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Mientras no se transformen las normas que rigen el funcionamiento del Banco de México (Banxico) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que los han convertido en el tándem de la rancia, fracasada y desacreditada ortodoxia monetarista, en los guardianes de la teocrática contrarrevolución, la neoliberal mexicana, carecerá de relevancia, hasta cierto grado, la sucesión de los ayatolás de esos tabernáculos.

El único requisito que se exigirá a quien pretenda ocupar el puesto del sumo sacerdote en esos templos será el que garantice la continuidad de ese proyecto de nación; que el monje candidato haya utilizado fielmente, sin desdoro, los hábitos de la congregación; que sea un convicto y confeso creyente de la ortodoxia; que contra viento y marea se comprometa a cumplir escrupulosamente con los dogmas tallados con sangre en las leyes orgánicas de dichos organismos –el balance fiscal cero, la defensa del valor de la moneda y el control de la inflación–; y que sea respetado por la “comunidad” local y foránea, los dueños del capital financiero.

En ese sentido, Guillermo Ortiz cumplía con los requerimientos necesarios para mantenerse como gobernador del banco central durante un sexenio trágico más. El Chicago Boy, nombrado a sí mismo pretenciosamente como “soldado de México”, era bien visto por los mandarines de la internacional neoliberal, de la naufragada “globalización” del “consenso” de Washington, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, los desacreditados corsarios expertos en hinchar desaforadamente sus ganancias en los agitados mares de la especulación financiera, en manipular y hundir los mercados. Como banquero central, en 1998-2009, fue confiable, pues se sometió sumisamente a sus dictados, siguiendo las lecciones de su predecesor Miguel Mancera (1982-1988), el patriarca de nuestros Chicago Boys. Su política monetaria empleada para reducir la inflación, los altos réditos internos contra los externos, la sobrevaluación cambiaria, su respeto irrestricto a la especulación en los mercados bursátil, de dinero y de divisas, y su defensa a ultranza de la libre entrada y salida de capitales premiaron siempre la rentabilidad financiera sobre la productiva. Su militancia en la ortodoxia ya había sido probada cuando fue empleado del FMI (1984-1988). Como secretario de Hacienda (1994-1998), sus servicios al capital financiero fueron invaluables, si se considera su participación en el sucio e ilegal rescate de los quebrados banqueros mexicanos y la subsecuente entrega del sistema financiero a los especuladores foráneos, después socializar las pérdidas, de convertir los pasivos fraudulentos en deuda pública (poco más de 700 mil millones de pesos del Instituto para la Protección de Ahorro Bancario-Fondo Bancario de Protección al Ahorro).

Sus desavenencias con el actual líder supremo de la contrarrevolución neoliberal, Felipe Calderón, obstaculizaron su reelección. Pero no hay que olvidar que los arrebatos del hijo de cristero son simples ocurrencias, producto de sus inescrutables estados de ánimo. Calderón puede ser ingrato, pero no sus beneficiarios. A Ortiz ya le habían prometido un puesto en el Banco de Pagos Internacionales. De todos modos, no quedará damnificado porque recibirá una jugosa e insultante pensión, comparada a la de la mayoría de los empleados públicos jubilados (poco más de 600 mil), cuya cuantía media equivale a sólo 1.1 veces el salario mínimo del Distrito Federal (poco más de 1 mil 700 pesos mensuales), que los condena a sobrevivir en la miseria lo que les resta de vida.

El nombramiento de Carstens tiene al menos dos características: será alguien de la misma congregación, un tecnócrata neoclásico que nunca atentará en contra de los principios religiosos neoliberales que norman al templo; la autonomía del santuario seguirá caracterizándose por su antidemocracia. Su elección y legitimidad no depende del consenso social, sino de Calderón y la mayoría del Senado, los aparentes y cuestionados representantes de la población que, al igual que los funcionarios del banco central, no rinden cuentas a nadie de sus actos, por la sencilla razón de que se carece del marco legal y los mecanismos institucionales que los obliguen a hacerlo. Los directivos seguirán aplicando aisladamente las medidas monetarias como si fuera un simple asunto “técnico”, supuestamente “neutral”, por encima de la política, al margen de los intereses de la mayoría que nunca podrá enjuiciarlos y sólo le queda pagar los costos.

La autonomía fue justificada por la necesidad de desvincular al Banxico de los ciclos políticos, por la razonable desconfianza existente hacia los gobernantes, sus motivos, intereses y compromisos que les llevaba a adoptar una determinada política monetaria o a modificarla a su conveniencia. ¿Acaso la autonomía es sinónimo de eficiencia, pulcritud, transparencia? ¿Un banquero central es una suerte especial de sabio racional, objetivo, mesurado, puro, apolíticamente correcto, inmune a los vicios que sólo parecen asolar a los políticos, lo que, por definición, lo vuelve confiable? Al margen de que exista o no esa virtuosa especie única, lo que sí es claro que toda decisión monetaria –el nivel de los precios, los réditos o el tipo de cambio y la interacción entre ellos– condicionará y afectará, directa e indirectamente, al resto de la política macroeconómica, sus objetivos perseguidos y sus resultados alcanzados, tales como el ritmo del crecimiento, el empleo, el bienestar, las cuentas externas, al gobierno y la sociedad. ¿Acaso los costos y los beneficios de sus decisiones, acertadas o erradas, se distribuyen equitativamente para que, en un juego de suma cero, se eliminen sus efectos sociales y, por añadidura, sus riesgos políticos? Un régimen democrático implica beneficios, costos y renuncias. ¿Una sociedad tiene que aceptar inevitablemente los costos de un banco central autónomo, al margen de lo social y lo político, cuyo único objetivo es controlar la inflación por cualquier medio, aunque implique el sacrificio del crecimiento, el empleo y el bienestar para garantizar su credibilidad e independencia? ¿Una sociedad que aspira a la democracia está obligada a renunciar al control democrático del banco central? ¿Su manejo antidemocrático y por encima de la mayoría es un mal necesario? ¿Es compatible su independencia con un Estado constitucional? ¿Una organización democrática del poder público puede aceptar organismos independientes sin conflictos, sin que menoscabe su legitimidad democrática? ¿O la “autonomía” sólo es una simple coartada para ocultar que los tecnócratas privilegian los intereses de un segmento de la población, la “comunidad” financiera interna y externa?

La política monetaria es tan importante para el desarrollo de un país como para dejarla bajo responsabilidad exclusiva del banco central, como si fuera su coto privado, sin la supervisión, sin mecanismos de sanción social.

Merrill Lynch es clara en sus intereses: Calderón tiene que garantizar que el Banxico se mantenga como un “instrumento [para] construir y preservar la estabilidad financiera de México”, y reafirmar “su compromiso con la autonomía e independencia de la institución”. Claudio X González, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, es salomónico: se inclinaba por la continuidad de Ortiz y Carstens en sus respectivos puestos, por la castración fiscal y monetaria. Jonathan Heath, de los ejecutivos de finanzas es contundente: la peor herejía sería que se modificara el mandato constitucional del banco central, porque se tiraría “al traste todo lo que se ha logrado en los últimos 15 años: [la] credibilidad y confianza en esta institución”, la baja de la inflación, que desde 2000 se ubicó en un dígito. “Nos pronunciamos –dijo Heath– en contra de [los] economistas que sugieren que el Legislativo modifique el mandato [actual del] Banco de México, [el] procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional que es el objetivo prioritario, luchar por la estabilidad [de precios], para darle la facultad de perseguir otros fines”. ¿Cuáles son esos “fines”? Que la política monetaria apoye el crecimiento económico y la generación de empleo. “¿Cuál debe ser el papel de la política monetaria?”, se pregunta Heath, y responde: “La mejor contribución que puede hacer un banco central al crecimiento de un país es a través de la creación del mejor ambiente económico posible”. Para los neoliberales que abogan por la “autonomía”, un gobierno “democrático” es el que separa la lógica con la que opera el banco central de la lógica del gobierno, que impide que se utilicen los instrumentos monetarios para fines “populistas”, por ejemplo, bajar los réditos e impedir la sobrevaluación para proteger la economía, estimular el crecimiento y el empleo, sin descuidar la inflación.

El consenso de la “comunidad” de los negocios a favor de la “autonomía” y la continuidad ortodoxa es tendencioso, manipulador. Un banco con o sin independencia puede ser eficaz, creíble, confiable o desastroso. La Reserva Federal estadunidense es considerada como un modelo prestigiado de banco central autónomo, cuya encomienda es garantizar la estabilidad de los precios, sin descuidar el crecimiento y el pleno empleo. Sin embargo, la mayoría de las recesiones registradas por su país desde 1945 es responsabilidad de sus “frenazos” monetarios impuestos. Lo mismo sucede con otros bancos centrales que abrazaron el monetarismo desde la década de 1970. Alan Greenspan es en gran parte responsable del colapso de las burbujas financieras de 2000-2001 y de 2008-2009, última tragedia compartida por Ben Bernanke. El banco central europeo, responsable monetario de la eurozona, es autónomo y antidemocrático; su objetivo es luchar por la estabilidad de los precios, sin preocuparle los costos económicos y sociopolíticos de sus políticas, el estancamiento y el desempleo. El banco central brasileño no es independiente y aplica una eficaz política monetaria conservadora, pese a su gobierno progresista. El gobierno chileno de la concertación ajustó el modelo pinochetista neoliberal y, aunque su banco central autónomo tiene como mandato “proteger el valor de su moneda nacional y buscar una inflación baja y estable”, ajusta sus metas a un “objetivo más amplio” y explícito que le molesta a los monetaristas puros: “Encaminar a la economía nacional por una ruta de crecimiento sostenido, de pleno empleo, de progreso y bienestar para la población”. “La política monetaria sigue una orientación anticíclica, [busca] preservar la estabilidad de precios [y] evitar las variaciones extremas del gasto global, o demanda interna, conducentes a riesgos innecesarios en los mercados financieros y a situaciones aflictivas en materia de recesión y desempleo en el corto y mediano plazo”. Desde 1999 adoptó un régimen de flotación en la paridad, sin descartar la intervención en el mercado cambiario “si la trayectoria de la moneda se aleja mucho de su valor de equilibrio”.

Los resultados en Chile y México son distintos. En 2000-2008 la inflación media de Chile fue de 3.7 por ciento; el crecimiento, 4.2 por ciento; el desempleo se redujo, las cuentas externas arrojaron un desempeño aceptable y los ingresos y el gasto público mejoraron, preservándose el superávit fiscal. En México la inflación fue de 5.2 por ciento; el crecimiento, 2.8 por ciento; el desempleo aumentó, las cuentas externas fueron desastrosas, en gran medida debido a la sobrevaluación cambiaria, y los ingresos y egresos estatales se deterioraron, aunque se mantuvo el balance fiscal cero. En 2009, México registró la peor recesión del mundo, a diferencia de Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay o Venezuela, que se alejan gradualmente del neoliberalismo y aplicaron una política monetaria y fiscal más imaginativa.

Las recurrentes crisis, el estancamiento, el desempleo y la creciente pobreza y miseria registrados por el país en 1983-2009 son, en gran medida, responsabilidad del Banco de México, que es autónomo de la sociedad y rehén de los especuladores financieros internos y externos. La soberanía en la política monetaria y su importancia en el crecimiento de pleno empleo se perdieron desde finales de la década de 1980 con su autonomía, la desregulación financiera interna y la apertura externa de la cuenta de capitales. El nivel de los réditos, el crédito y la paridad no depende de ese organismo, sino de los banqueros y los especuladores. Su importancia en el desarrollo se perdió con la contrarreforma financiera neoliberal impuesta por Carlos Salinas y sus sucesores.

Sin una reforma en la ley orgánica del banco central, la elección de su gobernador carece de sentido.

CONTRALÍNEA 163 / 03 DE ENERO DE 2010

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