La ceguera de Orellana

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Octavio Alberto Orellana Wiarco, fiscal encargado de la atención a periodistas señaló que sólo tres de los 25 asesinatos de periodistas habidos en los últimos años tienen relación con el ejercicio de la profesión. Es decir, casi el 90 por ciento de los caídos oficialmente se dedicaba a otras cuestiones y los ultimaron por andar en la parranda.

El mencionado personaje agregó que únicamente 16 de las 279 agresiones documentadas tienen relación con el crimen organizado, o sea, que la gran mayoría de apaleados lo son por gustarles las aventuras peligrosas. Y, para que no quedara duda de que la autoridad sabe del asunto, dijo que existían infinidad de delincuentes metidos a tundemáquinas.

En síntesis, que las graves denuncias realizadas por diversas agrupaciones mexicanas, varias de ellas incluso ya actuando conjuntamente, y organizaciones como Reporteros sin Fronteras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son mera ficción. En nuestro país todo es jauja, igual a lo dicho por los funcionarios económicos que insisten que no estamos en recesión a pesar de las evidencias.

Lo expresado por Orellana nos recuerda lo sucedido en 1968. Unos policías asesinaron a un brigadista –lo cual no se ha aclarado del todo ni se ha castigado a los culpables– que hacía una pinta en la calle. El parte médico fue de antología: intoxicación por torta de queso descompuesto. Y no se olvide, a Gilberto Rincón Gallardo, que tenía un defecto físico en ambas manos, lo procesaron por lanzar bombas molotov contra los granaderos.

El surrealismo mexicano, según André Breton, es parte de la realidad. Continúa siendo la respuesta de quienes ejercen el poder sin pudor y más bien deshonor.

Como varios saben, hay 45 compañeros asesinados de 2000 a la fecha y en este sexenio van 25, algo que parece no importarle a la autoridad. Lo único que les preocupa es que la televisión, no obstante que reporteros suyos fueron ultimados, comente apresuradamente el problema.

Una prueba que nada impide la alianza de la pantalla chica con la administración federal, es el caso de Amado Ramírez, corresponsal de Televisa, en Guerrero. La investigación no ha avanzado desde el 7 de abril de 2007, pues si bien detuvieron a varios sujetos, ninguno estuvo en Acapulco en tal fecha.

Y qué decir de lo ocurrido a Felícitas Martínez y Teresa Bautista, encargadas de la Voz que rompe el silencio, en San Juan Copala, Oaxaca. Ellas fueron acreedoras, por su valentía y entereza, al Premio Nacional de Periodismo.

En esos tres casos hay descalificación de que las hayan acallado por su tarea informativa, Orellana dixit. Pero tampoco se dice nada respecto a qué sucedió, de dónde vino la orden para que no supiéramos más de ellas y él.

Vieja historia muy conocida. Tanto que fue muy tardado y arduo que se iniciara la investigación del asesinato de Manuel Buendía. Según varios testimonios, no se llegó a sus últimas consecuencias, pues sólo se encarceló a quien estuvo más al tanto del asesinato, José Antonio Zorrilla Pérez, aunque no a los responsables intelectuales.

Por esas y otras atrocidades, el 10 de diciembre se reunieron varios sindicatos: La Jornada, Radio Educación, Sol de Puebla, Redactores de la Prensa; la revista Contralínea, la Fundación Manuel Buendía y compañeros que han luchado durante años para exigir que haya resultados en los casos presentados.

Basados en un artículo de los Derechos Humanos, donde se lee: “Es deber de los Estados prevenir e investigar a quienes agraden a periodistas, sancionar a los autores de los ilícitos y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”, exigirán que el gobierno actúe en consecuencia.

Hasta el momento sólo hay disculpas, evasiones, explicaciones sin sentido y hasta agresiones; como la de Juan de Dios Castro a la promotora de radios comunitarias, Aleida Calleja.

Además, la mencionada Comisión Interamericana señala en uno de sus postulados que “la asignación arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial y créditos oficiales” atenta contra la libertad de expresión. La demanda se levanta porque una buena cantidad de impresos no han recibido publicidad gubernamental, por discrepar de la voz de Los Pinos.

Además crecen las demandas de empresas privadas contra medios. Un caso es el de Contralínea que está siendo auditada por un pedido de Oceanografía, empresa denunciada por obtener contratos con Pemex de forma poco clara. En dicha investigación se encuentran los reporteros Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Nancy Flores y Jorge Meléndez Preciado.

La lista de injusticias crece diariamente, tanto que se dice internacionalmente: México es la nación más peligrosa para ejercer la libertad de información y difusión luego de Irak. Por algo será, aunque el sordo y ciego de Orellana lo niegue.

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