Autor:

Es inconcebible que la delincuencia organizada siga gozando de cabal salud y total impunidad, porque el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad le hace “lo que el viento a Juárez”. Los 100 días de este Acuerdo lo dicen todo: en este tiempo sucedió el lamentable accidente aéreo del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y del exsubprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Santiago Vasconcelos; así como la renuncia del secretario técnico del Sistema de Seguridad Nacional, Roberto Campa, y el escándalo suscitado por algunos funcionarios públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR, acusados de tener vínculos con el narcotráfico. La evaluación de los 100 días es desastrosa, porque todo abona hacía la pérdida de la autoridad política y moral del gobierno de la república.

Las muertes violentas siguen a la alza, mientras que las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública van en picada por su incapacidad para contener la espiral de la violencia y combatir los graves delitos que enfrenta una sociedad inerme. La corrupción ha gestado al interior de estas instituciones su propio aparato delincuencial, que se ha sabido acorazar con la misma estructura represiva que priva en el sistema de seguridad del Estado y que vuelve inmune a los funcionarios, quienes cuentan con licencia para delinquir.

Lo más grave es que este Acuerdo Nacional sigue careciendo de la legitimidad y del respaldo de la sociedad civil organizada. Se trata más bien de un convenio firmado entre las elites políticas y económicas, que diseñan desde sus propias ópticas e intereses una serie de iniciativas orientadas a crear un impacto mediático y causar en el corto plazo una buena impresión en la opinión pública: la lucha en contra de la delincuencia va en serio. No hay un compromiso real de las autoridades federales para hacer una depuración de todas las corporaciones policiacas y también una revisión a fondo de la actuación que ha tenido el Ejército Mexicano en su lucha contra el narcotráfico; este tema no se aborda en su justa dimensión por el debilitamiento de la figura presidencial que lo ha hecho depender del gabinete de seguridad para construirse una imagen de fuerza, que carece de sustento social.

En el estado de Guerrero, los 100 días del Acuerdo Nacional por la Seguridad han pasado de noche: las autoridades siguen siendo cómplices de la narcoviolencia, que actúa con total impunidad y sin ningún contrapeso policiaco. Las fuerzas de seguridad pública, además de estar infiltradas por el crimen organizado, están desfasadas en cuanto a su capacidad de reacción para hacer frente a la ola de violencia que ha tomado como rehén a la sociedad. En el plano institucional, no existen mecanismos efectivos que vigilen las actuaciones de los diferentes cuerpos policiacos ni tampoco se cuenta con sistemas de control interno que obliguen a transparentar sus actuaciones y a rendir cuentas a la población. Es difícil encontrar entre los mandos policiacos personas desligadas del ambiente delincuencial y mucho menos a ciudadanos honestos que sepan respetar los derechos de la ciudadanía. La mayoría de los comandantes de la Policía Investigadora Ministerial tiene recomendaciones de los organismos públicos de derechos humanos, y son expertos en las prácticas de extorsión, amedrentamiento y tortura.

El Ejecutivo estatal le ha apostado a la formación de un nuevo perfil de policía, con la ilusión de que ellos en el futuro van a modificar la cultura policiaca de la corrupción que carcome a todo el sistema de seguridad pública. No se quieren enfocar las baterías a desmantelar toda la telaraña de intereses y complicidades, que han creado las jefaturas policiacas y que son funcionales a las mafias que viven del crimen organizado. Se quieren presentar resultados inmediatos sin tocar el corazón de la impunidad, que hunde sus raíces en los sistemas de justicia y seguridad del Estado.

Tratando de colocarse a la vanguardia en el plano nacional, el gobierno del estado creó el Observatorio Ciudadano como una figura decorativa, que busca congraciarse con el presidente de la República para mostrar que se está a tono con el Acuerdo Nacional. Para los guerrerenses, esta iniciativa es una simulación más del Ejecutivo, que se da el lujo de seleccionar entre sus amigos a las personalidades idóneas para conformar un nuevo club encargado de charlar sobre los problemas de la seguridad en la entidad. Se mantiene la postura excluyente de no darle voz a los familiares de las víctimas que han sido ejecutadas, secuestradas, levantadas o desaparecidas. El gran clamor de justicia que existe en Guerrero sigue siendo ignorado y silenciado por el Ejecutivo, porque causa molestia, irritación e incomodidad al evidenciarse su ineficacia ante la falta de resultados favorables para las víctimas.

Es grave que el gobierno estatal no le apueste a establecer una alianza con los pueblos y las organizaciones sociales y civiles, que desde hace años se han comprometido para hacer frente a la delincuencia organizada y han creado formas eficaces que dan seguimiento, atención y apoyo a la población que es víctima de la violencia y de los abusos policiacos. No es posible que –a estas alturas en que el crimen organizado se encuentra montado en las estructuras gubernamentales– las autoridades se den el lujo de menospreciar la fuerza y la capacidad que tiene la sociedad, para descarrilar el tren de la impunidad y desmontar a la delincuencia que se ha enquistado dentro de las mismas instituciones.

En Guerrero, los familiares de las víctimas se han sabido organizar desde hace 40 años, para denunciar crímenes de lesa humanidad, y han luchado para que no se vuelvan a repetir actos de barbarie y se garantice una investigación imparcial que castigue a los responsables. A ellos se les ha ignorado al igual que al nuevo Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, que surgió como una necesidad para hacer visibles los nuevos casos de desapariciones y ejecuciones que se están dando en el ámbito local y que la Procuraduría General de Justicia en la entidad les ha negado de manera sistemática la información sobre el estado que guardan las investigaciones. Es sintomático que los sectores sociales empobrecidos, que son víctimas de la violencia, no formen parte del Acuerdo Nacional ni sean tomados en cuenta para participar dentro del Observatorio Ciudadano de Guerrero. La historia oficial se repite, porque solamente quieren escribirla desde el poder, preservando en todo momento sus intereses económicos. Mientras tanto, las víctimas tienen que seguir esperando que la justicia se construya desde el dolor de los olvidados.

*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

 

Revista Contralínea / 116 / 2a quincena diciembre de 2008 / México

Comments

comments