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Fernando Gómez Mont Urueta habló con franqueza a un pequeño grupo de líderes sociales el viernes 11 de septiembre de 2009.

Eran alrededor de las 13:30 horas en la biblioteca Manuel Gómez Morín del viejo edificio en Bucareli. Allí escuché –y guardé en mi grabadora– unas frases del secretario de Gobernación que me dejaron cavilando, porque fueron sobre las presiones que padece por la inestabilidad política del país:

“…Ha sido un año de muchos asuntos críticos para el secretario: primero, el de seguridad; y luego, al de la crisis económica se nos antepone la sanitaria… y luego las elecciones y… ¿qué creen? Se generan muchísimos puntos ciegos…”

“Yo tengo que reconocer que mis sistemas de alerta institucional no están funcionando… ésta es la parte miserable de mi trabajo, porque cuando tienes tú una responsabilidad como ésta, tratas de tener sistemas de control de calidad, de funcionamiento, y únicamente en las crisis es cuando pones atención a ciertos asuntos…”

El secretario parece impaciente por tener más mecanismos de control gubernamental, me dije entonces. ¿Qué estará fraguando?

Fui juntando datos. En relación con la seguridad interior conocí dos proyectos que Gobernación había entregado a la Secretaría de Hacienda para su financiamiento y que no se han hecho públicos; cotejé sus presupuestos de egresos de 2006 a la fecha; peiné toda la información oficial que relacionara a esa secretaría con los problemas de seguridad.

Seguía acopiando información hasta que, en los primeros días de diciembre, el semidebate por la Cédula de Identidad Ciudadana me hizo conjuntar todos los datos duros que tenía. Y, al ponderarlos, no pude evitar un escalofrío.

Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población (Renapo), está construyendo, por primera vez en su historia, todo un sistema nacional de identificación personal:

1. Contendrá los datos básicos de cada uno de los mexicanos: acta de nacimiento, domicilio, actividad, fotografía, huellas dactilares y del iris ocular; mismos que serán anotados en el padrón de la cédula de identidad ciudadana.

2. Incluirá también los registros electrónicos de los ciudadanos que sean trabajadores asalariados o por su cuenta, de quienes sean proveedores y clientes de empresas, comercios y servicios, de los patrones y de las empresas. Y todos ellos entrarán a las normas del Padrón Único del Renapo.

3. Recibirá y apoyará con datos al modelo nacional de evaluación y control de confianza para los mexicanos que sean servidores públicos en las áreas de seguridad interna.

4. Apoyará y enriquecerá al modelo nacional de control de confianza con la creación de 32 centros estatales de control de confianza y certificación.

5. No tengo documentos, pero supongo que los registros de personas físicas y morales que tienen ingresos y están inscritos en el Servicio de Administración Tributaria de Hacienda también engrosarán la base de datos de ese sistema nacional de identificación personal.

6. Gobernación ya cuenta, por medio del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), con un registro sistemático de acciones, acontecimientos y actores de los gobiernos, de la política, la producción, el comercio, la diplomacia y los servicios incluidos los medios de comunicación social. Eso ya lo sabíamos. Lo más nuevo es que ese centro oficial de inteligencia ha incrementado sus ingresos anuales –con Felipe Calderón, hasta en 800 por ciento– y fue designado como el eje de la inteligencia gubernamental en el Consejo Nacional de Seguridad, a pesar de que la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene las funciones de secretario Ejecutivo.

7. Gobernación tendrá igualmente, quizá para cerrar los círculos, una nueva oficina de alertas de crisis que responderá directamente al secretario y que le permitirá reaccionar inmediatamente, desde su oficina central sin necesidad de desplazamientos físicos, y coordinar, incluso, las distintas áreas del gobierno federal relacionadas con la seguridad interior.

¿Qué significa todo esto? Que la Secretaría de Gobernación tendría más registros ciudadanos, más verificación de identidades, más inspección y certificación de roles económicos políticos y sociales, más poderío del Cisen y más reacción rápida para actuar.

A esas funciones cualquier diccionario las definiría como mayor control. Encontré los documentos que lo constatan.

Quizá, por la puesta en marcha y operación de todo ello estaba impaciente Fernando Gómez Mont Urueta aquel mediodía.

La cédula, bien planeada

En la Secretaría de Hacienda hallé el plan original del gobierno de Felipe Calderón para crear la Cédula de Identificación Ciudadana. Es la petición 26131 que fue firmada por la dirección del Renapo. Tiene la fecha del 6 de agosto de 2009, bajo el nombre técnico “Programa de adquisición de equipo de registro de personas. Análisis costo-beneficio”. Y lo que allí se planea no se ha informado por completo a la prensa; ni siquiera al Congreso de la Unión.

Por ejemplo, se cotizaron 2 mil 603 millones de pesos en total para esa inversión: 492 millones 460 mil pesos para la compra de 4 mil equipos, y 2 mil 110 millones 815 mil 297 pesos para software, operación y mantenimiento del nuevo activo, entre 2009 y 2012.

Tal cantidad destinada a un solo programa de inversión es superior en 200 millones a los 2 mil 402.8 millones de pesos que se dedicarían, durante 2010, para pagar a 16 mil 469 científicos y tecnólogos del Sistema Nacional de Investigadores.

Desde entonces se precisaba que la Dirección General del Renapo de la Segob sería la instancia responsable de aplicar ese proyecto de inversión y que en el presupuesto de 2010 se enmarcaría en la cartera 0904410001 del ramo 410-4.

Esos datos contrastan con los que surgieron en la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados, donde se informó que habían eliminado la partida de 1 mil 173 millones para la Cédula de Identidad, pero le habían dejado al Renapo 885 millones.

El presupuesto se aprobó en la tercera semana de noviembre, pero desde el 2 de octubre la Segob había convocado a licitación para la compra de los primeros 2 mil equipos; licitación que se otorgó a la empresa Smartmatic International Holding, con un costo de 299. 4 millones de pesos (boletín de la Segob del 24 de noviembre).

Además, al iniciar diciembre se anunció también oficialmente que ya estaba a punto de cerrarse la licitación y otorgarse el contrato, por unos 840 millones de pesos, para los programas de cómputo y servicios. Los costos divulgados serán para 2 mil equipos y su soporte informático. Faltan, según el plan original, otros 2 mil. Esto significa que la cédula está en marcha contra lo que se haya dicho en el Congreso o en el Instituto Federal Electoral.

El registro ciudadano más completo

La Cédula de Identidad, de acuerdo con ese documento, sustituiría a la Clave Única de Registro de Población (CURP). El propósito mayor, según el texto, es abrir un “proceso de registro y verificación de identidad vivencial, jurídica y biométrica, y se tendría la certeza de que la persona es quien dice ser”.

“Es necesario crear la nueva cédula porque la CURP no cuenta con elementos biométricos como son la fotografía del titular, sus huellas dactilares y el iris”.

El programa contempla extender 121 millones de cédulas en cinco años (2009-2014), cantidad basada en que la población que se estima es de 106 millones 682 mil 518 habitantes, más el crecimiento durante el horizonte planeado, y 3 millones anuales para reposición.

Será la base de otros padrones

El de la nueva cédula será el nuevo padrón ciudadano y la base para un registro nacional de las otras identidades de cada mexicano: desde el acta de nacimiento, documentos migratorios, fiscales, comerciales y civiles; está a debate si también la identidad electoral.

Y según los planes, el nuevo sistema de registro se llamará Servicio Nacional de Identificación Personal y lo controlará Gobernación. Este propósito fue anunciado en un acto donde estuvieron representados todos los poderes en Palacio Nacional, el jueves 21 de agosto de 2008, y está firmado.

El Acuerdo Nacional por la Seguridad sostiene en su título XII: “Expedir la Cédula de Identidad. La Secretaría de Gobernación se compromete a integrar en un solo sistema el Servicio Nacional de Identificación Personal y que sirva de base para el propósito de identificación personal en los trámites más relevantes. Tiempo de ejecución: tres años”.

Y de los otros padrones, allí mismo se van enumerando compromisos que involucran al Ejecutivo federal a los gobiernos estatales, municipales y los poderes Legislativo y Judicial.

“LXIV. Adaptar los registros electrónicos de trabajadores, de proveedores y clientes a las normas del Padrón Único del Registro Nacional de Población para prevenir el fraude y el robo de identidad.

“Los empresarios del país con el apoyo de los trabajadores se comprometen a homologar el ciento por ciento de los registros con la base de datos de la cédula única. Tiempo de ejecución: dos años.”

“XVII. Consolidar el Sistema Único de Información Criminal a fin de garantizar la interconexión e intercambio de información entre instancias y órdenes de gobierno para combatir al delito.

“La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, en coordinación con las entidades federativas, se comprometen a homologar los sistemas y procedimientos para el acceso, carga y análisis de datos en el Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México. Tiempo de ejecución: un año.”

“L. Incorporación e implementación del Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México.

“Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a actualizar las siguientes bases de datos: vehículos, licencias de conducir, policías y expolicías, reclusos, custodios, peritos, ministerios públicos, registro de armamento. Asimismo, se comprometen a aplicar de manera generalizada el Informe Policial Homologado y generar mapas geodelictivos. Tiempo de ejecución: un año.”

“Artículo 2.1.1. Crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza.

“Las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación se comprometen a diseñar un protocolo de evaluación y control de confianza e impulsar su aprobación por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Tiempo de ejecución: un año.”

“1.2 Impulsar la creación de centros estatales de control de confianza certificados. Las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación se comprometen a regular el funcionamiento de organismos públicos y privados de certificación, e impulsar la creación, en coordinación con las entidades federativas, de centros estatales de control de confianza certificados. Tiempo de ejecución: un año.”

Todo eso está en marcha. Quizá no se esté cumpliendo con los tiempos, pero la mayor parte de los compromisos están confirmados en el Programa para la seguridad nacional 2009-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 20 de agosto de 2009.

El poderoso Cisen

Cavilando en los nuevos alcances que tendrá la Secretaría de Gobernación, recordé que había sido la instancia del Ejecutivo federal más poderosa hasta 1988, antes de que llegara a la Presidencia de la República Carlos Salinas de Gortari. Él fue reduciéndole funciones de control para desagregarlas en su oficina y en otras secretarías. No quería que Fernando Gutiérrez Barrios le hiciera sombra alguna.

Pero ahora, la Segob, dispone de los controles que tiene y tendrá el Renapo, el Instituto de Migración, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Seguridad y el Cisen.

Del Cisen rememoré también una conversación que tuvimos varios periodistas, en las instalaciones de Milenio, con su director, Guillermo Valdés Castellanos. En ella aseguró que el gobierno de Vicente Fox prácticamente había abandonado al centro, pero que estaba satisfecho por el trato que recibía de Felipe Calderón. Ese buen trato lo reflejan dos datos. El aumento sistemático en su presupuesto anual y en el lugar preponderante que le dieron en el Consejo Nacional de Seguridad. El presupuesto del Cisen ha crecido abundantemente. Por citar un ejemplo, tan sólo de 2008 a 2009 recibió 801 por ciento más de recursos: de 270 millones 486 mil pesos pasaron a casi 2 mil 500 millones de pesos sus ingresos en un año, todo para inversiones que aumentarían su capacidad de procesamiento para su banco de datos.

Eso lo sostiene Joaquín Torres, analista en el Senado de la República, en el documento Notas relativas al proyecto de Presupuesto de Egresos en materia de seguridad para el ejercicio fiscal 2009.

Y las funciones del Cisen crecieron en rango jerárquico. En el Programa para la seguridad nacional 2009-2012 se le ubica bien:

“1.6.2.3. En cuanto a información e inteligencia:

“Todas las instancias del sistema generan información y producen inteligencia. Su integración bajo la perspectiva de inteligencia estratégica está bajo la conducción del Cisen, sin perjuicio de las facultades y principios de actuación de las dependencias competentes”.

Salas de crisis

Y el otro dato que acopié y es poco conocido, es en relación con la capacidad de respuesta inmediata que tiene la Segob ante conflictos de gobernabilidad.

En estos días ya deben haberse instalado y equipado tres nuevas salas que ellos llaman cuartos para atención de crisis. No lo informan oficialmente porque son asuntos de seguridad nacional.

Al comenzar noviembre conocí el oficio 307-A-1039, emitido por las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, donde autorizan a la Segob para que desde el 31 de agosto instalara tres habitaciones ultramodernas para comunicación inmediata en telepresencia, con un costo programado de 14 millones 65 mil pesos.

Según el oficio, se adquirirían mobiliario, sistemas de pantallas gigantes y enfriadores, sistemas de videoconferencias en interfase y de matrices de conmutación y decodificación de señales, así como reproductores y grabadores de imágenes; más enseres complementarios, todo de la más alta calidad y de última generación tecnológica. Todo ello serviría, según el programa de gasto autorizado, “para la adquisición y puesta a punto de equipo para la sala de atención de crisis (porque), la Secretaría de Gobernación actualmente no cuenta con la infraestructura necesaria para poder realizar sesiones de intercomunicación visual de forma segura, confidencial y de calidad con los miembros del gabinete de seguridad nacional; o bien entre funcionarios de la secretaría y otras dependencias en momentos de crisis…”

También se obtuvo la autorización para instalar, complementariamente, otras dos nuevas salas de telepresencia, que permitirán “tener una comunicación directa, virtual, presencial entre, no sólo los miembros del gabinete legal y los directores de las oficinas más importantes del gobierno, sino que esto alcance a la red más importante de tomadores de decisiones en el país, tanto en el gobierno federal, como en los gobiernos locales, y en el sector público y en el sector privado que tengan salas similares en la APF” (redacción original del oficio).

En ambos casos, el propósito mayor será establecer la comunicación más expedita “entre quienes toman decisiones y evitar el malgasto de recursos y tiempos que se disponen para el traslado de los funcionarios a otras dependencias o a los lugares de crisis”. Un objetivo adicional es “proyectar una imagen de coherencia y fortaleza institucional, además de contribuir al ahorro de energía eléctrica en beneficio del medio ambiente”.

De la inversión, lo autorizado únicamente para la “sala de crisis” es de 7 millones 90 mil 243 pesos. Una cantidad similar sería para las otras dos salas. Para la “sala de crisis” destaca lo presupuestado para una mesa en 109 mil 250 pesos; para 18 sillas, 9 mil 200 pesos cada una; una pantalla LCD de 103 pulgadas, 950 mil 442 pesos; dos pantallas LCD de 52 pulgadas, 95 mil pesos, y una pizarra interactiva, 50 mil 166 pesos. Para el Centro Policom para trasmitir a través de la web, 1 millón 498 mil pesos; otro similar, 869 mil; el sistema de videoconferencias, 228 mil 807 pesos; los 10 micrófonos inalámbricos, 419 mil pesos y así.

El secretario

Con todo esto, Fernando Gómez Mont se estaría convirtiendo en el secretario de los mayores controles. Pero, según pude apreciar en aquella plática de principios de septiembre, las cosas no marchaban tan bien como él quisiera.

Según sus fichas en la Segob, Presidencia y hemerográficas, tiene 47 años, es abogado proveniente de un despacho poderoso (Zinser, Esponda y Gómez Mont), cercano a Diego Fernández de Cevallos y sabe mucho de justicia y seguridad.

“En la administración del presidente Ernesto Zedillo trabajó con Luis Téllez, jefe de asesores del presidente, en materia de reformas al Poder Judicial; con el procurador general de la república, Antonio Lozano Gracia, en diversos asuntos legales, incluidos los crímenes de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.

Como diputado federal en la LV Legislatura, ocupó la presidencia de la Comisión de Justicia y “fue promotor de reformas constitucionales en materia de justicia y derechos humanos, coautor de reformas a la legislación en materias electoral, penal, de seguridad pública y de responsabilidad de los servidores públicos”.

Gómez Mont Urueta entró como secretario de Gobernación el 10 de noviembre de 2008. En un año ya aparece en las listas de las empresas encuestadoras como potencial candidato presidencial del Partido Acción Nacional.

Y yo lo retengo, en mi percepción más reciente, como preocupado por la falta de mecanismos y de operatividad en el control del gobierno. No puedo evitar el escalofrío.

CONTRALÍNEA 163 / 03 DE ENERO DE 2010

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