Recuperar la banca de desarrollo

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Buen amo, díganos lo que quiere que hagamos y nosotros lo haremos

Parte de un supuesto telegrama enviado por los trabajadores a Andrew Carnegie, empresario y filántropo, después de que aplastó brutalmente a su sindicato del acero (Estados Unidos, 1896)

La única manera en que se podrá controlar la voracidad del sistema bancario mexicano, y recuperar su papel tradicionalmente asignado en el financiamiento del crecimiento de cualquier economía, es acabando con la liberalización (neoliberal) de sus servicios –impuesta por Carlos Salinas de Gortari– y retornando a la regulación de sus operaciones activas y pasivas. Incluso, no debe descartarse una nueva nacionalización si se desea recuperar este vital sector para las necesidades de un desarrollo sostenible y medianamente autónomo en el largo plazo.

Sin embargo, ni Felipe Calderón ni sus chicago boys harán algo para frenar la depredación de los banqueros, porque son simples administradores de los intereses de los hombres de presa, incluyendo entre ellos a la oligarquía financiera. Tampoco lo harán los legisladores, expertos en asignarse jugosos y obscenos salarios y compensaciones, insultantes para poco más de 80 por ciento de los trabajadores que sobreviven con ingresos equivalentes hasta cinco veces el salario mínimo. Ellos, como el Poder Ejecutivo, sólo han servido para aprobar leyes que refuerzan la dictadura, la oligarquía: entregar las riquezas del país a su depredación y velar por sus propios intereses. Por ejemplo, cada uno de los 500 diputados trasladará este fin de año su pago de impuestos a los demás contribuyentes, sobre todo los pequeños y los medianos, estrechamente expoliados, vigilados y sancionados por hacienda, y se repartirán 500 millones discrecionalmente, sin la necesidad de comprobar las erogaciones. Ante la ausencia de mecanismos institucionales de rendición de cuentas que permitan a los votantes sancionarlos durante sus funciones, han legislado en contra de los intereses de las mayorías y la nación. La LX Legislatura pasará a la historia como una de las más infames.

Usura

Las iniciativas de ley recién aprobadas por el Senado, las de instituciones de crédito, de transparencia, ordenamiento de los servicios financieros y de protección y defensa al usuario de servicios financieros, y que los diputados simplemente dejaron pendiente para 2009 –pues seguramente llevaban prisa por disfrutar las descaradas compensaciones de fin de año que se asignaron a sí mismos–, no sólo manifiestan el desprecio que les merece la sociedad, en este caso las víctimas de los abusos de los banqueros y otras empresas que venden a crédito.

Las directrices básicas de tales propuestas de ley evadieron las causas fundamentales que explican la ausencia de una verdadera banca comercial en México, cuya tarea debe ser optimizar la intermediación, promover el ahorro interno y otorgar y facilitar el acceso al crédito a un precio razonable, internacionalmente competitivo, para impulsar el desarrollo del país. En ausencia de la llamada “columna vertebral” de la economía, lo que tenemos es una neoporfirista y usurera “casa de raya”, caracterizada por su ineficiencia operativa, ávida de rápidas y altas ganancias, obtenidas a través de las desmesuradas y variadas comisiones aplicadas a los usuarios del crédito, así como las desmedidas tasas de interés cobradas, sin que existan las instituciones que protejan a los deudores ante los abusos y la ilegal persecución y amedrentamiento a que son sometidos cuando se retrasan en sus pagos, ya que los intermediarios operan con la complacencia y complicidad del gobierno. Lo que existe es un sistema bancario y financiero oligopólico que manipula a su libre arbitrio el precio de sus servicios y que ha abandonado a la mayoría de los sectores productivos, sobre todo el agropecuario y el industrial, y las pequeñas y medianas empresas, concentrándose en las grandes firmas y en las actividades que hasta hace poco le garantizaban una alta rentabilidad, como son las tarjetas de crédito, los préstamos para la adquisición de bienes de consumo e hipotecarios, la compra de títulos de deuda del Estado y la especulación en los mercados financieros, el cambiario y de riesgo.

El alto costo de los servicios bancarios y los altos réditos constituyen una parte esencial de la creciente insolvencia de pagos de los deudores, el aumento de las carteras vencidas y la crisis de liquidez que ya se reciente y que agravará la recesión de la economía. Otra parte del problema se explica por la política monetaria: los altos intereses que impone el banco central para tratar de controlar la inflación y atraer y retener los capitales y tratar de estabilizar los mercados financieros. A ellos hay que sumar la pérdida del ingreso real de la población, asociada a los bajos salarios y el deterioro de su poder de compra, la falta y la pérdida de empleos, que obligan a la población, que tiene la posibilidad, a endeudarse con los bancos u otros prestadores de crédito para tratar de compensar sus bajos recursos y mejorar sus condiciones de vida.

La solución de la usura bancaria pasa por obligar a los intermediarios a reducir la intermediación, cerrar la brecha entre los réditos que pagan a los ahorradores y los deudores (tasas pasivas y activas); imponer máximos a los intereses cobrados y reducir o eliminar las comisiones y sus precios, similares a los internacionales; crear instituciones con capacidad legal para proteger a los deudores y sancionar a los intermediarios, con dientes jurídicos –no como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros que se ha vuelto el hazmerreír de los acreedores, con responsables respetables, no como Luis Pazos, desacreditado por su oscuro pasado de facho, negocio de tangas y supuesto cruzado del “mercado libre”–, y reestructurar al sector bancario y financiero.

Sin embargo, los senadores se limitaron a regular algunas medidas cosméticas, necesarias pero inútiles, para regular los abusos bancarios y solucionar la inexistencia del sistema bancario. Con ello, demostraron otra vez que nada les importaban las mayorías. Sin ninguna sorpresa, legislaron a favor de “la máxima vil de los amos” que tanto despreciaba Adam Smith, creador de la mano invisible y promotor del “libre mercado”: “Todo para nosotros, nada para los demás”; es decir, de los banqueros, uno de los grupos de poder a quienes representan. Los mercenarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y la “izquierda bonita” del Partido de Revolución Democrática (PRD), los chuchos, cumplieron con su tarea. En especial los senadores del PRI, encabezados por Manlio Fabio Beltrones, que con esas leyes aspiran regresar a la Presidencia de la República para asegurar la continuidad del neoliberalismo. Al garantizar que las “casas de raya” sigan funcionando sin sobresaltos, el sonorense supone que asegurará la corona de príncipe en 2012.

Ello no sólo a costa de garantizar la servidumbre de los deudores y la ausencia del financiamiento del desarrollo. El rescate y la reprivatización de los bancos, la entrega a los inversionistas extranjeros completamente saneados de las tropelías cometidas por los empresarios mexicanos han costado a los mexicanos casi 770 mil millones de pesos, según datos de Hacienda. Además de 453 mil millones de pesos sacrificados del presupuesto como concepto del costo financiero del salvamento, entre 1995 y 2008, el pago de intereses (en la magia de Ernesto Zedillo no sólo se rescató a los intermediarios, sino que anualmente se les tienen que pagar esos intereses), de los cuales 325 mil millones, es decir, el 72 por ciento, se han destinado a los banqueros.

Supuestamente, la reprivatización bancaria –primero entre los “empresarios” mexicanos y luego entre los extranjeros– propiciaría la competencia y la eficiencia entre los intermediarios y, por tanto, una mejor calidad en sus servicios; la reducción en sus costos de operación y las tasas de interés, y mayores créditos para la economía. Esos propósitos sólo fueron las mentiras piadosas de los creyentes fieles del “mercado libre”, que resultó bastardo, toda vez que nada se ha cumplido, para justificar su entrega a los depredadores. Actualmente, más del 80 por ciento de la actividad bancaria está concentrada en manos extranjeras, donde el costo de sus servicios e intereses son de 400 a 600 por ciento mayores a lo que cobran en sus países de origen. Inbursa, del “filántropo” Carlos Slim, aunque cobra menos no deja de ser igualmente abusivo. BBV Bancomer, Citigroup Banamex y Santander Serfin, verdaderos oligopolios, controlan el 54 por ciento de los activos, los ahorros y créditos; el 67 por ciento de las ganancias del sistema, lo que, quizá, explique las declaraciones de Slim contra la usura bancaria.

Es innegable que el problema de los deudores de las tarjetas de crédito, bienes de consumo duradero y vivienda es grave. Pero también lo es para el aparato productivo. En términos reales, el crédito destinado hasta octubre de 2008 es 37 por ciento menor al registrado en 1994. El otorgado al sector agropecuario se ha desplomado en 80 por ciento en esos años; el industrial, 46 por ciento; el minero, 86 por ciento, y el manufacturero, 57 por ciento. En 1994, al menos el 32 por ciento de los préstamos se concentraba en la vivienda, el consumo (tarjetas de crédito, bienes de consumo duradero y otros), el sector financiero y el gobierno; en 2008, se elevó a 52 por ciento, actividades que son las más rentables, donde también se ha elevado vertiginosamente la cartera vencida.

La banca, a través de Hacienda y el banco central son los responsables de la crisis de pagos, la parálisis del crédito (el destinado al sector privado cayó 0.7 por ciento entre diciembre de 2007 y octubre de 2008; 30 por ciento para el consumo, 45 por ciento en tarjetas de crédito y 9 por ciento en bienes de consumo duradero); el problema de pagos de los deudores, el alza de las carteras vencidas, la quiebra de empresas, y la profundización de la recesión ante la falta de financiamiento y el aumento del desempleo.

Felipe Calderón y los congresistas del PRI, PAN, la “izquierda civilizada” del PRD y demás partidos abandonaron a la población ante la voracidad de los banqueros. En ese tenor, la sociedad sólo tiene dos opciones: aceptar sumisamente la traición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los abusos de los banqueros, que les quitarán todo lo que puedan, o se organizan para enfrentar al bloque de poder. En otros países, los habitantes han optado por la huelga generalizada de pagos bancarios y de servicios públicos por tiempo indefinido; el bloqueo de las instituciones bancarias y del Congreso; la presión sistemática para obligar a las autoridades a ponerles el dogal de las regulaciones a los intermediarios y orillarlos a una nueva estatización.

No hay más opciones en un país despótico donde se gobierna por y para los empresarios: o se hunden los deudores a costa de las ganancias bancarias o se salvan doblegando a los banqueros y la elite política, sus cómplices. Nada más se puede perder, porque el bloque dominante ha arruinado a los usuarios del crédito, las empresas, los trabajadores, el crecimiento y el desarrollo. Los griegos ejemplifican actualmente hasta dónde puede llegar el descontento ante el autoritarismo. Son lecciones de la historia que no se pueden desechar.

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