Oaxaca: amparo a paramilitares

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Las ejecuciones de tres comuneros a manos de paramilitares desencadenaron una ola de violencia e impunidad en Santo Domingo Ixcatlán. Pobladores denuncian que el gobierno de Ulises Ruiz intentó borrar evidencias, no ejecutó órdenes de aprehensión e incumplió con las 177 medidas cautelares que la CIDH otorgó a favor de la comunidad.

Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca. La comunidad, enclavada en la Sierra Alta Mixteca, no deja de padecer actos de violencia. El 30 de abril de 2008, Gustavo Castañeda, de 25 años, fue quemado vivo en el interior de su automóvil; Inocencio Medina Bernabé, de 51, y Melesio Martínez Robles, de 60 años y representante de Bienes Comunales del municipio, fueron acribillados. Uno de ellos fue descuartizado por intentar defender la vida del joven ( Contralínea 103).

Los pobladores responsabilizaron al expresidente de Santo Domingo Ixcatlán, Freddy Eucario Morales Arias, de comandar el grupo paramilitar que asesinó a las tres personas, pues éstas se oponían a entregar 914 hectáreas de terreno que el edil municipal ya habías vendido por 40 millones de pesos a Chalcatongo de Hidalgo, municipio colindante con el que sostienen un conflicto agrario desde hace 150 años.

Aseguran que el gobierno de Ulises Ruiz –a través de los órganos policiacos– intentó ocultar evidencias de la masacre y la existencia de paramilitares en la región alta de la mixteca oaxaqueña. “Protege al responsable y no cumple las órdenes de aprehensión correspondientes”.

Desde los acontecimientos sucedidos en abril, los habitantes de Ixcatlán viven en estado de zozobra. Y, como meses atrás, la comunidad ha sido sitiada en por lo menos dos ocasiones por el grupo armado que amenazó de muerte a más de un centenar de personas. Algunos de ellos fueron beneficiados con las medidas cautelares (expediente MC-113-08) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En los primeros días de diciembre, el grupo armado –conformado por aproximadamente 50 personas– sitió la comunidad de Santo Domingo. En el tercer día, cinco policías preventivos fueron desalojados y a los pobladores se les lanzó un ultimátum: tenían 24 horas para abandonar su comunidad o serían “acribillados”.

La amenaza no se cumplió. A decir de Maurilio Santiago Reyes, defensor de derechos humanos y quien preside el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), los habitantes permanecen con vida “gracias a la intervención de las organizaciones internacionales”.

El 5 de diciembre pasado, Amnistía Internacional (AI) solicitó información al gobierno mexicano y la acción inmediata para asegurar la vida de las personas que se encontraban en la comunidad y a las que se les había cortado el suministro eléctrico.

Respecto de una primera recomendación –UA129/08 (AMR 41/023/2008), emitida en mayo de 2008–, la organización civil internacional también expresó su preocupación por restaurar el orden en la comunidad, convocar una investigación imparcial y hacer públicos sus resultados, asignar responsabilidades y cumplir las órdenes de aprehensión contra 12 de los 16 hombres encontrados responsables de los asesinatos. Aún continúan pendientes 11 órdenes de aprehensión.

Respecto de la situación, el subsecretario de Desarrollo Político de Oaxaca, Javier Fuentes Valdivieso, rechazó ante medios de comunicación estatales que existiera un estado de sitio en Santo Domingo.

En opinión de habitantes de Ixcatlán, Ulises Ruiz ha actuado de manera facciosa para que los órganos de seguridad del estado solapen, desmientan y “borren evidencias”. Lo anterior fue documentado por la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (Cedho).

La negativa de justicia no se ciñe al ámbito estatal. El gobierno federal no ha respondido a las solicitudes de las organizaciones civiles e internacionales que pretenden esclarecer lo sucedido y garantizar los derechos de la población.

La tragedia y el miedo

El taller luce abandonado; ya no se escucha el sonido de la sierra ni del crujir de la madera. Nadie corta tablones. El aserrín no abunda en el ambiente, pero la paz y la armonía tampoco. Ropa y utensilios de Gustavo Castañeda, de oficio carpintero, aún conservan las manchas de su esfuerzo; las calles de la comunidad, su sangre.

Las lágrimas de Paulina Martínez Robles, madre de Gustavo, resbalan por sus mejillas. A tan sólo unos pasos de donde a dos comuneros y a su hijo se les privó de la vida, ella y un grupo de mujeres y niños realizan el tequio (tareas comunitarias).

“Tiempo de paz y progreso”, cita una frase en el muro de las oficinas del ayuntamiento, que meses atrás fueron saqueadas junto con los expedientes de gobierno. A un costado, la lámpara derretida por el fuego custodia el sitio donde ardió el automóvil de Gustavo; del otro, aún es visible la sangre de Melesio e Inocencio.

En el pueblo, no existen ya los cimientos del palacio de gobierno ni de la escuela. Ahora, los alumnos de los seis grados de primaria toman sus clases en aulas provisionales, expuestas a la intemperie. Las puertas de la iglesia fueron clausuradas; el sacerdote, desalojado.

Cuando Gustavo Castañeda volvió a Ixcatlán tenía planes de casarse y construir su hogar. Meses atrás, su hermano y él habían cruzado la frontera entre México y Estados Unidos de regreso a su comunidad, donde habitan 836 personas que hablan alguna lengua indígena. Aquí, encontró que su población era azotada por injusticias y vejaciones.

El joven, con cámara en mano, documentó los acontecimientos que sometían a los pobladores: fiestas del ayuntamiento con funcionarios y empresarios estatales y nacionales, demoliciones, desmantelamientos, incendios provocados, amedrentamiento policiaco, fraude electoral y, sobre todo, la actividad paramilitar. A decir de los pobladores, en todos los supuestos ilícitos estaba involucrado el entonces presidente municipal, Freddy Eucario Morales Arias.

A decir de algunos pobladores y testigos, en las colinas se observaban a hombres e incluso “chamaquitos de secundaria”, con armas de fuego y machetes. Su vestimenta era verde, “como la de los militares; a veces, negra; pero sabemos que el mismo Freddy Morales se encargaba de sus uniformes y los entrenaba en el campo que construyeron en la parte alta de nuestra comunidad”.

Familiares de las víctimas dicen que todas las autoridades son cómplices de Freddy y que el gobierno del estado le había ofrecido beneficios políticos y económicos con tal de entregar las tierras en disputa y reprimir a la población. “Para eso compró uniformes como si fueran militares, insignias y armas. Hizo un campo de batalla en la zona de conflicto”.

Rosa García Castellanos, de mirada húmeda y cansada, dice que a su esposo Inocencio lo mataron de un disparo en el rostro para que la comunidad se diera cuenta de lo que son capaces de hacer. A su parecer, Morales Arias no tuvo la inteligencia de conducir un pueblo. Bajo su sombrero, la mujer pierde la mirada en un punto y exclama repetidamente: “No es justo”.

En la avenida principal (calle de Santo Domingo), la policía estatal intentó borrar las evidencias y encubrir a los asesinos, quienes habían salido armados de un restaurante. “Patinaron las camionetas para borrar la sangre”, rememoran.

Entre comuneros se menciona la evidencia de armas de fuego de diversos calibres y usos, entre ellos, el militar. Recuerdan haber escuchado cientos de disparos. “A Melesio, mi padre, lo arrastraron y descarnaron con armas blancas mientras festejaban. Don Inocencio cayó en el instante”, describe exaltada María de la Luz Martínez García, quien también ha sido violentada y amenazada de muerte.

Después de las ejecuciones, la Cedho brindó atención médica y sicológica a amigos y familiares de los asesinados; además “se les entregaron despensas porque los víveres se habían agotado en su comunidad”, explican.

Para los familiares de los ejecutados, la situación en Ixcatlán “aún es muy tensa. El gobierno ha querido politizar el asunto, desmentirlo”.

Tejido social, desgarrado

Desde 1848, Santo Domingo Ixcatlán mantiene un conflicto agrario con Chalcatongo de Hidalgo. La disputa no se ha resuelto a pesar de que en 1872 la Corte de Justicia del Estado de Oaxaca dictó un interdicto restitutorio a favor de Ixcatlán, reconociendo como suyas las 1 mil 356 hectáreas, y el Tribunal Agrario dictó sentencia en agosto de 1998.

Maurilio Santiago Reyes considera que a partir de 1998 “el tejido social en Santo Domingo Ixcatlán se fue deteriorando; por ello, los asesinatos de las tres personas no es un problema aislado ni de particulares, sino social, creado por el mismo gobierno de Oaxaca”.

En 2006, Freddy Eucario Morales Arias desconoció a los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Santo Domingo Ixcatlán, que legalmente habían sido reconocidos por el Registro Agrario Nacional (clave de registro 20RA00001049), y nombró a otros.

Morales Arias inició negociaciones con autoridades estatales, así como con representantes de los Bienes Comunales de Chalcatongo de Hidalgo, para pactar una supuesta solución al problema, pero sin consultar a los comuneros y usurpando funciones. Freddy Eucario Morales y “su grupo” recibirían 40 millones de pesos, más proyectos productivos destinados desde el gobierno estatal.

Melesio Martínez Robles –uno de los tres asesinados– fue el principal opositor a que esas tierras fueran vendidas a la comunidad de Chalcatongo de Hidalgo.

El 1 de mayo de 2008, un día después de la masacre, los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Santo Domingo Ixcatlán pretendían acudir ante las autoridades agrarias para ratificar su cargo legalmente reconocido y en funciones.

El expediente de la masacre

Por los hechos ocurridos en abril del año pasado, el 7 de octubre la Cedho abrió el expediente CDDH/RM/11/-(25)/OAX/2008 y emitió la recomendación 15/2008. El proceso se inició por reclamos de los pobladores de Ixcatlán por violación a sus derechos humanos.

De la documentación se extrae que los tres asesinatos y las violaciones cometidas son atribuibles a servidores públicos del ayuntamiento de Santo Domingo Ixcatlán, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca.

En particular, las quejas son contra el síndico y los elementos de la policía municipal de la comunidad, así como de elementos de seguridad pública estatal.

De las evidencias contenidas en la causa penal 24/2008, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlaxiaco, y con las recabadas en forma directa por el organismo, la Cedho atribuye a elementos de seguridad pública de Oaxaca las violaciones a la legalidad y a la seguridad, porque “lejos de resguardar la escena del crimen, permitieron la pérdida de evidencias, omitiendo efectuar la detención de diversos partícipes en los hechos delictivos”.

Así, la Comisión evaluó que las versiones de las víctimas eran coincidentes, mientras que las de los inculpados no. Por lo anterior, se resolvió librar orden de aprehensión (expediente penal 24/2008) en contra de “Freddy Eucario Morales Arias, Jorge García Castro, Saúl García Martínez, Óscar Martínez García y otros”, como probables responsables de los delitos de homicidio calificado con alevosía y ventaja.

“Respecto de la autoridad municipal de Santo Domingo Ixcatlán, Tlaxiaco, debe decirse que las violaciones a derechos humanos reclamadas se encuentran acreditadas con las evidencias”, resolvieron Heriberto Antonio García, presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado, y Maribel Mendoza Flores, visitadora general del organismo.

La desaparición de poderes

El 25 de junio, Ulises Ruiz Ortiz se comprometió a solucionar el “conflicto social” y propuso un proyecto de iniciativa en cumplimiento a las medidas cautelares solicitadas por la CIDH. Acordó la creación de una comisión especial en el Congreso estatal, que estaría integrada por un diputado de cada fracción parlamentaria.

Pero, según consta en el mismo Congreso, nunca se conformó dicha comisión especial. Continuaron las amenazas, los hostigamientos y las agresiones.

A petición de pobladores de Ixcatlán, en julio de 2008, una comisión de tres diputados locales –integrada por los priistas Sofía Castro Ríos y Jaime Aranda, y por el panista Dagoberto Carreño Gopar– acudió a la comunidad para verificar el estado de ingobernabilidad que imperaba en Ixcatlán.

La diputada Castro expuso que la determinación debía, entre otros aspectos, considerar el vacío de poder y la existencia de medidas cautelares emitidas por la CIDH.

Así, en agosto de 2008, en sesión del Congreso local, se aprobó el acuerdo relativo al municipio: el inicio del procedimiento de desaparición y, mediante el decreto número 674 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno a los 23 días del mes, la declaración de suspensión provisional del Ayuntamiento de Santo Domingo Ixcatlán, Tlaxiaco.

Según los pobladores, los antecedentes se desprenden del periodo de 2005 a 2007. Por indicaciones de Morales Arias, el cabildo municipal de Ixcatlán efectuó las demoliciones del palacio municipal, del edificio de la escuela primaria “Fray Bartolomé de las Casas”, de la cancha municipal y convirtió el albergue escolar de la Comisión Nacional Indígena en un cuartel.

Asimismo, se apoderó del curato de la comunidad. Despojó de terrenos a los vecinos; se encargó de la venta de dos camiones de volteo, propiedad del municipio, y de una camioneta Ford de ocho cilindros.

Además –cita el informe de Cedhapi–, el 21 de noviembre de 2007, en la elección de autoridades del municipio para el trienio 2008-2010, se cometieron irregularidades para intentar la reelección: desacato de acuerdos generados por la dirección de usos y costumbres, elección por planillas que no contemplaban lo anterior y la imposición de su hermano Omar Morales Arias como nuevo edil municipal.

Pese a la intervención de la CIDH, AI, Cedho y Cedhapi, continúa dictaminada la desaparición de poderes e instalada la ingobernabilidad. El gobierno federal y el estatal no garantizan la seguridad de los habitantes de la comunidad de Ixcatlán.

Un “guardia blanca”

El 19 de mayo de 2008, el Cedhapi informó que funcionarios del gobierno de Oaxaca protegían a los “guardias blancas”, grupo paramilitar supuestamente comandado por el actual presidente del Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca, Jorge Franco Vargas; además, advirtió que Freddy Eucario Morales Arias participó en actos represivos y de hostigamiento contra el movimiento social de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006.

Maurilio Santiago Reyes, presidente de la organización civil, sostiene que el grupo paramilitar actuó con “gran impunidad”, como una retribución por el respaldo que el expresidente municipal ofreció al gobierno estatal al participar en “brigadas blancas”.

Después de las tres ejecuciones, Freddy Eucario Morales Arias fue puesto a disposición de un juez penal y posteriormente encarcelado. Pero, en noviembre pasado, el Consejo de Autoridades por la Paz y la Reestructuración de Santo Domingo Ixcatlán, comisión conformada por familiares y excolaboradores de Morales Arias, propuso al gobierno estatal otorgar las 914 hectáreas de tierras al municipio de Chalcatongo de Hidalgo a cambio de su liberación.

Asimismo, René Ramírez Velasco, excolaborador de Morales Arias, exigió la libertad del “asesor jurídico” y de los demás “presos políticos” para los primeros cinco días de diciembre, misma fecha en la que la comunidad de Santo Domingo Ixcatlán fue sitiada.

Según citan notas de prensa locales, Claudia Medina Castro, pareja del expresidente municipal, lo reconoce como “guardia blanca” y ha exigido al gobernador Ruiz Ortiz la libertad de Morales Arias como pago al respaldo que le brindó durante el conflicto político social que impera en la entidad: “Mi esposo movilizó en 2006 a cientos de mixtecos para apoyar a Ulises en contra de los maestros que mantenían el plantón en el Zócalo, y ahora nos paga con esto”.

“La familia de Freddy busca su liberación. Condiciona al gobernador del estado con la revelación de información de las encomiendas que Morales Arias cumplió durante el conflicto de 2006”, asegura María de la Luz Martínez García, hija de uno de los ejecutados.

Contralínea solicitó entrevista con el secretario de Gobierno del estado, Manuel Teófilo García Corpus, y con el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, Jaime Mario Pérez Jiménez, sin que hasta el cierre de edición se obtuviera respuesta.