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Si algo caracteriza al calderonista Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo (ANFEFE) son, antes que nada, sus ausencias; después, la pobreza de su contenido. Y, finalmente, la obsesión de la elite empresarial y política por mantenerse fieles a un modelo capitalista amenazado por el fantasma de la depresión a escala mundial, y cuyos gobernantes y promotores se ven obligados a recurrir a las políticas económicas keynesianas para tratar de salir de su propia crisis, ocasionada en su insana fe en el bastardo “mercado libre”. Bastardo en el sentido de que nunca ha existido ese tipo de mercado que supuestamente se ajusta automáticamente, como si su destino fuera regido por una mano divina o por la “ética” empresarial, sino que siempre uno y otro han requerido de la intervención estatal, que protege, subsidia y solapa las tropelías cometidas por los inversionistas, a quienes deja hacer lo que se les pega la gana para acrecentar sus ganancias por cualquier medio y los rescata, a costa de las mayorías, cuando hunden el barco.

Recientemente escribió, en el diario español El País, el economista Joseph Stiglitz: “Ahora somos todos keynesianos. Incluso la derecha en Estados Unidos se sumó al bando keynesiano con un entusiasmo desenfrenado y en una escala que, en algún momento, habría sido verdaderamente inimaginable. Lo que está sucediendo ahora es un triunfo de la razón y la evidencia sobre la ideología y los intereses”.

Sin duda, Stiglitz exageró las cosas. Primero porque se volvieron keynesianos por necesidad, no por convicción y, además, nada es permanente. La depresión de la década de 1930 obligó a abandonar el fundamentalismo del “libre mercado”, luego de que había provocado el desastre. Sin embargo, después retornó arropado bajo el monetarismo, las “expectativas racionales” y otros credos económicos como los que profesan desde Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón, de Pedro Aspe y Miguel Mancera a Agustín Carstens y Guillermo Ortiz. Ahora vuelven a ser cuestionados, pero pueden volver a retornar. Luego, porque no todos se han travestido de keynesianos. Felipe Calderón, Agustín Carstens y Guillermo Ortiz son la evidencia de que aún subsisten cruzados fieles, pese a que de momento se han quedado solos entre los escombros en su búsqueda del platónico paraíso perdido del “mercado libre”. Se niegan a apartarse un centímetro de su fundamentalismo, de su abnegación por las recetas del “consenso” de Washington, aunque Bush nunca lo haya impuesto plenamente en su país y Barack Obama tampoco ha “recomendado” al resto del mundo que abandone el devastador neoliberalismo.

El ANFEFE es una parodia de los “pactos” neoliberales salinistas. En sus formas corporativas, Carlos Salinas simuló que los “acuerdos” de clase, que impuso autoritariamente desde arriba, fueron compartidos por el propio gobierno, los empresarios y los trabajadores que, supuestamente, aceptaron distribuir “equitativamente” los sacrificios y los beneficios. En el despotismo “democrático” calderonista, nadie, salvo el gobierno, se comprometió en algo. Sólo fueron invitados de piedra escenográficos. Sólo el gobierno decidió aplicar ciertas medidas a “favor” de la “economía familiar y el empleo”, pero ambiguamente, al no aventurar plazos y resultados específicos ni mecanismos de sanción ante su incumplimiento, ni formas de participación de los demás sectores supuestamente “involucrados”. Los empresarios no se constriñen a nada. A los trabajadores, como en el salinismo, no se les consultó ni se les tomó en cuenta, quizá con excepción de los líderes corporativos que han negociado –con el pago de sus servicios– con el calderonismo para salvaguardar sus intereses tribales y sus parcelas de poder. Para los neoliberales priistas y panistas, los asalariados no existen; los ocupados en la industria pesquera lo ilustran. Sólo se les concede otra vez el papel de víctimas propiciatorias. En un año electoral, a los damnificados de la crisis neoliberal autóctona les dará algunas cuantas monedas, si alcanzan, para que ver si, agradecidos, votan este año por el partido de la derecha clerical. Calderón, Carstens y Ortiz se plagian el estilo del panista Hilario Ramírez, alcalde de San Blas, Nayarit, que, para “apoyar a la gente”, degrada a los niños aventándoles 5 mil, 10 mil, 100 mil pesos en monedas. O al panista Fernando Urbiola, parásito de la comisión de la familia del Congreso queretano, quien, ante el ruina neoliberal, recomienda a la población “aprender a economizar, buscando una dieta alimenticia (sic) con la ayuda de la actividad, por decirlo así, nutricionalmente”.

Dice Stiglitz: “La teoría económica keynesiana se había dedicado a explicar, durante mucho tiempo, por qué los mercados sin obstáculos no se autocorregían, por qué se necesitaba regulación, por qué era importante el papel que jugaba el gobierno en la economía”. Pero hasta el momento los “nuevos” keynesianos no han reestablecido las reglamentaciones ni modificado la estructura de funcionamiento del modelo. Obligados por las circunstancias, se han limitado a aplicar políticas monetarias (recorte de los réditos) y fiscales (gasto público y baja de impuestos) keynesianas, sin preocuparse por la magnitud del déficit estatal, la disponibilidad de recursos y la inflación, contenida por la brutal caída del ingreso de la población, del alto desempleo y la mayor pobreza mundial. Todo es válido para tratar de rescatar a los responsables de la hecatombe y al capitalismo, aún cuando los resultados han sido desalentadores y sólo un milagro evitará el hundimiento del sistema en una deflación.

Si los neoliberales son parcialmente “conversos”, ¿por qué debemos esperar a que los calderonistas sigan el ejemplo? Ellos también esperan el prodigio, pero sin defeccionar. Son leales a las elites que los encumbraron y a sus creencias. Su nuevo “acuerdo” contra la crisis reafirma su militancia neoliberal y su entusiasmo, que no es mucho, por actuar hasta donde las reglas del “libre mercado” lo permitan. Por ello, en los cinco “pilares” y los 25 puntos de su ANFEFE no consideró necesario:

1) El activismo fiscal. No reestructurará ni consolidará los ingresos públicos. No elevará la recaudación ni reducirá la petrodependencia tributaria ni recuperará su perfil redistributivo: mayores impuestos a los ricos y recortes para los pobres para atenuar la pérdida de su poder adquisitivo, debido a la crisis y la inflación que el gobierno estimula. No modificará la naturaleza del gasto, no lo utilizará anticíclicamente. No recobrará la rectoría estatal del desarrollo. Las finanzas públicas seguirán subordinadas al tótem del balance fiscal cero. Los “pilares” cuatro y cinco, con sus siete puntos, son burda bisutería. El presupuesto que se ejercerá en infraestructura no tiene nada de novedoso. Ya había sido programado por el Congreso desde diciembre, y su ejercicio efectivo dependerá de que no haya un desplome brusco de los ingresos petroleros y no petroleros, debido a la mayor contracción esperada en los precios del crudo, el consumo, la producción y el empleo, y que los “empresarios”, en un escenario de crisis, participen en la “inversión impulsada”. El dinero que le prestará el gobierno a los inversionistas para realizar las obras públicas no establece las condiciones: plazos, intereses, etcétera. El uso de los excedentes petroleros sigue opacado por la discrecionalidad. Respecto de la oportunidad y la “transparencia” presupuestal, los calderonistas no tienen por qué comprometer su honor. Están obligados por ley. Que no se ciñan a ella y que nadie la imponga es otra cosa. La aplicación del gasto ha sido arbitraria y se observa en el doloso subejercicio. En el “transparente” manejo de los recursos nadie duda. Es tan claro como el dinero desviado de la Secretaría de la Reforma Agraria a la dirigencia del Partido Acción Nacional-Distrito Federal. Es tan impoluto como el parasitismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

2) El cambio de la política monetaria. El banco central no se compromete a nada. No se modificará su ley orgánica. Mientras que Estados Unidos, la Unión Europea o el Reino Unido han reducido los réditos nominales a 0 por ciento –negativos en términos reales– para tratar de superar la crisis de liquidez y de solvencia y evitar la quiebra de más empresas y el aumento del desempleo, para reactivar la demanda por medio del crédito a la inversión y el consumo, Guillermo Ortiz, el amigo de los especuladores, actúa en sentido contrario, premia a los inversionistas financieros con altos intereses reales. En promedio, en 2008 los internos fueron, al menos, tres veces mayores que los pagados en Estados Unidos. A Guillermo Ortiz sólo le preocupa la inflación y la estabilidad cambiaria, sostenidas por los flujos de capital. Y el único método que conoce es mantener altos los réditos que encarecen el costo del dinero, medida que, adicionalmente, le ayudaba a atraer capitales que abarataban el dólar y el precio de los bienes importados. Así, junto con la esterilización parcial de la liquidez, pudo bajar temporalmente la inflación, pero a costa de afectar la inversión, el consumo y la posibilidad de crear nuevos empleos. Pero todo se salió de control en 2008: la inflación local se disparó por el aumento especulativo de los precios de los bienes importados, la especulación financiera interna y externa, la manipulación de las cotizaciones internas por parte de Carstens y los “empresarios”. La devaluación, que entre julio de 2008 y enero de 2009 llegó a 34 por ciento, terminó por descontrolar la inflación y destruir el esquema de Guillermo Ortiz. La política monetaria perdió su eficacia.

Guillermo Ortiz se ha tenido un dilema: enfrentar la inflación y la especulación financiera con altos réditos, aunque se profundice la recesión y el desempleo, o reducirlos para contrarrestar la caída económica y dejar en segundo término aquellos objetivos. Optó por mantener los intereses por las nubes, con la anuencia de Calderón, pese a que condena a muerte al ANFEFE. Permite que se especule como se quiera en nombre del “mercado libre” y dilapida inútilmente las reservas internacionales –al menos 12 mil millones de dólares– que, como dice Felipe Calderón, “para eso sirven”, para alimentar la voracidad de los piratas financieros. Nada de controles al movimiento de capitales ni a los mercados financieros. Más aún, Guillermo Ortiz se atreve a criticar a Bush y a Barack Obama por abandonar al catecismo monetarista y preocuparse por la economía y la población. Que muera todo lo que tenga que morir. Su ortodoxia inflexible ya recibió su recompensa: fue nombrado funcionario del Banco de Pagos Internacionales. Si Calderón realmente estuviera preocupado por el país, por la suerte de los productores, los deudores y los trabajadores, ya hubiera rescatado la política monetaria y cambiaria secuestrada por las hordas financieras. Aún puede aprovechar la oportunidad dada por el galardón de Guillermo Ortiz para agradecerle su inestimable contribución a la “grandeza neoliberal”, darle la bendición, que para eso sí es diestro el católico michoacano; meterlo en el primer avión que encuentre y nombrar en su lugar a un hereje keynesiano, o al menos a un monetarista más pragmático que no sea un ayatolá.

3) Comprometer –léase obligar– a los “empresarios” a bajar y congelar los precios, en especial los de la canasta básica, al menos en 2009. Su variación administrada oficialmente contribuiría a atemperar sus estragos en el bienestar de la población, medida que se complementaría con una Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y una Procuraduría Federal del Consumidor con una verdadera capacidad de defensa legal de la población ante los abusos de los productores, comerciantes y financieros, lo que implicaría, de paso, mandar a descansar a su maestro Luis Pazos y a Antonio Morales por sus cuestionables resultados. Los capitalistas se han dedicado a resarcir sus pérdidas, bajas ganancias o alzas en los costos de producción, trasladándose a los consumidores por medio de mayores tarifas, sin que exista alguna institución o mecanismo legal que controle sus abusos. El replanteamiento de la política de precios implica otra medida que no consideró conveniente Felipe Calderón: la baja generalizada en las tarifas eléctricas, las gasolinas, el combustóleo o impuesto predial, corresponsables de la burbuja inflacionaria y la pérdida del poder de compra de las mayorías. El segundo “pilar” del “acuerdo” unilateral sólo propuso congelar el precio de las gasolinas, luego que la Magna y la Premium se ubicaron 24 por ciento y 30 por ciento por arriba de las vigentes en Estados Unidos, así como reducir 10 por ciento el del gas LP. Ahora se entienden las esquizofrénicas alzas decretadas por Carstens. Según dijo Calderón que ello implicará un “sacrificio” fiscal por 45.4 mil millones de pesos. Lo que no dijo fue cuánto despojó a la población con los sobreprecios. Calderón y Carstens se dicen amantes del “mercado libre”. Si realmente lo fueran, entonces los precios de esos energéticos estarían en línea con Estados Unidos. Allí los hubiera congelado y no en su nivel actual. Son fundamentalistas cuando les conviene. Deja fuera el diésel –¿a quién le importa la industria pesquera o los pequeños transportistas?–, y las rebajas en las tarifas eléctricas beneficiarán fundamentalmente a los grandes usuarios, “sacrificio” que será compensado con los aumentos bimestrales que tendrán que pagar la mayoría de los consumidores. Si la inflación es un instrumento para redistribuir el ingreso de los pobres hacia los ricos y el gobierno, el ANFEFE lo reforzará.

4) No se consideró necesario importunar el sueño a los banqueros e intermediarios financieros con un decreto que los orille a bajar sustancialmente los réditos cobrados, a eliminar el exceso de comisiones y el anatocismo, como una medida necesaria para estimular la demanda y la inversión. Además de evitar el explosivo aumento de las carteras vencidas y el eventual riesgo de otro Fobaproa/IPAB. No se les obligará legalmente a reorientar el crédito desde el consumo y la especulación hacia el aparato productivo. No se regulará ni se impondrán impuestos a la especulación en los mercados bursátil, de dinero y cambiario, que explican la devaluación cambiaria, la inestabilidad y la incertidumbre que afecta a la economía y los demás “empresarios”. A nuestros neoliberales se les “olvidó” que la existencia de los intermediarios no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un objetivo: el flujo del crédito en un precio y en una cantidad adecuada para el desarrollo, no la voracidad empresarial. La administración financiera, e incluso la nacionalización, tiene ese sentido. Por tanto, podrán seguir actuando impunemente y despojando a los usuarios.

5) El tercer “pilar” supone mayores apoyos por parte de la banca de desarrollo. Pero cabe preguntarse, ¿cuál banca pública, si su estado es deplorable, en ruina o al borde de ella y los gobiernos han hecho lo necesario para desaparecerla? ¿En qué condiciones se otorgarán los créditos?

6) En el ANFEFE tampoco pensó la conveniencia de que las alzas salariales compensaran la pérdida de su poder adquisitivo en 2008 y la que, todo indica, acumulará en 2009. El apoyo a los actuales y futuros desempleados es incierto. Se dice que beneficiaría a 250 mil personas, pero en noviembre y diciembre se quedaron sin trabajo 386 mil personas. En 2008 se crearon 291 mil, de 1.2 millones de empleos requeridos. Nadie sabe cuántos se crearán o se perderán en 2009, pero sí que se demandarán otros 1.2 millones. ¿Qué harán los que no se ocupen? ¿Aumentarán los delincuentes? Los que puedan, se “comerán” sus pensiones, ¿y cuando se jubilen, si es que llegan a hacerlo? El pacto significa: sálvese quien pueda, que el calderonista sólo apoyará a algunos de ellos.

El “pacto” es tan pobre que no podrá cumplir con su piadoso objetivo: “Favorecer a la economía familiar y el empleo”, que tendrán que esperar mejores épocas u otro gobierno. Si es que las familias no se tornan violentas antes.

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