Autor:

Sin la menor autonomía, el Ministerio Público de la Federación –presidido por un procurador general de la República, y “cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo”– tiene, entre otros de sus órganos, una Subprocuraduría de Derechos Humanos (cuyo titular es el panista Juan de Dios Castro Lozano) y una Fiscalía, dependiente de esa Subprocuraduría, para Delitos contra Periodistas (que dirige el panista Octavio Alberto Orellana Wiarco).

A esos dos servidores públicos, según el organigrama de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), los tiene bajo su mando Eduardo Medina Mora Icaza. Medina Mora y Castro Lozano tienen derecho de picaporte en los Pinos, no así Orellana Wiarco quien, propuesto por Juan de Dios, depende jerárquicamente de él. Además, Orellana y Juan de Dios guardan una larga amistad. Y, según el refrán del cinismo antiguo, “amistad que no se ve reflejada en el presupuesto, no es amistad”.

Precisar esas conexiones es relevante, pues –también quedó escrito– rematan en Calderón, el inquilino de Los Pinos que dos o tres veces se ha referido, muy a la fuerza, a la libertad de prensa, pero solamente para cubrir el expediente. Calderón y los panistas, tanto de viejo como de nuevo cuño, desprecian el trabajo periodístico. Información y crítica les molesta por igual.

La prensa escrita es a la que más detestan: los tiene hartos con sus informaciones. Y hacen berrinches, con no pocas mentadas a diestra y siniestra (y que como pecados les son perdonados con la penitencia de un rosario de rodillas).

El caso es que la Fiscalía para Delitos contra Periodistas (donde constantemente aparece el subprocurador de Derechos Humanos) no ha podido o no ha querido –que para los efectos es lo mismo– llevar sus investigaciones hasta sus últimas consecuencias para, también, considerar lo que tuvieron que ver, a través de sus policías y demás funcionarios, los (des)gobernadores de Sonora, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, entre otros, en homicidios, desapariciones y denuncias presentadas.

Pesa mucho la impunidad-inmunidad de Ulises Ruiz y Robinson-Bours, como para que la acción penal en manos del Ministerio Público (sin autonomía, pues depende de la Presidencia de la República) logre hacerlos comparecer. Es por eso que los periodistas mejor recurren a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ésta ha emitido sendas recomendaciones para Bours y Ruiz, que no obstante su incumplimiento, permanecen como testimonios que no quitan el dedo del renglón.

La investigación de la desaparición del reportero Alfredo Jiménez Mota, si bien fue atraída por la PGR-Subprocuraduría de Derechos Humanos-Fiscalía de Delitos contra los Periodistas (Medina Mora-Castro Lozano-Orellana Wiarco), sigue en el limbo, si no es que en el archivo muerto. Con todo, Bours, quitado de la pena porque así se lava las manos, es señalado por los familiares del reportero como quien debería estar más que ocupado en dar cuenta y razón del paradero del periodista originario de Empalme, Sonora.

Bours tiene otra recomendación con el folio 26/2007, presentada en la CNDH, en su Dirección General del Programa de Agravios a Periodistas, que ha incumplido; por lo cual, entró una nueva queja con oficio 33741 (17 septiembre de 2008). Ambas se conectan, por los hechos, con la averiguación ante el MPF, primero como acta circunstanciada y luego ya como averiguación previa, desde 2007, precisamente el 19 de enero, y registrada: 02/FEADP/07.

Se trata de que la PGR nada hace y es por eso que es mejor ampararse ante la CNDH. Y es el caso, también, del homicidio del periodista Brad Will, donde la Fiscalía de Orellana Wiarco ha preferido sacarle la vuelta a la presunta corresponsabilidad del (des)gobernador Ulises Ruiz, de Oaxaca, para, asesorado por la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, presentar como autor material del asesinato a quien más le pareció, con sus indagaciones, que debe ser responsable de la privación de la vida del reportero.

Esto a pesar de que han surgido muy serias dudas y un catálogo de impugnaciones, porque para nada fueron considerados los hechos que involucraron a matones directa o indirectamente al servicio de las brutales y sangrientas represiones de Ulises Ruiz Ortiz.

Existe un evidente fracaso de la PGR (Medina Mora), de la Subprocuraduría de Derechos Humanos (Castro Lozano) y de la Fiscalía (Orellana Wiarco) en casi todas, acaso en todas, las averiguaciones por las denuncias y atracciones de delitos contra periodistas. Y es que se topan con la impunidad de los poderosos funcionarios involucrados en esos actos.

En cambio, la CNDH no ha titubeado en proceder y sus recomendaciones tienen la eficacia de la que carece el Ministerio Público. Esto, indudablemente, porque, dependiente la PGR de Calderón, no ha logrado alcanzar su mayoría de edad. Es por eso que se ha planteado ya la autonomía de la PGR, para que no obedezca las consignas presidenciales, como ahora lo hace directamente por vía de Max Cortázar, indirectamente desde Gobernación, para no proceder contra Bours ni contra Ulises.

El derecho natural o jusnaturalismo que inspira a los panistas, les impide cumplir con el derecho positivo: cuando lo hacen, le sacan la vuelta a los poderosos. La justicia, que es una diosa, como los dioses, tiene a sus favoritos. Habrá que esperar a que echen de Los Pinos al Partido Acción Nacional y esto porque, asimismo, otro refrán griego dice: “Que los dioses ciegan a los que van a perder”. Y los panistas, cegados por el poder que están perdiendo electoralmente, andan dando palos de ciego en los casos de los periodistas agredidos, asesinados y desaparecidos.

Revista Contralínea / México / Fecha de publicación: 15 de Noviembre de 2008 | Año 7 | No. 114

Comments

comments