de la República (PGR) contra los periodistas es temiblemente amenazante.
No se contenta Medina-Mora con atenazar a las libertades constitucionales con el autoritarismo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y la Fiscalía para Delitos contra Periodistas (en manos de Juan de Dios Castro Lozano y Octavio Orellana Wiarco), sino que la misma PGR dispuso que Juan Miguel Alcántara, subprocurador jurídico, “invite” a los reporteros a revelar sus fuentes, porque supuestamente los funcionarios han filtrado expedientes clasificados “sobre el caso de servidores públicos presuntamente vinculados con narcotraficantes” (La Jornada, 16 de diciembre de 2008).
Extrañas “invitaciones”, ya que, con todo y que el Ministerio Público Federal, de marras, planteó que los reporteros “colaboren” con denunciar, si es que hubo tal hecho, cómo y quién les facilitó información, que lo mismo tienen los involucrados en las averiguaciones que una serie de ciudadanos que intervienen directa o indirectamente, de tal manera que aquello es un secreto a voces.
Y los reporteros –en este caso de los periódicos Milenio, Excélsior y El Universal, “invitados” (¡Oh, Vladimir Nabokov!) a una decapitación si revelan sus fuentes– por ningún concepto han de revelar sus fuentes, como quiere el subprocurador jurídico, pisoteando el artículo sexto constitucional. Se trata, una vez más, de intimidar a los periodistas con veladas amenazas, como dijo al aire en un programa radiofónico: si los reporteros quieren dar sus fuentes en el caso señalado, serán “bienvenidas, y si no las quieren dar, no va a pasar nada”. Y se trata también de sentar un precedente más de control de las libertades de prensa, como continuación de no dar curso definitivo a las denuncias contra funcionarios que agreden a los periodistas por su trabajo.
Orellana Wiarco –como Luis Pazos, ambos panistas– defiende a agresores de periodistas, ya que intencionalmente desatiende las denuncias; mientras Pazos, que cobra como supuesto defensor de los que utilizan los servicios bancarios, defiende a los banqueros.
Los panistas gritan que sirven a la derechización del Poder Ejecutivo federal, abriendo fuego contra quienes ejercen las libertades constitucionales de la prensa como contrapoder, desde Francisco Zarco hasta estos días tenebrosos del conservadurismo panista.
