Autor:

Los 10 albergues del Instituto de Asistencia e Integración Social del GDF –que a diario refugian más de 2 mil indigentes– padecen desabasto en alimentos, medicamentos y material. Funcionarios del órgano adjudican esta situación a la falta de presupuesto, mientras la Asamblea Legislativa señala un subejercicio presupuestario del 80 por ciento en 2007

El Instituto de Asistencia e Integración Social (Iasis) del Distrito Federal presentó un subejercicio de más del 80 por ciento de su presupuesto en 2007: de los 192 millones de pesos asignados para ese año, sólo ejerció 18 millones. Es decir, el organismo encargado de atender a los indigentes en la capital omitió aplicar recursos por 174 millones de pesos en los 10 albergues que posee.

El objetivo del dinero no ejercido era contribuir al alojamiento, alimentación y vestido, así como brindar atención médica, sicológica, capacitación y actividades recreativas para la población en situación de calle.

Al no ejercicio del presupuesto, se agrega la inconformidad de usuarios y trabajadores de los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), quienes consideran que la falta de interés de las autoridades deja en el abandono a los más vulnerables. Revelan que faltan insumos básicos y medicamentos para dar un servicio óptimo a los más de 2 mil usuarios que recurren a los albergues.

El 18 de julio de 2008, César Cravioto Romero, titular del Iasis, compareció ante la Comisión de Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La reunión fue sugerida por el diputado Miguel Ángel Errasti para que se aclarara el subejercicio y el estado que guardan los CAIS.

El legislador observa que hay poca transparencia en su operación, pues reportan lo mínimo en recursos cuando los albergues “están en abandono. Es una política pública deficiente desde hace 10 años”.

David Navarro Villa, coordinador administrativo del Iasis, asegura que se reportó una diferencia en el ejercicio del presupuesto de sólo 17 millones y que la razón fue el cambio de adscripción del Instituto: a partir de enero de 2007, se integró como órgano centralizado a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, por lo que se registró una diferencia mucho menor a los 174 millones de pesos observados por la Comisión de Grupos Vulnerables.

El funcionario aclara que sí se reportó el ejercicio de presupuesto. “Para el primer trimestre de ese año, el Instituto reportó gastos como órgano centralizado y dicha información se envío a la Secretaría de Finanzas, por lo que sí se registró en la cuenta pública 2007”.

Al respecto, Errasti señala que sí existe el subejercicio, puesto que el presupuesto al Iasis fue absorbido por la dependencia encabezada por Martí Batres y que se le dio prioridades a otro tipo de programas de la misma Secretaría. Por sobre la atención de la población callejera, el asambleísta advierte que se privilegian programas, como la pensión a adultos mayores, a personas con discapacidad y a madres solteras: “La administración pública ha relegado el tema cuando es urgente incentivar medidas, pues hoy los niños de la calle se vuelven padres de la calle”.

Iasis, insuficiente: CDHDF

Víctor Manuel Solís fue usuario de los albergues del gobierno del Distrito Federal hace 14 años. Originario de Guadalajara, prefiere pagar 20 pesos –que utiliza en alimentos– a la organización de beneficencia Ejército de Salvación. Las condiciones de los CAIS lo obligaron a buscar otras alternativas para resguardarse. Para Solís, la situación no ha cambiado desde hace más de una década.

En 2007, el CAIS Plaza del Estudiante, que da asilo a 550 usuarios, fue reubicado. Las instalaciones del albergue funcionan como centro comercial para vendedores ambulantes. Provisionalmente el centro está ocupando las instalaciones del CAIS Coruña, donde se atienden a niños y jóvenes, de hasta 21 años, con problemas de adicción. Se prevé que para 2009 se abra la nueva sede en la zona centro.

Apunta que la sobrepoblación –alentada por el cierre del CAIS La Plaza del Estudiante– continúa siendo un factor que perjudica la atención para la población callejera. Estima que si el CAIS Coruña y la Casa del Estudiante recibían a 400 personas, un porcentaje acude al albergue de Coruña, mientras otro tanto regresó a la calle por la falta de espacio.

Víctor Manuel Solís comenta que de no saturarse y de contar con el suficiente material, estos lugares serían propicios. “Tienen capacidad para 150 personas y llegan 300, entonces nos toca la mitad de un jabón”. La solución, advierte, no está en la apertura de más CAIS, pues la indigencia aumenta, sino en la reinserción social y la capacitación laboral. Menciona que se debe garantizar una vida digna.

El hombre en situación de calle lamenta que la población en estas condiciones sólo exista cuando arranca la campaña Frío Invierno, Calor Humano. “¿Qué queda para nosotros después de enero? Nos llevan por la temporada de invierno; pero, después, otra vez la calle”.

Frente a la Comisión de Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa, el director del Iasis sostuvo que el trabajo del Instituto no se limita sólo a lo asistencial, sino que busca la integración social y una vida independiente para los usuarios.

Para cumplir su propósito, enumera el titular, el Instituto impulsa la educación, la capacitación laboral, los vínculos con contratistas y el desarrollo de proyectos, como la creación de cooperativas. También trabaja con asociaciones civiles para canalizar casos especiales y busca reunir al beneficiario con sus familiares. Según Cravioto Romero, de enero a junio de este año, el Iasis logró 77 reinserciones laborales: 58 educativas, 24 familiares. En tanto que canalizó a 21 personas a asociaciones civiles y 15 fueron llevadas a su lugar de origen.

El Informe especial sobre seguridad humana en la Ciudad de México 2006-2008, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), observa que dichas actividades son insuficientes. En su mayoría –describe el documento publicado el 28 de octubre–, las personas atendidas tienen mucho tiempo en situación de calle, por lo que se desconoce el paradero de sus familiares y carecen de documentos oficiales para ser inscritos en instituciones educativas o ser llevados al campo laboral. No obstante los beneficios de los sistemas asistencialistas, “la solución de fondo está en la mejora del sistema de salud, en el combate al desempleo y en el aumento de la escolaridad”.

“Falta presupuesto”: Iasis

Trabajadores de los CAIS consideran que el trato que reciben se ha deteriorado. Una empleada dedicada a bañar a mujeres indigentes de la tercera edad expresa: “Nos hace falta todo. Solicitas material y responden que no hay. Cuando llegué sí lo había, ahora no. Ni jabón, ni champú, ni guantes”. Por día, ella atiende a 90 mujeres. Con más de seis años laborando en los CAIS, la empleada observa que ha desmejorado el servicio de alimentos para indigentes.

Los víveres y la distribución de medicamentos son insuficientes. Una enfermera del CAIS Cascada –orientado a mujeres mayores de 18 años con problemas de salud mental– revela que hay desabasto de Psicoaline: “Sin los medicamentos, las pacientes se golpean entre sí y nos agreden”.

El Informe especial sobre seguridad humana en la Ciudad de México 2006-2008, de la CDHDF, observa que el Iasis “no tiene recursos suficientes para contar con infraestructura e inmuebles óptimos y modernos para brindar atención especializada a este sector de la población”.

El coordinador administrativo del Iasis admite que sí hubo desabasto de materiales y medicamentos, aunque explica que éste fue momentáneo y se debió a las licitaciones y compras consolidadas que realiza la Secretaría de Desarrollo Social. “Hay un plazo entre que se emite la licitación y se contrata a los proveedores, por lo que hubo desabasto”.

Además, Navarro Villa alega que para 2008 la partida al Instituto se redujo en un 25 por ciento en comparación con 2007. “Los usuarios requieren mucha atención y toda política pública debe sustentarse con un buen presupuesto”.

En relación con la falta de medicamentos, Guadalupe Landeros García –coordinadora de Operación, Seguimiento y Evaluación de los CAIS– anota que se debe acatar una serie de reglas para adquirirlos, por lo que el proceso de licitación tardó más de lo previsto y hubo faltantes por poco tiempo. El 80 por ciento de los usuarios del CAIS tienen algún padecimiento siquiátrico, dice.

Agrega que los recursos son insuficientes, pues la población que atiende creció entre 17 y 21 por ciento de 2007 a 2008. Durante la campaña Frío Invierno, Calor Humano, la población en albergues se incrementa casi 82 por ciento: tan sólo la Plaza del Estudiante recibe hasta 730 usuarios.

Landeros García admite que se han tenido problemas con la provisión de alimentos, pero añade que se tomaron las previsiones necesarias, pues cada día se sirven 10 mil comidas en los albergues. Describe que los inmuebles están muy viejos: “Necesitan mantenimiento correctivo por todos los años que funcionaron sin que se les arreglara adecuadamente”.

Mientras Navarro Villa asegura que estas deficiencias no han mermado la calidad de atención de los CAIS, y que, por el contrario, “estamos comprometidos a dar atención tanto preventiva como permanente a personas en situación de abandono social”, la coordinadora de Operación indica que entre el 5 y 6 por ciento de los usuarios han sido reunidos con su familia.

Sin embargo, el Diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal, de la CDHDF, refiere que por efecto de la falta de recursos, el Iasis retoma un esquema frecuente en los programas oficiales, que consiste en competir con las organizaciones sociales por los recursos de empresas y fundaciones privadas.

Controversia en cifras

Durante su comparecencia, Cravioto Romero expresó que el organismo se ha dedicado a la atención de las personas en abandono, extrema pobreza y exclusión. Por lo que se atienden al día 2 mil 446 usuarios en los CAIS y se beneficia a 6 mil personas al año.

El titular del Instituto aclaró que la capacidad de los CAIS es de 2 mil 380 usuarios y está rebasada por 66 personas, pues para el Instituto vale más tener al beneficiario durmiendo en un espacio digno, que en la calles de la ciudad. El diputado Miguel Ángel Errasti Arango refuta que los albergues alcancen ese nivel de ocupación y estima que pueden recibir a 1 mil 565 usuarios (635 alojados y 930 en comedores).

Según el Diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal, de la Comisión de Derechos Humanos, el gobierno capitalino reporta más de 6 mil adultos indigentes. El 60 por ciento formado por varones de entre 30 y 55 años, mayormente concentrados en las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Gustavo A. Madero. Además, hasta 1995 se contaban 13 mil 373 niños en la calle y para 2005 organizaciones no gubernamentales señalaban que los menores rebasaban los 30 mil, mientras que la totalidad de la población callejera superaba los 100 mil (Contralínea 12).

Gobierno del Distrito Federal busca “limpieza social”

El Diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal expone que la población indigente es “una clara expresión de la muerte social que significa la negación de sus derechos humanos por su condición social”.

El organismo señala que los programas instrumentados por el gobierno del Distrito Federal son ejemplo de discriminación. Desde 2004, el gobierno capitalino ejecutó el Programa Emergente de Mejoramiento de la Imagen Urbana, denominado Ciudad Bonita. Con el fin de atender el corredor turístico y cultural entre Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, se retiraron limpiaparabrisas, indigentes y población callejera. Esta acción fue realizada en el marco de la aprobación de la Ley de Cultura Cívica.

Para el periodo 2006-2012, la Dirección General de Servicios Urbanos y la Secretaría de Obras y Servicios impulsan el Programa de Rescate de Espacios Públicos Manos a la Obra, que recupera parques, plazas y áreas verdes. Sus acciones de “limpieza” incluyen el retiro de indigentes.

La CDHDF menciona que la estrategia no les ofrece alternativas, con excepción de los albergues del Instituto de Asistencia e Integración Social. Con estas acciones “no se considera que el indigente tenga vínculos sociales y afectivos en el lugar donde habita y sin proceso gradual de desincorporación de la calle; estos programas afectan más que apoyar”.

El informe, publicado en abril de 2008, agrega que forzar a la población callejera para ser llevada a instalaciones cerradas habla del desconocimiento de dicha población, de la negación de sus derechos y de la falta de interlocución para desencadenar un cambio de mayor impacto: “Son acciones inmediatas que sólo expresan la ausencia de una política pública para esta población”.

Incluido entre los 20 lugares donde se aplica el programa, en el parque Felipe Ángeles de la delegación Venustiano Carranza un grupo callejero fue retirado so pretexto de “dar un mal aspecto en la vía pública y por inhalar solventes”, por lo que se les invitó a retirarse o serían llevados por la policía.

Respecto lo sucedido ese 6 de abril de 2007, la CDHDF explica que las autoridades “limpiaron la zona” subiendo las pertenencias de los jóvenes a un camión de basura. En tanto, personal de la delegación los persuadía para que abandonaran el parque. Ello inició un conato de violencia con la policía y culminó con el arresto de los jóvenes, quienes fueron llevados al Ministerio Público. Minutos después, camionetas de la delegación recogían a todos los indigentes que estaban sobre avenida Congreso de la Unión.

El órgano apunta que en el ejercicio de estas acciones, los funcionarios intermedios y operativos implicados creen que dichas prácticas lograrán que la población callejera se retire del espacio público. De negarse, las autoridades aumentan el uso de la violencia. La CDHDF explica que “la exclusión social les impide considerar la denuncia como herramienta, ya que por su vulnerabilidad son objeto de represalias y las instituciones de defensoría no tienen mecanismos que garanticen su protección”.

 

El Diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal, publicado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, enumera las garantías de la población callejera frecuentemente violadas:

Negación de servicios de salud. La población indigente debe superar la falta de espacios para recibir atención médica y la discriminación de personal de salud, quienes se niegan a brindar sus servicios. Por falta de recursos, en 2005 cerró el Hospital para el Niño de la Calle, única clínica especializada para esta población.

Consumo de drogas desencadena exclusión. Debido al consumo de sustancias nocivas, la población callejera no accede a servicios básicos de educación y salud. Tampoco se le incluye en espacios de participación ciudadana ni en fuentes de empleo. Sin que se considere la adicción como una enfermedad, los indigentes son llevados a los “anexos”, espacios de encierro forzado sin regulación que han sido acusados de uso extremo de la violencia y atención no profesionalizada.

Violencia y muerte en las calles. La asociación civil El Caracol reportó, de 1995 a 2005, la muerte de 184 niños, jóvenes y adultos callejeros en el Distrito Federal. En total, 46 personas murieron por hechos de tránsito; 41, por homicidio; 41, por enfermedad; 22, por consumo de drogas; 12, por suicidio; 10, por VIH/SIDA; ocho, por quemaduras; uno, por otros motivos, y de tres no se pudo especificar la causa.

Sin reconocimiento legal. Debido a la falta de contacto con su familia o el robo de sus pertenencias, carecen de las formas legales mínimas para reclamar sus derechos: acta de nacimiento, comprobante de domicilio, registro de seguridad social, constancia de estudios o credencial de elector.

Criminalización. Con la cero tolerancia sugerida por el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, para aplicarse en el Distrito Federal de 2002 a 2006, se legislaron estrategias que convierten la supervivencia callejera en infracción. El uso del espacio público para pernoctar, la mendicidad encubierta y el consumo de sustancias “atentan contra la tranquilidad de las personas y la seguridad ciudadana”. Al asociar drogadicción con delincuencia, se justifica la creación de programas de atención basados en el uso de la fuerza. Para la CDHDF, el gobierno ve en la indigencia un problema para los habitantes de la ciudad, es decir, “desconoce que los indigentes estén asociados a la miseria, la ausencia de políticas sociales y distributivas del ingreso, para identificar la vida callejera como generadora de potenciales delincuentes”.

Exclusión de políticas públicas. Una vez abandonado el esquema de atención gubernamental a esta población en 1995, para dejarla en manos de la iniciativa privada, se creó en 2000 el Instituto de Asistencia e Integración Social. No obstante, a nivel federal no hay un presupuesto dirigido a programas de atención para esta población. “Generalmente –observa la Comisión– se mezclan los recursos para distintas poblaciones excluidas y tampoco hay organismos con autonomía y presupuesto suficiente para monitorear la situación y evolución de este fenómeno social”. (PM)

 

Violaciones laborales a trabajadores del Instituto de Asistencia e Integración Social

Frente al Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) Coruña, trabajadores del gobierno del Distrito Federal se manifiestan. Cerraron el albergue y sostienen mantas que exigen la basificación conforme a la Ley Federal de Trabajo y las Condiciones Generales de Trabajo del Distrito Federal.

“Reclamamos –enuncian– el dígito sindical y la homologación de plazas. No se puede vivir con un nivel tan miserable y sin prestaciones”. El 16 de julio de 2006, 200 empleados del Instituto de Asistencia e Integración Social (Iasis) obtuvieron la base con el tipo de nómina 5, “Trabajadores a lista de raya”. No obstante, no se les otorgó el salario ni las prestaciones que ameritaba dicho cambio.

Dentro del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2001-2006 se estableció la aplicación del Programa de Basificación Gradual de Personal Eventual. El Bando informativo número 11, del 17 de diciembre de 2001, apuntó que la estrategia sería aplicada dando prioridad a los trabajadores cumplidos y con mayor antigüedad. El personal total de los CAIS es de 902 empleados.

De esta manera, la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera notificó al Iasis la basificación de 200 plazas de personal eventual ordinario y extraordinario. Para tal efecto, el Instituto solicitó que los 200 puestos se crearan como de Auxiliar Operativo de Asistencia Social, con código transitorio CT18992, nivel 2.

Mediante el Dictamen técnico T.O./025/2006, creación de 200 plazas técnico operativo para el Instituto de Asistencia e Integración Social, la Oficialía Mayor aprobó la solicitud. El documento, del cual se posee copia, advierte que “la situación de las plazas se conserva con los atributos C, desde su creación hasta el 15 de julio de 2007 y posterior a esta fecha les será asignada la situación 1”.

A otras 42 plazas también se les dio el carácter de Auxiliar Operativo en Asistencia Social y Auxiliar Operativo en Oficinas Administrativas. El Dictamen técnico T.O./032/2007, creación de 42 plazas técnico operativo para la Secretaría de Desarrollo Social anota que los puestos mantendrían en el código C hasta el 31 de octubre de 2008; después se les otorgaría el dígito 1.

Con el cambio de plazas, el salario de los trabajadores pasó de 1 mil 920 pesos a salarios entre 1 mil 300 y 1 mil 600 pesos. El nivel dos, aseguran los trabajadores, es el más bajo en salario y prestaciones. Sin recibir las prestaciones que ameritaba el cambio de plazas, los trabajadores alegan que se violaron sus garantías: “Argumentan que somos prebasificados y por consecuencia no tenemos derecho a nada”.

El pago de nómina del Iasis no varía pese a la profesionalización en el puesto. Doctores, enfermeras, trabajadores sociales, sicólogos y personal de intendencia reciben el mismo salario. “Si hace falta personal en la cocina, en la intendencia, en los baños, ahí estamos. No es justo que ganemos por debajo de otros trabajadores. Tenemos dos años con esa base y ni siquiera nos han podido dar uniforme”.

Además, sin el nivel 1 carecen de garantías de protección, porque realizan un trabajo de alto riesgo. Los CAIS reciben lo mismo a indigentes con enfermedades contagiosas que con problemas de salud mental. Sobre los últimos, el 80 por ciento de la población atendida por los CAIS padece alguna enfermedad siquiátrica. Sin el abasto suficiente de fármacos que controlen su ansiedad, los usuarios agreden a los trabajadores.

Es el caso de una empleada del CAIS Cuemanco que fue golpeada en la pierna y amenazada de muerte por un usuario. La trabajadora del área de lavandería relata que, al exponer su inconformidad, el director del albergue Carlos Bustamante Castañares le contestó que aprendiera karate para defenderse. Ella reportó el hecho al director del Iasis, pero no recibió ninguna respuesta.

Entre otras demandas, exigen el pago puntual de salario, pues sufrieron retrasos hasta de dos meses. También, la retribución de horas extras y el pago del fondo de pensiones del Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Empleados eventuales del CAIS señalan que cada quincena se les descontaron 60 pesos, cuando no tienen derecho a antigüedad, pues cada mes deben firmar un nuevo contrato con el Iasis y otro cada dos meses y 28 días con la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal. Los contratos, señalan, se entregan después de haberse vencido el tiempo de contratación, con lo que “provocan una gran inestabilidad y despiden con más facilidad a los empleados”.

Además, cada vez que asisten al ISSSTE es difícil que se les brinde atención médica, pues no tienen el documento que los acredite como basificados. Los inconformes también denuncian que se les advirtió que de asistir a la protesta perderían su empleo: “Intentamos ejercer el derecho a la manifestación y la libre asociación sindical y en lugar de respetarlo nos amedrentan con (amenazas de) quitarnos el puesto”.

Después de un año y tres meses, los trabajadores del CAIS recibieron el dígito sindical y las prestaciones que por ley les correspondían.

Despido injustificado

Por no acatar la orden de suspender su tratamiento médico, Nohemí Rosales Vargas, extrabajadora de la Subdirección de Prevención y Atención a las Adicciones del Iasis, fue despedida. La inconforme expone que fue privada del derecho a la salud al no permitirle acudir a valoraciones y citas médicas dentro de su horario de trabajo. Diagnosticada con cálculos en la vesícula agudizados, debía someterse a cirugía. Citlalli Melgarejo García, subdirectora del área, le negó el permiso y argumentó que sólo podría hacerlo en su tiempo libre. Le advirtió que las constancias por incapacidad se considerarían faltas.

Por no asistir a los preparativos de la consulta de la reforma energética, la extrabajadora fue despida. Tan sólo a cuatro días de su cirugía, el 1 de agosto, se le informó que no se renovaría su contrato. La extrabajadora eventual señala que al despedirla, le impidieron su derecho a ser operada en el ISSSTE.

El 6 de agosto, Rosales Vargas acudió al CAIS Cuemanco, pero se le hizo abandonar el edificio acompañada por policías. Dos días después, se presentó a la oficina de Recursos Humanos del Iasis para recoger copia de sus contratos. Elementos de seguridad le dijeron que por órdenes del titular César Cravioto Romero debía retirarse o de lo contrario tendrían que sacarla por la fuerza.

“Se nos impide manifestar nuestras inconformidades y hacer valer nuestros derechos. Se amenaza al personal con tomar represalias como el despido, ponernos falta o emitir notas administrativas. En más de una ocasión se han parado labores en los CAIS Cuautepec, Atlampa, Plaza del Estudiante, Cascada y Villa Mujeres. Lo que ha provocado despidos injustificados y que haya miedo entre los trabajadores”.

El coordinador administrativo del Iasis, David Navarro Villa, desmiente que se hayan cometido actos de represión contra los trabajadores: “Hubo instrucción del director general para que no se amenazara o sancionara a nadie, pues protestaban por algo que por ley merecían”.

Explica que debido a la falta de presupuesto no se les entregó el dígito hasta octubre.

Este derecho sólo les fue entregado a 205 trabajadores, que por ahora gozan de las prestaciones, pero pasarán seis meses más para que Oficialía Mayor renivele sus salarios. Respecto a los permisos para ir a consultas médicas de los trabajadores, Navarro Villa niega que se les prohíba atenderse, siempre que presenten constancia. (PM)

 

Revista Contralínea / 116 / 2a quincena diciembre de 2008 / México

Comments

comments