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Después de dos años de promesas, el contralor Francisco Barrio Terrazas tiene casi en sus redes al primer “pez gordo” del sexenio foxista. Se trata del secretario de Agricultura, Javier Usabiaga Arroyo, quien junto con el subsecretario de Desarrollo Rural, Antonio Ruiz García, y el oficial mayor, Xavier Ponce de León Andrade, son investigados por el delito de desvío de recursos públicos por 11.3 millones de pesos, al favorecer con adjudicaciones directas a la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural.

Usabiaga a la derecha

De la oficina del secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo salió el oficio número SP/100/0204/2002, con fecha del 13 de febrero de 2002, en donde Francisco Barrio gira instrucciones al director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Mario Escárcega Leos, para que se responsabilice de la investigación que hasta esa fecha realizaba el contralor interno de la Sagarpa, Carlos Espíndola Vargas.

Barrio explica en su oficio que hasta octubre del 2000, el ahora subsecretario Ruiz García se desempeñaba como director general de la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural, a la cual benefició el año pasado con dicho contrato.

Señala en el oficio: “…por presunto desvío de recursos federales, para favorecer con adjudicaciones directas a la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural, de la cual formó parte hasta octubre de 2000, como director general, lo que originó un probable daño patrimonial por la cantidad de 11 millones 298 mil 492 pesos, encontrándose involucrados Javier Usabiaga Arroyo y Xavier Ponce de León Andrade, titular y oficial mayor, respectivamente, de dicha Secretaría.

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“Sobre el particular, considerando el nivel jerárquico de los servidores públicos presuntos responsables y el monto de los recursos aplicados indebidamente, los hechos mencionados podrían constituir infracciones graves o responsabilidades mayores respecto de las cuales debe conocer directamente esta Secretaría…”

Así, el expediente 230/01 que estuvo radicado en la Contraloría Interna de la Sagarpa desde el 8 de agosto de 2001, pasó a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial bajo el número V/005/2002, en donde los responsables directos de la investigación son los funcionarios Dora Alicia Rodríguez y Rafael López.

La investigación en contra de los funcionarios de la Sagarpa se inició el año pasado cuando el diario La Crónica reveló el 7 y 8 de agosto que el subsecretario Antonio Ruiz García asignó contratos sin licitar a dicha Fundación, en donde había trabajado durante 17 años.

La Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, de acuerdo con información de su página en Internet, “es una asociación civil no lucrativa, creada y sostenida por la iniciativa privada, con casi 40 años de experiencia, que tiene como misión contribuir al desarrollo integral de las familias campesinas de bajos ingresos”.

Entre sus patrocinadores se encuentran poderosas empresas transnacionales, asociaciones de asistencia civil y centros financieros internacionales: Banco Interamericano de Desarrollo; Cementos Mexicanos; Centro Mexicano para la Filantropía; Colgate-Palmolive; Comercial Mexicana; Confederación de Cooperativas Alemanas Raiffeisen; FEMSA Servicios (Coca Cola); Fundación JP. Morgan; Grupo Bimbo; Grupo Desc; IBM ; Microsof ; Nestle, Pilgrim’s Pride; Comes y Dupont.

Su origen data de 1963, cuando un grupo de empresarios formó un fondo de avales para ayudar a los campesinos de Tziritzícuaro y Uripitío, en Michoacán, a obtener créditos bancarios. En 1969 se constituyó legalmente la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural “con el propósito de diseñar y operar programas de alcance nacional en favor de las familias campesinas de México”. Actualmente, la Fundación canaliza recursos crediticios a grupos campesinos actuando como parafinanciera, además de ofrecer otros servicios para impulsar el desarrollo integral del campo mexicano.

Aunque en agosto del año pasado Francisco Barrio afirmó que la investigación en contra de los funcionarios de “alto nivel” de la Secretaría de Agricultura que están involucrados en el desvío de recursos federales “no sería un asunto muy tardado”, más de un año después el contralor se niega a actuar en contra de Usabiaga y de los otros dos funcionarios de primer nivel.

Un ejemplo de lo anterior es el oficio número 08/114/OIC/1097/02, con fecha del 31 de mayo del 2002, en donde el contralor interno de la Sagarpa, Carlos Espíndola Vargas, confirma que en la auditoría e investigación que realizó, se concluye que hay presunta responsabilidad de los tres funcionarios de alto nivel.

De tal forma que desde hace cuatro meses se concluyó que el secretario Usabiaga, el subsecretario Ruiz García y el oficial mayor Ponce de León tienen responsabilidad en el delito de desvío de fondos públicos, que se sanciona con el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el artículo 58 de la Ley de Egresos de la Federación y el artículo 37 fracción 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; sin embargo, el contralor Francisco Barrio se resiste a sancionar a uno de los hombres del gabinete y preferido de Vicente Fox.

Para confrontar la información con los actores involucrados, se buscaron entrevistas con los funcionarios de las secretarías de Agricultura y de la Contraloría, pero en sus oficinas informaron que no estaban disponibles para dar entrevistas sobre este tema.

Contralínea 7 / Octubre 2002

Contralínea 7