Autor:

Los acuerdos ejecutivos que George Bush estableció con los gobiernos panistas de México en materia de seguridad, comercio, energía y transporte allanaron el camino a la gestión de su sucesor, Barack Obama. La agenda bilateral secreta sigue en pie, consideran especialistas.

La administración de Barack Obama centrará su relación con México en la diplomacia secreta que construyó el republicano George Bush. La relación bilateral se sostendrá en los acuerdos ejecutivos –como la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte Plus) y la Iniciativa Mérida– que prescinden del dictamen del Senado, observan analistas y diplomáticos.

A esos dos ejes de la política entre ambos países se añaden habitualmente pactos entre dependencias que escapan al escrutinio público. Se firman discretamente, como el convenio de cooperación que firmó Juan Camilo Mouriño –como secretario de Gobernación, el 21 de abril de 2008 en Nueva Orleáns– para desarrollar tecnologías de seguridad con el Departamento de Seguridad Interna estadunidense, entonces a cargo de Michael Chertoff.

Ese arreglo –que se estableció minutos antes de celebrarse la cumbre de mandatarios de México, Canadá y Estados Unidos en la plenaria de la ASPAN– contempla el intercambio de experiencias en la aplicación de tecnologías en seguridad nacional para construir bases de datos biométricos, aplicación de métodos forenses, protección de infraestructura crítica, así como la respuesta a situaciones de crisis y el manejo de sus efectos.

En el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte –que se acordó el 23 de marzo de 2005 en Waco, Texas, entre los presidentes de México, Vicente Fox; de Estados Unidos, George W. Bush, y el primer ministro de Canadá, Paul Martin–, también se avanza en el proyecto que identifica las deficiencias en los cuatro puertos fronterizos con mayor cruce de bienes y personas en la zona norte del país.

El Estudio de puertos de entrada México-Estados Unidos: análisis de capacidades y recomendaciones para incrementar la eficiencia, que se entregó a la Secretaría de Economía el 2 de julio de 2008, aborda la problemática existente en los cruces: Tijuana-San Diego, Nogales-Nogales, Ciudad Juárez-El Paso, y Nuevo Laredo-Laredo. De acuerdo con Eduardo Sojo, “este trabajo es parte de los compromisos adquiridos por México en la ASPAN, para convertir a la frontera norte en elemento clave para la competitividad y prosperidad regional”.

El funcionario agregó que “es fundamental hacer más rápidos, eficientes y seguros los cruces fronterizos en beneficio de la actividad comercial”, en virtud de que el comercio entre México y Estados Unidos ascendió a 351.4 mil millones de dólares en 2007, casi 424 por ciento más del que existía en 1993, antes de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Al tiempo en que esos pactos se consolidan, se mantienen las cifras correspondientes a muertes y detenciones de mexicanos que intentaban cruzar la frontera en busca de mejorar su situación económica. La Patrulla Fronteriza registró 30 mil 312 detenciones y el rescate de cuatro migrantes fallecidos del 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre de 2008.

Interés por la energía

Aunque Barack Obama llega a la Presidencia estadunidense sin tener detrás a las trasnacionales petroleras o la llamada “petrocracia texana”, el interés por asegurarse los recursos energéticos no está fuera de la agenda del demócrata. Para el especialista en geopolítica Alfredo Jalife Rahme, “la candidata real del big oil, de ese complejo tan importante de poder –como se denomina también a las petroleras estadunidenses– es quien he llamado la pistolera Palin (Sarah, la gobernadora de Alaska), pues fue muy dúctil con el big oil, precisamente porque les dio todo. Obama se pronunció por la energía alterativa y por las nuevas fuentes, aunque en un inicio estuvo en contra de la exploración en aguas profundas e inclusive en la zona del Refugio de la Vida Salvaje en Alaska, y más adelante se vio más negociador”.

El investigador advierte que, “independientemente de quién sea el presidente, la zona más vulnerable de todas sus fronteras es el Golfo de México, es su soft belly, su bajo vientre, sobre todo el estrecho de La Florida con Cuba y la Península de Yucatán, ésos son los puntos nodales y no van a permitir que ahí se instalen plataformas petroleras de otros países, eso se vio con Repsol”.

Para Jalife, detrás de esa forma de control del Golfo hay dos consideraciones: “Se trata de la seguridad nacional de Estados Unidos, que obviamente va en detrimento de la seguridad nacional de México, y del control de los pletóricos yacimientos que se encuentran ahí”.

Otro aspecto poco difundido es el camino que Bush allanó al demócrata, en cuanto a garantizar un abasto suficiente de gas natural licuado para su país gracias al Grupo de Trabajo de Energía para América del Norte (GTEAN, y que es otro órgano de la ASPAN). Con el objetivo de “intercambiar perspectivas sobre los retos que enfrentará en el futuro la distribución y oferta de gas natural”, el grupo promovió un Taller de Gas Natural realizado en el Instituto de las Américas, al que asistieron 36 “expertos de la iniciativa privada y el sector público” de México, Canadá y Estados Unidos.

Según el comunicado de la Secretaría de Energía de septiembre de 2008, ese curso se enfocó en el abasto de gas natural licuado para la región de América del Norte, así como en la infraestructura de ductos”, y aunque, durante su campaña electoral, Obama promovió el uso de tecnologías verdes para obtener energía y el fin de las emisiones contaminantes, la finalidad de ese taller del GTEAN no concuerda ni con el mensaje del demócrata ni con el trabajo previo de Steven Chu, el secretario de Energía de Obama, quien recibió el Nobel de Física por desarrollar métodos para enfriar y atrapar átomos con luz láser.

El ámbito de los acuerdos ejecutivos entre México y Estados Unidos no se limita a la seguridad energética o fronteriza, también se extiende al transporte. Ahí existe el Grupo de Trabajo de Estadísticas de Transporte de América del Norte que estableció el intercambio de estadísticas en los tres países miembros de la ASPAN. Uno de sus objetivos es “identificar información clave que permita obtener un panorama general de transporte” en la región.

Para resolver las dificultades que se presentan, se realizan reuniones periódicas de intercambio. La última se realizó en junio de 2008 en Manzanillo, Colima, y la próxima está prevista para el verano de 2009 en Washington, donde Ray LaHood, anterior legislador republicano y secretario de Transporte de Obama, será el anfitrión.

Integración simulada

Catalogado con el número de registro SPE-ISS-02-06 y bajo el título Alianza para la seguridad y prosperidad de América del Norte, existe un documento publicado por el Servicio de Investigación de Análisis de la Subdirección de Política Exterior de la Cámara de Diputados y elaborado en julio de 2006 por la investigadora parlamentaria Elma del Carmen Trejo García. También figuran Alma Arámbula Reyes y Margarita Álvarez Romero, como asistentes de investigación.

En la introducción, las autoras citan lo siguiente: “Debemos tomar en cuenta que la firma de la ASPAN no respondió al procedimiento que debe seguirse en cuanto a la adopción de tratados internacionales al interior de nuestro país, así como tampoco en Estados Unidos y Canadá, por lo tanto está siendo difícil adaptar los planes y programas de trabajo a nuestra legislación”. Más adelante, el estudio examina la posibilidad de que los tres Estados se integren, una premisa que defiende Robert Pastor, promotor del TLCAN, codirector del Centro de Estudios Norteamericanos y asesor de las administraciones demócratas de James Carter y William Clinton.

El estudio concluye que “seguimos con el concepto de soberanía, y por lo tanto estamos de acuerdo que con los procesos de globalización y con los de la integración debemos irla relegando poco a poco, mientras la ASPAN no esté formalmente firmada como un tratado internacional, la soberanía de nuestro país debe seguirse respetando”, pues de otra forma se antepondrían los intereses de uno de sus miembros.

Además de ese diagnóstico sobre la ASPAN, está el examen de Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas del Centro de Relaciones Internacionales. Para ella, la Alianza, que nació con el objetivo de mejorar la seguridad regional mediante la formación de un mercado global, en realidad profundiza un modelo de integración subordinado tanto a los intereses de Estados Unidos como a los de las trasnacionales que ahí tienen el control del poder estatal”.

“En esta etapa, el proceso avanza lanzando acuerdos con impacto de largo plazo sin participación alguna de los congresos”. La también autora de Integración profunda, la expansión antidemocrática del TLCAN cita el caso del Consejo de Competitividad de América del Norte: ni siquiera existe la participación de los representantes gubernamentales y son las grandes empresas que llegan a los acuerdos.

Sin claridad en materia migratoria

Es ya una práctica común recurrir a los acuerdos interinstitucionales, cuya vigencia no requiere el visto bueno del Senado: los ejecutivos de México, Estados Unidos y Canadá pueden convenir entre sí en materia de migración, comercio, finanzas y aduanas. En el tema de seguridad, el legado de Bush a la administración de Barack Obama es importante: la ASPAN y la Iniciativa Mérida.

Desde el ángulo de la estrategia binacional México-Estados Unidos contra la delincuencia organizada, la administración republicana de George Bush deja también grandes avances a su sucesor. Cabe recordar que Obama, siendo senador por Illinois, fue miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y aprobó la denominada Iniciativa Mérida junto con Joseph Biden, quien a la sazón fue el presidente de ese Comité.

En plena campaña por la Presidencia de Estados Unidos, el 9 de junio de 2008, Leslie Basset, ministra consejera de la embajada del país vecino en México, propuso integrar la estrategia de la Iniciativa Mérida en la ASPAN. Esto fue en el marco de la inauguración del Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus ciudad de México. Basset señaló que la integración de México, Canadá y Estados Unidos “sobrepasa en buena medida los acuerdos bilaterales y se relaciona no sólo con los temas económicos, como el TLCAN”.

Al respecto, el geopolitólgo Jalife Rahme expresa que el caso de México “es patético, prácticamente ya entregó toda su soberanía a Estados Unidos: económica, financiera, bancaria y comercial. En materia de seguridad, nos obligaron, incluso, a seguir el Plan México al que le cambiaron el nombre por Iniciativa Mérida y nos desconectó de nuestros hermanos sudamericanos”.

Más allá del marco protector de la ASPAN, para la política estadunidense de seguridad, el tema migratorio no está del todo definido. Al respecto, Obama tampoco tiene una posición firme: en mayo de 2005, copatrocinó la propuesta legislativa denominada América segura y una inmigración ordenada, iniciativa que “irónicamente había sido formulada y auspiciada por John McCain”; mientras que en septiembre de 2006 votó a favor de la Ley del Muro Seguro, iniciativa que promovieron el representante republicano por Wisconsin, James Sensenbrenner; la entonces senadora, Hillary Clinton, y el actual vicepresidente y entonces senador por Delaware, Joe Biden.

De acuerdo con Patricia Escamilla, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, “esta situación explica por qué el ahora presidente electo no tenía interés en tocar el tema durante su campaña, pues tampoco estaba dispuesto a pagar el costo político de enfrentarse a los grupos antiinmigrantes”.

La también autora del estudio Posiciones de Barack Obama en materia de migración y seguridad fronteriza recuerda que, en ese contexto, Barack Obama volvió a votar a favor de otras propuestas de reforma migratoria integral, como la Ley de Fronteras Seguras, Oportunidad Económica y Reforma Migratoria de 2007.1, que presentaron los demócratas ante el Senado en junio de 2007 y que fue rechazada.

Escamilla Márquez describe que durante un debate entre demócratas en la Universidad de Texas, en Austin, el 21 de febrero de 2008, Obama expresó: “Podría haber zonas en las que se necesite alguna cerca. Patrullar la frontera, vigilancia, implementar tecnología efectiva, ésa será la mejor propuesta”. En junio de ese mismo año, declaró que, de resultar electo, “revisaría los planes de seguridad”.

Acuerdos inconstitucionales

Respecto al uso cada vez más común de los acuerdos ejecutivos en la diplomacia mexicana, el exsenador y excónsul general de México en San Antonio, Texas, Humberto Hernández Haddad, considera que son facultades exclusivas del Senado, consagradas en las fracciones I y II del artículo 76 de la Constitución, analizar y revisar la política exterior que conduce el Ejecutivo federal.

Por esa razón, recurrir a los acuerdos ejecutivos es “una conducta de inconstitucionalidad, porque no pueden existir acuerdos que comprometan al Estado mexicano en el plano internacional, en virtud de que las únicas dos fuentes de obligación internacional son los tratados internacionales que firma el presidente de la República y que tienen la aprobación del Senado o, en segundo plano, los acuerdos interinstitucionales que contempla la Ley sobre la Celebración de Tratados”.

El artículo primero de esa Ley dispone que las autoridades mexicanas puedan firmar acuerdos interinstitucionales con sus homólogos de otros países, siempre y cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores emita un dictamen jurídico de procedencia y que, además, ese documento se inscriba en el Registro Nacional de Acuerdos Interinstitucionales.

Hernández Haddad, egresado del Centro de Estudios Internacionales de Harvard, considera la oportunidad de dar cuenta de esos actos a la Secretaría de la Función Pública, “para que investigue la actuación de los servidores públicos en esos compromisos internacionales, si se ajusta a derecho o es violatoria de la Constitución. Sabemos que es violatoria, porque auspician compromisos internacionales del Estado mexicano que no se ajustan al procedimiento constitucional que deben de seguir las autoridades”.

A su vez, el diplomático y economista Jorge Eduardo Navarrete estima que se ha acudido a los acuerdos ejecutivos o acuerdos administrativos porque ni el gobierno mexicano ni la administración estadunidense tuvieron, en el último periodo, el apoyo de sus respectivos congresos. “Ése ha sido un poderoso incentivo para irse por la vía de los acuerdos ejecutivos”, señala, y advierte que éstos se pactan “no sólo a espaldas del Poder Legislativo, sino de la opinión pública en general”.

Navarrete –quien ha sido embajador de México ante Naciones Unidas, Alemania, China, Austria, Yugoslavia y Venezuela– considera que esos acuerdos fuera del poder Legislativo responden a “la enorme preferencia de los lobbies (grupos de interés) empresariales de uno y otro país, ya que ellos con su peculiar filosofía se preguntarían: ¿Por qué no simplemente firmamos nosotros sin tener que informarle o rendirle cuentas a nadie? En la ASPAN se sabe –porque nunca ha sido algo abierto y público– que hay entendimientos entre los empresarios, que obviamente tienen derecho a ponerse de acuerdo, pero no necesariamente en materias que conciernen a la política pública de los respectivos gobiernos”.

Para el diplomático, “están llevando demasiado lejos los negocios y los están convirtiendo en entendimientos políticos que no les corresponden”. Optimista, estima que el gobierno de Obama, con una sólida mayoría legislativa en ambas cámaras y con una visión diferente de cómo deben hacerse las cosas, no favorecerá esa vía de acuerdos “por la puerta trasera, por debajo de la mesa o en smoke dinning rooms”.

Tags: