Testigos protegidos, al gusto

Autor:

Podrán hacerse grandilocuentes reformas al sistema de justicia penal y de procuración de justicia, pero eso no hará que la autoridad utilice la mínima inteligencia (la del simple razonar y la así llamada investigación científica) para apuntalar pesquisas en busca de castigo a los verdaderos traficantes de drogas y a criminales organizados (llamados así no porque se acoplan entre sí, como escuché decir a un analista, sino organizados con sus protectores dentro del gobierno).

Y es que la Procuraduría General de la República (PGR) adopta “testigos protegidos” sin ton ni son. Tiene para dar y regalar y de todos los perfiles que se requieran. Luego “arraiga” en vez de consignar, con lo que se da tiempo para acumular cargos, pero sin una investigación seria.

Para colmo, ha vuelto la tortura como reina de todas las pruebas (ver caso de los tres acusados de haber lanzado las granadas en Morelia que –desde aquí se lo aseguro– van a salir libres porque no hay una sola prueba en su contra más que la confesión sacada bajo tormentos).

Y la cerezas negras de este pastel son los agentes del Ministerio Público y jueces que actúan por consigna. Con estos cuatro jinetes del apocalipsis de la injusticia, ¿hacia qué país marchamos?

Estos son los ejemplos recientes:

• La PGR arraiga a varios altos funcionarios de sus propias filas, como Miguel Ángel Colorado, que era director técnico operativo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) –a quien Estados Unidos pide en extradición–, y el director general adjunto de Inteligencia, el militar Fernando Rivera Hernández. En vez de que vayan a la cárcel, se convierten en “testigos protegidos” para inculpar a otros de sus compañeros, subordinados y superiores.

• Todo nació en Washington, porque el testigo “Felipe”, capturado en Estados Unidos, señaló a funcionarios mexicanos que estaban al servicio del cártel de los Beltrán Leyva, aún desde antes de que se escindieran del cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín, el Chapo, Guzmán e Ismael, el Mayo, Zambada. Mediante jugosas entregas mensuales, por supuesto.

• Hay malosos perfectamente ubicados, como Víctor Hugo Martínez Rocha, a quien se manda arrestar por encargo, a sabiendas de que se convertirá en testigo obligadamente protegido. ¿Contra quién? Lo necesitaba Genaro García Luna para poder detener al excomisario de la Policía Federal Preventiva (PFP), Javier Herrera Valles, quien lo había denunciado nada menos que ante el presidente de la República por corruptelas e ineficiencias. Desde que agentes ministeriales fueron por Martínez Rocha, el 6 de octubre, a Nezahualcóyotl, Estado de México, tenían la consigna de entregarlo a Luis Cárdenas Palomino en la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), pero los policías lo depositaron en la SIEDO, en Amazonas 43, sexto piso, colonia Cuauhtémoc. Recibieron un fuerte regaño por el desacato, y llegaron tan ipso facto, enviados de la SSP, que se metieron a interrogar y presionar al detenido a ciencia, paciencia y complacencia de la agente del Ministerio Público federal, Betzabé María Rello Alba. Tras la “convincente” plática con los enviados de Cárdenas Palomino, Martínez Rocha salió diciendo que su contacto para falsificar y vender credenciales de policía federal era ni más ni menos que Herrera Valles, a quien imputó imposibles reuniones en Acapulco con capos de distintos cárteles y enemigos entre sí. Los delitos inventados fueron desconocidos por el propio testigo, a través de sus familiares: “Lo amenazaron y golpearon para que declarara todo”, dijeron a cámaras y micrófonos de Televisa (a esa televisora precisamente se dirigía el excomisario Javier Herrera Valles cuando fue interceptado violentamente y “presentado” en la SIEDO. Después fue arraigado gracias a la falsa delación de Martínez Rocha. Iba a contarle a Denisse Maerker, entre otras cosas, cómo el lunes 10 de noviembre, cuando tomaba un café en un restaurante de la Zona Rosa, unos 20 sicarios enviados por la propia PFP y SSP lo iban a ejecutar. Hubo contraorden porque en ese momento se entrevistaba “con una mujer de pelo corto y vestido rojo”, detalló un agente que supo del intento de barrerlo. Esa mujer era la periodista de Reporte Índigo, Anabel Hernández, quien acaba de publicar el libro Los cómplices del presidente, con las fotos de Juan Camilo Mouriño, Genaro García Luna y Felipe Calderón en portada. Aunque impunemente han sido asesinados otros altos mandos, entre ellos Eusebio Millán Gómez e Igor Labastida, hubiese sido un escándalo, con un casi imposible control de daños, matar a la escritora que recién había destapado corruptas e ilegales complicidades desde la Presidencia y aún antes, precisamente para hacerse del poder).

• El mismo “Felipe” –por cuyos dichos están arraigados un exzar antidrogas (Noé Ramírez Mandujano, quien era ya nuestro representante en la ONU, en Viena, para temas de narcotráfico), dos exdirectores de Interpol (Rodolfo de la Guardia y Ricardo Gutiérrez Vargas), un exalto comisionado de la PFP (Víctor Gerardo Garay Cadena) y otros mandos– señaló entre los servidores públicos corruptos a Mario Arturo Velarde, exsecretario particular del secretario Genaro García Luna. La autoridad investigadora le dio trato privilegiado, pues acudió a declarar y se fue tan campante a casa, mientras a peces más gordos se les retuvo.

En 2004, la PGR se apoyó para arrestar, arraigar y consignar a cientos de ciudadanos en las delaciones de 83 testigos protegidos, según respondió a solicitud ciudadana a través del IFAI.

La PGR había utilizado 80 testigos protegidos en 2003, detalló también; pero a la hora de proporcionar los datos sobre esos malosos convertidos en delatores en 2007 y 2008, simplemente ocultó la información. En opinión del IFAI, fueron confusos los datos que la PGR aportó sobre este tema para los años 2005 y 2006. Es decir que en los años en los que más soplones protegidos ha ocupado la PGR simple y llanamente ocultó la información.

La primera semana de diciembre se discutía en la Cámara de Diputados una ley reglamentaria de la PGR, en la cual se reiteraba la facultad discrecional del procurador para entregar dinero y proteger a testigos en la cantidad y entregas que él determine.

En el artículo 5, que habla de sus facultades, describía el proyecto: “IX. Ofrecer y entregar, con cargo a su presupuesto, recompensas en numerario, en un solo pago o en exhibiciones periódicas, a personas que aporten información útil relacionada con las investigaciones y averiguaciones (sic) que realice, así como a aquéllas que colaboren en la localización y detención de probables responsables de la comisión de delitos, en los términos y condiciones que determine el procurador general de la República mediante acuerdo”.

Es vieja y oscura la historia de los delatores bajo protección. Varios han sido asesinados porque precisamente nadie los protegía. Habían sido utilizados y tirados como pañuelos desechables, tal como ocurrió con el joyero Tomás Colsa McGregor (presente en el caso del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas y en el maxiproceso al cártel de Cancún), entre otros.

La PGR, de Antonio Lozano Gracia, entregó 500 mil dólares al testigo estelar en el caso del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, pagó cantidades jugosas a Francisca Zetina, la Paca, a la sevillana María Bernal y otros testigos que terminaron dejando en ridículo a la autoridad con la farsa de la osamenta falsa del diputado federal Manuel Muñoz Rocha en la finca El Encanto, propiedad de Raúl Salinas de Gortari, quien al final de cuentas está libre de polvo y paja, tras haber sido procesado por ser supuestamente el autor intelectual del asesinato de su excuñado.

Hay testigos protegidos multiusos, que aparecen casi en cualquier imputación de nexos de personajes con organizaciones de traficantes de drogas, aunque se trate de grupos que son acérrimos e irreconciliables enemigos, como si esos delatores hubiesen participado en cuanta organización criminal exista en el país.

Los más peligrosos para el futuro del país, porque son el sustento prefabricado de una aberrante falsificación y perversión de la justicia, son los “testigos protegidos” que se utilizan para inventar culpables. Tal es el caso de los testigos pagados “Gabriel” y “Érika”, quienes han puesto el dedo delator sobre tres acusados de haber lanzado granadas en medio de la multitud reunida la noche del Grito de Independencia en Morelia: Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea. Han dicho que los tres pertenecen al cártel del Golfo desde 2002.

Lo que nadie explica es por qué se dedicaban dos a la construcción y otro era mecánico en los últimos años, siendo ya traficantes de altos vuelos. Ni por qué seguían viviendo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde pasaron la noche del 15 de septiembre, a 400 kilómetros de Morelia, como atestiguan decenas de personas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos pronto dará pormenores de esta monstruosa prefabricación (que supondría un autoatentado con fines inconfesables, propiciado o permitido en la tierra del propio Felipe Calderón), porque es de elemental justicia. Y porque José Luis Soberanes ya no soporta cómo lo fastidia y obstaculiza el procurador Eduardo Medina Mora, quien tiene una actitud de “me vale” frente al atropello de los derechos, dijo a la prensa. Inclusive, le pidió a Calderón que “llame al orden” a su procurador.

 

Revista Contralínea / 116 / 2a quincena diciembre de 2008 / México

Comments

comments