La impunidad del fuero militar

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El saldo de la militarización en distintas regiones de Guerrero es de dirigentes campesinos desaparecidos otros, asesinados, y los sobrevivientes, encarcelados en diversos penales del país. Es la guerra sucia para líderes campesinos y sociales. Para colmo, salen sobrando las denuncias ante las autoridades del Ministerio Público, pues los autores están protegidos por el fuero militar

Por José Vilchis

Militares en México

Se escudan en su concepto de seguridad nacional para llevar a cabo operativos militares que no son más que formas concretas de la represión, luego de que surgieron el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), los cuales aparecieron en varias regiones de la entidad guerrerense como respuesta armada de grupos organizados que se rebelan contra el gobierno federal, sordo a los reclamos de organizaciones sociales cuyos líderes han denunciado que el gobierno protege a los militares.

Benigno Guzmán, fundador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que tiene su oficina central en la Costa Grande, en Coyuca de Benítez; Efrén Cortés Chávez, de la Organización Campesina de la Montaña de Guerrero, y Erika Zamora, recién liberada junto con los que fueron reprimidos en El Charco, acompañados por familiares de presos y desaparecidos políticos de distintas regiones guerrerenses, dicen que pareciera que el Ejército es un Estado dentro del Estado.

“La misma represión ejercen los soldados en la Costa Chica que en la Grande; en la Montaña, al igual que en las poblaciones de la Sierra del Sur. El general Alfredo Oropeza Garnica, excomandante de la 27 Zona Militar, fue premiado por la brutalidad ejercida contra los campesinos e indígenas guerrerenses y ahora es jefe en la base militar operativa de la Huasteca hidalguense”, asegura Efrén Cortés, quien fue encarcelado junto con Erika Zamora, tras haber sufrido la represión el 6 de junio de 1998 en El Charco, donde murieron decenas de campesinos a manos de militares armados.

Cortés Chávez señala que el argumento de los militares fue que en el caso de El Charco no hubo responsabilidad militar, puesto que se trató de una “cuestión de seguridad nacional”. Dice que los grupos de inteligencia militar tienen la coartada perfecta para cometer crímenes en contra de los campesinos guerrerenses con el argumento de la seguridad nacional.

“En nombre de la seguridad nacional también fueron encarcelados los dirigentes campesinos Salomé Aguirre Bahena, Joviel Rafael Ventura (en el penal de Acapulco desde entonces), Alfredo Barragán Rentería, Tomás de Jesús Barranco y Fidel García. Desde que aparecieron los nuevos grupos guerrilleros, fueron interrogados y responsabilizados de algunas acciones violentas de estos grupos.”
Indican que se han documentado estos abusos en los municipios de Ayutla de los Libres, Ecatepec, Zapotitlán Tablas, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca y Metlatono, donde hay pruebas y testimonios de maridos de las mujeres que fueron violadas y quienes señalan a los que abusaron de ellas, pero no los castigan, pues sus superiores se burlan, “vamos a castigarlos aquí mismo, en el cuartel”.

Otras denuncias ante el Ministerio Público Militar se han formulado ya en Acapulco, Chilpancingo y Tlapa; “pero ahí se quedan archivadas, porque los involucrados están atendiendo problemas de seguridad nacional, misma excusa que dieron cuando ocurrió la matanza de El Charco”.

Entre los dirigentes campesinos que han sido ejecutados por los militares mencionaron a Eugenio Aguirre Bahena, Ismael Mena Alvarez, Benito Bahena Maldonado -quien fue desaparecido hace seis años- Gilberto Romero Vázquez, Gregorio Alfonso Alvarado López, desaparecido luego de haberlo sacado del aula de la escuela primaria donde daba clases.

“Estamos ciertos de que fueron torturados todos ellos antes de matarlos, por lo que exigimos al gobierno de Fox que proceda penalmente en su contra y que aparezcan los compañeros que fueron desaparecidos. Exigimos que nos los presenten vivos, porque vivos estaban cuando se los llevaron los militares”, exige Benigno Guzmán.

Cortés Chávez y Guzmán vinieron a la ciudad de México donde organizan una “coordinadora por la libertad de los presos políticos y de conciencia”, a la que ya se sumaron 25 organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos de distintas partes de la República.

En entrevista por separado, Erika Zamora señala que en estas regiones de Guerrero, donde actúan el EPR y el ERPI, el Ejército realiza operativos que incluyen la violación sistemática de los derechos humanos de los hombres del campo, a los que reprimen sin que hayan cometido ningún crimen. Tan sólo por sospechas de que militan en esos grupos militares, son encarcelados sin antes probarles su participación real.

Confirma que en varias regiones guerrerenses los soldados violan a las mujeres y no son procesados por ningún delito, amparados por el fuero militar, que les da impunidad. A los campesinos no les toman en cuenta las denuncias por abusos, señala.

En muchas ocasiones, dice, “se procede sobre todo contra los dirigentes sociales, de quienes sospechan que tienen nexos con los guerrilleros. Los detienen, los golpean, los interrogan y les exigen la entrega de las armas y que señalen a los guerrilleros. Como no saben qué les están preguntando, los encierran y los procesan autoridades judiciales que dan por hecho que están penalizando actividades relacionadas con grupos armados”.

Explican que hay tres fases de la militarización: intimidación de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos, incremento de los efectivos y bases operativas, como la recién construida en Tlapa que, según la organización Tlalchiola, alberga a cuatro mil efectivos de fuerza de acción rápida, antiguerrilla y la tercera fase, la incursión o toma de poblaciones donde violan las garantías individuales, ultrajan mujeres e interrogan campesinos e indígenas.

Estas acciones se han repetido en las poblaciones arriba mencionadas y hay pruebas documentales de maridos agraviados y esposas violadas que se han denunciado en Acapulco, Tlapa y Chilpangingo, donde las autoridades de Justicia Militar no han procedido aún en ninguno de los casos denunciados.

“No les dan trámite a las denuncias porque argumentan que se trata de asuntos de seguridad nacional, única prioridad del Ejército en las diversas regiones de Guerrero, donde hay más pobreza, donde la miseria ha cercado a la población, que no tiene ni para comer”, comenta Erika Zamora.

Dice que ha visitado penales donde se encuentran los presos políticos a los que defienden las organizaciones populares, y señala que se encuentran en condiciones de insalubridad.

 

Contralínea 7 / 1 al 31 de octubre de 2002

Contralínea 7

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