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Trabajadores de los callcenter del Grupo Telefónica denuncian que desde la llegada del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, a la dirección de la empresa, se les obliga a utilizar bases de datos oficiales para vender seguros, tramitar tarjetas de crédito sin autorización de los clientes, hacer cargos por adeudos y trámites inexistentes, así como acosar y maltratar a deudores de la banca que contratan el servicio de cobranza


Aún la Procuraduría General de la República no cierra la investigación en su contra por la escandalosa evasión de impuestos en la venta de Banamex a Citigroup (que le restó a la hacienda pública 50 mil millones de pesos), y ya el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, está envuelto en un halo de supuestas malas prácticas en los callcenter del Grupo Telefónica, operados bajo la firma Atento, de acuerdo con testimonios de trabajadores cuyas condiciones laborales rayan en la esclavitud.

Empleados de Telefónica de diversos centros, entrevistados por Contralínea, desnudan las irregulares prácticas “corporativas” impuestas por Gil Díaz en su afán de generar ganancias al consorcio español que desde febrero de 2007 lo designó su director en México y Centroamérica.

La mano del exfiscal de hierro –como se le conoció en el sexenio de Vicente Fox– está detrás de la voz que llama al tarjetahabiente hasta 10 veces al día para recordarle que tiene un atraso en el pago de la tarjeta de crédito y le exige cubrirlo de inmediato, o para venderle un seguro o para obligarle a renovar una póliza. El telefonista es un joven de 18 a 25 años de edad que trabaja en un centro de llamadas o callcenter de Atento, en donde tiene prohibido levantarse hasta para ir al baño en tanto no logre cerrar 15 operaciones (ventas) en un lapso de seis horas.

Para cada operación, el telefonista tiene 300 segundos. Si el interlocutor lo insulta, deberá esperar a escuchar tres insultos para solicitarle al supervisor que le autorice colgar la llamada, pues el tarjetahabiente “no modera lenguaje”. Si no logra que alguien cubra su adeudo o le compre un seguro o una tarjeta de crédito, es porque, a juicio de sus supervisores, no aplica la política de la compañía: acosar.

La cara sucia de Telefónica

Atento es la compañía menos conocida del Grupo Telefónica, aunque se trata de una de las que le genera mayores ganancias, pues además de fungir como brazo operativo para la captación de clientes de sus productos de telecomunicaciones, ofrece a la banca e industria los servicios de ventas, cobranza y gestión de reclamaciones. De enero a septiembre, generó ingresos por 970 millones de euros, según sus estados financieros, con México como su segundo mercado a nivel mundial, sólo después de Brasil.

En México tiene una docena de centros (ubicados en el Distrito Federal, las ciudades de Pachuca, Monterrey y Nuevo Laredo), atendidos por 13 mil 500 jóvenes –el 76 por ciento de la plantilla laboral del Grupo Telefónica–. Entre sus principales clientes se ubica Master Card, Santander, el Grupo Financiero BBVA-Bancomer, el grupo Wal Mart con sus respectivas tarjetas departamentales, Reader’s Digest y Zurich.

Pero las jugosas ganancias que Atento obtiene en el país están plagadas de anomalías, según denuncian los trabajadores de la compañía: uso de bases de datos gubernamentales para la venta de seguros y de tarjetas de crédito sin autorización de los clientes, cargos a tarjetas por comisiones ficticias e imposición de planes tarifarios a clientes de MoviStar, entre otros.

Los trabajadores dicen que su materia prima son padrones oficiales que contienen información confidencial de los clientes. Ello, revelan, ha derivado en “trafico” de información que sale de los centros. Refieren lo que ocurrió hace unos meses en el centro instalado en el número 51 de la calle Dinamarca –en la colonia Juárez del Distrito Federal–: atónitos, escucharon que sus supervisores les ordenaban desnudarse para registrarlos, pues se había extraviado una memoria USB que contenía información confidencial de los clientes.

En otro callcenter, ubicado en Monterrey 100, colonia Roma, los operadores recibieron datos de personas empadronadas en rancherías. Su misión: venderles tarjetas de crédito. Elizabeth, una de las telefonistas, detalla cómo fue obligada a venderle plásticos de Bancomer y Santander “a la gente que vive en los ranchitos”:

“Sólo se escuchaban gallos. La gente no entendía qué era eso de la tarjeta de crédito; yo trataba de explicarles y sólo me decían ‘¡Qué gané, qué gané! La orden era activar 10 tarjetas por día, y mi supervisor detrás de mí, así que yo les contestaba: ‘Sólo dígame qué sucursal bancaria le queda más cerca’, y les asignaba la tarjeta. Yo sólo les decía: ‘Tal día debe ir a su sucursal bancaria más cercana’. Ahora me molesta mucho que nos obliguen a activar tarjetas a la gente de Luz y Fuerza, cuando todos sabemos que están desempleados, y ése no es un secreto, sale en la tele. Tenemos la instrucción de venderles o de que conserven su tarjeta o que paguen comisiones por pago tardío. También se les activan seguros de todo tipo”.

Nadejda Peña Hernández vendió seguros para el hogar del Grupo Bancomer. Dice que le entregaron una base de datos con la consigna: “A éstos les debes vender, si no, te vas”. Eran tiempos de torrenciales en Tabasco y Chiapas que precedieron a las inundaciones de octubre de 2007. Ella identificó que las claves lada correspondían precisamente a esas entidades. “¡Me puse a vender seguros! Yo le explicaba a la gente lo importante que era que aseguraran su casa y, por supuesto, muchísimos me compraron. Hicieron los depósitos y en los siguientes días se les enviarían las pólizas”. Cuando arreciaron las inundaciones, continúa, “algunos clientes hablaban desesperados para decirme que no habían recibido ninguna póliza y otros que no se las querían hacer válida. La gente hablaba desesperada, me suplicaban que los ayudara. El supervisor me ordenó que nosotros no podíamos hacer nada. Cuando yo les decía esto, me gritaban que yo era una ratera, que qué les había vendido en realidad. Se ordenó que se cancelaran las ventas de seguros para Tabasco y Chiapas. En realidad ya habíamos hecho muchísimas ventas”.

Atento se promueve como una compañía socialmente responsable: “La responsabilidad social en Telefónica México es tarea fundamental de sus empleados”, asegura Francisco Gil Díaz en el perfil de la administración a su mando. Sin embargo, los trabajadores denuncian prácticas a las cuales son obligados y que los hacen entrar en conflictos morales y sicológicos: engañar a los clientes para que acepten cualquier producto que vende la compañía, propio o de terceros.

Los entrevistados destacan el caso de la campaña “migración intraproduto”, que MoviStar lanzó para que sus clientes cambien la compra prepago y acepten planes tarifarios ya que, de acuerdo con un reporte elaborado por Francisco Gil Díaz, para finales de 2007 más del 94 por ciento de los 12.5 millones de clientes de Telefónica utilizaban productos prepago, por ello se planteó la meta de hacerlos “migrar” hacia los planes tarifarios.

Cada operador debe hacer entre ocho y 10 “migraciones” en una jornada de seis horas. Raúl, trabajador de Atento en el callcenter de Plaza Inn, dice que para cubrir la cuota tienen la orden de imponer planes tarifarios, aunque el cliente no los apruebe. Algunos supervisores los azuzan a engañar al cliente de que el plan no le costará más que las recargas que de cuando en cuando hace a su celular.

Félix Ariel Carrillo, quien participó en esa misma campaña durante los ocho meses que laboró en Atento, dice que para él fue muy vergonzoso “tener que imponer esos planes a personas que en realidad no tienen la capacidad económica para pagar. Me hizo entrar en un conflicto ético y moral. No sé si llamarlo tristeza o depresión, pero el hecho es que no se tocan el corazón para venderle un plan a personas que no tienen ni para comer. ¡Vamos, si yo como trabajador, que recibía un sueldo casi mínimo (1 mil 200 pesos quincenales), apenas tenía para sobrevivir! El caso que más recuerdo es el de un albañil que me contaba que escaseaba mucho el trabajo. En esos días, con lo que le pagaban en la obra, apenas tenía para comer. ¡Y el supervisor me obligó a darle de alta un plan tarifario! Durante los siguientes meses tendría que pagarle una renta a Telefónica MoviStar. Nos obligan a esas prácticas llenas de corruptelas”.

En los ocho meses que Félix trabajó en Atento cubrió ocho campañas y perdió ocho kilos. Hoy este joven de 23 años de edad no puede disimular el efecto sicológico que le provocó su trabajo en la compañía donde el principio empresarial, dice, es engañar.

Master Card, la mentira

En un galerón entintado de colores chillantes –azul, naranja y amarillo–, sin ventanas y entre luces artificiales que no le permiten percibir si es de noche o de día, Carlos Daniel pasa seis horas diarias tratando de “conciliar” con los clientes de Master Card que reunieron suficientes puntos por sus compras con tarjetas de crédito e intentan cambiarlos por enseres domésticos.

Se trata de una campaña conocida en el argot de los callcenter como “de entrada”, pues el telefonista sólo se dedica a recibir llamadas. Parecería fácil, en realidad no lo es: la mayoría son telefonemas de clientes que se quejan de que los artículos no llegan y luego para reclamar que son de baja calidad. Los supervisores dieron a los telefonistas la misma indicación: mentir.

“Mentir que la entrega será en tres semanas, porque sabemos que no llegan antes de seis, y luego mentirles sobre la calidad de los productos. En realidad son marcas que uno va al tianguis y las ve allí, aunque con los puntos de Master Card son muy caras. Encima les llegan rotos y no hay cambios. La gente se queja, te insulta, te ofenden, no entienden que uno sólo es intermediario”.

Las prácticas descritas reflejan que los callcenter no son una industria regulada. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ni siquiera cuenta con un registro del número de cuántos cargos ilegales o contrataciones ficticias que se hacen desde estos centros.

Aunado a los innegables vínculos del exsecretario de Hacienda con el sector financiero público y privado, clientes principales de Atento, incluída la Condusef, institución que depende directamente de la Secretaría de Hacienda, operada por el mismo grupo que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari encabezaba Gil Díaz, entonces subsecretario de Ingresos.

Uno de los principales centros de Atento desde donde se hacen estos cargos ficticios se ubica en el mismo edificio sede de la Condusef, en el centro comercial Plaza Inn.

Acoso y maltrato

La llegada de Francisco Gil Díaz al frente del corporativo está marcada por dos directrices: acosar para la venta de tarjetas de crédito y maltratar para el cobro de las mismas. Y es que primero se estimula el consumo mediante la concesión de crédito y luego se persigue a los morosos. Para Atento es ganar-ganar, pues el impago de los tarjetahabientes “es un escenario repleto de oportunidades, un nuevo modelo de negocio para las empresas que actúan en la concesión y recuperación de crédito”, dice la compañía en la promoción de su servicio de cobranza.

Sandra, trabajadora de uno de los centros en Pachuca, explica: “Tenemos la base de datos de empresas de todo tipo, privadas y de gobierno. Nos dicen que primero hay que venderles la tarjeta, y cuando levanten la venta pasan los datos a la base de datos de cobranza porque en unos cinco meses van a utilizarla. ¡Tienen razón! Metimos los mismos datos de venta de tarjeta en la base de pagos por demora, y en unos meses ya los estábamos usando. ¡Parece que adivinan lo que va a pasar! ¡Juegan con los clientes!”.

Con la agudización de la crisis económica, este año el cobro de la cartera vencida de Bancomer, Santander, Master Card y tarjetas departamentales de estas mismas instituciones bancarias se convirtió en las actividades centrales de Atento. La compañía vende su servicio de crédito, riesgo y cobranza y se promueve como una empresa con experiencia en los segmentos financiero, telecom, retail e industria, “que adecua las condiciones de pago a la realidad de cada cliente; previene quiebras de acuerdos y recupera clientes teniendo el cuidado en mantenerlos activos y fieles”.

En la promoción del servicio, Telefónica dice que Atento “desarrolló una solución adecuada al mercado que garantiza la retención y fidelización de clientes que pasan por un proceso de recuperación de crédito”. Con este modelo, asegura, “buscamos negociar las condiciones de pago más adecuadas a la realidad de los clientes que encuentran dificultades para saldar sus deudas, evitando quiebras de promesa y promoviendo acuerdos”.

Los trabajadores develan el entrenamiento teórico-práctico que reciben de la compañía para este servicio que dura dos semanas. La clave para cobrar la deuda es la rudeza con los clientes, y para mostrarse rudos deben insistir en el pago e informarle del adeudo al tarjetahabiente, a sus familiares, vecinos, compañeros de trabajo y hasta el jefe. Se trata de “exhibir” al deudor “pero sin palabras altisonantes”. Así que, la “solución” que vende Atento, explican los telefonistas, se circunscribe a maltratar a los tarjetahabientes. “¡No te dejes! ¡Vuélvele a marcar, y si no te paga, que te pague cualquiera de su familia!… ¡O su jefe! ¡Háblale al trabajo!”, son las instrucciones de sus supervisores y directivos durante la capacitación.

La semana de práctica se denomina “sombra”. El telefonista se sienta al lado del entrenador para ensayar la cobranza. Si el supervisor detecta que aún no se profesionaliza como acosador, se queda “en cartera” mientras recibe entrenamiento adicional, sin cobrar un solo centavo.

Marisa, del callcenter en la colonia Roma, detalla: “Llamé al trabajo y le dije al patrón: ¡cómo es posible que contrate gente que debe su tarjeta de crédito! ¡Pásemelo porque yo sé que usted lo oculta, usted es cómplice de su trabajador! Lo acosé tanto que fue a pagar. Una hora después me mandó llamar el supervisor y me dijo ‘¿Te acuerdas de la cuenta que te estaba supervisando?, pues ya pagaron. ¡Y adivina, el que pagó fue el patrón!’. Eso es lo que nos obligan a hacer”, dice la joven apenada.

Trabajo rudo

El trabajo en los callcenter es identificado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como uno de los más precarios actualmente, pero esta industria tiene dos caras: “Una es que proporciona empleo a un sector muy crítico de la sociedad que son los jóvenes, la otra cara es que se trata de una actividad no regulada, con ritmos muy fuertes de trabajo y, como se manejan vía outsourcing, sólo en algunos casos los trabajadores reciben prestaciones y el mínimo de ley”, explica Jordy Micheli Thirión, profesor-investigador del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Micheli, especialista en el tema de los callcenter, señala que para los corporativos de esta industria, como ocurre con la mayoría de las trasnacionales, “México es un paraíso laboral, producto del debilitamiento de la estructura laboral, del enorme desempleo, y de la falta de atención de las autoridades en la materia”. Por si ello fuera poco, los trabajadores de Atento denuncian que Gil Díaz endureció la política laboral.

Cenise Monteiro, coordinadora de “Tell Telefónica”, una campaña internacional que tiene como objetivo exigir que el Grupo Telefónica respete los derechos de sus trabajadores de callcenter, indistintamente del país donde se ubiquen, confirma que la situación que hoy enfrentan los trabajadores mexicanos es la más grave a nivel mundial. “México es el peor país en el desempeño de la empresa Atento”, dice Monteiro. Atribuye la responsabilidad a la política de la administración local, que tiene a los trabajadores bajo supervisión estricta. Se les exigen resultados poco realistas, ganan salarios muy bajos, no gozan de derechos sindicales o laborales y carecen de seguridad en el empleo.

Entre las disposiciones dictadas por Gil Díaz, Atento amplió su horario y recortó el tiempo de comida de los trabajadores a 20 minutos de break, siempre y cuando permanezcan conectados durante las seis horas que dura su turno, sin un minuto de tiempo muerto. Cuantas veces se levantan al baño cada segundo es cronometrado, pues una vez que termina la jornada el supervisor les informa el tiempo de conexión que “deben” a la compañía. Se optó por despedir a las mujeres embarazadas, pues tal estado las obliga a ir frecuentemente al baño. Se recortaron las comisiones por venta de tarjetas y seguros; se incrementaron las metas de ventas diarias y los requisitos para los bonos de productividad que los hace prácticamente inalcanzables, y aunque un trabajador llegue a la meta, tampoco es garantía de que lo reciba.

El engaño en Atento, ahonda el empleado Carlos, no sólo es para los clientes, sino para los trabajadores, pues se les prometen comisiones y bonos por productividad que nunca llegan. Félix refiere que en el caso de la campaña de las “migraciones” de planes de telefonías, donde se les prometió una comisión de 12 pesos por cada una, en su cheque se pagaban en 3 pesos y sólo ocasionalmente. O está el caso de Juan Carlos, quien desde hace seis meses espera un bono por sus comisiones por ventas de tarjetas Bancomer, Sam’s y Suburbia. Hasta hoy, el bono no ha llegado, pero le entregaron un diploma y un termo impreso con la marca de la compañía.

Entrevistados por separado, trabajadores de varios callcenter de Atento denuncian “robo” de horas extras, comisiones y bonos, y la reducción del 30 al 50 por ciento de sus salarios con el argumento de la crisis mundial. Explican que en el último año se aceleró la rotación de personal y los despidos injustificados. Ahora firman su contrato junto con su renuncia en blanco para que no generen derechos, antigüedad y, sobre todo, disuadir los intentos de sindicalizarse.

La necesidad económica y los altos niveles de desempleo que azotan al país llevan a los trabajadores a aguantar no sólo el maltrato, sino agravios como la reducción a su salario sin razón aparente. En junio pasado, los trabajadores de diversos centros del país recibieron su pago quincenal con 40 por ciento menos; cuando reclamaron, el departamento de recursos humanos les dio una somera explicación: “Nos alcanzó la crisis”. Sin embargo, los estados financieros de Telefónica reportan que en el tercer trimestre de 2009 el consorcio registró “un fuerte repunte de la actividad”. En este sentido, los trabajadores acusan a Gil Díaz de “fraude” por el reparto de utilidades, ya que sólo se les han entregado entre 47 y 67 pesos.

Elizabeth, del callcenter de la colonia Roma, dice que de plano su supervisora les prohibió tomar agua “para que no nos levantáramos al baño”. En sus 12 meses en la compañía, la jovencita ha vivido abusos de todo tipo: tortura sicológica y acoso sexual de sus supervisores, robo de sus comisiones y bonos y el agravio que produce la tensión de sentir que en cualquier momento sin razón alguna pueden despedirla. Su testimonio es elocuente de la situación de los trabajadores en los callcenter del Grupo Telefónica:

“Mi sueldo mensual es de 1 mil 800 pesos. Lo más atractivo parecen ser las comisiones: 15 pesos por venta de tarjetas de crédito. Si cubro la cuota diaria, que son 10 tarjetas, mi comisión sería de 150 pesos al día. Vendo mucho, siempre supero la cuota, pero cuando quiero cobrar mis comisiones me dicen que han tenido problemas para entregar la tarjeta y ya no me pagan, aunque el sistema me indica que las tarjetas se entregaron sin problema. No reclamo porque a quienes lo han hecho de inmediato los despiden. Cada vez que nos depositan, corro al cajero esperando que esta vez si me lleguen mis comisiones.

“Cuando no hay tantas ventas se agudiza el acoso contra nosotros. Delante de todos mi supervisor me grita ‘¡te tardaste siete minutos en el baño!’, y me los descuenta cuando me toca el break. Una vez, según sus cálculos, sólo me quedaban dos minutos de descanso. ‘¿Qué crees?’, me dijo, ‘que sólo tienes dos minutos de break porque le debes tiempo de conexión a la compañía’. Si hay muchas llamadas en ruta aunque quieras no te dejan desconectarte ni para ir al baño, te dicen que hasta que ‘bajen’ las llamadas.

Así como les cronometran el tiempo de conexión que “le deben” a la empresa, les miden cada llamada: 300 segundos, un segundo extra detona en reprimenda, tocándoles el hombro el supervisor increpa: ‘¡Tu TDO (tiempo de llamada), ya perdiste el bono, ya no hay comisión’.

“Todo el tiempo nos ponen obstáculos para no darnos el bono de productividad: si no le insistes al cliente te penalizan. Si le insistes y no compra también te penalizan porque dicen que le insististe mucho. Si hablas pausado dicen que tu voz provoca flojera y te penalizan. Si hablas rápido también te penalizan. También te prohíben que seas muy propio porque no generas empatía con el cliente. Y hay palabras prohibidas: ‘okay’, ‘espéreme tantito’ o ‘un momentito’. Por cada una que uses te penalizan. De todos los bonos que he ganado no me han entregado ninguno, pero me dieron un diploma y un termo de Atento porque mi trabajo es muy bueno. Pero tampoco me confío. Un día te dicen que haces las cosas bien y al otro día pueden despedirte sin que sepas por qué”.

María Xelhuantzi López, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ha dado un seguimiento histórico al sector de los telefonistas, dice que “parece que Francisco Gil Díaz tiene la necesidad de demostrar que hay un buen manejo financiero de la empresa, es decir, que se mantengan niveles altísimos de utilidad al menor costo posible, y desde luego, ello incluye el costo laboral, porque ése es parte de su compromiso para quedar bien con Telefónica: reducir costos a expensas de lo que sea”.

Y es que la clave de la economía de un centro de llamadas radica en su estructura de costos. De acuerdo con el estudio Regulación laboral en la industria de callcenter. Los casos de Atento y Tecmarketing, de los investigadores Jordy Micheli y Arnulfo Arteaga, el gasto laboral constituye más del 60 por ciento de los costos totales del callcenter, de allí que éstos se ubiquen “en países que tengan menores salarios pero que ofrezcan una fuerza de trabajo idónea para la operación de telemercadeo”.

En esta obcecación por ahorrar costos, la política de Gil Díaz es que todos los teleoperadores sean multifuncionales: que atiendan varias campañas simultáneamente, que produzcan en serie “el mismo trabajo que antes hacían tres personas”, dice José Antonio, quien tiene tres años en el callcenter de la colonia Roma.

Inestabilidad laboral

Entre los incesantes gritos de sus supervisores y las deficientes condiciones físicas de los centros (sillas y diademas rotas, insuficientes e insalubres baños de tres casetas para 500 empleados por turno, entre otras), los trabajadores enfrentan el terror de los frecuentes despidos masivos.

La incertidumbre laboral es uno de los principales factores que abonan al estrés permanente en que se desempeñan los 13 mil 500 empleados en Atento México. Comienzan y terminan la jornada pensando que quizá es su último día. “Por recorte de personal, por tu falta de disposición, porque no pones de tu parte, porque tu supervisor ya no te quiere, porque no estás a la altura de la compañía…”, son argumentos que escuchan los trabajadores al momento de su destitución.

Producto de los despidos masivos, Atento es una compañía que permanentemente contrata personal, sobre todo para sus centros en el Distrito Federal. Los requisitos y el reclutamiento son relativamente sencillos: “ser mayor de edad, facilidad de palabra y aptitudes para venta y cobranza”. Como se contrata particularmente a los jóvenes, la principal oferta de empleo se ubica en los portales de internet. Una vez dentro, la ilusión de incluirse en el mercado laboral choca con su realidad.

La mayoría de los jóvenes entrevistados por Contralínea que fueron despedidos tenían entre ocho y 11 meses en la empresa. Antes del despido casi a todos se les impuso lo que la compañía denomina PSG, es decir, permisos sin goce de sueldo. José Manuel Sánchez, extrabajador del callcenter en Plaza Inn, explica:

“Ese PSG que inventaron en Atento te lo anuncia el supervisor. De un día a otro, te dice: ‘mañana tienes PSG’, y no te pagan. Te consuelan con que no te van a poner la falta ‘para que en tu expediente no diga que eres faltista’. En cambio, cuando alguien se enferma no le hacen válidas las incapacidades médicas”.

Recientemente José Manuel demandó a Atento ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal por despido injustificado; recuerda que éste ocurrió minutos después de que sus jefes lo felicitaron por su alta productividad: “Me llamaron a recursos humanos, me dijeron ‘aquí está tu renuncia, fírmala’. Pregunté y me respondieron: ‘Entraste a una rifa y resultaste elegido para tu despido’”.

La antigüedad de César Ortega también alcanzó los ocho meses, todos en el callcenter de Dinamarca 51. El último día su supervisor lo felicitó, le recordó que “ya casi” llegaba su monedero electrónico de regalo. “Y ahora te vas a una capacitación en recursos humanos, ¡baja, allí te están esperando!”, le dijo. Pero lo que César se encontró fue su notificación de despido “por reestructuración de la empresa”. Se negó a firmar y demandó a Atento.

César recuerda su trabajo con amargura: “La gente habla desesperada, no pueden solucionar sus problemas con las tarjetas, te dicen que los orienten, y si tratas de hacerlo, tienes al supervisor recordándote la política de la empresa: ‘Estamos para vender no para ayudar’”.

Cuando hay resistencia al despido, los telefonistas son literalmente expulsados por el cuerpo de seguridad de la empresa. Sus compañeros sólo saben que los corrieron porque los supervisores cuelgan sus diademas frente a la que fue su computadora, en espera de un nuevo operador. Si alguien pregunta, la respuesta siempre es la misma: “Salieron porque estaban atentando contra la empresa”.

El caso de Félix Ariel Carrillo no fue mejor: “A las 18:30, poco antes de terminar mi turno, llegó una mujer de recursos humanos a decirme que me buscaba un directivo de la empresa: era el encargado del trabajo sucio. ‘Estamos pasando por una etapa difícil, la compañía tiene problemas financieros y requiere de recorte de personal, ¡y te tocó a ti, Ariel!’. Le dije ¿problemas financieros? ¿A qué se refiere? ¡Especifique por favor! ¿Problemas financieros cuando todos los días se contrata a 15 o 20 personas y cuando nos pasamos el día vendiendo? ¿Por qué a mi? ¿Dónde está mi productividad, mis asistencias, mi calidad?…”. El hombre de traje, como le llama Ariel, no le dio respuesta.

O está el caso de Cecilia, despedida de uno de los callcenter de Pachuca cuando le solicitó al área contable sus hojas de retención de impuestos. “Pero es que estoy embarazada, no puede correrme”, suplicó. “Pues perfecto que estas embarazada, aprovecha tus dos meses de seguros social”, le respondió el jefe.

Discriminación, el epílogo

El desamparo laboral de los trabajadores de Atento los hace víctima de todo tipo de abusos. En el caso de las mujeres se suma la discriminación de género y el acoso sexual de supervisores y directivos, una práctica común, dicen las trabajadoras, en la mayoría de las sucursales. La presidencia de Telefónica impuso la prohibición de usar falda, escotes, zapatos abiertos, perforaciones y el cabello teñido “en colores extravagantes”, pues “las mujeres son las que provocan y luego se quejan de acoso”, recuerda Marta este argumento del personal de recursos humanos cuando le explicaron el reglamento de la compañía.

Ni el no usar el atuendo prohibido libró a Marta de ser acosada sexualmente en el callcenter de Sevilla, y como el acosador era su supervisor, el agravio no cesó sino hasta que concluyó la campaña y la enviaron a otro centro.

Otro fue el caso de Laura. Dice que como no cedió a la proposición de su supervisor de “ser más amable con él”, la asignó a cuatro campañas al mismo tiempo: de venta de tarjetas, de cobro y de puntos. “No te alcanza el tiempo ni para respirar, pero no quise ceder, me sentí muy ofendida”.

Las prácticas de esclavitud moderna impuestas por Gil Díaz en la compañía que presume de ser “socialmente responsable” detonaron los intentos de sindicalización. En Pachuca, el apremio fue el caso de una telefonista que tuvo un aborto en el callcenter: comenzó a sangrar y los directivos se negaron a que tuviera cualquier tipo de asistencia. Para sus compañeros fue el indicio de que tenían que organizarse; en los siguientes meses, uno a uno fue despedido. Hoy, más cautos, los jóvenes vencen su miedo a los capataces del exfiscal de hierro y hacen nuevos intentos de ejercer su derecho constitucional a la libre asociación y que la compañía respete la Ley Federal del Trabajo. “Tenemos hambre, pero también dignidad”, reflexiona Jaime, uno de los telefonistas.

Contralínea solicitó una entrevista con Francisco Gil Díaz a través del área de prensa del Grupo Telefónica. Luego de que se informó que se le preguntaría sobre la situación de los trabajadores de Atento, no hubo respuesta. Se buscó también a los directores de Bancomer, quienes, a través de su área de comunicación se negaron a hacer comentario alguno sobre las irregularidades que reportan los operadores de Atento; por parte del corporativo Master Card, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.


Gil Díaz, antisindical

En 2001, Telefónica firmó un convenio con UNI Global Union, en el que se compromete a respetar los derechos laborales de sus trabajadores y a cumplir con los acuerdos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo en todos y cada uno de sus países de operación, independientemente de las leyes locales. Al asumir el cargo como presidente de Telefónica para México y Centroamérica, Francisco Gil Díaz desconoció el acuerdo aun en contra de la presidencia del corporativo.

En entrevistada vía telefónica desde Panamá, Cenise Monteiro, directora regional de UNI América, asegura que hay instrucciones de España para que en México se haga efectivo el acuerdo marco, aunque la dirección local se ha negado a aplicarlo, e incluso, ha ido más allá: “Ha hecho acuerdos con sindicatos de protección, sindicatos amarillos que trabajan de acuerdo con las necesidades de la empresa y no con las necesidades de los trabajadores”.

Una de las partes medulares del convenio se refiere a la libertad sindical y al derecho a la negociación colectiva. El documento, suscrito por César Alierta Izuel, presidente de Telefónica, dice que en todas las compañías del consorcio, así como en sus subsidiarias, los trabajadores gozarán del derecho de formar sindicatos y afiliarse a ellos, y que Telefónica reconocerá las negociaciones colectivas en apego al Convenio 98 de la OIT. En países donde no exista sindicato, signa el documento, “la Compañía adoptará una postura neutral al objeto de no obstaculizar ni impedir a los trabajadores organizarse en el lugar de trabajo”.

Pero en México, “Gil Díaz ha llevado a Telefónica la posición abiertamente antisindical que lo caracterizó durante sus años como funcionario de gobierno”, dice la doctora en ciencia política María Xelhuantzi, autora del libro La libertad de asociación sindical y los contratos de protección en México. “Aunque –agrega– creo que él no ha informado cabalmente a la administración de España cuál es el fondo de los problemas, pues en diversas reuniones César Alierta nos ha dicho que ellos están cumplimiento con la ley. Esto tiene que ver con que Gil Díaz ofreció a Telefónica paz laboral. Les prometió todo tipo de garantías y particularmente las que se refieren a la cuestión laboral, es decir, que no va a haber conflictos, y para ello ha usado sindicatos de protección y tráfico de influencias, porque Gil Díaz tampoco es nuevo en ese oficio”.

En enero pasado, durante la reunión anual con altos directivos de Telefónica, cuenta Xelhuantzi, César Alierta “nos garantizó que ya había instruido al director (Gil Díaz) que debía cumplir el acuerdo, pero eso no ha ocurrido”. Así que durante la reunión directiva que tendrá lugar en Colombia, el desempeño de Gil Díaz será uno de los temas principales que discutirán con Alierta.

“UNI apela a Telefónica para que haga honor al compromiso que ha contraído en el acuerdo global, que otorga a todos los trabajadores de la empresa, sin excepción, que estén en Madrid o en ciudad de México, la libertad de negociar y de organizar con miras a obtener un trato justo sin interferencia de la dirección”, subraya Philip Jennings, secretario general de UNI. (ALP)

CONTRALÍNEA 163 / 03 DE ENERO DE 2010

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